Panamá | La Alianza Pueblo Unido por la Vida rechazó contrato con Minera Panamá y alertó sobre compra de votos en el legislativo
Organizaciones populares rechazan contrato con Minera Panamá
La Alianza Pueblo Unido por la Vida rechazó hoy el contrato suscrito entre el Gobierno y la empresa Minera Panamá y alertó sobre compra de votos en el legislativo para su aprobación.
El texto es evaluado por los diputados en medio de protestas y manifestaciones de ambientalistas que apuntan a la ilegalidad de ese pacto con la trasnacional canadiense First Quantum para la explotación por 20 años, prorrogables, de una mina de cobre en la oriental localidad de Donoso (Colón).
En un comunicado del colectivo, al que tuvo acceso Prensa Latina, se precisa que de cara a comicios generales de 2024, los políticos tradicionales están en la búsqueda de recursos para financiar su campaña mediante el clientelismo.
En ese sentido, señalan, no escatiman escrúpulos para aprobar un proyecto tan lesivo para los panameños a cambio de estos fondos.
Es inmoral, que el gobierno nacional pretenda chantajear a la población al vincular las mejoras en las pensiones, la sostenibilidad de la Caja de seguro Social y la inversión en Educación a condición de que sea aprobado el contrato minero, agrega el mensaje.
También indica que la minería no puede constituirse en la base de ningún modelo de desarrollo sostenible, pues sus características, sobre todo la minera metálica a cielo abierto, son profundamente agresivas contra el medio ambiente, la vida y salud de las personas.
De acuerdo con la alianza la devastación producida por esta actividad compromete los recursos naturales e impiden que Panamá avance hacia un modelo de desarrollo sostenible, equitativo y solidario.
Por otra parte, denuncia que el contrato genera profundas lesiones a la soberanía nacional y al patrimonio, pues entrega los recursos naturales y otorga poderes extraordinarios a la compañía minera, al tiempo que pide a los diputados que lo desaprueben.
La organización popular llamó a los panameños a estar en alerta y vigilantes ante los mecanismos de corrupción que suelen utilizarse en este tipo negociación para recibir el voto favorable de los diputados ante un proyecto que solo beneficia a los grandes inversionistas.
Donaldo Sousa: Contrato con la minera incumple con la Constitución
El pasado jueves el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional el contrato entre el Estado y la compañía Minera Panamá, un proyecto que llega rodeado de polémica para su discusión en el Legislativo, y que en opinión de algunos juristas sería “contrario a la carta magna“ de la República.”
Para el abogado ambientalista y presidente de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (Fedap), Donaldo Sousa, habría al menos “14 violaciones” a la Constitución, incluyendo aspectos del régimen ambiental y laboral del país, así como la gestión de los recursos del Estado. En este caso los del suelo y subsuelo.
Entre estos destacó el artículo 17 sobre la responsabilidad de las autoridades en proteger los bienes de la nación, que según el abogado no se estaría cumpliendo como consecuencia de las afectaciones ambientales y sociales en la zona del proyecto minero en Colón.
Igual subrayó el artículo 259 que habla de las condiciones para otorgar las concesiones en el país, y que textualmente dice que estas deben atender a un interés público.
“Establece categóricamente que (las concesiones) deben ser inspiradas en el bienestar social e interés público. ¿Qué bienestar social más importante que la vida?, y aquí se está destruyendo la vida”, sostuvo Sousa en referencia a los efectos contaminantes en la región y los recursos hídricos que han denunciado grupos ambientales.
Sobre esto último, insistió en que la minería a cielo abierto en Panamá es antagónica con la protección de los recursos hídricos, en particular cuando el país enfrenta una complicada sequía como consecuencia del fenómeno de El Niño.
El presidente de la Fedap cuestionó que las malas decisiones en materia de gestión hídrica por acción u omisión se han dado incluso en el Canal de Panamá, cuyo elemento indispensable para su funcionamiento es el agua dulce.
“Tenemos una respuesta de la Autoridad del Canal, donde nos hacen ver que hay 260 proyectos que el Canal ha permitido desde que pasó a manos panameñas. Proyectos que están impactando todas las fuentes de agua del Canal y el agua potable de las ciudades de Panamá y Colón”, indicó Sousa sobre un reclamo que habría presentado anteriormente a la ACP.
Manifestó que organizaciones ambientales ya han presentado querellas penales contra autoridades y la propia empresa minera. Adelantó que no espera una “respuesta positiva” del sistema de justicia, al considerar que este está “influido políticamente” por el Ejecutivo y grupos ligados a la industria minera.
Confirmó que tras agotar los recursos en los tribunales locales, formalizarán una demanda ante entidades internacionales.
https://twitter.com/CS_Panama/status/1689371299036962816
