Elecciones en Ecuador: progresistas o millonarios – Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Juan J. Paz y Miño Cepeda *
El 10 de agosto de 1979 se inició la época de gobiernos constitucionales más larga en la historia del Ecuador y, al mismo tiempo, con varios ciclos presidenciales. Entre 1979-1996 se sucedieron: Jaime Roldós (1979-1981), Osvaldo Hurtado (1981-1984), León Febres Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja (1988-1992) y Sixto Durán Ballén (1992-1996). Exceptuando Hurtado (quien ocupó la presidencia por la muerte de Roldós), todos surgieron de elecciones. Fue un ciclo de estabilidad gubernamental que contrastó con el que siguió entre 1996-2006, cuando se sucedieron las presidencias de Abdalá Bucaram (1996-1997), Fabián Alarcón (1996-1998), Jamil Mahuad (1998-2000), Gustavo Noboa (2000-2003), Lucio Gutiérrez (2003-2005) y Alfredo Palacio (2005-2007). Rosalía Arteaga no fue presidenta, sino Vicepresidenta encargada de la presidencia durante un fin de semana conflictivo por la salida de Bucaram. Lo paradójico es que los tres únicos mandatarios electos (Bucaram, Mahuad y Gutiérrez) fueron derrocados por “golpes parlamentarios”, resueltos ante las imparables movilizaciones sociales en su contra. Incluso al caer Mahuad, se constituyó una efímera dictadura nocturna (21 de enero de 2000), con participación militar.
En perspectiva histórica, del reformismo popular con enfoque desarrollista que caracterizó al gobierno de Roldós y relativamente al de Hurtado, a partir de Febres Cordero (presidente empresario/millonario), despegó en el país un nuevo modelo de economía, inspirado en la ideología neoliberal que se extendía por América Latina a consecuencia de los condicionamientos sobre las deudas externas forzados por el FMI. El socialdemócrata Borja interrumpió ese proceso, que, recobrado por Durán Ballén, se consolidó en la década de los noventa. El modelo empresarial-neoliberal tuvo como soporte a las poderosas elites económicas del país. Favoreció un acelerado crecimiento capitalista, con privilegio a esas elites, ascenso de sectores de clases medias, profunda concentración de la riqueza y mantenimiento de las deterioradas condiciones de vida y de trabajo para la mayoría de la población nacional. Desde el año 2000 incluso se disparó la inédita emigración de ecuatorianos, cuyas remesas pasaron a ocupar el segundo lugar en ingresos, después de las exportaciones de petróleo. Al rumbo económico acompañó el debilitamiento del Estado y el deterioro de los servicios públicos, la imparable corrupción pública y también privada, así como la afectación a la vida de paz y democracia, ilusionada por los ecuatorianos.
En contraste con las décadas y ciclos anteriores, entre 2007-2017 gobernó Rafael Correa, electo en tres oportunidades. Se inició un nuevo ciclo porque fue desechado el modelo empresarial-neoliberal, para establecer una economía social, que permitió recuperar capacidades estatales, así como inversiones y servicios públicos, afirmando una nueva institucionalidad, de acuerdo con la Constitución de 2008. Los avances sociales de una década, con redistribución de la riqueza, reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo generales, fueron destacados especialmente por informes de organismos internacionales, además de estudios e informes nacionales. También creció la economía, beneficiada por altos precios del petróleo, así como la rentabilidad de distintos sectores empresariales. El país pasó a ser un referente latinoamericano, en el contexto de lo que en la región se identificó como primer ciclo progresista. Sin embargo, al sobrevenir la recesión económica (2014/15), se aflojó la vía de las reformas. En el camino, la polarización política entre partidarios y opositores al gobierno se profundizó y perdura hasta el presente. Es un síntoma de los distintos intereses de clase que se ubican en la sociedad, según la balanza se incline por el “correísmo” o por el “anticorreísmo”.
A pesar de que Lenín Moreno fue auspiciado por la Revolución Ciudadana, su gobierno (2017-2021) marcó otro ciclo, pues restauró el modelo empresarial-neoliberal y persiguió al “correísmo”, cuyos líderes más visibles (incluido Rafael Correa) fueron encausados por “corrupción”, “asociación criminal” o cualquier otra acusación que alimentara el imparable lawfare, con el que se presumió la culpabilidad de cualquier “correísta”. Bajo esas nuevas condiciones, se afirmó un bloque de poder dominante expresado en las derechas económicas, mediáticas y políticas. Las consecuencias de semejante giro histórico se advirtieron en la desestabilización institucional, la pérdida de capacidades estatales, la debacle de los servicios públicos, el renacimiento de los intereses de las elites económicas y sectores de clases medias identificados con ellos y la represión a los movimientos sociales. Retornó el derrumbe de las condiciones de vida y trabajo, con creciente pobreza, desempleo y subempleo, agravados en 2020 con la llegada de la pandemia mundial del Coronavirus, desatendida por el gobierno.
El sucesor Guillermo Lasso (2021-hoy), otro presidente empresario/millonario (banquero), pudo consolidar al bloque de poder que utilizó a Moreno para lograr la restauración de sus intereses. Esta vez, el modelo empresarial-neoliberal adquirió características oligárquicas, comparables con las que Ecuador vivió durante la primera “época plutocrática”, entre 1912-1925, basada en la dominación despótica privada. Así se explica no solo la continuidad de las políticas de Moreno, sino su ampliación, que han ocasionado el “achicamiento” del Estado, afectando sus capacidades y la institucionalidad nacional. Esta vez, el camino neoliberal ha sido el más profundo en cuatro décadas. En consecuencia, cayeron las políticas sociales y se sumó el imbatible despegue de la inseguridad ciudadana, por la explosión de la delincuencia y el crimen organizado, ante las incapacidades estatales para enfrentarla.
Frente a estas complejas situaciones históricas y la pérdida de legitimidad social del gobierno, en la Asamblea Nacional se propuso el juicio político al presidente Lasso, quien se adelantó al proceso aplicando la “muerte cruzada” (mayo 2023), un mecanismo constitucional que implica elecciones anticipadas tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. En los hechos, Lasso no pudo completar su período presidencial y se suma a los tres mandatarios derrocados del pasado inmediato, que tampoco concluyeron su ciclo de gobierno.
En esas circunstancias, los resultados de las elecciones del domingo 20 de agosto (2023) reflejan una realidad histórica: en la segunda vuelta (octubre 15) estarán Luisa González y el millonario empresario Daniel Noboa. Luisa González representa la posibilidad de avanzar en una economía social, cuyas bases, como ella ha destacado, las puso el gobierno de Rafael Correa. En cambio, Daniel Noboa, a pesar de la imagen de renovación política y juventud que ha proyectado (y que le ha dado sorpresiva victoria), tanto por su programa de gobierno, como por sus declaraciones y por el círculo empresarial y social al que está vinculado, representa la continuidad del modelo de economía empresarial-neoliberal y oligárquico. Como ya ocurrió en el pasado, la consigna será “todos contra el correísmo”. Una polarización que inquieta en América Latina, por los riesgos que tiene el proyecto progresista en Ecuador. Y que, sin duda, también estará en la mira de los Estados Unidos, en una coyuntura internacional en la cual toda inclinación de un país a la izquierda perjudica al americanismo-monroísta.
