Guatemala | El arte de criminalizar a jueces, periodistas y candidatos electorales – Por Victoria Korn

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Victoria Korn

En las elecciones generales se eligen el presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano. Ningún candidato presidencial obtuvo la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta, por lo que se realizará una segunda vuelta el domingo 20 de agosto de 2023.

Antes de las elecciones hubo un operativo de Estado para negar el registro al Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y su candidata, Thelma Cabrera, una campesina activista por los derechos a la tierra, el acceso a la energía eléctrica y contra la privatización de los servicios básicos. Pese a que 22 personas contendieron por la presidencia  y de que más de 40 por ciento de los habitantes del país son indígenas, Cabrera era la única aspirante perteneciente a alguno de los pueblos originarios: prueba del racismo y carencia de representatividad del sistema político.

Todo comenzó cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 25 de junio. Sandra Torres, que fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-11) obtuvo un 15% de los votos  y Bernardo Arévalo, hijo del histórico presidente Juan José Arévalo (1945-51), del Movimiento Semilla un 12%.

El candidato presidencial de Semilla tildó la suspensión del partido de «golpe de Estado técnico…una acción desesperada de grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político».

El avance a segunda vuelta de Arévalo, sociólogo y exdiplomático de 64 años, fue toda una sorpresa, ya que las encuestas previas le daban menos de un 5% de los votos.Su estandarte es la lucha contra la corrupción en las instituciones, un mal endémico que se ha ido agravando en los últimos años,

De tener “uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado” a que el sistema de justicia se haya convertido “en un brazo represivo para asfixiar a quienes buscan decir la verdad, investigan y promueven la libertad de expresión”.

Con ambas declaraciones sobre Guatemala –la primera se refiere a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, que fue expulsada en 2019– la Oficina Humanitaria de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) describió la evolución vivida en los últimos años por el país centroamericano.

A partir del fin de la Cicig, el Ministerio Público se convirtió en un instrumento para defender al presidente de turno (Morales primero, y Alejandro Giammattei desde 2019) y perseguir a quienes no fueran afines a sus ideas. Y fueron sus investigaciones a las altas esferas de poder y las élites empresariales,  las que determinaron su despido.

Esta tendencia desembocó en una creciente criminalización de jueces y medios de comunicación independientes. Así, cerca de 40 operadores de justicia que trabajaban en casos relacionados con corrupción y una veintena de periodistas que los investigaban acabaron detenidos o bien eligieron salir de Guatemala para evitar la cárcel.

Denuncian ser víctimas de una campaña para silenciar voces críticas contra el actual gobierno y cualquier investigación que pudiera salpicar sus intereses. “En Guatemala existe un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia”, condenó la organización Human Rights Watch (HRW) en una visita realizada al país en abril.

Aunque se refirió en pocas ocasiones a estas acusaciones, el presidente Alejandro Giammattei sí las rechazó tajantemente el año pasado cuando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala entre los países que vulneran los derechos humanos.

El mandatario negó que exista “un ejercicio abusivo del poder” ni “una infracción sistemática de la independencia del poder judicial, y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado”, tal y como señaló el organismo internacional.

También criticó que el informe cuestionara los procesos en curso contra fiscales y jueces que, en su opinión, “abusaron de su poder en el fuero interno y violaron el debido proceso (…). Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad”, denunció.

“Todas estas decisiones controversiales, el alto nivel de judicialización de la política y la persecución a candidatos y operadores de justicia hacen que, a pocos días de votar, el ambiente aquí esté bastante enrarecido y oscuro”, describe el analista guatemalteco Renzo Rosal.

“No se respira un aire de fiesta ni euforia como otras elecciones. Esta vez están marcadas por la regresión de la democracia, que en Guatemala nunca ha llegado a estar consolidada, y por un fortalecimiento autoritario”, agrega.

Juan Francisco Sandoval, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, tiene muy claro que el parteaguas de esta situación fue la expulsión de la Cicig hace cuatro años.

“El hecho de que en algunas investigaciones se descubriera cómo la élite política era usuaria del sistema corrupto y financió ilícitamente la campaña política del anterior presidente (Jimmy Morales, quien ordenó la salida de la comisión) marcó el inicio del fin”, le dijo Sandoval a BBC Mundo desde Estados Unidos, donde vive después de que fuera destituido de su cargo en 2021.

Sandoval conoce bien el funcionamiento de la Cicig, el grupo de Naciones Unidas que apoyó al Ministerio Público en el que él trabajó durante más de 15 años y con el que se llevaron a cabo algunas de las investigaciones anticorrupción más sonadas del país, como la que acabó con el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta en la cárcel.

Hay un nombre que se repite al hablar de la mayoría de estos casos de jueces y periodistas criminalizados es el de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.En el cargo desde 2018, le atribuyen liderar una campaña de persecución en su contra, e incluso Estados Unidos la incluyó en una lista de actores “corruptos y antidemocráticos” por obstaculizar la justicia.

Sandoval asegura que “Su dedicación completa fue obstruir las investigaciones que ya habíamos adelantado. Y sobre las denuncias que recibíamos que podían involucrar al presidente y su círculo cercano, decidía que las deriváramos a otras fiscalías con el ánimo de que las investigaciones no avanzaran”.

La prensa independiente fue otro de los objetivos. El caso con mayor repercusión fue la reciente condena a seis años de cárcel por lavado de dinero de José Rubén Zamora, uno de los mayores exponentes del periodismo de investigación en el país y fundador del emblemático medio elPeriódico.

Juan Luis Font, quien fue director de dicho rotativo,señaló que «El actual gobierno tiene cooptadas todas las instituciones que juegan un rol en el sistema de justicia y en el sistema de control frente al Estado».

*Periodista venezolana, analista de temas de migración, Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)