Ecuador | En caso de ganar Luisa González llamará a reconstituyente y Daniel Noboa a consulta popular en educación y seguridad

Los ecuatorianos acudieron a las urnas en dos ocasiones este 2023 y el próximo 15 de octubre nuevamente deberán elegir en la segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa; sin embargo, a mediano plazo ambos candidatos plantean convocar a votaciones por consultas populares, de llegar a la Presidencia.

Esas propuestas constan en el plan de gobierno que presentaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para inscribir sus candidaturas. Cada uno tiene su propio objetivo. González plantea una reconstituyente para eliminar lo expresado en la consulta popular de Lenín Moreno. Noboa, en cambio, abordará temas de seguridad, institucionalidad, terrorismo, economía y salud.

¿Qué es una reconstituyente y qué busca el correísmo con esa propuesta?

Legalmente, no existe el término reconstituyente, por lo que no está claro a qué se refiere la candidata en el plan. Lo que consta en la Constitución son los mecanismos para reformarla, que puede ser por enmienda, reforma parcial o convocando a una Asamblea Constituyente.

La Revolución Ciudadana fue la que impulsó la Carta Magna de 2008, argumentando que esa norma estaría vigente durante muchos años. Ahora, solo 15 años después, varios líderes de esa organización política, incluyendo a Rafael Correa, han expresado la necesidad de volver a un escenario similar al de Montecristi.

Incluso, en una entrevista para diario El País de España, en junio de este año, el expresidente planteó seis elementos para blindarse y volver a Ecuador, a pesar de su condición de prófugo de la justicia.

El primero en esa lista era convocar a una Asamblea Constituyente. Ese planteamiento no ha vuelto a sonar con fuerza de la boca de la candidata González, aunque sí consta en su plan, de manera ambigua: Impulsar un proceso re-constituyente para reinstitucionalizar el país luego del fraude del referéndum inconstitucional de Lenín Moreno y las arbitrariedades del trujillato.

Partiendo de la premisa de que efectivamente convoquen a una Constituyente, los expertos calculan que el tiempo del próximo Gobierno podría jugarles en contra, es decir, que no alcance a aprobarse una nueva Constitución en el año y medio que estarán en funciones.

En 2007, la Asamblea que redactó la Constitución estuvo vigente de noviembre de ese año a octubre de 2008, es decir, once meses.

Para llegar a eso, es necesario convocarla a través de consulta popular y si gana el ‘sí’ viene la elección de los nuevos asambleístas y tras el tiempo de trabajo de ellos, nuevamente se llamará a las urnas para que entre en vigencia la Carta Magna. Por lo que hay una serie de procedimientos que podrían rebasar el tiempo de la administración que empezaría en noviembre próximo.

Sin embargo, el plan de González resulta confuso porque también dice que realizarán las reformas normativas necesarias, pero garantizarán el respeto al contenido de la Constitución.

En ese sentido, si la intención es revertir lo expresado en el referéndum de 2018, convocado por Lenín Moreno, cabe la posibilidad de que se utilice la misma herramienta de participación democrática: el referéndum, tal como explica el decano de Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK Ecuador, Esteban Ron.

La abogada constitucionalista, Pamela Aguirre Castro, dice que no hay que olvidar el rol que juega la Corte Constitucional en estos casos, pues dependerá de los magistrados crean conveniente o no volver a preguntar lo que ya fue consultado a la ciudadanía.

Incluso podrían considerar que se trata de una regresión de derechos si se incluyen preguntas como la cuarta, sobre la prescripción de los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.

Aunque no hay certezas de cómo podría plantearse tal reforma, el constitucionalista Paúl Córdova no ve la vía jurídica para poder consultar si está de acuerdo o no con la aprobación de los resultados de la consulta de 2018.

El especialista parte del meollo de ese referéndum: la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t), presidido por Julio César Trujillo, que nombró a las autoridades de control que hasta ahora están vigentes.

En ese sentido, dar marcha atrás implicaría que las acciones administrativas de esos funcionarios queden en el aire y parte de esas resoluciones está lo actuado por la fiscal Diana Salazar, quien investigó los casos de corrupción que salpican a Correa y Jorge Glas. De hecho, ella consta en la lista de Correa como el sexto punto de su plan de retorno: que se enfrente a la «verdadera justicia».

Daniel Noboa llamaría a consulta popular en los primeros 90 días de su Gobierno, si ganara

Daniel Noboa también quiere que los ecuatorianos expresen su voluntad en las urnas. En su caso, la propuesta forma parte del eje de participación ciudadana incluido en el plan de gobierno.

Son solo tres párrafos que dedica a ese tema, en los que no está claro qué se preguntará a los ecuatorianos. Únicamente está el tiempo en el que se concretará, los primeros 90 días de su gobierno, y las temáticas que podrían abordarse: seguridad, institucionalidad, terrorismo, economía y salud.

Sobre el plazo, Córdova dice que el tiempo dependerá del pronunciamiento de la Corte Constitucional, por lo que el candidato no puede garantizar que se cumpla. Además, también está sujeto de los plazos que fije el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En ese sentido, los expertos coinciden en que lograr esa consulta popular sí podría beneficiar al candidato, como ha ocurrido en otros casos, y posicionarlo en miras a las elecciones de 2025.

Dependerá también de su habilidad para conseguir acuerdos sociales y políticos.

Ecuavisa