Consulta popular en Ecuador | Qué pasará con las concesiones mineras en el Chocó Andino
Los resultados de la consulta popular que prohíbe la explotación minera en la reserva de biósfera del Chocó Andino, en Quito, abren el debate sobre qué pasará con las 12 concesiones mineras aprobadas en esta zona.
La Corte Constitucional dijo en su dictamen, de enero de 2023, sobre la consulta popular que, ante un pronunciamiento afirmativo de los electores sobre la prohibición de la explotación minera en el Chocó Andino, los efectos serán “únicamente hacia el futuro“.
Esto implica, según la Corte, que “no existiría una afectación al derecho constitucional a la seguridad jurídica, por cuanto (…) no se modificarían situaciones jurídicas previas”.
Además, ordena a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) que elimine del catastro minero a las concesiones que no tengan títulos, contratos de explotación, licencias o permisos.
Y la Arcernnr deberá abstenerse de catastrar nuevas concesiones en las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.
Al momento, hay seis concesiones en trámite en el Chocó Andino que, tras la victoria de la consulta popular, no podrán ser aprobadas ni ingresar al registro del catastro minero.
¿Podrán llegar a explotación?
Pero, según el catastro minero, en el Chocó Andino ya hay 12 concesiones mineras otorgadas, de las cuales 11 son de minería metálica y una de materiales áridos y pétreos, por lo que esta última no tiene relación con la consulta.
En total, las 12 concesiones abarcan una superficie de 10.687 hectáreas. La mayoría de las 11 concesiones de minería metálica son de oro, solo una de pequeña escala es de oro, plata y cobre.
Además, nueve prevén realizar explotación subterránea y tres son a cielo abierto.
Dentro del Régimen General, hay tres proyectos en fase de exploración inicial, dos en exploración avanzada y uno por iniciar actividades de exploración.
Mientras que en minería a pequeña escala, las cinco tienen permiso para explorar y explotar a la vez.
La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, asegura que las 11 concesiones de minería metálica podrán continuar con su trabajo, puesto que ya tienen un título minero y los efectos de la consulta son a futuro.
Lo anterior fue ratificado por el ministerio de Energía, Fernando Santos.
Pero, para el abogado del colectivo Quito sin Minería, Fred Larreategui, ninguna de las concesiones que se encuentran en fases de exploración inicial o avanzada podrán pasar a explotación. Al momento, hay seis proyectos en etapas de exploración.
Larreategui explica que, según la Ley de Minería, los proyectos a mediana y gran escala requieren de autorizaciones y estudios de impacto ambiental para pasar de una fase a otra, hasta que se solicita el ingreso a la etapa de explotación.
«Al existir un mandato de los ciudadanos de que no puede haber explotación, no podrán suscribir esos contratos», afirma Larreategui.
¿Y la pequeña minería?
En pequeña minería o artesanal, la legislación ecuatoriana les otorga una licencia simultánea, que les permite explorar y explotar. En la Mancomunidad también hay cinco concesiones de pequeña escala.
«Pero igual existe un mandato de que no se puede explotar. Sobre estos casos, vamos a pedir una aclaración al Estado porque es un riesgo», dice Larreategui.
Para el colectivo Quito sin Minería, todas las concesiones mineras que operan en el Chocó Andino son «ilegales» por no haber realizado la consulta previa, libre e informada, ni la consulta ambiental, como lo determina la Constitución.
«Comparar la minería legal con la ilegal es injusto, inexacto y temerario», afirma María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador.
Y recuerda que la consulta previa, libre e informada no cuenta con una ley para su implementación. Añade que no en todos los territorios aplica la consulta previa, sino solo donde existan comunidades indígenas, afrodescendientes o montuvias.
Larreategui reconoce que la Mancomunidad del Chocó Andino es un territorio fragmentado, donde no es viable la aplicación de la consulta previa, libre e informada. Pero insiste en que sus habitantes sí tienen derecho a la consulta ambiental, aunque no exista una norma aún.
«Se han entregado licencias ambientales violando la Constitución», afirma el abogado del colectivo. «No pueden ampararse en una omisión legal y administrativa», añade.
El consultor minero Herny Troya explica que la consulta ambiental procede cuando una concesión va a entrar en fase de explotación; por tanto, los títulos mineros que estén en exploración no requieren de este requisito.
¿Riesgo de minería ilegal?
Para la presidenta de la Cámara de Minería, prohibir la explotación minería legal, como resultado de la consulta popular, no eliminará las amenazas ambientales que se ciernen sobre el Chocó, entre ellas la minería ilegal, la tala indiscriminada y el tráfico de especies.
Además, recuerda que más del 80% de su población vive en la pobreza y ante la necesidad por subsistir, los comuneros podrían abocarse a estas actividades ilegales. «La minería era una alternativa para ellos», dice Silva.
“El 70% (de los quiteños) estamos diciendo que queremos otro modelo económico“, recalcó Inty Arcos, miembro de la mancomunidad del Chocó Andino y parte del colectivo Quito Sin Minería, el 21 de agosto, tras conocerse los resultados de la consulta.
Arcos dijo que en el Chocó Andino se impulsan desde hace tiempo otras actividades económicas, como el turismo y la agroecología, que han creado importantes plazas de empleo.
Denuncias a concesionarias
Sobre la legalidad de las empresas que operan en el Chocó Andino, habitantes de la parroquia de Pacto denunciaron en 2020 que una empresa minera llegó a extraer material aurífero, a pesar de que no contaba con la licencia ambiental para realizar actividades de exploración y extracción.
Por otro lado, la Junta Parroquial de Pacto solicitó la caducidad de otros títulos en dos concesiones por tala de árboles en San Francisco de Pachijal para la construcción de campamentos mineros, sin contar con permiso para aprovechamiento forestal.
