Colombia | Un año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez – Por CELAG

Un año del Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez

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Gustavo Petro recibió el Gobierno el 7 de agosto de 2022 con una importante promesa de cambio. A casi un año de ese hito, presentamos un análisis cuantitativo y una breve reseña de los principales logros alcanzados por Petro y Francia Márquez.

Resumen delas medidas analizadas

Acciones por el derecho a la tierra

Se aumentó en más del 100 % el presupuesto de agricultura: pasó de 1,6 billones a 4,2 billones de pesos (de 390 millones de dólares a 1.000 millones de dólares).

El Gobierno de Gustavo Petro, a menos de un año de mandato (abril de 2023) ya había formalizado, con títulos de propiedad, 1.400.000 hectáreas de tierra: 1.014.440 para núcleos familiares y 396.560 a comunidades integradas en las Zonas de Reserva Campesina. Durante los cuatro años del Gobierno de Iván Duque (2028-2022) se formalizaron 1.384.808 hectáreas de tierra, 346.202 anuales.

En los primeros 12 meses, el Gobierno de Petro aprobó la creación de cuatro (4) Zonas de Reserva Campesina (ZRC, una figura jurídica contemplada en la Ley 160/1994) y formalizó 396.560 hectáreas de tierra. Durante el Gobierno de Duque se aprobaron cero (0) ZRC, con cero (0) hectáreas entregadas a las ZRC existentes.

33.016 familias campesinas, comunidades negras e indígenas recibieron los títulos de formalización de tierras. Eso equivale al 66,03 % de las 50 mil familias y comunidades étnicas que recibieron titulación en el cuatrienio de Duque, es decir, un promedio de 12.500 familias beneficiadas por año.

El Gobierno de Petro en su primer año compró 25.802 hectáreas de tierras fértiles. En 11 meses ha superado las hectáreas compradas en el cuatrienio de Duque, 17.248 hectáreas, 4.313 anuales.

El Gobierno logró que en el Congreso de la República se aprobara el Acto Legislativo que modifica la Constitución Política Nacional, reconociendo al campesinado como población sujeta de derechos y de especial protección, igualando los derechos reconocidos para las poblaciones étnicas.

Acciones por el derecho a la educación

Condonación de la deuda de intereses con el ICETEX (estatal) a 48.597 jóvenes (10 % del total de personas con créditos educativos de esa entidad). Las condonaciones en intereses corrientes vencidos pueden llegar a los $20 mil millones de pesos (5 millones de dólares). El entonces presidente Duque, en medio de la campaña electoral de 2022, desestimó la condonación de las deudas por créditos educativos.

El Gobierno modificó el presupuesto 2023 destinado a Educación que había proyectado el expresidente Duque. Se añadieron 1,3 billones de pesos (350 millones de dólares). En 2022 el presupuesto fue de 49,5 billones de pesos.

El Congreso aprobó la Ley de Matricula Cero, con la que Colombia vuelve a tener gratuidad en la educación superior estatal desde junio 2023. Desde 1993, las universidades estatales tienen tablas de matrículas o de aranceles, que son pagadas por las y los estudiantes de acuerdo con el nivel de ingresos de sus familias. Los costos oscilan entre los 80.000 pesos (20 dólares) hasta los 8 millones de pesos (1.900 dólares) por semestre. Durante la pandemia, el Gobierno anterior decidió establecer de forma temporal la matricula cero en las universidades estatales, una medida transitoria que en 2022 dejó de estar vigente.

Acciones por el derecho de las mujeres

El Gobierno impulsó la ley que crea el Ministerio de la Igualdad, que ya está en funcionamiento y encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez. Se trata de un ministerio orientado al desarrollo de política pública para mujeres, jóvenes y grupos étnicos.

El Gobierno transformó y focalizó las transferencias sociales. El aporte mensual es de 500 mil pesos (cerca de medio salario mínimo, aproximadamente 125 dólares) a madres cabeza de hogar con niños menores de 18 años. 1,5 millones de mujeres están recibiendo ese aporte mensual. Durante el Gobierno de Duque el ingreso estaba disperso en distintos programas y no focalizaba en mujeres. El promedio de los aportes era de 200 mil pesos mensuales (alrededor de 50 dólares).

Acciones en cumplimiento del Acuerdo de Paz y la búsqueda de la paz total

• El Gobierno de Petro relanzó dos instancias centrales para la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, limitadas al máximo por el Gobierno saliente: Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).
• El Gobierno logró la promulgación de la Ley de Paz Total, que le permite realizar negociaciones con los grupos armados ilegales. A diferencia del Gobierno anterior, que no realizó ninguna acción tendiente a iniciar diálogos de paz con ningún grupo ilegal.
• Logró el cese al fuego con los grupos guerrilleros: ELN, la Segunda Marquetalia y Estado Mayor.

Acciones por el derecho a la alimentación

• Ampliación del Programa de Alimentación Escolar en las zonas de crisis climática, al 100 % de los estudiantes.
• Se inició el programa Hambre Cero, con la entrega de $500 mil pesos (alrededor de 125 dólares) de forma extraordinaria a cerca de 2 millones de personas beneficiarias de otros programas del Gobierno.

Acciones por los derechos ambientales

• Lanzamiento del programa para la protección de la Amazonía. 200 millones de dólares cada año, por 20 años, para proteger la Amazonía a través de pagos al campesinado y a las comunidades indígenas para convertirlos en una fuerza regeneradora de la selva. El Gobierno de Duque no desarrolló un programa propio.

Acciones de seguridad humana

• El Gobierno de Petro recibió 12 helicópteros de Estados Unidos que, a diferencia de sus antecesores, no usará para la guerra sino serán destinados a cuidar la selva Amazónica.
• También decidió modificar el énfasis en la lucha contra la economía del narcotráfico. Fortaleció la interdicción marítima a cambio de la fumigación con glifosato sobre los cultivos de coca, que afectaban la salud del campesinado y deterioraban la flora y la fauna. Se han incautado 871 toneladas de cocaína, la cifra más alta de la historia desde el 2010, año en que se inició el registro de incautación.

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