Uruguay: Rendición de cuentas 2022, fiscalista y de cero futuro
Uruguay: Rendición de cuentas 2022, fiscalista y de cero futuro
Héctor Tajam
En la Rendición de Cuentas, correspondiente al año 2022, el gobierno ha presentado al Parlamento el estado de situación de sus ingresos y el cómo se han distribuido entre los diversos compromisos que tiene a través del gasto público luego de tres años en el ejercicio de la administración del aparato estatal. De su balance surge una diferencia a favor o en contra, un superávit o un déficit.
El Resultado fue un déficit de 2.069 millones de dólares, correspondientes a 2,9% del PIB. Un descenso considerable si lo comparamos con el déficit de 2019, que entonces alcanzó 2.877 millones de dólares, y 4,2% del PIB. Si se incluyen los Gastos Extraordinarios con motivos en la emergencia sanitaria del Covid 19 ( 392 millones de dólares) la situación cambia, y el déficit a 2022 asciende a 3,4%.
Veamos que ha motivado este déficit público de menor cuantía atravesando situaciones de emergencias sanitarias y ambientales. En primer lugar una mejora en los ingresos, especialmente en la recaudación de los impuestos, que aumentaron en 8% con respecto a 2019, una diferencia nada menos que de 1.166 millones de dólares de 2022. Al contrario de las promesas electorales, esa diferencia significó un aumento de la presión tributarias sobre los ingresos de 20% en 2019 a 21% en 2021.
El aumento de la recaudación se dio en un proceso donde los impuestos indirectos, que gravan indistintamente al consumo de bienes y servicios, nacionales o importados, crecen en mayor medida que los impuestos a los ingresos. Por tanto una tendencia a recaudar en forma más regresiva, donde el impuesto no distingue ni personas ni condición. El aumento del IVA en 2022 con respecto a 2019 responde a esto, y explica el 70% (800 millones de dólares) del aumento de la recaudación. Como veremos más adelante, este aumento también incidirá en el aumento de los recursos del BPS, que recibe 7 puntos de la recaudación del IVA.
El otro impuesto que explica el aumento de la recaudación es el IRAE, el impuesto a la Renta de las empresas y sociedades de capital, que incrementó su recaudación en casi 200 millones de dólares. Otra manifestación del aumento de las ganancias empresariales sin derrame alguno, ya que la tasa del impuesto no ha cambiado y por el contrario se han beneficiado de jugosas bonificaciones en el marco de la promoción de inversiones.
En segundo lugar, el menor déficit se debió también a un aumento muy menor (+1,9%) con respecto al aumento de los recursos, que redundó en una diferencia de 800 millones de dólares. Aún con los recursos destinados a la emergencia Covid, se “ahorraron” 400 millones. Es muy difícil, casi imposible encontrar un ejemplo similar, con ahorros presupuestales y un menor déficit consecuente, luego de enfrentar la pandemia universal. La ortodoxia del gobierno uruguayo lo conduce a ser alabado por sus pares ultra derechistas de todo el continente, algunos de los cuales preparan planes similares para su anhelado retorno al poder gubernamental.
Bajan salarios públicos para exonerar impuestos al capital
Ese resultado del gasto público respondió a la rebaja presupuestal de la masa salarial en -4,3% (190 millones de dólares) con respecto a 2019 de los funcionarios públicos de los ministerios y de los organismos del art. 220, como consecuencia de la disminución del personal y del salario promedio (-1% en vínculos laborales, y -3,3% en salario), y además a la menor cuantía en la Asistencia Financiera a la Seguridad Social debido a mayores transferencias de impuestos al BPS por aumento de la recaudación del IVA.
Estas reducciones presupuestarias en salarios y seguridad social financiaron en buena parte el aumento del gasto en inversiones (no en OSE por supuesto) y superiores Subsidios y Transferencias al Sector Privado. Estas últimas, que significaron un aumento de 830 millones de dólares de 2022 con respecto a 2019, están justificadas en un 80% (645 millones de dólares) por la exoneración de impuestos a las promociones de inversiones privadas que la DGI implementa a través de la emisión de Certificados de Crédito. Sin duda toda una confirmación de la política ya comprometida por el Sr. Presidente en ocasión de la implementación del Fondo Covid, financiado por aportes de los funcionarios públicos y eximiendo de todo compromiso al empresariado nacional y extranjero (¿recuerdan el recurso de “los malla oro”?).
Estos son los grandes números, pero hay otros “chicos” que también dan que hablar. Por ejemplo, el presupuesto de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) perdió el 75% de su presupuesto, el INC (Instituto nacional de Colonización) maneja hoy el 60% de los recursos disponibles en 2019, el Subsidio al Boleto Estudiantil en Montevideo e Interior se redujo 20% también con respecto a 2019. Son componentes no contemplados de una política de largo alcance cuyas consecuencias se instalan en el futuro. Hay además otros gastos que incrementaron recursos y que en los cortos plazos críticos son importantes, como por ejemplo la Tarjeta Alimentaria a hogares de bajos ingresos, y el Programa Calle. Entre ellos se compensan, los que bajan con lo que suben. Esa no es una política país, es simplemente una mezquina conducta fiscal de corto alcance y cero futuro.
La evolución del gasto del Gobierno Central también lo podemos observar a través de su distribución por los diversos incisos que lo componen, a saber los Ministerios del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los Organismos denominados del artículo 220 de la Constitución de la República , que pueden presentar sus propios presupuestos de gastos. En este plano el ajuste del gasto fue ajustado a la baja en medio punto del PIB: en 2019 el gasto en funcionamiento e inversiones representó el 26,8% del PIB, y en 2022 se redujo al 26,3%, una baja de 355 millones de dólares, donde la principal perjudicada fue la educación (ANEP, UDELAR, UTEC), que según las cuentas presentadas por el Poder Ejecutivo, representan en conjunto 3,7% del PIB, mientras que en 2019 sumaban el 4,1%.
Notas:
(I) Artículo 47 del Decreto Ley 14.550 del año 1975, por el cual la dictadura autorizó al “Poder Ejecutivo a atender las insuficiencias financieras de los organismos de Previsión Social estatales”.
(II) El Poder Judicial, el Tribunal de los Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, que presentan
