Menos de 10 países en el mundo prohíben por completo el aborto, cuatro están en América Latina
Menos de 10 países en el mundo prohíben por completo el aborto, cuatro están en América Latina
En el marco de la Conferencia Regional “Persistir en el cambio: el aborto es nuestro derecho”, el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (Clacai), ha presentado un estudio titulado “Leyes y Sombras. Las regulaciones de aborto en América Latina y el Caribe”, en el que se da a conocer información necesaria para el camino para legalizar el derecho a decidir.
Según la información del estudio, los países que aún manejan restricción total para el acceso al aborto en el mundo son menos de 10. Sin embargo, de esa cifra, 4 se encuentran en Latinoamérica, siendo estos El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua.
En el caso de El Salvador, desde 1997 se prohibió toda clase de formas de aborto, incluso los que son por salvaguardar la vida y salud de la gestante. Pese a que se han presentado 4 propuestas legislativas, todas han sido archivadas.
En Honduras, la prohibición no solo es total, si no que la Ley que ‘protege la vida del concebido’ fue blindada en 2021 ya que desde ese año, para modificarla se requiere la aprobación de 3 cuartas partes del congreso.
Las cifras en honduras son alarmantes, ya que, según el informe “cada 4 horas, violan a una mujer, adolescente o niña. Al menos 900 niñas quedan embarazadas al año producto de una violación y son obligadas por el Estado a llevar a término esos embarazos”.
En República Dominicana, por su parte, se logró promulgar una reforma del Código Penal que “liberalizó el aborto”, pero esta fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de dicho país. Debido a esto, persiste la prohibición total de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Legal, pero con múltiples restricciones
En el resto de países de América Latina, se ha logrado despenalizar el aborto por lo menos por una causal, lo que hace esta despenalización altamente restrictiva y, por consiguiente, limita su acceso como servicio de salud pública.
Según los datos presentados, pese a que existen países que permiten el aborto en varias causales o de forma libre, “es notable que tienen la disponibilidad de esos abortos menos garantizada”.
Esto debido a que el personal de salud carece de capacitaciones, disponibilidad de personal e insumos, telemedicina o herramientas libres para el aborto autogestionado con pastillas como misopostrol y mifepristona, que o son de venta exclusiva con receta medica, o simplemente son ilegales como en el caso de la mifepristona en Brasil, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Guatemala y Ecuador.
Además, exigen también algunos requisitos que no son necesarios, como habilitaciones específicas cuando la Organización Mundial de la Salud ha indicado que los abortos en el primer trimestre podrían efectuarse de forma segura en centros comunitarios y de primer nivel, sin requerir ninguna habilitación especial.
Según el informe, tampoco se necesita un personal de salud especializado, y, de hecho, hasta la semana 14 el aborto autogestionado es seguro. También es innecesaria una valoración clínica previa o ecografías.
Por último, un factor que también juega en contra es la vulneración al secreto profesional, lo que ocasiona muchas veces trabas en el acceso a la salud de mujeres tras realizarse un aborto, o en un proceso incompleto. Esto además, obliga muchas veces o da carta libre a profesionales de salud a denunciar abortor ilegales, poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres.
En el caso de Perú, la criminalización del aborto es una causa común que vulnera no solo el derecho a decidir, si no también a aquellas mujeres que sufrieron un aborto espontáneo, siendo víctimas de presión y hostigamiento por el personal médico.
Atentados al aborto en el Perú
Actualmente, en el Perú existe un tipo de aborto no punible, que es el aborto terapéutico. Este se permite cuando la vida y salud de las gestantes se encuentran en riesgo, y es legal en el país desde 1924. Sin embargo, entre el 2016 y el 2021 se han registrado 55 denuncias por aborto terapéutico.
Además, existen atentados legislativos que pretenden limitar su acceso otorgándole derechos de persona a los concebidos. Actualmente dicho proyecto de ley (PL 758) ha sido aprobado en primera instancia y el texto sustitutorio se encuentra en reconsideración.
