Más de 20 mil adopciones irregulares en Chile: la agrupación que busca a familiares desaparecidos
Más de 20 mil adopciones irregulares en Chile: un fantasma del cual ningún presidente se hace cargo
Por Mayron Sills
Hace 51 años a la madre de Marisol Rodríguez le dijeron que su hija recién nacida había fallecido. Nunca le entregaron el cuerpo. Lo mismo sucedió con otros miles de casos. Por su hermana, y con la inquietud de que fueran más, en 2014 fundó Hijos y Madres del Silencio, una agrupación de familias y personas con sospecha de ser víctima de adopción irregular o sustracción de menores. En 2018 el juez Mario Carroza estimó en 20 mil las posibles víctimas. A la fecha, la agrupación ha logrado 230 encuentros de hijos e hijas con sus familias. En 2020 se creó un banco de huellas genéticas, que quedó paralizado por la pandemia.
En 2014, una investigación de Ciper reveló una serie de adopciones irregulares en las cuales participaron trabajadores públicos de hospitales, integrantes de la Iglesia católica y otros cómplices, que posibilitaron la sustracción y adopción de menores entre los años 70’ y 80’. A las madres, la mayoría de ellas solteras y en general pertenecientes a sectores vulnerables, les hacían creer que sus hijos e hijas nacían fallecidos y nunca les entregaban los cuerpos.
Marisol Rodríguez fue una de las tantas personas que leyó el reportaje y se alertó ante la situación: en 1972 a su mamá le dijeron que su hija recién nacida había fallecido. Nunca le entregaron el cuerpo. Por medio de redes sociales conoció a Silvia, quien buscaba a su familia y coincidía en la fecha de nacimiento de su hermana, pero no lo era. Juntas decidieron formar Hijos y Madres del Silencio, una agrupación que partió siendo un grupo de Facebook y se transformó en un espacio virtual de búsqueda de familias que tenían a ser querido desaparecido, aunque también hay casos de personas sobre cuya verdadera identidad existen dudas.
Según relata, en un día normal pueden registrar diez casos de búsqueda y cuando salen en prensa hasta 100 por semana. No cuentan con apoyo estatal y su equipo está constituido por familiares y personas voluntarias que, por lo general, van rotando. A la fecha, han logrado el encuentro de 230 familias.
¿Esta agrupación convoca a personas dadas en adopción irregular sólo en periodo de dictadura o también a personas que adoptadas en periodos de democracia anteriores o posteriores a la dictadura?
-Agrupa todas las adopciones ilegales, tenemos casos de antes del ’60 y después del 2000 también. Estamos en 2023 y todavía nos llegan casos… Pero en dictadura hubo un peak que aumentó mucho más la cantidad, hasta los años ’90, y después fueron casos aislados.
La investigación de la agrupación ha sido parte de numerosas investigaciones periodísticas, entre ellas la serie “Adoptados” (TVN).
-¿Y qué delitos están asociados? Porque hablamos de adopciones irregulares, de sustracciones…
-Sustracciones de menores y adopciones forzadas. Lo que pasa es que se habla de varias formas, pero aquí en Chile tenemos “apropiados”, que son personas que nunca fueron adoptadas por algún sistema legal, sino que salieron de un hospital, a lo mejor por medio de un médico o de un asistente social, y llegaron al tiro a las manos de la familia que se quedó con ellos. Son apropiados porque en el sistema pasan a ser hijos propios, como que nacieron de esa madre. Y la mayoría, los que están en Chile, son apropiados y también los que se fueron a países de Latinoamérica.
Por ejemplo, tenemos muchos casos en Perú, en Argentina, donde llevaban niños desde Chile, pero se los llevaron como hijos propios. Por lo tanto, no hay antecedentes anteriores de la familia o alguna pista. Para los que se llevaron después, en tiempos de dictadura, salían desde Chile al extranjero, por ejemplo, a Suecia, y salían con una adopción ideológicamente falsa, que no alcanzaba siquiera a ser una adopción, era una adquisición, pero había un proceso legal con antecedentes falsos.
Por ejemplo: había una captadora que era una asistente social, que captaba a la mamá, y a esa mamá o le robaban el hijo o se lo quitaban; o sea, se lo robaban de todas formas, pero le decían en el hospital que su hijo había fallecido.
Otro mecanismos que usaban era llevar a un niño a un hogar y asegurarle a las madres vulnerables que iban a ser cuidados, que se fueran tranquilas y volvieran los fines de semana o cuando tuvieran trabajos más estables, y ese niño desaparecía. Esos niños, la mayoría salieron al extranjero… tenemos registro en 25 países donde se llevaron niños chilenos y salían con tuición, pero había un informe del asistente social donde decía que había una madre alcohólica o prostituta, que lo cedía, que lo había abandonado, que el niño lo habían encontrado en la calle, y pasaba por un juez y ese juez hacía el proceso legal pero en tiempo récord. Tenemos algunos que se demoraron cuatro horas en dar la tuición para ser adoptados.
Se iban del país y acá no había una adopción, había un vacío legal, por lo tanto no había una adopción hacia el Estado y nunca fueron adoptados. Entonces, cuando tú dices adopciones ideológicamente falsas, la verdad es que no existe la adopción, por eso la mayoría de ellos tienen doble identidad, es decir, tienen un nombre chileno y un nombre extranjero: son dos personas en el mundo y hay unos que tienen más de dos identidades.
Veinte mil, la cifra estimada
En 2010, el entonces integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza fue designado como ministro en visita extraordinario para investigar las adopciones ilegales ocurridas en dictadura.
En dicha indagatoria, a cargo de la PDI, se estimó la existencia de más de 20 mil víctimas de adopciones irregulares y sustracciones de menores, desde los ’60 hasta la actualidad, pues la causa sigue abierta.
Paralelamente, la agrupación Hijos y Madres del Silencio inició su propia investigación, con escasos recursos propios y más voluntad que nada, a diferencia de, a su juicio, las interrupciones y planes no sistematizados de búsqueda promovidos desde el Estado, responsable de buena parte de los delitos.
-Entonces… ¿estamos hablando de unas 20 mil víctimas?
-El ministro Carroza dijo que hace unos años atrás, cuando él estaba a cargo, que eran unas 22.000. Ahora viendo todo lo que ha aparecido puede que sean más, pero nadie lo ha dicho desde la investigación.
-Entiendo que han existido instancias aisladas de búsqueda pero, ¿el Estado reconoció la adopción y sustracción de menores sistemática, ocurrida en manos de sus agentes, en dictadura y democracia?
-Hubo una comisión investigadora de acciones ilegales en la cual todos los diputados dijeron que esto era un hecho histórico y se reconocía, pero no lo ha hecho ningún presidente. Ningún presidente hasta ahora lo ha reconocido, porque cuando hablamos de los casos que sucedieron específicamente en dictadura se puede decir que hubo un robo sistemático de niños, entendiendo que había todo un procedimiento, un modus operandi que involucró a jueces. El relato de las madres en ciertos hospitales es el mismo y lo mismo sucede con el contexto. Esto lo tenemos documentado en distintos archivos, en nuestra página. Fue sistemático el robo de niños y la sustracción de menores.
A ese respecto, la historiadora Karen Alfaro encontró papeles que demuestran que había una política de Estado de exterminar a la pobreza y de esa forma quitarle los hijos a las madres en dictadura. Pero esto pasó antes y después. Claro, la mayor cantidad salió en dictadura porque se daba el espacio y el ambiente para poder vulnerar a las personas.
“No tenemos resultados de ningún gobierno”
Con la explosión de casos revelados por los medios de comunicación desde 2014, los distintos gobiernos adoptaron diversas medidas para la investigación de los casos, pero hasta el momento no existe una búsqueda integral que reconozca la intervención estatal en los más de 20 mil casos estimados por el ministro Carroza.
-Desde el Estado no hubo un plan de búsqueda integral, entiendo. Y podría, quizá, haberse incluido en alguno de los ejes del Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el Presidente Gabriel Boric. Tiene sentido…
-No. De momento nunca se elevó, pese a los antecedentes. Lo único que se ha hecho es la investigación judicial que lleva más de mil causas, o sea, una mega causa. O sea, no creo que haya habido otra más grande en Chile.No tenemos resultados de ningún gobierno, aparte de la Comisión Investigadora y de la investigación que está en curso, que lleva a más de mil causas con la misma cantidad de personas trabajando que cuando tenían 200 o 300 y se inició en 2014.
En enero de 2020 se creó un Banco de Huellas Genéticas para posibilitar la identificación de parentesco sanguíneo en familias que sufrieron adopciones irregulares y/o sustracciones de menores, pero en enero de 2020 el trabajo y las 58 muestras tomadas por el Servicio Médico Legal (SLM) quedaron paralizadas debido a la pandemia.
“Al año siguiente preguntamos qué estaba pasando con esto y nos dicen que ya no va, que no resultó, pero la verdad que no hubo voluntad política, porque no se llamó a nadie más a tomarse los ADN, se cerró sin decir nada”, subrayó Marisol Rodríguez.
Ante ello, El Mostrador se contactó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para conocer su versión de los hechos, pero no hubo respuesta.
“Nosotros estamos pidiendo que se restablezca el banco, porque así como hay niños argentinos en Chile, hay también chilenos en Argentina, y en otros países que se puede hacer un match y se pueden cruzar las bancas, por ejemplo, de las Abuelas de Plaza de Mayo con las nuestras. De hecho, ellas vinieron acá y pidieron eso”, contó Rodríguez.
Según su relato, actualmente solo por medio de una investigación judicial se puede solicitar una toma de ADN, pero solo para los que hagan la denuncia.
“¿Cuál es el problema? Hay muchas personas apropiadas que no buscan legalmente hacer la denuncia judicial porque sus padres están vivos y no quieren involucrarlos. Entonces, tienen miedo a que los llamen a declarar o involucrarse, por lo tanto seguimos no encontrándonos… si hubiera un banco de ADN abierto, cualquiera podría ir a dar su muestra y tener la oportunidad de encontrar sin hacer una denuncia judicial”, apuntó.
-Pensando en una utopía… Si llegara el ministro de Justicia y Derechos Humanos y te propusiera hacer todo lo que quisieras para resolver estos casos, ¿qué harías?
-Una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Esto es un hecho histórico: se tiene que reconocer que esto pasó. Te voy a contar uno de los últimos casos. Es una hija “apropiada”, que creció pensando que su mamá la había dado en adopción, pero encontró a su familia, a sus hermanos… y a la mamá le habían dicho que había fallecido. ¿Tú sabes lo que ha sufrido esa familia estos últimos días? (se quiebra). A mí me llega a dar pena. Es un duelo. Es un duelo de ella no haberse criado con sus hermanos, tener una familia que la daba por muerta. Esa madre, que en estos momentos debe sentirse mal por no haber ido, o culpable por no haber ido a pedir ese cuerpo… es algo tan tremendo y no es un caso, son miles. Entonces, cuando pienso esto… hay una indolencia desde el Estado hacia los casos. Y esto pasó: son delitos de lesa humanidad.
Necesitamos que el Estado se haga cargo y diga que vamos a hacer una comisión de verdad, de justicia y de reparación. ¿A qué me refiero? Que esa familia necesita contención psicológica en este momento. Se necesita reparación. Todos esos niños que se llevaron al extranjero, que ahora son adultos, necesitan conocer sus raíces, viajar a conocer su familia biológica y estas madres que también tienen pocos recursos, nosotras a veces logramos los reencuentros y los hacemos virtuales, sin un abrazo, y eso es reparación.
Y también (se requiere) que restablezca la banca de huellas genéticas. Hay 58 personas que buscan y ni siquiera se les manda una carta para decirles que no se va a proceder con el proceso. Estamos a puertas de cumplir los 50 años (de inicio) de la dictadura, que también involucra a algunas de las familias, necesitamos un plan nacional, que existan instituciones como en Argentina es la CONADI, que se encarga de registrar, buscar.
Esto sucedió en todas partes.
