Guatemala | Manifestantes piden la renuncia de la jefa del Ministerio Público y que se respete el proceso electoral
Protestas en la capital: las imágenes y consignas con la que los guatemaltecos piden la renuncia de Porras y que se respete el proceso electoral
Cientos de guatemaltecos se manifestaron este domingo 23 de julio para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y otros funcionarios a quienes señalaron de interferir en el proceso electoral rumbo a la segunda vuelta del próximo 20 de agosto.
Cada gesto de cariño que hemos recibido representa un abrazo de esperanza a Guatemala. Un cambio que signifique un mejor futuro es posible gracias a ustedes. 🌱🇬🇹#GuatemalaEsSemilla #ArévaloPresidente pic.twitter.com/xXRF1SqWA1
— Bernardo Arévalo de León 🌱 (@BArevalodeLeon) July 23, 2023
“Independientemente de quien salió desfavorecido en las elecciones del 25 de junio, deben respetar las decisión expresada en las urnas y no intervenir”, expresó a través de un megáfono un estudiante universitario, mientras marchaba junto a cientos de guatemaltecos en el centro histórico.
“Hoy nos sumamos a exigir que se respeten el voto popular expresado el pasado 25 de junio y al proceso electoral en su conjunto”, declaró Neidi Juracán, quien viajó desde Sololá para sumarse a la marcha.
Diversas organizaciones campesinas, sociales e indígenas, que integraron la marcha, iniciaron su recorrido frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia.
La protesta concluyó frente al MP, donde los manifestantes exigieron la renuncia de la fiscal Porras, Rafael Curruchiche jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), así como la fiscal Cinthia Monterroso.
“Lo que me motiva a protestar es el rechazo a todas las acciones ilegales y corruptas de este Gobierno”, expresó otro de los inconformes.
“Me preocupa que el país esté cooptado”, también fue el sentir de otro manifestante quien expresó su preocupación y molestia porque el MP y el juez penal Fredy Orellana han accionado una serie de diligencias, desde el 13 de julio, contra el partido político Movimiento Semilla, provocando un ambiente de incertidumbre sobre el proceso electoral.
El MP acusa a Semilla de un supuesto caso de firmas falsas durante su proceso de inscripción. Además de pedir su cancelación, también allanó su sede el pasado 21 de julio y emitió órdenes de captura contra dos de sus miembros.
“Estoy llamada a velar por el bien común y la justicia social. Yo fui detenida un 21 de noviembre de 2020, injustamente con mi familia. Estábamos manifestando pacíficamente y auxiliando a personas con agua con vinagre y de forma ilegal, nos llevaron presos”, explicó otra manifestante.
“Desde ese día me dije que debía hacer algo por cambiar la realidad de mi país, desde entonces me involucré mucho más”, añadió.
Además expresó que parte de los problemas que más afectan a los guatemaltecos es el alto costo de la canasta básica y la falta de mayor oferta laboral. “Por eso ya no se vale, es necesario salir. Tenemos derecho, derecho a exigirle al Estado porque debe velar por nuestro bienestar”, complementó.
Con flores rojas, tambores y consignas como “esto es un golpe a la democracia” y “respeten la voluntad del pueblo”, “no lo hago por un partido, lo hago por el pueblo”, los manifestantes se plantaron frente a la sede del MP.
Las acciones del MP provocaron que el 21 de julio un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos indicara que se trata de un intento por “socavar la voluntad del pueblo guatemalteco” y consideró que es un “gesto propio de dictaduras” como la de Nicaragua.
Otros organismos nacionales e internacionales se han estado expresando su postura en una línea similar ante los recientes acontecimientos políticos en el país.
El secretario general de la ONU, António Guterres, también hizo un llamado el pasado sábado 22 de julio a las instituciones guatemaltecas para que se respeten los derechos humanos de su ciudadanía, “incluido el derecho a votar en elecciones periódicas genuinas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores”.
Guterres anotó en el comunicado que sigue “con gran preocupación” la situación en torno a las elecciones en Guatemala y recordó que los Estados miembros “son responsables de garantizar elecciones transparentes, libres y justas, libres de intimidación y coerción”.
“El secretario general recuerda que los votantes deben estar protegidos de cualquier forma de coerción y de cualquier interferencia ilícita o arbitraria en el proceso de votación, y que las instituciones electorales deben poder llevar a cabo su trabajo de manera independiente”, destaca un comunicado que la organización emitió el 22 de julio.
Sin embargo, desde varios sectores, incluyendo el partido Semilla, anticipan nuevos ataques por parte del MP.
Mientras se han desarrollado estos hechos, la segunda vuelta electoral permanece programada para el 20 de agosto, respaldada por la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenó que se respete tanto el plazo así como la oficialización de los partidos que irán a segunda vuelta, como ya había reiterado en un fallo del 13 de julio.
MP rechaza intentos de presión y coacción y dice que sigue investigando el caso del Movimiento Semilla
El Ministerio Publico (MP) emitió un comunicado de prensa este 23 de julio en el que reiteró que es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente nacional o internacional y que su actuar se desarrolla apegado al principio de legalidad, según su mandato constitucional.
Ministerio Público informa: pic.twitter.com/Q5d13lyGSA
— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 23, 2023
En el comunicado el MP rechaza “todo intento de presión y coacción para detener cualquier investigación en curso autorizada por juez competente, o dejar de cumplir con su función de ser garante del cumplimiento de las leyes del país y de la protección de todas las víctimas del delito”.
Afirma que de conformidad con la Constitución Política de la República y la ley, y en congruencia con lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad, el MP ha continuado con las investigaciones relacionadas a la “denuncia de posible falsificación masiva de firmas y comparecencia de personas fallecidas en la constitución del partido político Movimiento Semilla”.
Aclara que para preservar documentación e indicios de ese caso y que deben ser analizados en forma rigurosa, el MP hizo las diligencias urgentes que permitieran el resguardo de los mismos.
Hace referencia a que rechaza lo que califica de campañas de desinformación “que pretenden trasladar a la ciudadanía afirmaciones alejadas de la realidad y que suponen que se ponen en riesgo los resultados del 25 de junio en las elecciones generales y el próximo balotaje del 20 de agosto del presente año”.
“Estas campañas tienen como único objeto detener las investigaciones en curso y que las eventuales responsabilidades y consecuencias legales no puedan deducirse en su oportunidad. La desinformación y las medidas de hecho para detener las investigaciones, fomentan la impunidad y se alejan del Estado de Derecho”, justifica el MP en su comunicado.
Continuará con investigaciones
“El Ministerio Público continuará en cumplimento de sus obligaciones y las investigaciones en curso se continuarán desarrollando con imparcialidad, objetividad y estricto apego al principio de legalidad, en el marco de lo que establece la Constitución Política de la República y la ley, tal y como se ha hecho en todo momento, sin excepción alguna”, se lee en el documento.
Añade que el MP garantiza el desarrollo de la segunda vuelta electoral con los candidatos de los partidos políticos que alcanzaron el balotaje -Sandra Torres, de la UNE, y Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla- tal y como lo resolvió la Corte de Constitucionalidad.
El documento también le dice que velará por todas las víctimas del delito “para que obtengan las respuestas a sus demandas, investigando todas las denuncias que se presentan, aún y cuando exista oposición por parte de los posibles responsables de la comisión de delitos”.
Resolución de la CC
La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó el pasado sábado 22 de julio otorgar amparo provisional al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el viernes 21 de julio había presentado la acción con el fin de garantizar la segunda vuelta de las elecciones generales, que están programadas para el próximo 20 de agosto.
En su resolución, el máximo Tribunal dijo que la denegatoria obedece a que ya emitió una decisión, el pasado 13 de julio, “en la que se pronunció respecto de que la máxima autoridad electoral debe proceder conforme lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023”, este dice que el balotaje deberá disputarse entre Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla.
No obstante, a la denegatoria, en su resolución la CC remarcó en que el acuerdo del TSE “no puede ser afectado por lo decidido por un órgano jurisdiccional de naturaleza ordinaria” y que “de esa cuenta, esta Corte estima que en el presente caso debe aludirse a tal pronunciamiento”.
El TSE presentó el viernes el amparo en el cual denunciaba a Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación; Henry Reyes, ministro de la Defensa Nacional; Silvia Patricia Valdés, presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); María Consuelo Porras, fiscal general; Wuelmer Gómez, procurador general de la Nación; Edwin Manfredo Ardiano, director general de la Policía Nacional Civil, y Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas.
El TSE justificaba el amparo por “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
También pedía que los denunciados se abstuvieran de “emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023” —en el que declara la validez de la elección de presidente y vicepresidente de la República, realizada el 25 de junio.
El TSE señalaba que los derechos que se consideran amenazados puesto que es deber del Estado garantizarlos son: la libertad, justicia, seguridad, certeza jurídica y paz. También el derecho de elegir y ser electo y el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
También, el principio de legalidad y sujeción al imperio de la ley de la función pública y el régimen político-electoral del Estado de Guatemala. Todo ello establecido en la Constitución Política de la República.
Acción
El TSE presentó el amparo después de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), encabezada por Rafael Curruchiche, llevara a cabo una serie de acciones y allanamientos en la sede del Registro de Ciudadanos y del partido Movimiento Semilla para buscar evidencias de supuestas irregularidades en el proceso de formación de dicha organización política.
Las acciones de la Feci han contado con el aval del juez Séptimo Penal, Fredy Orellan, cuyas resoluciones en este caso han sido calificadas de ilegales y hasta inconstitucionales.
Tanto Orellana como Curruchiche fueron incluidos en la lista Engel de actores corruptos que elabora el Departamento de Estado de EE. UU.
