Notas sobre el tema
ToggleCaso Semilla: allanan oficinas centrales del partido político
Autoridades realizan un allanamiento en las oficinas centrales del partido político Movimiento Semilla, como parte del seguimiento a las acciones judiciales emprendidas en contra de la agrupación, a la cual señalan de supuestamente haber falsificado firmas para utilizar en documentos para la formación del partido.
Las diligencias se desarrollan con gran presencia de elementos policiales, quienes resguardan a agentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).
El caso es encabezado por la fiscal Cinthia Monterroso, quien fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos el pasado miércoles 19 de julio, al ser incluida en la Lista Engel, en la cual se agrupa a supuestos actores corruptos y antidemocráticos.
Apresuran diligencias
El caso contra Semilla se encuentra en el Juzgado Séptimo Penal A, a cargo de Fredy Orellana.
Según una nota publicada por La Hora, titulada “Tras sanciones, MP y juez aceleran el paso en caso Semilla”, se detalló que tanto la FECI como el Juzgado agilizaron las diligencias de investigación del denominado caso “Corrupción Semilla”.
En la nota se indicó que el pasado jueves 20 de julio se ordenó la detención de Cinthya Rojas y Jaime Gudiel, integrante y exintegrante de la agrupación política, quienes son señalados por supuestamente haber falsificado firmas para la formación del partido.
También se ordenó la captura de Eleonora Castillo, Registradora de Ciudadanos en funciones, e iniciar una investigación en contra de Ramiro Muñoz, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El allanamiento a la sede del Movimiento Semilla es la demostración flagrante de la persecución política que hemos denunciado. No les importa nada, y no se van a detener.
Pero nosotros tampoco nos detendremos, porque vamos a sembrar la semilla del cambio para que Guatemala…
— Bernardo Arévalo de León 🌱 (@BArevalodeLeon) July 21, 2023
Semilla pide que juez verifique situación de integrantes retenidos en allanamiento
Por Diego España
Con dicho recurso legal, la congresista busca que un juez acuda de forma inmediata a las oficinas de Semilla para establecer que se cumpla con el respeto a la integridad de los retenidos, o evitar que cualquiera de estos sufra vejámenes durante el operativo.
No han tenido comunicación
Según Hernández, sólo un abogado de Semilla fue autorizado para entrar al allanamiento; sin embargo, no han podido tener comunicación con él ya que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) no le permite utilizar su celular.
Asimismo, detalló que a las cinco personas les fueron confiscados sus dispositivos móviles.
Allanamiento
Agentes del Ministerio Público (MP) y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizan un allanamiento en las oficinas centrales del partido político, como parte del seguimiento a las acciones judiciales emprendidas en contra de la agrupación, a la cual señalan de supuestamente haber falsificado firmas para utilizar en documentos para la formación de la entidad.
El caso es encabezado por la fiscal Cinthia Monterroso, quien fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos el pasado miércoles 19 de julio, al ser incluida en la Lista Engel, en la cual se agrupa a supuestos actores corruptos y antidemocráticos.
Semilla pide apoyo a partidos políticos; habla del Serranazo
Por Esdras Laz
Juan Gerardo Garnica, fiscal del partido político Movimiento Semilla, pidió al resto de fiscales que se pronuncien por las recientes acciones judiciales que el Ministerio Público (MP) y el Juzgado Séptimo Penal desarrollan contra la agrupación, las cuales alcanzaron al Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral, y que ponen en riesgo el proceso electoral y podrían generar una ruptura del orden constitucional, dijo.
Durante la reunión de los magistrados del TSE y fiscales, celebrada este viernes 21 de julio, Garnica respaldó al pleno del órgano electoral y a los miembros del RC por el “ataque malicioso, totalmente espurio, fuera del marco legal y constitucional”.
Asimismo, hizo un llamado al resto de fiscales: “Compañeros fiscales de los partidos políticos, este es el momento para que nos unamos para defender el sistema político electoral”, y agregó: “lo que hoy le están haciendo al Movimiento Semilla a través de una judicialización maliciosa, mañana se lo pueden hacer a ustedes”.
Acciones vulneran el estado de derecho
Garnica también se pronunció por las acciones que el MP y el juez Fredy Orellana desarrollan en contra del RC. «Lo que le están haciendo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es poner en vilo al estado constitucional de derecho”.
Además, comparó estos hechos con los de las jornadas del 25 de mayo al 1 de junio de 1993, “cuando se dio la ruptura del orden constitucional” durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, período al cual se le conoce como “el Serranazo”.
Respalda acciones del TSE
El fiscal de Semilla declaró su respaldo a los magistrados del TSE. “Han defendido el sistema político electoral guatemalteco, han defendido el clamor popular de la ciudadanía y han defendido al estado de derecho, basándose en sus atribuciones otorgadas por la Ley Electoral y de Partidos Políticos que tiene rango constitucional”.
También felicitó al pleno por el amparo presentado durante la madrugada de este viernes, señalando que “está redactado con base al principio de supremacía constitucional, al bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad”.
Agregado a ello, Garnica dijo que espera que la CC sea garante del orden constitucional y que “conserve el estado de derecho, que ahora pende de un hilo”.
“Hago un llamado a la unidad porque no podemos dejar que los años que tenemos de una segunda democracia se vengan para abajo por intereses mezquinos, por intereses particulares de muy pocas personas que no quieren respetar la voluntad del pueblo de Guatemala”, puntualizó Garnica.
Violan amparo que protege elecciones
Las acciones realizadas por la FECI, según indicó Garnica, “ponen en riesgo el estado constitucional de derecho en Guatemala”, puesto que buscan accionar contra el partido, afectando a terceros, pese a que ellos cuentan con el respaldo de su oficialización para participar en la segunda vuelta y con un amparo provisional otorgado por la CC, “cuyo fin primordial es la defensa del orden constitucional”.
También indicó: “ayer vimos un segundo allanamiento que no está bajo los estándares que tiene el MP para actuar”, por lo que consideró que fue “ilegal”, ya que también se ordenó la aprehensión de la directora del RC en funciones, Eleonora Castillo, a pesar de que ella goza de inmunidad.
Pide que partidos cumplan con atribuciones
Garnica expuso: “esperamos que todos los partidos políticos sean serios y cumplan totalmente con sus atribuciones y con el ser de un partido político”.
Asimismo, agregó que las agrupaciones políticas deben demostrar madurez por lo que está pasando. “Hoy somos nosotros los que estamos siendo perseguidos por la vía judicial de forma maliciosa, pero mañana pueden ser todos los demás partidos políticos”.
✨🌱 A la población guatemalteca, a los medios de comunicación nacional e internacional, compartimos el siguiente comunicado de nuestro Comité Ejecutivo Nacional: pic.twitter.com/Rw5rQ5Rdwd
— Movimiento Semilla 🌱 (@msemillagt) July 21, 2023
TSE presenta amparo en la CC en contra de la jefa del MP, presidenta del OJ y otros funcionarios, por amenaza de “vulnerar el Estado de derecho”
Por Julio Román Y Henry Montenegro
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante la mandataria judicial María Lucrecia Morales Molina, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra de ocho funcionarios públicos ante la “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho”.
Los funcionarios denunciados son:
- David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación
- Henry Yovani Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional
- Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia
- María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público
- Wuelmer Ubener Gómez González, procurador general de la Nación
- Edwin Manfredo Ardiano López, director general de la Policía Nacional Civil
- José Alejandro Córdova Herrera, procurador de los Derechos Humanos (Aunque luego enmendó y lo sacó de la denuncia)
- Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas
En el amparo que presentó el TSE, se menciona que este va dirigido por “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
En el amparo también señala que los denunciados “se abstengan de emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023”. – en el que declarar la validez de la Elección de presidente y vicepresidente de la República, realizada el 25 de junio pasado-.
Según el amparo del TSE, los derechos que se estiman amenazados en caso de concretarse la amenaza cierta, futura e inminente que señalan son:
Deber del Estado de garantizar la libertad, justicia seguridad, certeza jurídica y paz (artículo 2 de la Constitución Política de la República
Elegir y ser electo y el Principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República (artículo 136 de la Constitución Política de la República)
Principio de Legalidad y sujeción al imperio de la ley de la función pública (artículo 154 de la Constitución Política de la República)
Régimen Político-Electoral del Estado de Guatemala (artículo 223 de la Constitución Política de la República).
El documento señala como terceros interesados en el caso al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de asuntos constitucionales, amparos y exhibición personal y a los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla.
Amparo no incluye al PDH
El TSE también hizo una aclaración posterior sobre el amparo que interpuso en la CC y señaló que el escrito de interposición de amparo, identificado con el número 4148-2023, por error se consignó como autoridad denunciada al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera; sin embargo, señala que este no es sujeto que ostente de legitimación pasiva dentro de la presente garantía constitucional de amparo.
Explica que “derivado de las funciones propias que la Constitución Política de la República de Guatemala le confiere, tiene a su cargo la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza a los ciudadanos, así como la supervisión y monitoreo de la administración pública en cumplimiento de los Derechos Humanos”, se lee en la acalarción.
Señala que desde la Convocatoria a las Elecciones Generales el PDH “ha acompañado al TSE como observador en la primera vuelta, poniendo a disposición de las delegaciones departamentales voluntariado de más de 3 mil 600 personas que coadyuvan a garantizar los derechos de la población; además, ha participado en las mesas de conflictividad en el llamado a empadronarse, ha brindado apoyo al Registro Nacional de las Personas al observar el cierre del padrón electoral, entre otras acciones, que ayudan al fortalecimiento de la democracia”.
“Por lo tanto, es meritorio que dentro de la presente acción de amparo se le tenga como
tercero interesado y no como autoridad denunciada; ya que es una figura importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico que debe velar por el respeto y garantía de los derechos humanos que le asisten a los ciudadanos”, se lee en la acalaración del TSE al amparo interpuesto.
Gobierno de Guatemala se dice sorprendido del amparo interpuesto por el TSE contra funcionarios y lo califica como “lamentable”
Por Agustín Ortiz
El gobierno de Guatemala calificó de “sorpresiva y lamentable” la acción de amparo interpuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra de algunos funcionarios, En el comunicado, aseguran que “el Organismo Ejecutivo ha brindado todas las garantías de protección y acceso al voto durante el proceso electoral”.
A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) dijo que el apoyo del gobierno central al proceso electoral se evidencia al haber puesto a disposición más de 42 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), más de 25 mil elementos del Ejército de Guatemala y al habilitar más 2 mil 500 escuelas como centros de votación.
“Aunado a lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la ley, hemos puesto a disposición de los candidatos a presidencia y vicepresidencia que participan en la segunda vuelta electoral un equipo de la Secretaría de Asuntos Administrativos (SAAS) y de Seguridad para garantizar la seguridad e integridad de los postulantes”, agrega el comunicado.
“Por otro lado, pese a que se desencadenaron hechos de conflictividad electoral durante la primera vuelta de las elecciones generales, por discrepancias en algunas juntas electorales, los hechos fueron abordados de forma oportuna por las fuerzas de seguridad, evitando una escalada del conflicto”, reiteró el gobierno de Alejandro Giammattei.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante la mandataria judicial María Lucrecia Morales Molina, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra de ocho funcionarios públicos ante la “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho”.
En el amparo que presentó el TSE, se menciona que este va dirigido por “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
En el amparo también señala que los denunciados “se abstengan de emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023”. – en el que declarar la validez de la Elección de presidente y vicepresidente de la República, realizada el 25 de junio pasado-.
Escuelas dañadas
El Ejecutivo también aprovechó para recordar que 17 de los centros educativos puestos a disposición del TSE quedaron dañados por los hechos de conflictividad ocurridos el 25 de junio y en días posteriores, “por lo que esperamos que el Tribunal Supremo Electoral se haga responsable de su reparación para evitar que los estudiantes vean vulnerado su derecho a la educación”.
“Las dependencias del Organismo Ejecutivo han trabajado en cumplimiento de su mandato legal, sin requerir de alguna resolución judicial que las obligue a ello, por lo que reiteran su compromiso de continuar cumpliendo con las funciones que el andamiaje jurídico les demanda en el proceso electoral”, concluyó el comunicado.
Minfin: “No sé por qué nos incluyeron”
Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas, fijó su postura este mediodía luego de conocer el amparo solicitado por el TSE y comentó: “yo en realidad no comprendo por qué incluyen a Finanzas en un amparo de esa naturaleza, porque es un órgano en la administración de recursos, que ve la parte técnica y financiera, apoyando a todos”.
Al preguntarle sobre la dotación de recursos al órgano electoral, el funcionario enfatizó que se “ha apoyado, no solo con tenerle los recursos a tiempo (los desembolsos); para el asunto de la deuda política estuvieron pidiendo apoyo y se les incrementó; y en temas operativos se les apoya con los insumos de forma inmediata para que no tengan ningún tropiezo y adquieran todo lo que necesitan. O sea que es un apoyo casi directo e inmediato”.
Añadió que desde Finanzas no se puede vulnerar un proceso electoral, “pero ellos tendrán sus razones para incluirnos y es algo que afecta al ministerio porque la gente lo interpreta mal. Finanzas seguirá trasladando los recursos, considerando que hay disponibilidad”, afirmó.
Asignación al TSE
En cuanto a las asignaciones presupuestarias al TSE, el ministro Martínez Cameros respondió que el presupuesto que tiene asignado y vigente es de Q1 mil 566.7 millones, que incluye el gasto institucional y para el proceso electoral. De este monto, ya se le ha desembolsado el 56% y a la fecha, tiene en caja Q665 millones disponibles porque el total de ejecución aún es del 37.6%.
“Creo que es importante dejar claro esto porque no podemos desembolsar la totalidad de los recursos. Nosotros, como responsables de la administración de la hacienda pública, tenemos que ver si hay recursos en los bancos. Si es así, ¿por qué vamos a desembolsar más?”.
El funcionario aseguró que hay reuniones constantes con ellos (funcionarios del TSE) y se les indica que el dinero asignado se les va a trasladar, “pero lo importante es de que usen lo que está en la caja, porque la función de una institución pública no es estar ahorrando. Que se paguen los compromisos que tienen con esos Q665 millones y se les completa el 44% que se les debe”, sentenció.
PDH: Compromiso inquebrantable con los derechos humanos
Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Alejandro Córdova, también emitió un comunicado en el que destacó el trabajo del Observatorio y Voluntariado Electoral, conformado por trabajadores de la institución y estudiantes universitarios voluntarios, ha brindado acompañamiento y asistencia al ciudadano votante y elector, labor que se realizará hasta la finalización del proceso electoral.
“Nuestro compromiso ha sido garantizar el ejercicio del derecho al voto mediante llamamientos, observaciones y señalamientos para corregir cualquier irregularidad que pudiera impedir indebidamente el ejercicio del sufragio”, destacó Córdova.
“Respecto al amparo interpuesto por el Tribunal Supremo Electoral, es importante mencionar que posteriormente se aclaró que nuestra institución debe ser vinculada en calidad de tercero con interés y no de autoridad impugnada, ya que el propio tribunal reconoce nuestra labor de protección y respaldo a la actuación de las instituciones estatales”, agregó el PDH.
De esa cuenta, como tercero interesado, el PDH reiteró su “compromiso inquebrantable” con la protección de los derechos humanos en este proceso electoral y con la vigilancia para que los derechos fundamentales sean respetados en el desarrollo de la democracia guatemalteca.
