¿Es posible una ruptura definitiva en el MAS boliviano? – Por José Galindo
¿Es posible una ruptura definitiva en el MAS boliviano?
José Galindo*
La semana que acaba de concluir estuvo saturada de acontecimientos trascendentales para la política boliviana. Primero, el repentino cierre del principal medio de prensa opositor como hecho de consecuencias insospechadas para el futuro; luego la interpelación, censura y ratificación de un ministro ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que parece evidenciar una correlación de fuerzas dentro del oficialismo que se aleja cada vez más de la voluntad exclusiva del expresidente Evo Morales, sin que ello implique, necesariamente, la anulación de su liderazgo. Si ha de juzgarse quién la pasó peor en estas jornadas, sin embargo, la respuesta es, indudablemente, la oposición.
Respecto al primer asunto, solo puede adelantarse que la desaparición de Página Siete implica cambios importantes dentro del campo mediático como espacio de lucha o competencia ideológica que no deberían asumirse bajo una luz triunfalista por parte del Gobierno.
Aclarado lo anterior, centrémonos en la correlación de fuerzas entre los dos principales liderazgos del partido más grande de la historia del país, que han vuelto a definir sus respectivos límites y alcances en la interpelación legislativa de uno de los miembros más importantes del gabinete ejecutivo: Eduardo del Castillo, titular de Gobierno ratificado por el presidente Luis Arce a pesar de haber sido censurado por correligionarios y opositores, que actuaron en discutible coincidencia.
Un ministro duro de expulsar
La joven autoridad logró sobrevivir a una intensa campaña de desprestigio por parte de una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) organizada en torno a Evo Morales, quien lo ha criticado frontalmente por las más variadas razones a partir de finales de 2021: desde conspirar en contra suya e incluso “robarle” su celular en un evento partidario, hasta acusarlo de cooperar con el narcotráfico y conjurarse en contra de su integridad física y moral, esto último de forma literal, no figurativa.
Una serie de ataques, generalmente unidireccionales que dejan poco espacio para interpretaciones ambiguas: el expresidente lo quiere fuera de una de las carteras más estratégicas del Gobierno por su manejo de los aparatos de inteligencia del Estado y su tuición sobre uno de los gremios impredecibles de la sociedad, la Policía Nacional, cuya participación en el golpe de Estado de 2019 fue decisiva.
Pero Del Castillo ha logrado mantenerse en el cargo. Con su última ratificación, el ministro duro de censurar suma ya cinco interpelaciones legislativas desde que asumió el cargo, en los ya casi tres años de gobierno de Arce. Las primeras interpelaciones fueron impulsadas por asambleístas de bancadas opositoras, pero luego pasaron a ser planteadas por sus propios compañeros de sigla, en obediente apego de la línea trazada por Morales.
La primera se dio el 9 junio de 2021, a raíz de la captura y arresto de Jeanine Áñez bajo los cargos de sedición, terrorismo y violación de la sucesión constitucional para asumir la Presidencia bajo el caso Golpe de Estado II; la segunda, el 31 de mayo de 2022, por supuestamente no poder contener el empeoramiento de la inseguridad en la ciudad de El Alto; la tercera, el 23 de mayo de este año, por la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado I; la cuarta, por el traslado de un numeroso contingente policial a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para controlar la ola de saqueos y violencia que se dieron con un paro cívico de 36 días virtualmente en demanda de una pronta realización del Censo Nacional. En todas estas ocasiones Del Castillo fue ratificado por el conjunto de su bancada, para descontento de medios opositores interesados en profundizar las grietas que ya se avizoraban en el seno del MAS.
Persistencia
Fue la última, sin embargo, la que probó que ser persistente rinde frutos, sumando 101 votos a favor, 41 en contra y una abstención, suficientes para emitir una moción de censura legislativa que muchos esperaban lo alejara del cargo, pero esta vez a partir de un hecho algo más pedestre que el arresto de una expresidenta golpista o un gobernador en conjura antigubernamental: se pidió la renuncia de Del Castillo por la asignación de un vehículo robado como parte de los activos fijos de la ALP. Es decir, por un error que bien pudo haberse solucionado con la destitución de autoridades de menor rango y con mayor responsabilidad sobre aquel acto irregular. No fue difícil incluir denuncias y consignas nada relacionadas con el motivo de la interpelación cuando al coro se sumaron no solo asambleístas opositores, sino también oficialistas, reclamando por el contrabando, la corrupción y el narcotráfico.
Más allá de la legitimidad de los argumentos o la honestidad de los legisladores que sentenciaron su censura, el esfuerzo por quitarle una pieza clave al ajedrez del presidente Arce terminó siendo inútil debido a la irresuelta coherencia normativa que rige el funcionamiento del Ejecutivo, toda vez que la Ley 1350, aprobada en el gobierno de facto de 2020, fue observada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2021, reduciendo los efectos de la defenestración legislativa a nada más que una expresión de desconfianza o censura moral. La reacción del exmandatario no se dejó esperar, haciendo públicamente responsable a Del Castillo de lo que pudiera sucederle a través de su cuenta de Twitter, esta vez magnificada por los medios de comunicación de oposición disconformes con el resultado de la partida.
Un consenso aparente emergió a pesar de la discordia que atravesó a todas las facciones involucradas en el destino de Del Castillo, aquel sobre la percepción de una ruptura ya insalvable al interior del MAS, que dividiría nítidamente a los partidarios de la renovación encabezada por el actual presidente del Estado, frente a los radicales firmemente apostados al lado del expresidente derrocado en 2019 pero todavía en la cima de la cúpula de la Dirección Nacional del partido de gobierno. Un escenario tan inconfundible, polarizado y sencillo que no puede ser más que una percepción equivocada. Ni ruptura catastrófica ni renovación traicionera: el MAS continúa siendo el fondo sobre el cual se mueven una multiplicidad de actores cuyo peso individual y aislado no es más que irrelevante.
Los irremplazables
En otras palabras, la continuidad del MAS como algo más que un partido político en el sentido tradicional del término, sino como un movimiento de masas capaz de contener a las clases privilegiadas y dirigir el rumbo del país no depende del regreso de Evo Morales al poder ni tampoco es posible solo a partir de una renovación de liderazgos encabezada por Luis Arce, sino de la adaptabilidad de ambas figuras a una convivencia que nunca podrá volver a gozar de la estabilidad que alguna vez tuvo bajo la dirección única del dirigente campesino.
Ambos liderazgos resultan hoy complementarios por razones tan circunstanciales como objetivas: Morales cuenta todavía con un capital social considerable que lo convierte en personaje de culto para millones de bolivianos, mientras que Arce cuenta con los recursos propios del manejo del Estado, que ha sabido administrar lo suficientemente bien como para garantizar estabilidad económica y política para otros millones de bolivianos que no desean regresar a los tiempos de incertidumbre que le siguieron al golpe de Estado, el gobierno de facto y la pandemia del Covid-19.
Es decir, estaríamos hablando acá de tipos de liderazgo fundamentados sobre factores distintos, pero no antagónicos. Uno tiene el respaldo de su carisma sobre una masa de seguidores urbanos y rurales que lo idolatran por el simbolismo de su imagen, mientras que el otro cuenta con el respaldo del 55% de los votos de las elecciones generales de 2020, tres años de gestión exitosa de gobierno y el sostén de una Constitución que nadie está dispuesto a desobedecer por las desastrosas consecuencias que eso podría tener.
Bases del liderazgo en el MAS
Carisma, legalidad, legitimidad y el mero pragmatismo de una sociedad que gusta de oír consignas mientras su fuente de sustento diario no peligre, ni mucho menos su vida. Rasgos que no se limitan a las clases urbanas usualmente desorganizadas o agrupadas en múltiples tipos de entidades gremiales, sino que también se extienden a los mitologizados movimientos y organizaciones sociales de cuño popular y campesino.
Me explico: la censura de Del Castillo fue respondida no solo con la movilización de funcionarios públicos o militantes oficialistas con cargos en el Gobierno, sino además por dirigentes de organizaciones sociales que se expresaron abiertamente en contra de la decisión legislativa de cambiar al ministro, por razones que van más allá del mero prebendalismo, como algunos pretenden hacer ver. No se trata de organizaciones sociales que quieren asegurar cargos en el Estado o proyectos de inversión pública, sino de sujetos sociales que se sienten dueños del poder en Bolivia, dueños del Estado y, por qué no, dueños de su futuro y del resto de la sociedad.
En esas circunstancias, de paso reforzadas por el inocultable racismo y deseo de venganza que se aprecia en las élites privilegiadas del país, ¿podrá Evo Morales convencer a “las bases” de que es una buena idea abandonar el Gobierno solo para rescatar su imagen que, por lo demás, está en peligro solo en su cabeza? ¿En serio cree que por no poder influir sobre la conformación del gabinete presidencial de forma unilateral no existe influencia alguna del sujeto indígena originario campesino en la dirección del Gobierno? ¿Se resume toda la existencia del país al futuro de un solo hombre? Al respecto se puede decir lo que se quiera. Aunque sin necesariamente cometer el asesinato simbólico que se quisiera desde su lado.
Veamos la otra cara de la moneda: por mucho que se construya una base social propia, a partir de los mecanismos que fueran necesarios, ¿se podrá construir un proyecto viable sin la participación genuina y voluntaria de un líder ya no hegemónico pero que todavía es recordado como un ejemplo sin precedentes para amplias capas de la sociedad y, aún más, de la izquierda mundial? ¿Se podrá ganar las elecciones sin su impulso? Peor aún, ¿se podrá convencerle de que puede dormir tranquilo en la misma casa que su aparente rival sin que lo abrume la paranoia de ser desplazado?
¿Qué es del Gobierno sin Evo y de este sin el MAS?
Un matrimonio no feliz
Para dejar atrás el terreno especulativo, deben desmentirse algunas hipótesis y señalamientos sobre la actual situación del MAS. En primer lugar, no se trata de un partido dividido, escindido ni mucho menos desarticulado. Debe recordarse que cada uno de los representantes que hoy ocupan el Legislativo bajo su sigla, sean “invitados” u “orgánicos”, tienen poca trascendencia sin el apoyo y el sostenimiento de las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad, que saben muy bien de su posible destino si no tienen control sobre el Gobierno, no solo en términos de cargos o inversión pública, sino de representatividad política efectiva. Ellos siguen actuando como un solo sujeto colectivo, a pesar de las diferencias que puedan tener. Un factor de cohesión frente al cual la división del Legislativo en dos, tres o más facciones resulta intrascendente. Después de todo, ¿desde cuándo la ALP es un espacio de poder decisivo?
Por esas mismas razones, tampoco estamos ante una situación de Gobierno dividido, como señalan varios analistas, con argumentos sin duda sólidos, pero, ellos mismos lo admitirán, discutibles. Gobierno dividido se llama a la situación posible solo en Estados con división de poderes en los que el Legislativo está bajo el control de un partido que no es el del Ejecutivo, y viceversa. Google dixit, sea como fuera, los ocupantes del Legislativo no tienen la autoridad para dirigir acción alguna sobre las masas que los han colocado ahí, mientras que el Ejecutivo mantiene comunicación, influencia y coordinación tanto con aquellos legisladores como con los dirigentes y las bases que conforman la médula de este partido. La Ley del Oro debería ser muestra suficiente de ello.
No obstante, para cerrar esto y superar las ambigüedades de este intento de análisis que quiere ser todo menos sutil, debe aclararse que quien tiene la última palabra, y lo han probado los acontecimientos de la última semana, no es Evo, sino Arce, pues solo de él depende quien esté o no esté en su gabinete, de la misma forma en que lo hace la dirección de las políticas públicas o la inversión del Estado a nivel regional, local o nacional. Esto no implica irrelevancia alguna para Morales, quien debería estar consciente que si bien no hubiera sido posible ganar las elecciones de 2020 sin su beneplácito por los candidatos de aquel entonces, tampoco podría hacer mucho solo con la mitad de la estructura partidaria.
No quiero describir una falsa e idílica situación de convivencia pacífica entre ambos liderazgos a partir de lo argumentado, al contrario: ahora todos estamos atrapados en una intensa dinámica competitiva cuyo resultado final solo podrá verse a más de un lustro. Nadie dormirá tranquilo esta noche, pero tampoco solo. ¿Alguien se acuerda de ese infame álbum? ¿Enemigos íntimos?
* Cientista político boliviano, analista de La Época.
