Desinformación de género: cómo articulan los grupos que difunden falsedades en América Latina
Desinformación de género: cómo articulan los grupos que difunden falsedades en Latam
Por Olivia Sohr, Paula Martinetti y Pablo Fernández (Chequeado – Argentina)/ María José Chitiva y Natalia Arbélaez (La Silla Vacía – Colombia)/ Iara Diniz (Lupa – Brasil)/ María José Longo y Carmen Quintela (Ocote – Guatemala)/ Carla Díaz (OjoPúblico – Perú)
Videos dramáticos en los que se muestra un feto desmembrado como si eso fuese la práctica habitual de los abortos, contenidos que señalan que la educación sexual afecta la orientación sexual de los niños y los vuelve homosexuales o que los sexualiza desde pequeños con el fin de normalizar la pedofilia. Estas son sólo algunas de las desinformaciones que circulan en la región vinculadas con temas de género y que confunden la conversación en el debate sobre estos temas.
Como suele ocurrir con la desinformación, estos actores aprovechan los temas sensibles, los prejuicios sociales y los temores de distintos grupos para generar emociones fuertes en quienes las ven circular y lograr que sean ampliamente compartidas. En muchos casos puede ser que haya personas desprevenidas, que compartan el contenido creyendo que se trata de información veraz. Pero en muchos otros casos, se trata de desinformantes sistemáticos, actores que de manera permanente se dedican a difundir falsedades sobre este tema, y a veces también sobre otros.
Algunos de los grupos que difunden desinformación son transnacionales y utilizan estrategias muy similares en distintos países. Es el caso, por ejemplo, de Con Mis Hijos No Te Metas, un colectivo que nació en Perú en 2016 para oponerse a una posible reforma de la currícula escolar que buscaba incluir materiales de educación sexual integral, y luego se extendió por distintos países de la región, a través de capítulos nacionales. Estos grupos difunden, entre otras temáticas, desinformación sobre la educación sexual, como señalar falsamente que les enseñan a los niños a masturbarse.
Pero estas desinformaciones no circulan sólo en la región. De hecho, en muchos casos las organizaciones tienen también vínculos con redes internacionales que se dedican a estos temas, como la española CitizenGo, una plataforma web que se dedica a la recolección de firmas digitales para diversas iniciativas, como impedir la incorporación de la educación sexual integral en las escuelas u oponerse a la celebración por parte de la empresa Disney del mes del orgullo. Entre sus estrategias, usa la desinformación. Por ejemplo, en una de sus campañas en Italia, afirmaba que el aborto es la principal causa de los feminicidios, una afirmación para la cual no hay evidencia.
En los Estados Unidos hay también muchas organizaciones que se oponen al avance de medidas como la educación sexual integral, la legalización del aborto o el matrimonio igualitario, y trabajan con sus pares de América Latina para limitar su avance.
Una investigación del medio OpenDemocracy en 2020 encontró que organizaciones estadounidenses de este tipo habían invertido en la región más de USD 40 millones desde 2007. Pero las transferencias de dinero no son su única forma de influir: capacitaciones y formaciones, alianzas y asesoramiento legal también son parte de las estrategias utilizadas que muchas veces incluyen desinformación.
Este es el caso de dos organizaciones en particular, Alliance Defending Freedom (ADF) y Human Life International (HLI), ambas con presencia en la región a través de aliados y actores claves que difunden sus mensajes, muchas veces desinformantes. No se trata de las únicas que llevan adelante este tipo de acciones, pero sí de dos de las principales en cuanto a su intervención en la región, y sirven como casos de estudio para revelar la forma en la que se organizan estas redes.
Cómo se articulan los discursos: el caso de Alliance Defending Freedom
El nombre neutro de Alliance Defending Freedom (ADF) dice poco sobre sus objetivos. Según señala en su sitio, “defiende los valores cristianos en los centros de poder político y jurídico de todo el mundo. A través de 8 oficinas regionales, y con más de 87 integrantes, se coordinan los esfuerzos de más de 3.400 abogados aliados”. Para hacerlo, tiene distintas estrategias: van a las cortes para defender especialmente a quienes dicen que son perseguidos por su fe, están presentes ante organismos internacionales y forman a abogados jóvenes.
Muchos de sus miembros y participantes difunden desinformación de manera sistemática. Uno de ellos es Agustín Laje, un politólogo argentino, autor de varios libros, que participó en una de las actividades de formación de ADF, la Areté Academy. Se trata de un programa para estudiantes y jóvenes graduados, que incluye una parte virtual y luego un encuentro de 5 días. Estos se realizan en América Latina, Asia y Europa.
Los jóvenes deben postularse al programa y pagar el viaje hasta el lugar del evento. El resto de los costos son cubiertos por la organización, que, según su último estado financiero, tiene ingresos de más de USD 100 millones. En su última edición en Bogotá, Colombia, uno de los expositores justamente fue Laje, quien, entre otras desinformaciones, sostiene que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta a los países a implementar políticas de género para reducir la población.
Otro de los participantes, quien publicó el posteo, es Rodrigo Fernandez Madero, uno de los voceros de Unidad Provida de Argentina, alianza entre distintas organizaciones en contra de la legalización del aborto en 2018. Fue citado en una nota del medio Infobae en 2020 sosteniendo que los reclamos de legalización del aborto “son el capricho de una elite que en vez de ocuparse de solucionar la pobreza solamente quiere que no nazcan los pobres y presionan a las mujeres a abortar”.
La información sobre qué ocurre en estos encuentros o la agenda de oradores no está publicada. Estos espacios también pueden servir como una puesta en común de los discursos y líneas argumentativas que luego cada participante lleva de retorno a su país.
Otra línea de formación son las becas “Blackstone Legal Fellowship”, formaciones de tres meses para jóvenes abogados cristianos que consta de tres etapas, entre las cuales está hacer una pasantía en alguna entidad vinculada al programa y participar de charlas y presentaciones. De acuerdo a los datos publicados en el sitio, cada participante recibe una beca de USD 6.300, además de los costos de viajes, comida y alojamiento, que son cubiertos aparte.
De acuerdo a su informe financiero de 2021, último balance publicado, la organización gastó USD 1’473.500 en becas para 249 personas. En este programa han participado varios abogados latinoamericanos, según han publicado ellos o sus universidades, en los últimos años (ver ejemplos acá y acá).
En Perú, ADF tiene como aliadas a universidades peruanas católicas. Tanto Blackstone Legal Fellowship como la Academia Areté fueron promocionadas por la Universidad Católica San Pablo (UCSP) en sus folletos institucionales como parte de los programas académicos internacionales a los que tenían acceso sus alumnos en 2016. De acuerdo a uno de los documentos de la universidad, los “abogados norteamericanos de Alliance Defending Freedom (ADF), visitaban la UCSP para seleccionar alumnos y antiguos alumnos”.
A pesar de ello, al ser consultada, el área de Comunicación Externa de la Universidad Católica San Pablo negó tener algún convenio suscrito con ADF y añadió que “sus convocatorias a becas son difundidas en el Departamento de Derecho y Ciencia Política como se hace con otras entidades extranjeras”, así como que la elección de los becarios depende de ADF.
De hecho, alumnos de la UCSP que participaron en estas becas intervinieron en acciones legales internacionales de ADF, como la abogada peruana Irene Zegarra, quien en 2013 actuó como consejera legal externa de la institución en un amicus curiae ―un escrito jurídico para apoyar a una de las partes en una presentación judicial― presentado por ADF en Colombia para evitar que se practicaran procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo en un hospital. Al respecto, Zegarra indicó que, si bien había sido becaria de ADF, no tuvo algún vínculo laboral con la institución y negó mantenerlo actualmente.
Otra becaria peruana de ADF, Rossana Muga Gonzalez, presentó por escrito sus aportes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando esta revisaba la Opinión Consultiva OC-24/17 que realizó Costa Rica sobre los derechos de las personas LGTBI al matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género. Por entonces, la abogada peruana, quien también era investigadora del Centro de Investigación Social Avanzada en México, citó argumentos que consideran la transexualidad como una patología.
Además de estos becarios, se identificaron otros abogados peruanos en puestos claves como Dévora Franco García, una abogada constitucionalista que en textos académicos se presenta como miembro honorario de ADF e integrante de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Así también al abogado Jorge Rafhael Vasquez Huamán, quien participó en la Areté Academy y se desempeña como asistente jurisdiccional de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú.
Más allá de las formaciones, ADF también tiene alianzas estratégicas con ciertas organizaciones en la región. En Brasil, esto ocurre a través de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) y el Instituto Brasileño de Derecho y Religión (IBDR).
En el caso de Anajure, miembros de ADF imparten cursos para formar abogados cristianos en contra del aborto en el programa de la Academia Anajure. Entre las clases impartidas durante el curso se encuentra una que lleva por título «El aborto y culturas de la muerte».
Lanzado en 2017, el programa ofrece becas de estudio para estudiantes universitarios y recién graduados en Derecho. Jeffery Ventrella, quien según su LinkedIn es Vicepresidente y Asesor Principal del programa de capacitación estudiantil Blackstone Legal Fellowship de Alliance Defending Freedom, ha sido uno de los profesores en varias ediciones del programa.
En un comunicado, Anajure informó que es socia de ADF «considerando la relevancia temática de la labor de ambas entidades en defensa de la libertad religiosa en sus respectivos países», pero negó recibir cualquier recurso financiero, material o capacitación de la organización estadounidense. Anajure también declaró que la asociación con la beca Blackstone se ha descontinuado y que la Academia Anajure es realizada completamente por la organización brasileña.
Por su parte, el Instituto Brasileño de Derecho y Religión (IBDR) cuenta con varios miembros que actúan como abogados asociados de la organización estadounidense. Esto incluye al presidente, Thiago Rafael Vieira, y al vicepresidente, Jean Marques Regina.
Otro nombre asociado al IBDR y a ADF es Angela Gandra, quien fue secretaria del Ministerio de la Mujer y la Familia durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (PL). Durante su tiempo en el gobierno, Angela Gandra participó en reuniones con miembros de ADF, como consta en su agenda, y en eventos internacionales, donde difundió desinformación. Por ejemplo, durante la Conferencia sobre los Derechos de las Mujeres en Polonia, en 2020, Gandra afirmó que el aborto está relacionado con una «hipersexualización de la sociedad».
Actualmente, Angela Gandra forma parte de la Political Network for Values, una organización que reúne a «defensores de la vida» a nivel global y organiza seminarios en todo el mundo. Entre los miembros de esta organización se encuentran varios ex miembros de ADF.
En 2021, la Political Network for Values organizó un seminario en el que participaron miembros de ADF y Angela Gandra. En esa ocasión, la ex secretaria del gobierno de Bolsonaro afirmó que Brasil estaba trabajando en políticas contra la «ideología de género».
“Estamos trabajando arduamente en políticas públicas en contra de la ‘ideología de género’. Desde el principio, hemos eliminado todos los folletos en los que se preparaba a los padres para ayudar a sus hijos, desde los dos años de edad, a elegir su sexo”, dijo Granda durante el evento.
En Colombia, ADF está vinculado con Nueva Democracia, una organización que según su sitio web es una plataforma cívica orientada a jóvenes universitarios y tiene como principios el derecho a la vida, a la familia y a la libertad de conciencia.
En el desarrollo de sus objetivos ha desinformado sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, ha difundido información falsa sobre un proyecto de ley que actualmente está en trámite en el Congreso y que busca fortalecer la Educación Integral en Sexualidad (EIS). Nueva Democracia, junto con otras organizaciones, compartió en redes sociales la falsa narrativa de que este proyecto implicaría que a los menores de edad se les enseñe sobre pornografía y aborto.
Durante la discusión en la Corte Constitucional de Colombia en 2020 y 2021 para la despenalización del aborto hasta las 24 semanas, esa organización se opuso mediante la presentación de varios informes (1, 2 y 3). En una de las intervenciones enviadas a la Corte en 2020, esta organización aseguró que la forma como se estaba llevando a cabo la discusión sobre la despenalización era “una lucha ideológica sin fundamentos y sin un análisis real de las implicaciones”, desconociendo la evidencia presentada sobre el tema y que llevó a esa Corte a quitar la prohibición.
Integrantes de Nueva Democracia también han hecho parte de la estrategia de formación de abogados jóvenes utilizada por ADF para promover sus valores.
Santiago Guevara, abogado egresado de la Universidad de la Sabana, una institución de educación superior perteneciente al Opus Dei —una rama conservadora de la Iglesia Católica—, y representante legal suplente de Nueva Democracia, ha participado tanto de la Areté Academy como de la beca “Blackstone Legal Fellowship”: ingresó al primer programa en 2016, y recibió formación jurídica en Estados Unidos gracias a la beca Blackstone en 2018.
En respuesta a la consulta para este reportaje, ADF señaló que ADF International es una organización con sede en Viena, Austria que trabaja “para defender los derechos humanos en más de 100 países, brindando apoyo en casos legales de acuerdo con nuestra experiencia internacional en derechos humanos, formando a futuros líderes a través de programas de capacitación y colaborando con abogados locales”.
ADF agregó que su esfuerzos están centrados en garantizar la libertad de expresión, señalando los casos del congresista mexicano Gabriel Quadri y el líder de la sociedad civil Rodrigo Ivan Cortés que “han sido acusados y condenados por violencia según la ley por hacer preguntas en las redes sociales sobre la identidad de género”.
La exportación de una estrategia: el caso de Human Life International
Human Life International se define como una organización que quiere “empoderar para construir un mundo provida” y tiene como objetivo entrenar líderes de todo el mundo para defender la vida en sus países. La organización existe desde 1981 en los Estados Unidos y empezó a trabajar en la región poco después. Hoy tiene 20 filiales en América latina y Centroamérica.
Una de las estrategias que desarrolló para impedir los abortos ―junto con la organización Heartbeat International―, es la de crear espacios que parecen ser una clínica de aborto para que las mujeres que están considerándolo acudan, pero en lugar de realizar el procedimiento, les dan desinformación sobre el tema.
Una investigación de OpenDemocracy encontró que les decían a las mujeres que su útero podría ser destruido por un aborto. Según la Organización Mundial de la Saluld, “el aborto es un procedimiento médico habitual. Es seguro cuando se utiliza un método recomendado”. El problema, señala, es cuando se trata de abortos peligrosos, que no se realizan en condiciones seguras.
Human Life International tiene organizaciones aliadas en muchos países de la región. En Perú, HLI declaró tener una filial en el distrito limeño de Miraflores bajo el nombre de Ceprofarena. La entidad se encuentra registrada legalmente como Asociación Centro de Promoción Familiar y de Regulación Natural de la Natalidad y se dedica a promover la abstención sexual como una forma de planificación familiar ―un método considerado poco eficaz―, a través de cursos virtuales y presenciales. La organización rechaza el uso de cualquier método anticonceptivo por considerarlos abortivos.
Los rostros visibles de Ceprofarena son el médico Martín Tantaleán, presidente por años de la organización, y su esposa, la obstetra Yanina Díaz, quien ahora se desempeña como presidenta. Esta última se encarga también de coordinar ‘El Viñedo de Raquel’, un espacio que realiza encuentros para “sanar las heridas del aborto”. Esto, en la línea de argumentar la existencia del síndrome post-aborto, a pesar de que no existe evidencia médica que sustente ese efecto en las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.
Consultado para este informe, Tantaleán confirmó que habían sido afiliados de HLI, pero manifestó que actualmente la organización no los apoya económicamente. Al ser consultado sobre eventos recientes que ha realizado Ceprofarena y aún cuentan con el logo HLI, Tantaléan dijo que se debía a que los materiales que comparten en esos cursos fueron facilitados anteriormente por HLI.
“Estábamos afiliados con ellos hace varios años, hay un buen vínculo de amistad, pero en los últimos años no tenemos un contacto directo. No hay una relación permanente. Compartimos muchas cosas, los mismos objetivos, lo que pasa es que nosotros hacemos enseñanza del método [de ovulación] Billings, y allí nos hemos encontrado [con ellos] en temas como defensa de la vida”.
Otro proyecto de HLI en Perú es la Red de Sacerdotes y Seminaristas por la Vida (REDESSVIDA), donde se articulan seminaristas, clérigos, religiosas y laicos. El último congreso latinoamericano de REDESSVIDA se realizó en Ecuador, en febrero de 2023, y uno de los temas principales a tratar fue “la realidad de la ONU”.
Otra de las personas que han declarado tener vínculos con HLI en Perú es Lola Sheen, una psicóloga que se presentó como conferencista de Vida Humana Internacional y afirma tener una certificación para el tratamiento de la homosexualidad a través de las denominadas ‘terapias de conversión de la homosexualidad’. Estas han sido consideradas como formas de tortura por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la Organización Panamericana de Salud señaló que no tienen justificación médica y amenazan el bienestar de las personas.
HLI también tiene vínculos en el ámbito académico peruano, ya que realizó talleres con el apoyo de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS). Por ejemplo, un seminario formativo sobre la 52 Asamblea General de la OEA, en el que también participó Ceprofarena. Además, esta última organización realiza con la UCSS talleres de enseñanza sobre el método Billings y cursos «para defender y promover la familia en el mundo de hoy», en los que sacerdotes exponen sobre el aborto terapéutico y se afirma que el aborto causa secuelas.
En Argentina, Oscar Botta, quien representa a HLI, intervino en el Congreso Nacional durante la discusión en 2018 por la legalización del aborto, donde mencionó varias desinformaciones, como que “el aborto aumenta la tasa de violencia familiar y abuso infantil”.
En Brasil, la Asociación Pro-Vida y Pro-Familia es el principal afiliado y colaborador de HLI. Fue fundada por Humberto Leal Vieira, quien en un texto contó que recibió ayuda financiera de la organización norteamericana para establecer su oficina en Brasilia, además de ser dotada con materiales «educativos» y capacitaciones.
Leal Vieira relató también que había dificultades para mantener las actividades, ya que HLI había dejado de ayudarlos financieramente hacía aproximadamente dos años, pero seguía enviando materiales. Aunque el texto no tiene fecha de publicación, tiene que ser previo a 2015, año en el que Vieira falleció.
HLI ―con ingresos de más de USD 5 millones según los últimos datos publicados en su sitio, de 2021― transfiere fondos, dado que en su declaración impositiva no detalla a los beneficiarios de sus transferencias al exterior.
Los indicios de esta relación financiera entre HLI y Pro-Vida también se pueden encontrar en el acta de la Asamblea General de Pro-Vida en 2018. En esa ocasión, Hermes Nery, quien era presidente de la organización, mencionó sus esfuerzos para obtener recursos. Nery «informó que Human Life International lo alentó a solicitar recursos financieros para la Asociación PROVIDAFAMILIA al actual gobierno estadounidense» y que él «actualizó a los miembros en relación a los pasos que ya había dado en ese sentido».
En una nota enviada a la reportera, Nery declaró que tuvo un único contacto con HLI, «que facilitó mi viaje a los Estados Unidos en el primer semestre de 2018, brindando apoyo logístico solamente (boleto de avión y alojamiento en una casa religiosa en Washington)». Según Nery, en esa ocasión asistió a la Asamblea General de la OEA y envió una carta al entonces presidente Donald Trump solicitando recursos para Pro-Vida. «Sin embargo, no recibí respuesta durante mi gestión», afirmó.
Pero la presencia de HLI en Brasil no se dio solo a través de apoyo financiero, sino también mediante conferencias, capacitaciones y financiamiento de eventos. En 2008, HLI apoyó en Brasil la realización del Congreso Internacional en Defensa de la Vida en Aparecida, San Pablo. En esa ocasión, líderes de la organización estadounidense participaron en el evento, junto con religiosos de entidades que se oponen al aborto, como Pro-Vida. El evento se repitió en 2011.
Por otro lado, la organización colombiana Red Familia Colombia fue fundada en 2009 con el objetivo de crear y promover estrategias para promover la idea tradicional de familia. Según su sitio web, esta Red colombiana tiene un círculo de aliados de 18 organizaciones, entre las que se encuentran World Congress of Families, Family Watch, Focus on the Family, HazteOír, Human Life International y Alliance Defending Freedom, todas ellas señaladas por promover campañas en contra de los derechos de las mujeres y de la población LGTBIQ+.
En su cuenta de Facebook, la organización ha compartido desinformación, como que en Canadá el Nuevo Partido Democrático, de inclinación progresista, presentó una ley que busca “prohibir protestas y multar con 25.000 dólares a los padres que se opongan a drag shows”, que son espectáculos realizados por un artista, generalmente masculino, que representa un personaje femenino por medio de elementos y rasgos exagerados.
No obstante, esta información ha sido calificada como engañosa por medios de comunicación expertos en verificación de datos porque lo que busca el proyecto es dar facultades al fiscal de Ontario para crear una zona de seguridad temporal alrededor de establecimientos o eventos organizados por la población LGBTIQ+ en caso de que la policía detecte amenazas en contra de los asistentes. Pero la ley, en ningún caso, prohíbe las protestas.
La opacidad de las finanzas
Es posible saber que ambas organizaciones transfieren fondos a América Latina, pero no es posible saber a quién y con qué función. Esto ocurre porque el sistema impositivo norteamericano exige a las organizaciones sin fines de lucro, como ADF y HLI, informar los fondos transferidos al exterior, pero sólo están obligados a señalar el monto y la región, sin mayores detalles.
La transferencia de fondos de estas organizaciones ha generado preocupación en otras regiones, como Europa. En una audiencia realizada por una comisión del Parlamento Europeo, Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, dijo sobre grupos que se oponen a la igualdad de género, que “sabemos quiénes son, cómo están financiados y cómo están organizados. Sabemos que son más impactantes cuando pueden atacar de sorpresa, cuando las personas no están conscientes de ellos, ahí es cuando tienen más éxito. También sabemos que temen la luz del día. No les gusta que se examine públicamente a sus líderes, sus asociaciones con actores no democráticos, sus fuentes de financiamiento y su agenda general». Y añadió: «Sabemos que están organizados a nivel transnacional».
“Aunque hay información sobre las transferencias que hacen estas organizaciones a la región, es muy limitada y no es fácil seguir el dinero”, explicó Giannina Segnini, profesora de la facultad de periodismo de la Universidad de Columbia, que ha investigado el tema en profundidad. Parte del problema, es que en muchos países de la región las organizaciones que reciben los fondos no son tan transparentes, pero también, que “hay una arquitectura financiera, con grandes fondos que financian a estas ONGs en los Estados Unidos, que luego financian a organizaciones de América Latina”. “Es posible que esos grandes fondos también están financiando directamente a las organizaciones latinoamericanas, con mucho menos escrutinio”, sostuvo la especialista.
Y agregó que “en muchos casos más allá de las transferencias, hay una inversión hecha por estas organizaciones a través de formaciones y el tiempo de sus abogados y profesionales, que es otra forma de transferir recursos”.
La secularización pública de las organizaciones religiosas
El hecho de que las organizaciones tengan nombres neutros y haya que entrar en mayor profundidad en sus estructuras y objetivos para identificar su carácter religioso no es una casualidad.
Así lo explica la abogada feminista Mirta Moragas al hablar de “secularización estratégica” de estas organizaciones. “Para oponerse a la despenalización del aborto, las voces religiosas ya no recurren al argumento de la sacralidad de la vida desde la concepción, sino al argumento de un ‘derecho absoluto’ del embrión que estaría garantizado en la Convención de Derechos del Niño (CDN) y en la Convención Americana de Derechos (CADH). Y, la oposición a la educación integral en sexualidad se basa en la tesis de que ella viola los ‘derechos parentales’”, detalla.
Y agrega: “Además, los grupos religiosos anti aborto y antigénero se presentan como organizaciones de la sociedad civil, ocultando sus orígenes y fuentes de financiación religiosa”.
En cuanto a la expansión geográfica, el sociólogo especializado en sexualidad, religión y política, José Manuel Morán Faúndes, explicó que “las organizaciones que se oponen al avance de la agenda feminista y de la comunidad LGBT+ en América Latina no son nuevas y siempre han tenido un carácter transnacional. Lo que sí se ve, es una activación más fuerte de organizaciones de los Estados Unidos y de Europa en la región en los últimos 10 años”.
Estas organizaciones “han forjado estrategias activistas y construyen redes respondiendo a una oleada de derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Y como parte de su estrategia utilizan la desinformación. Esto se ve muy claramente en el uso del concepto de ‘ideología de género’ que suele estar basado en teorías conspirativas”, agregó Morán Faúndes.
“La educación sexual le enseña a los niños a masturbarse”, “el aborto puede dañar la salud de las mujeres”, “la agenda de la diversidad quiere incorporar a la pedofilia”. No es casualidad que muchas de estas desinformaciones aparezcan en distintos países de la región. Hay grupos articulados que organizan conferencias y formaciones, que las difunden de manera sistemática.
Todas las personas y organizaciones nombradas fueron contactadas antes de la publicación de la nota. Las respuestas que no están mencionadas es porque no respondieron antes del momento de publicación.
Este reportaje se realizó con el apoyo del programa «Disarming disinformation» del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.
