Colombia: Crisis política, “acuerdo nacional” y continuidad neoliberal – Por Daniel Libreros Calcedo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Colombia: Crisis política, “acuerdo nacional” y continuidad neoliberal
Daniel Libreros Calcedo*
El escándalo político que ha terminado por involucrar al gobierno de Gustavo Petro en las últimas semanas comenzó con la divulgación de unos audios filtrados por la revista Semana (de orientación uribista) en los que el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, increpaba a los gritos y con un lenguaje soez a la coordinadora de gabinete de Ministros, Laura Sanabria , quien un tiempo atrás había sido su secretaria personal, por el trato marginal al que lo habían sometido en Presidencia desconociendo el papel protagónico que desempeñó durante la campaña electoral presidencial, tanto en logística como en número de votos.
En medio de los continuos gritos que acompañaron a los reclamos, Benedetti lanzó una afirmación que elevó el tono del escándalo “yo hice 100 reuniones (…) conseguí 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan”. Forzado por la situación Petro destituyó a ambos funcionarios
Unos pocos días después el escándalo tomó otro giro. La niñera de la casa de Laura Sanabria, Marelbys Meza, declaró públicamente que había sido “sometida a pruebas de polígrafo” en uno de los sótanos del Palacio Presidencial por cuanto en su apartamento había desaparecido dinero en efectivo (sobre el monto siguen girando las especulaciones) y la estaban responsabilizando.
Casi que de manera simultánea, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa (elegido durante el gobierno Duque como cuota del uribismo), declaró que tanto la misma Marelbys como la trabajadora del servicio doméstico Fabiola Perea, habían sido interceptadas telefónicamente (chuzadas, como se las conocen coloquialmente) con autorización del Grupo Especial contra Estructuras de Delincuencia Organizada (GREDO), adscrito a la Dijín (Dirección de Investigaciones de la Policía).
Para obtener estas interceptaciones, agregó Barbosa, miembros de ese grupo policial utilizaron información falsa ante un fiscal regional haciéndolas pasar como integrantes de una organización criminal, el clan del golfo, hechos que ocurrieron a finales de enero del año en curso coincidiendo con la fecha en que Laura Saravia y su esposo habían interpuesto la denuncia sobre robo.
Las sospechas llegaron entonces hasta la Casa Militar, dependencia encargada de la seguridad del presidente y como si fuera poco, a la manera de los capítulos más escabrosos de una novela negra, el coronel de la policía Oscar Dávila, adscrito a esa dependencia apareció muerto, el pasado 9 de junio, dentro del auto que utilizaba en misiones oficiales, en cercanías a su domicilio. Había sido jefe del GREDO.
El pronunciamiento de la Fiscalía y el resultado de la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal, confirmaron que se trataba de un suicidio. Ahora las indagaciones giran en torno a las causas que precipitaron esa decisión. Un espectáculo demasiado sórdido para un gobierno que se reclama como alternativo.
Realismo político y alianzas con mafias electorales
El inicio de esta cadena, en apariencia desconcertante de sucesos, remite al diseño de la campaña electoral Petro Presidente. Después de décadas de oposición parlamentaria y de dos intentos infructuosos de llegar a la presidencia optó por incluir a personajes de los partidos tradicionales con comprobadas trayectorias de clientelismo y corrupción en la dirección de la campaña. Este realismo político, a su vez, estuvo soportado en una estrategia que reducía las posibilidades gubernamentales a la órbita de la precaria institucionalidad del país, lejana a las posibilidades del accionar popular y de las resistencias sociales.
El ejemplo más relevante de esta apuesta política fueron las declaraciones que realizó a pocos días de comenzar el estallido social en mayo del 2021, localizado principalmente en Cali y cuando las tropas del ejército y los comandos de la policía siguiendo las órdenes del entonces presidente Iván Duque activaban su fusilería disparando al cuerpo de activistas juveniles de las llamadas primeras líneas en los barrios populares de las periferias urbanas, acompañados de una logística aérea que incluía helicópteros y drones (lo que costó la vida de aproximadamente 80 jóvenes al finalizar las protestas).
Entonces, ante el temor de que la prolongación de la resistencia terminara en un “estado de excepción” o en una situación que llevara a la suspensión de las elecciones presidenciales del 2022, Petro formuló la absurda caracterización de que era necesario “defender a Duque de Uribe”
“El senador y precandidato manifestó que, a su juicio, quieren enfrentar a la población y la fuerza pública para tener una excusa y dar un golpe de Estado para “impedir las elecciones que van a perder”. Pide que el país rodee a Duque para que este cumpla con su mandato constitucional y “le devuelva la paz social” al país. (..) En una segunda alocución, el senador Gustavo Petro advirtió que la situación actual del. país, enmarcada en un paro nacional que ya completa siete días activo, parece el preámbulo a un golpe de Estado. Por ello, dijo, el país debe rodear al presidente Iván Duque.
Un gobierno débil solo se sostiene bajo los cañones de los fusiles. Esa es la triste paradoja del gobierno de Duque. En su afán de hacer trizas la paz, purgó los altos mandos del Ejército y la Policía, de quienes eran partidarios del proceso de diálogo, y le entregó la cúpula de ambas fuerzas a Uribe. Hoy Duque es prisionero de Uribe, afirmó el precandidato presidencial.
En entrevista concedida cuando ya había sido elegido presidente insistió en las bondades de las “salidas institucionales” a las protestas sociales generalizadas. Preguntado sobre si estaba convencido de que sin una “válvula democrática” para tramitar la inconformidad social asistiríamos a escaladas de violencia, respondió:
“Estalla. Estamos viendo Ecuador, no me puedo meter ya mucho en eso, pero es un estallido ahí otra vez. Lo vimos en Chile. Chile está tramitando eso de una manera pacífica y democrática, hay que ver qué sigue. En algunos de esos procesos han salido anomalías tratando de llevarlos al pasado”.
Entonces, represiones sobre opositores, presos políticos. Nicaragua, por ejemplo… Esas “salidas institucionales, añadió, requieren un “Acuerdo Nacional” que se tiene que concretar en espacios que no se agotan en lo parlamentario: que son sociales, donde también hay política, obviamente.
“Esos espacios, en primerísimo lugar, me gustaría que fueran los regionales,para encarar de entrada el conflicto. Porque el conflicto que tenemos hoy tiene unas especificidades regionales, no se puede tramitar homogéneamente a nivel nacional”, añadió.
Esta propuesta de “Acuerdo Nacional” que incluye a la totalidad del espectro de los poderes económicos y políticos tanto regionales como nacionales, a los gremios del capitalistas de la ciudad y el campo (incluyendo a los ganaderos que jugaron un papel activo en la conformación de grupos paramilitares), a los directorios de los partidos tradicionales, al uribismo, a la jerarquía eclesiástica al lado de las confederaciones sindicales y las organizaciones populares, viene siendo promocionada, en la actualidad, como el resultado a obtener en las negociaciones con el ELN en el cuadro de la llamada “Paz Total”, uno de los buques insignia de su gestión. 4/
A esta perspectiva de gobierno consensuado que no cuestiona la institucionalidad convencional fue posible añadirle desde la campaña, una dosis de realismo político atrayendo a personajes experimentados en el trasegar eleccionario. Armando Benedetti fue uno de ellos. Ha sido parlamentario en varios períodos y es reconocido por sus prácticas clientelistas. Un saltimbanqui político que cuenta con la habilidad de colocarse siempre al lado de los ganadores. Fue uribista durante los gobiernos de Álvaro Uribe y santista cuando le tocó el turno a Juan Manuel Santos. Ante la evidencia de que las probabilidades del triunfo de Petro estaban cercanas engrosó las filas del petrismo. Cuenta a su haber con un proceso judicial en las altas cortes por enriquecimiento ilícito y denuncias en regiones por “apropiación indebida” de recursos públicos.
Las campañas que lo llevaron al Congreso derrocharon recursos y publicidad. La pregunta que surge es la de cómo se obtienen el dinero para financiarlas, cómo llegan esos recursos que pagan costosas cuñas publicitarias en medios masivos de comunicación, esos recursos que cubren con solvencia la logística de los actos de campaña, el desplazamiento como candidato, la profesionalización de los pregoneros y de los escrutadores a boca de urna, si la reposición estatal de dineros contra votos es insuficiente.
La respuesta no se reduce al éxito electoral de este personaje sino a un resultado general que remite a las consecuencias de las reformas neoliberales en lo atinente a la mercantilizaron del patrimonio público. Desde entonces la gestión de recursos públicos y la ejecución de contratos estatales devino en un gran negocio. Casi que de manera simultánea los Tratados de Libre Comercio mediante sus cláusulas corporativas (el principio de la “nación más favorecida”), colocaron en igualdad de condiciones a los inversionistas extranjeros con los nacionales frente a las licitaciones públicas.
Entonces los lobistas de los grupos económicos comenzaron a desfilar por los pasillos de los palacios presidenciales y de los Congresos ofreciendo dádivas y porcentajes con la ventaja de poder encubrirlos en las arcas de un sistema bancario desregulado. Ello incluye, por supuesto, el pago de campañas electorales. Odebrech constituyó un ejemplo emblemático de estas prácticas con las que esa empresa brasileña terminó corrompiendo a la mayoría de los gobiernos de la región.
Estas nuevas formas del quehacer político incluyen a los clanes regionales. En Colombia, estos clanes comparten actividades con mafias posicionadas en las economías locales. La llamada parapolítica fue el resultado, en zonas de control paramilitar, de la apropiación de los órganos de representación territorial (asambleas y concejos) por parte de estas organizaciones criminales, utilizando el aval de los partidos tradicionales. Poco a poco y en un proceso ascendente obtuvieron representación nacional y terminaron controlando una franja importante de parlamentarios. 5/
Armando Benedetti lidera un clan político regional en la costa atlántica que cuenta con una red clientelar que apropia nóminas, contratación pública y que incluye a empresarios del oficio Por ello cuenta con una experticia reconocida en las contiendas electorales y un conocimiento de las personas y grupos económicos a los que hay que acudir. Conocedor de estas habilidades el entonces candidato Gustavo Petro le otorgó un papel de primer orden en la dirección de su campaña. Benedetti terminó definiendo la agenda de las giras, la logística de las manifestaciones públicas y los desplazamientos del candidato en recorridos aéreos en los que normalmente lo acompañaba. 6/
Una vez elegido Petro como presidente, Benedetti fue nombrado embajador en Caracas lo que le permitía inmunidad diplomática frente a los procesos pendientes en la Corte Suprema y unas funciones aceptables como las de seguir ambientando una salida regional a la crisis del gobierno de Maduro y la recuperación del comercio con Venezuela, bloqueado anteriormente por el uribismo. Con el transcurrir del tiempo, Benedetti consideró que su papel estaba agotado y que había llegado el momento de exigir un Ministerio.
Al comenzar las gestiones con ese propósito descubrió que no iban a producir resultados inmediatos. Programó una visita al palacio presidencial y le negaron hasta el recibimiento protocolario. Ni siquiera su anterior secretaria, Laura Sanabria, a quien él mismo presentó en campaña se dio por enterada. Ahora oficiaba como coordinadora del gabinete de ministros y gozaba de la confianza del presidente. Entonces montó en cólera y la llamó telefónicamente para insultarla. Los audios fueron divulgados pocos días después en la revista Semana y las consecuencias aún están en puntos suspensivos.
Armando Benedetti no fue el único personaje de la política tradicional que se involucró en la campaña presidencial de Petro. Roy Barreras, un personaje espejo de Benedetti, otro saltimbanqui político que ha circulado por los mismos partidos y quien dirige otro clan político con las mismas características del exembajador en Caracas, pero en el sur occidente del país, también jugó un papel de primer orden en el proceso electoral. Terminó convertido en presidente del Senado con el compromiso de tejer una serie de acuerdos políticos en beneficio de la gobernabilidad.
El arribo de estos dos protagonistas del clientelismo regional inició el desfile de una serie de políticos de los partidos tradicionales a la campaña el cual aumento en la medida en que el entonces candidato presidencial se acercaba al triunfo. Fueron bien recibidos La propia campaña tuvo un carácter bifronte.
De un lado Petro propició la unificación de Colombia Humana, la formación política que ha liderado durante años, con la izquierda electoral y las organizaciones populares que lo acompañaban en un frente electoral denominado Pacto Histórico cohesionándolo con el discurso radical de oposición al uribismo que lo convirtió en un parlamentario exitoso y por el otro propuso una gobernabilidad respetuosa de las instituciones realizando, al mismo tiempo, compromisos con voceros del establecimiento y de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), compromisos que viene cumpliendo una vez posesionado como presidente.
Efectivamente, el gobierno Petro ha sido el resultado de acuerdos inter-partidos tanto en el gabinete ministerial como en la dirección del Congreso, acuerdos que se acompañan de la distribución de cuotas burocráticas dentro de la administración pública. Este tipo de gestión gubernamental continua una línea de comportamiento que ya cuenta con décadas de tradición política, desde mediados del siglo pasado, cuando el pacto entre los directorios de los partidos Liberal y Conservador a través del llamado Frente Nacional, incluyó la rotación igualitaria de períodos presidenciales y la distribución milimétrica de los cargos administrativos y judiciales.
Desde entonces, las líneas fronterizas programáticas de los partidos desaparecieron. Posteriormente, con la implementación de las reformas neoliberales la democracia parlamentaria y los partidos fueron reducidos a un papel aún más secundario. Actualmente funcionan casi que de manera exclusiva por la necesidad de reproducirse electoralmente para lo cual necesitan de los favores presidenciales y del lobby empresarial.
Una vez realizados los acuerdos con los directorios de los partidos, el gobierno Petro logró la aprobación de la reforma tributaria en el congreso, reforma que, si bien hizo modificaciones parciales a un sistema tributario muy regresivo, terminó siendo lejana a la promesa de una reforma estructural que transite hacia la redistribución progresiva del ingreso.
En secuencia, el gobierno envió al Congreso otras tres reformas, la de la salud, la pensional y la que modifica el código laboral. Estas han sido presentadas ante la opinión pública como el eje transformador de su mandato, Todas tienen el visto bueno de instituciones internacionales desde finales del año anterior.
En el caso de la laboral y de la pensional del Banco Mundial y de la OCDE 8/ y en lo atinente a la reforma a la salud de la OMS. Sin embargo, el trámite parlamentario de la reforma a la salud rompió los acuerdos con las bancadas oficiales por la presión de los grupos financieros que vienen controlando el mercado de la salud, utilizando dinero que proviene del presupuesto público y de las cotizaciones de los usuarios cuyo recaudo llega a unas entidades denominadas Empresas Promotoras de Salud (EPS), administrándolo en beneficio propio financiando los hospitales y centros de atención que les pertenecen.
En el caso de la red pública de prestación del servicio detienen los giros de los dineros mientras especulan con los mismos o los colocan en inversiones diferentes a las de la salud, debilitando al máximo el funcionamiento de estas instituciones. Una ventaja corporativa excepcional, que expresa en mucho, el tipo de dominación tiránica y premoderna de las elites colombianas, lo que conduce a las propias EPS a quiebras recurrentes y al sistema de salud a un déficit en la atención ciudadana que ha costado miles de vidas, lo que alcanzó niveles dramáticos durante la pandemia del Covid 19.
Cuando se produjo la ruptura con los directorios de los partidos tradicionales hace varias semanas, Gustavo Petro repitió el accionar político bifronte ya conocido durante la campaña electoral. Convocó a manifestaciones callejeras en su apoyo mientras que, al mismo tiempo, abría negociaciones individuales con la totalidad de los parlamentarios. En conclusión, estamos en presencia de una gobernabilidad atrapada en los canales institucionales de un régimen político antidemocrático.
Continuidad neoliberal y calma en el mundo de los grandes negocios
El 14 de febrero de este año terminó la visita de la Misión del FMI al país “en el marco de la Línea de Crédito Flexible por un monto equivalente a DEG (derechos especiales de giro) por 7.155,7 millones de dólares (alrededor de 8.885 millones de euros) fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI el 29 de abril de 2022″. En el aparte pertinente del comunicado oficial de esta misión se afirma:
En este contexto, las políticas macroeconómicas se están endureciendo adecuadamente. El Banco de la República ha reafirmado en sus comunicados su compromiso de alcanzar la inflación objetivo a finales del 2024 y elevó continuamente la tasa de política del 1,75% en septiembre del 2021 al 12,75% en enero del 2023. Sobre la base de las expectativas de inflación a un año, la política monetaria se encuentra ahora en una postura contractiva. Tras un periodo de fuerte relajamiento fiscal, la consolidación fiscal está avanzando gradualmente.
Se estima que el déficit total del gobierno central se redujo al 5,5% del PIB el año pasado, frente al 8,2% del PIB en el 2021 (sin considerar recursos provenientes de privatizaciones), y 3 puntos porcentuales del PIB por encima de la meta de la regla fiscal, como resultado del dinamismo de los ingresos y por la disciplina del gasto.
Las mejoras, sin embargo, fueron más limitadas en las cuentas del sector público consolidado, ya que este incluye el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual aumentó debido a la decisión de congelar los precios de los combustibles entre enero y junio del 2022.
Es decir, un reconocimiento al cumplimiento coordinado con la FED de Estados Unidos y el Banco Internacional de Pagos de elevar considerablemente las tasas de interés bajo el argumento de reducir la demanda, tomado de los manuales monetaristas, conforme al cual la causa de la inflación lo que viene precipitando una deflación a escala internacional y obviamente en el plano interno. Más aún, la misión del FMI reconoce que la contracción fiscal implementada por el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, conforme a las exigencias de la regla fiscal, (el pago puntual de la deuda pública) “es encomiable”. “Tras un periodo de fuerte relajamiento fiscal”, debe agregarse, del anterior gobierno.
El anterior Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue tan respetuoso de las orientaciones del FMI que en medio del trámite de la reforma tributaria acudió a las oficinas del FMI en Washington para obtener el visto bueno institucional.
Ricardo Bonilla, quien lo sucedió, declaró desde su `posesión ministerial que iba a continuar con el “legado” de Ocampo en el manejo macroeconómico y con la implementación de la regla fiscal, incluyendo la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles-FEPC- mencionado por la Misión del FMI.
El resultado fue el pago a precios internacionales del petróleo que se produce en Colombia, lo que viene arrastrando un alza mensual significativa en los precios de la gasolina y un encadenamiento con el aumento de los costos de los alimentos. El mensaje ministerial reseñado en la gran prensa no admite dudas:
Lo que hubo fue un cambio de personas, pero no de políticas. Significa que seguimos buscando la estabilidad económica y bajar el déficit fiscal y de cuenta corriente esa es la preocupación más importante que tiene el país, no el Gobierno. (…) Nos comprometemos a mantener la regla fiscal, sin embargo, insistió en que “el mayor riesgo que tiene la regla fiscal es el financiamiento del Fondo de Estabilización de Precios de os Combustibles (FEPC). No podemos hablar de uno sin mirar el otro y eso es resultado de que el gobierno heredó un déficit de 36 billones de pesos del gobierno anterior en materia de combustibles…”
Acompañando este manejo ortodoxo de la macroeconomía neoliberal se ha disparado la Inversión Extranjera, profundizado procesos de fusiones y adquisiciones empresariales. Un estudio reciente de KPMG, (una red global de firmas reconocidas internacionalmente de servicios de Auditoría y Asesoría.) ubica al país como uno de los cinco más atractivos para las fusiones y adquisiciones (M&A, por si siglas en inglés) dentro del continente latinoamericano. El estudio, titulado En un mundo incierto, aumentan las fusiones y adquisiciones en América Latina, se revela que con todo y la incertidumbre alrededor de la economía global, la región presenta crecimientos en materia de inversión (…) De cumplirse las expectativas de este estudio, las cifras actuales de M&A en la región superarán las de 2022, año en el que Brasil tuvo un registro de 390 fusiones y adquisiciones, seguido de México y Colombia con 104 y 66, respectivamente…
La adquisición empresarial más importante en los últimos meses fue la realizada por el grupo financiero Gilinsky , uno de los más importantes en el país, en sociedad con la firma internacional IHC Capital Holding, propiedad del jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahya con sede en Abu Dabi , del Grupo Nutresa S.A, la principal empresa en la producción de alimentos “procesados en Colombia -con el 53,7% de participación de mercado consolidado- y uno de los jugadores más relevantes del sector en América Latina, con ventas consolidadas por COP 12,7 billones a través de ocho unidades de negocio: Cárnicos, Galletas, Chocolates, Cafés …”
Para los cataríes, esta adquisición, además de diversificar su portafolio transnacional de inversiones, le otorga a este país desértico ventajas en lo referente a seguridad alimentaria. Esta sociedad entre el Gilinsky y los millonarios árabes viene de atrás con proyectos como la transformación de una antigua base de la Fuerza Aérea Panameña en un exclusivo enclave urbano y comercial (…). Debemos entonces concluir que existe un ambiente de calma absoluta en el mundo de los negocios.
Del capitalismo verde al imperialismo ecológico
En abril de este año Gustavo Petro realizó una visita a la a la Casa Blanca. Los temas relacionados con la economía verde y en particular el del cambio de deuda por acción climática coparon los diálogos bilaterales. Biden se mostró de acuerdo con los puntos presentados por el presidente colombiano, pero fue más allá, agregando las preocupaciones imperiales sobre el control territorial en la región:
El segundo tema que se trató en el encuentro apuntó a la construcción de una Alianza para el Progreso en la que, a partir del potencial de energías limpias se pueda construir un proyecto a escala americana esto permitiría a Colombia con Panamá y Venezuela mediante redes de transmisión eléctrica, aspecto que se vuelve fundamental para hacer un solo sistema americano que sería de gran ayuda a la descarbonización de EEUU.
Esta declaración hace parte del conjunto de propuestas encauzadas dentro de la estrategia de Seguridad Nacional. Efectivamente, en enero del 2021 Biden emitió una orden ejecutiva sobre la crisis climática que en el aparte sec.102-objetivos, estableció acciones de coloniaje financiero:
Esta orden se basa y reafirma las acciones que mi Administración ya ha tomado para colocar la crisis climática al frente de la política exterior y la planificación de la seguridad nacional de esta nación, incluida la presentación del instrumento de aceptación de los Estados Unidos para reincorporarse al Acuerdo de París.
Al implementar, y aprovechar, los tres objetivos generales del Acuerdo de París (una temperatura global segura, mayor resiliencia climática y flujos financieros alineados con un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo resiliente al clima), Estados Unidos ejercerá su liderazgo para promover un aumento significativo en la ambición climática global para enfrentar el desafío climático (..)
Estados Unidos también comenzará de inmediato a desarrollar un plan de financiamiento climático, haciendo uso estratégico de canales e instituciones multilaterales y bilaterales, para ayudar a los países en desarrollo a implementar medidas ambiciosas de reducción de emisiones, proteger ecosistemas críticos, desarrollar resiliencia contra los impactos del cambio climático y promover el flujo de capital hacia inversiones alineadas con el clima y lejos de las inversiones con alto contenido de carbono.
De manera análoga a estas definiciones en política externa, en agosto del 2022, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) la cual incluyó dentro de sus objetivos acelerar la transición energética, reducir los costos sanitarios y frenar la inflación.
La ley pretende mover un total de 739.000 millones de dólares y gastará 433.000 millones, de los cuales casi 400.000 millones se destinarán a iniciativas de seguridad energética y mitigación del cambio climático. Aproximadamente 370.000 millones de dólares irán para energías limpias. Esta medida representa la mayor inversión para abordar el cambio climático en la historia de los EEUU.
El énfasis del IRA en las energías limpias remite a la financiarización de la naturaleza presentada internacionalmente, después de la crisis del 2008, como aquella inversión en servicios ecosistémicos (clima, polinización, calidad del suelo agrícola y del aire , la circulación del agua etc.) supuestamente necesaria para revertir el cambio climático , y para sustituir el capitalismo fósil pretexto que le ha posibilitado a los grandes grupos financieros transnacionales colocar los excedentes de capital ficticio .
El peso corporativo transnacional sobre las decisiones de los Estados llevó a que fueran adjuntados en los catálogos oficiales de Naciones Unidas y de las IFIS ofreciendo un listado de negocios incluyendo a los mercados de carbono, la bioeconomía y el biocomercio. Más allá de los discursos oficiales lo que ha logrado la financiarización de la naturaleza ha sido la creación de un segmento rentable en los mercados internacionales de capitales.
Esta estrategia de negocios amables con el medio ambiente ha venido acompañada de la promoción de inversiones en energías renovables y de la ampliación de la electrificación de la economía (ejemplo Green New Deal) como posibles sustitutos a la energía fósil lo que no es posible bajo las coordenadas de funcionamiento del capitalismo:
Según el físico Antonio Turiel, uno de los mayores expertos en energía en nuestro país, una estimación realista del potencial máximo que pueden proporcionar las energías renovables estaría entre un 30 y un 40% del consumo total mundial actual. Argumenta que una transición energética a las renovables implicaría forzosamente dejar de crecer y, por tanto, ir hacia economías de estado estacionario, incompatibles con el sistema socioeconómico actual (…)
Así, cabe conjeturar que una transición al “100% renovable” sólo saldría bien si fuese al mismo tiempo una salida igualitaria del capitalismo y una contracción de emergencia, reduciendo drásticamente nuestro uso de energía –condiciones que, por desgracia, no parecen estar a nuestro alcance…Hoy, en un solo día, consumimos unos siete mil años de la acumulación fotosintética que llevó a la formación de los combustibles fósiles. A medida que va agotándose el inmenso tesoro fósil que ha posibilitado dos siglos de crecimiento económico acelerado, las ilusiones se disipan.
Lejana a estas certezas ya comprobadas la lógica de la dominación imperial norteamericana actúa en otra perspectiva. Ha incluido al capitalismo verde dentro de la estrategia de la seguridad nacional En un artículo reciente a propósito de las motivaciones del IRA, Anderson Gris, plantea que éstas deben ubicarse en el terreno militar, en la confrontación geopolítica con China. Algo que es cada vez más evidente:
Casi completamente ausente en estas discusiones está la lógica geoestratégica que empuja este impulso de inversión nacional, reubicando la producción en el territorio continental de EE.UU., embolsando minas de litio y patrocinando la construcción de fábricas de microchips, en un intento militarizado de flanquear a China. Visto desde los pasillos del poder, la orientación anti-China de la política industrial estadounidense no es un subproducto desafortunado de la ‘transición’ verde, sino su propósito motivador. Para sus creadores, la lógica que rige la nueva era del gasto en infraestructura es fundamentalmente geopolítica; su precedente debe buscarse no en el New Deal, sino en el keynesianismo militar de la Guerra Fría, visto por los “sabios” que lo libraron como una condición para la victoria en la lucha de Estados Unidos contra la Unión Soviética…
De hecho, estas tensiones geopolíticas ya tuvieron antecedentes, durante la guerra comercial declarada por Trump. Entonces Pekín respondió elevando en un 25% el arancel a la soja estadounidense haciendo crecer exponencialmente las exportaciones brasileras de este producto, “En 2018, el primer año de la guerra comercial, las exportaciones brasileñas a China crecieron un 35% en comparación con 2017…”
La variable del control territorial fue publicitada por la jefa del Comando Sur norteamericano Laura Richardson, a inicios de este año, en la reunión del Atlantic Council el think tank estadounidense pro OTAN con sede en Washington fundado en 1961 que coordina diez centros regionales y programas atlantistas. El aparte más importe de su intervención quedó registrado en un video que fue divulgado por las redes. (https://youtu.be/QjN0m-ISwXg) .
Inicia mostrando su preocupación por la influencia directa de Rusia sobre los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y por el hecho de que otros seis países aún conservan equipamiento militar ruso, añadiendo “estamos trabajando para dotarlos de tecnología militar norteamericana”. Resalta la importancia de esta región en lo referente a recursos naturales (tierras raras, litio, petróleo, el 31% del agua dulce del planeta, el oxígeno del Amazonas) para luego focalizarse en la competencia con China “Puede observarse el Impacto del incremento de la inversión China pasó de US$18.000 millones en el 2002 a más de US$ 450.000 millones hoy y está en camino a que crezca hasta US$700.000 millones en un futuro cercano”. Tenemos mucho que hacer y es un tema de “seguridad nacional”, terminó afirmando.
Los gobiernos que precedieron al de Gustavo Petro ya habían suscrito las recomendaciones de las cumbres climáticas de Naciones Unidas comprometiéndose a detener la deforestación para poder ingresar en el mercado de pago por servicios ambientales:
Colombia, como país tropical con casi 600 mil kilómetros cuadrados de bosques y como buen alumno aplicado, fue llenando cada una de las casillas exigidas por los promotores internacionales. Diseñó una política pública llamada ‘Bosques territorios de vida’, que entregó oficialmente a la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas en 2018. También fortaleció su sistema de monitoreo de bosques, que está en cabeza del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
Estableció su nivel de referencia de deforestación para el bioma amazónico a finales de 2014, calculando el promedio histórico de los últimos cinco años y sumándole un 10% adicional —que llamó ‘circunstancias nacionales’— previendo que un eventual acuerdo de paz con las FARC elevaría la tala en los territorios de donde la guerrilla saldría. Cinco años más tarde, en enero de 2020, la complementó con la tasa de deforestación para todo el país aplicable para el periodo entre 2018 y 2022 (..)
Durante cinco años, una coalición de actores civiles y gubernamentales —con financiación internacional— trabajó en una ‘interpretación nacional’ que llevó las siete salvaguardas globales a un contexto colombiano. Funcionarios de esas organizaciones —que incluyeron a WWF, la fundación Patrimonio Natural y el programa ONU-Redd de Naciones Unidas— recorrieron miles de kilómetros de ríos y selvas desde 2011, conversando con comunidades locales y recogiendo sus insumos…
En el país actualmente vienen ejecutándose una cantidad considerable de proyectos de descontaminación forestal en los que se asocian inversionistas, ONGs y comunidades nativas. Según datos del Ministerio del Ambiente, “Con corte a 2021, en Colombia 98 iniciativas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero-GEI- del tipo REED+ (Reducing emisión from deforestation and forest degradetion), se encuentran en alguna fase dentro del Registro Nacional de Reducción de Emisiones del GEI -RENARE.”
El Amazonas constituye la región más importante en Colombia y en la región para implementar las políticas definidas en las cumbres climáticas de Naciones Unidas. El gobierno Petro así lo ha entendido. En el discurso de posesión presidencial planteó:
Uno de los pilares del equilibrio climático y de la vida en el planeta es la selva amazónica. ¿Vamos a dejar que se destruya esa selva para llegar al punto de no retorno en la extinción de la humanidad? O, ¿Vamos a salvarla con la humanidad misma que quiere seguir viviendo en esta tierra? ¿Dónde está el fondo mundial para salvar la selva Amazónica? Los discursos no la salvarán.
Podemos convertir a toda la población que hoy habita la amazonia colombiana en una población cuidadora de la selva, pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo. Si es tan difícil conseguir esos dineros que las tasas carbón y los fondos del clima pactados deberían otorgar para salvar algo tan esencial, entonces, le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales. Disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana.
La propuesta de establecer el canje de deuda externa por naturaleza en la región y con un alcance que incluya a los países periféricos, la ha repetido en todos los foros o seminarios internacionales a los que ha sido invitado. En el plano interno, el inicio de la ruta de expansión de los mercados verdes en esta área estratégica del planeta, pasa por convencer a las comunidades amazónicas de las supuestas bondades de convertirse en “guarda bosques”.
El 26 de octubre Petro viajó personalmente a San José de Guaviare, municipio amazónico, y allí planteó la necesidad de conformar un Fondo Nacional Estatal para la selva amazónica que “Servirá para pagarle a las familias campesinas de los seis departamentos amazónicos dos o tres millones de pesos mensuales para no tocar la selva, y allí donde esté el potrero ya, dejar crecer la selva; en ese millón de hectáreas que ya se evaporaron; recuperar la frontera natural de la selva, vivir de eso.”
El ofrecimiento lo acompañó con el de oficializar “concesiones familiares hereditarias” figura jurídica inexistente en el plano interno y tomada del derecho corporativo transnacional (lex Mercatoria). Un requisito normativo previo a la entrega de títulos “que no pueden ser de propiedad sino de concesión, dado que la selva es un baldío nacional, lleno de vida.”
Poco después de estos ofrecimientos a las comunidades Petro recibió siete de los diez helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos en un acto protocolario que contó con la presencia de Francisco Luis Palmieri, embajador de EE.UU en Colombia. Palmieri declaró en público que “la protección ambiental y la lucha contra la crisis climática son prioridades clave para la administración del presidente Joe Biden”.
*Profesor de Ciencia Política en el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Militante del Movimiento Ecosocialista.
