Argentina | Se cumplen 29 años del atentado a la AMIA
Memoria Activa: «Un Estado que no solo se ausenta: es culpable»
A pocas cuadras del acto «oficial» realizado frente a la sede de la AMIA, en Pasteur al 600, familiares y amigos de las víctimas del atentado nucleados en la agrupación Memoria Activa se congregaron en Plaza Lavalle y exigieron que la Justicia avance en la investigación por el ataque ocurrido hace 29 años y que se libere el acceso a los documentos elaborados las fuerzas de seguridad y de inteligencia. Con la presencia de integrantes del CELS, que representa a la organización ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), Memoria Activa recordó que la responsabilidad es de “un Estado que no solo se ausenta: es culpable”.
El acto comenzó a las 9.53, cuando sonó el shofar que remite al momento exacto de la explosión que terminó con la vida de 85 personas e hirió a otras 300, en la mañana trágica del 18 de julio de 1994. Frente al Palacio de Tribunales se volvieron a encontrar familiares y amigos de las víctimas que hace casi tres décadas reclaman justicia a un Estado que, aseguran, no solo falló al permitir que se llevara a cabo un ataque terrorista, sino que sigue sin obtener resultados en la búsqueda de los responsables, con sus instituciones desarticuladas y sus funcionarios incapaces de hacerlas funcionar, por acción o por omisión.
“El Estado argentino fracasó en la búsqueda de memoria y sigue fracasando”, dijo Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS. En octubre pasado, el CELS representó a Memoria Activa ante la Corte-IDH en una audiencia realizada en Montevideo, donde el Estado argentino reconoció su responsabilidad en todos los hechos de impunidad relacionados con el atentado. La Corte-IDH debe expedirse ahora y aunque Litvachky aseguró que están cerca de una sentencia favorable, destacó que los reconocimientos de responsabilidad por parte del Estado -el anterior fue en 2005- no se han traducido en avances concretos en las investigaciones sobre el encubrimiento de los responsables. “Asomarse al caso AMIA es como entrar a la puerta detrás del Estado -sostuvo-. Es ver cómo funciona una maquinaria incapaz de organizar las instituciones para la contención, para la reconstrucción, para la verdad, para la justicia”.
Cada orador, a su turno, volvió a poner el foco en la necesidad de que se desclasifiquen los archivos producidos por la agencia de inteligencia del Estado. Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa, repasó el estado actual de la causa y aseguró que la desclasificación reviste una importancia central, en tanto permitiría a la Justicia acceder a documentos que actualmente no pueden utilizarse como prueba judicial. “A diferencia de lo que ocurre con la actividad de inteligencia, en la investigación judicial el secreto es la excepción, no la regla”, aseguró y sentenció: “La impunidad de la causa AMIA no es una fatalidad del destino o una consecuencia necesaria de ese crimen atroz. Se construyó en forma deliberada y pervive actualmente por inoperancia”.
El acto duró poco más de una hora. Adriana Reisfeld recitó un texto de Janán Nudel y luego de la lectura del documento final, elaborado por los integrantes de Memoria Activa y sintetizado por Eial Moldavsky, hubo un cierre musical con una interpretación de la canción de León Gieco «La memoria”.
“Nunca vamos a saber quién puso la bomba, pero sí sabemos quiénes se ocuparon de ocultar la verdad. Aquellos que convirtieron a la causa AMIA en una alfombra llena de escombros sobre la que caminamos cada día”, concluyeron en el documento.
En diálogo con Página/12, Diana Wassner recordó el proceso de búsqueda de justicia que ya lleva 29 años: «Cada 18 de julio siento un dolor particular, una sensación de angustia que me sigue durante todo el día». Sin embargo, dioj, este aniversario fue diferente, porque lograron llegar a la Corte IDH, el “último escalón”, sin una instancia superadora donde apelar. “Tenemos allí y en la sentencia, que esperemos sea ejemplar, mucha energía y mucha esperanza puesta”, aseguró.
En la audiencia, la Corte-IDH exigió al Estado que avance en acciones concretas que permitan llegar a una reparación a los familiares. Para Wassner, sin embargo, poco se ha hecho, más que centralizar una primera parte de archivos de inteligencia de una de las sedes de la AFI en el Palacio Barolo, que ha sido acondicionado para recibir este tipo de materiales. En este sentido, recordó que “primero hay que tener los archivos para desclasificarlos” y avanzar hacia una eventual prueba. Asimismo, sostuvo que el reconocimiento de la culpabilidad del Estado y la exigencia de la Corte es “un camino de ida y hay muchas cosas que se pueden hacer. Y el Estado está obligado a hacerlas, es una deuda con las víctimas y los familiares, pero también con toda la sociedad argentina».
Como recordaron durante el acto, desde Memoria Activa rechazan los juicios en ausencia de los responsables, la postura que defiende la dirigencia oficial. “Una pícara manera que han intentado de cerrar la causa”, ironizaron en el documento final. “En estos años ha sido una constante mirar para otro lado. La causa AMIA incomoda a muchos y por eso la han querido cerrar. El juicio en ausencia es un pedacito más de esto”, afirmó Wassner. También recordó que la investigación no tiene prueba suficiente para llevar a alguien a juicio, tanto “en ausencia como en presencia”. “No se ha investigado nada, no hay nada sólido. Lo poco que han hecho estuvo mal y las pruebas que podría haber son de inteligencia y no se pueden judicializar”.
¿Qué pasa con los archivos del atentado a la AMIA?
El Ministerio de Justicia anunció que el martes 11 de julio terminó con la primera etapa de la centralización de los archivos que estaban en poder de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que se refieren al atentado contra la AMIA. El material fue trasladado hasta el Palacio Barolo, donde funcionan los equipos de relevamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA (UFI-AMIA).
En el Palacio Barolo, la SIDE tenía una de sus bases. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri decidió que ese lugar pasara a la órbita de la Unidad Especial de Investigación del atentado de la AMIA (UEI-AMIA) –que funciona dentro del Ministerio de Justicia– y que allí se centralizara toda la información que está desperdigada en las distintas delegaciones de los servicios.}
Más allá de la declamación, la centralización no avanzó hasta hace unos pocos meses. Durante los primeros tiempos del gobierno del Frente de Todos, la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció que había encontrado la documentación en pésimo estado en bases que no estaban acondicionadas para resguardarla. Tiempo después, le reclamó al Ministerio Público Fiscal (MPF) que se hiciera cargo del material.
Archivos en riesgo
No es una sorpresa el estado en el que halló los documentos Caamaño. Los familiares de las víctimas vienen hace tiempo describiendo que los archivos nunca fueron preservados como se debía. Desde palomas que volaban entre los ficheros de Migraciones hasta papeles con 40 centímetros de agua, nadando entre ratas y cucarachas. Todo visto por sus propios ojos.
Por lo que pudo reconstruir Página/12, la AFI tenía documentación sobre la causa AMIA en dos bases: la de la calle Salta –donde se concentraban las grabaciones en casetes– y la base de Contrainteligencia de la calle Estados Unidos –donde todavía hay cintas y papeles–.
La preservación, el análisis y el acceso a los archivos es uno de los reclamos que la agrupación Memoria Activa llevó el año pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Ante ese organismo, el gobierno nacional se allanó para ser condenado. La titular de la UEI-AMIA, Natalia D’Alessandro, dijo ante los integrantes del tribunal que el Estado argentino reconocía su responsabilidad en todas las manifestaciones de impunidad que rodearon al atentado que se cobró 85 vidas.
El juez Daniel Rafecas –a cargo actualmente del Juzgado Federal 6, donde tramita la causa sobre el ataque– realizó una serie de audiencias para que las querellas y la fiscalía pudieran ponerse de acuerdo con las medidas a seguir. Las críticas a la actuación de la UFI-AMIA –a cargo de los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda– también fueron un eje central de las audiencias ante la Corte IDH.
Rafecas llevó adelante inspecciones oculares en las bases para ver en qué estado se encontraban los archivos. El Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, se ocupó de las remodelaciones del Barolo para poder instalar allí toda la documentación. El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) hizo un estudio para determinar si efectivamente se podía trasladar el material. La Procuración designó al fiscal Pablo Ouviña para hacerse cargo del trabajo con la documentación. Fue una señal positiva para las partes más allá de los cuestionamientos contra el procurador interino Eduardo Casal: Ouviña tiene una larga trayectoria en temas de lesa humanidad –así está catalogado por la justicia argentina el atentado contra la AMIA– y conoce el funcionamiento de la SIDE por su participación en distintos juicios que estuvieron centrados en el accionar de este organismo durante los años del terrorismo de Estado.
El martes de la semana pasada, el Ministerio de Justicia informó que se había terminado con la primera etapa de la centralización. Esto significa que se trasladó –con la logística que proporcionó la AFI– el material que estaba almacenado en la base de la calle Salta. En el gobierno estimaban que, después del receso de invierno, se hará lo propio con lo que se encuentra en la calle Estados Unidos.
Por el momento, no se conoce cuál es el plan de trabajo de la UFI-AMIA para procesar la totalidad de la información.
La apertura de todos los archivos
Memoria Activa y otras agrupaciones como APEMIA también reclaman acceder a los archivos que están en poder de otras agencias del Estado, por ejemplo de la Policía Federal Argentina (PFA) –que también tuvo un rol importante en los primeros años de la investigación del atentado. En marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 213 que desclasifica toda la información del atentado –en un refuerzo del decreto de Cristina Fernández de Kirchner de 2015 y el que impulsó Macri en 2017–.
Durante la audiencia ante la Corte-IDH, su presidente, Ricardo Pérez Manrique, le reclamó al Estado que operacionalice ese decreto y que no espere a un fallo condenatorio para hacerlo. Después de eso, el entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, convocó a una reunión de trabajo en la que participaron también Soria y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Hubo señales de buena voluntad, pero el tema sigue sin activarse.
El fallo de la Corte-IDH se esperaba para principios de este año. Sin embargo, el proceso parece haberse demorado. Las integrantes de Memoria Activa que participaron de la audiencia –-Diana Wassner y Adriana Reisfeld— les pidieron a los jueces que sea una sentencia ejemplar porque el Estado, en estos 29 años, no les proveyó ni verdad ni justicia.
Una política de memoria
Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa, fue uno de los oradores en el acto que se hizo en la Plaza Lavalle por los 29 años del atentado. Durante su intervención, Borda explicó que el proceso de declasificación de los archivos –es decir, quitarles la clasificación de secretos para que las víctimas y la sociedad puedan acceder a ellos– tiene, en este momento, centralidad en la causa AMIA. No es una discusión menor: por el rol conductor que tuvo la SIDE en la investigación judicial, mucho de lo que se hizo es secreto –como suele ser la actividad de inteligencia. «Hay información que todavía no se conoce», recalcó.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también habló en la conmemoración que tuvo lugar de espaldas al Palacio de Tribunales. Litvachky –que representa a Memoria Activa ante la Corte-IDH– explicó que hace tiempo reclaman que se arme un archivo histórico que recoja la búsqueda de justicia por el atentado. «No hay forma de que el Estado nos acompañe para tener esa política de memoria», recriminó. «Es al Estado argentino al que le reclamamos que abra los archivos».
La persistencia del secreto tiene consecuencias directas. «Seguramente nunca sepamos qué pasó en la AMIA», concluyó Diana Wassner al leer el documento de la agrupación.
Atentado a la AMIA: El reclamo de justicia y el fracaso de la investigación
El 29º aniversario del atentado contra la AMIA transcurrió, como ya es habitual, en un visible contrapunto entre dos actos, el de la dirigencia oficial de la comunidad judía, AMIA-DAIA, en la calle Pasteur, y el de los familiares y amigos de las víctimas agrupados en Memoria Activa, en Plaza Lavalle, frente a Tribunales. El titular de la AMIA, Amos Linetzky, aseguró que está probado que el atentado fue cometido por Hezbollah e Irán, aunque curiosamente admitió que no se sabe casi nada: ni de dónde salieron los explosivos ni quién armó la camioneta bomba ni quiénes fueron los que intervinieron en el acto terrorista. Del otro lado, Paula Litvachky, del CELS, en el acto de Memoria Activa, reiteró que el Estado argentino ni cuidó a sus ciudadanos ni investigó el atentado, por lo que se espera un inminente fallo de condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año pasado se hizo una audiencia en Montevideo y el Estado argentino, bajo el gobierno de Alberto Fernández, admitió sus responsabilidades.
Más allá de esas discrepancias de fondo, en ambos actos se cuestionó a la fiscalía AMIA que hoy conduce Sebastián Basso, un funcionario designado en su momento por el gobierno de Mauricio Macri. La realidad es que la llegada de Basso al cargo fue casi un golpe de estado judicial, porque el anterior equipo -designado por Alejandra Gils Carbó- consiguió interesantes avances en la investigación, aplicando tecnología moderna de la que siempre renegó el fallecido Alberto Nisman. Con esos métodos se identificó, después de 22 años, a la víctima 85 del atentado, que no se sabía quién era. Resultó ser Augusto Jesús, hijo de otra víctima del ataque, María Lourdes Jesús. También se verificó, utilizando el microscopio de barrido electrónico, que los explosivos estuvieron en una camioneta Trafic y se determinó la existencia de un suicida, aunque no se trató de Ibrahim Berro -sindicado por Nisman-, sino de un terrorista que no se pudo identificar hasta ahora. Ese proceso de avance en la investigación fue cortado abruptamente por el gobierno de Macri y la sospecha es que el equipo de fiscales -Sabrina Namer, Roberto Salum, Leonardo Filippini, Santiago Eyherabide- podía encontrar pistas que no sintonizaran con la versión oficial de Hezbollah e Irán.
En 29 años nunca se terminó de investigar la llamada pista siria, ni tampoco la hipótesis de que un grupo radicalizado, posiblemente proveniente de Brasil, haya concretado los atentados en respuesta a la política del gobierno de Carlos Menem de alineamiento con Estados Unidos e Israel. Por entonces, hasta se habían enviado naves al Golfo Pérsico en la guerra contra Irak.
Fue curioso escuchar al titular de la AMIA exhibiendo una inusual dureza con el actual fiscal Basso. “Su último dictamen pone en evidencia la impotencia e incapacidad para profundizar de manera efectiva y seria la investigación del atentado”. Y, de inmediato, Linetzky citó que a 29 años “no sabemos de dónde provino el explosivo, dónde se terminó de armar la camioneta-bomba, quién se la entregó a (Carlos) Telleldín, quién la ingresó en el estacionamiento ubicado a unas pocas cuadras de Pasteur, cuál fue el grupo operativo que ejecutó los últimos pasos del atentado”. Estas menciones son asombrosas por dos razones. Primero, porque provienen de quien encabeza una de las entidades que respaldó la investigación y al juez Juan José Galeano durante años y años. En segundo lugar, porque resulta extraño que, si se admite que no se sabe casi nada del hecho mismo del atentado, se dé por cierta la culpabilidad de Hezbollah e Irán, en base a informes de inteligencia.
En el acto de Memoria Activa recordaron que en todo el proceso inicial de la investigación, el juez Galeano se basó en la SIDE y el aparato de inteligencia. Tanto Litvachky como el abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, insistieron en que a lo largo de 29 años no se pudo concretar el reclamo de que se abran los archivos de inteligencia y no se pudo acceder realmente a toda la documentación. El ámbito en el que se almacenan miles de cajas de papeles, un depósito en el Pasaje Barolo, “se sigue pareciendo más a un almacén que a un archivo, aunque un almacén es más ordenado”, redondeó Litvachsky. Memoria Activa reclamó que esa documentación se sistematice y se haga un análisis riguroso de todo lo que se hizo en los momentos claves, los primeros meses tras el atentado. Otra de las agrupaciones de familiares, APEMIA, que encabezan Laura Ginzberg y Pablo Gitter, plantea la necesidad de formar una comisión investigadora independiente, que tenga acceso a todos los archivos y a toda la documentación del Estado.
Un párrafo sorprendente del discurso de Linetzky fue el referido al deceso de Nisman. El presidente de la AMIA recordó que “hace ocho años que esperamos el esclarecimiento de la muerte de Nisman. La Justicia determinó que fue homicidio, pero no se sabe quiénes fueron los autores materiales e intelectuales”. Y, de inmediato entonces, le adjudicó responsabilidad al juez y al fiscal: “Esperábamos más de Julián Ercolini y Eduardo Taiano”, que son los funcionarios judiciales a cargo de la causa. Las frases patentizan el callejón sin salida en el que se metieron todos, los dirigentes comunitarios y la Justicia: todos saben que Nisman se suicidó y que, por lo tanto, no hay ni habrá sospechosos. De hecho, en casi nueve años ni siquiera pudieron esbozar una hipótesis de cómo alguien entró y salió del edificio, del departamento cerrado por dentro y del baño sin dejar la menor huella y sin que exista rastro alguno de resistencia o defensa del fiscal.
En uno y otro acto quedó patentizado el fracaso de la causa del atentado. El titular de la AMIA trazó un paralelismo con el caso de los atentados en el teatro Bataclan y el estadio Saint Denis en Paris, en 2015, con un total de 131 víctimas fatales. Los imputados fueron 20 y hubo condenas hasta a prisión perpetua en el juicio que terminó en junio de 2022. Siete años entre los ataques y las sentencias. El problema es que los condenados en Francia fueron los sujetos que actuaron en el terreno, los que llevaron encima los explosivos, entraron a los lugares, sirvieron de apoyo. Las fuerzas de seguridad y de inteligencia argentinas nunca lograron identificar a nadie que haya jugado un papel similar en los atentados de Buenos Aires. De los que actuaron en el terreno, ni siquiera se sabe el nombre. Y, por supuesto, ninguno fue detenido nunca.
