Uruguay: De la motosierra a la retroexcavadora – Por Mate Amargo
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Uruguay: De la motosierra a la retroexcavadora
Por Mate Amargo
En la lejana campaña electoral del 2009 el entonces candidato por el Partido Nacional Luis Alberto Lacalle declaraba que si resultaba elegido Presidente de la República, le gustaría entrar al gobierno con una motosierra para cortar el gasto público.
En la concepción herrerista hasta nuestros días, no hay diferencia conceptual y apenas semántica entre gasto e inversión.
Lacalle (padre) se refería claramente al gasto que ocasionaban las prestaciones sociales en primer lugar, a pesar de propuestas tan ocurrentes como instalar servicios públicos de corte de pelo para los pobres, esos que según él, gastaban el dinero brindado por el Estado en comprar vino.
Sin embargo, la izquierda que aún gozaba de iniciativa política mandó a guardar la motosierra por otros diez años, momento en que llegó al gobierno el hijo del emulador de Leatherface (aquél asesino de la mascara de cuero con motosierra de la película de terror de 1974).
Retroexcavadora
Aunque el sólo pronunciamiento del Lacalle hijo inspiraba los sonidos de la motosierra, lo que vino de la mano de la coalición multicolor liderada por Lacalle Pou fue un arrasamiento.
Pandemia mediante, se cortó el gasto público y se perforaron los cimientos de algunas de las empresas públicas mas importantes.
La concesión a privados a 60 años del puerto de Montevideo, el paulatino desmembramiento del monopolio de Ancap y el reciente decreto de licencias a cables operadores para servicios de banda ancha debilitando a Antel, son algunas de esas expresiones.
Pero en la lista del efecto de retroexcavación hay que colocar por un lado el uso de las instituciones públicas en contra de los intereses de los trabajadores, o el desconocimiento de algunos de esos organismos.
Dos ejemplos bien claro del uso de instituciones contra los trabajadores es por un lado la creación de una comisión investigadora del parlamento contra los dirigentes sindicales de la enseñanza, o los procesamientos llevados adelante por el fiscal Diego Pérez contra asentados en el oeste de Montevideo, al tiempo que el gobierno anuncia el Plan Avanzar, nube de humo que involucra a la OPP y al Ministerio de Vivienda para dar solución a cerca de 300 asentamientos.
En la otra cara del asunto, el senador Guido Manini Ríos desconoce olímpicamente el llamado del fiscal Rodrigo Morosoli por su actuación en los Tribunales de honor, o recientemente, el informe jurídico del Instituto Nacional de Colonización sobre la condición de colonos del senador, su mujer (la ministra de vivienda Irene Moreira) y su suegro.
Desgaste institucional
Las consecuencias por un lado de una utilización unilateral de las instituciones y al mismo tiempo el desconocimiento de algunas de ellas, tiene un resultado previsible.
El proyecto de ley que apunta al debilitamiento de la capacidad de acción del movimiento sindical, el desmantelamiento de las empresas públicas , las reformas de la enseñanza y la seguridad social y la perpetuación de la auto organización de la misería (ollas populares), conduce al pueblo a un callejón sin salida.
Mientras la gente es acorralada en ese callejón, el avance de las máquinas viales resulta indignante y como reacción natural de la mayoría de los seres vivos, acorralados se plantan en lucha.
Pero para que esa lucha supere el primer impulso de rebeldía, de sobrevivencia, de desesperado último recurso, el movimiento popular y sus organizaciones políticas deberán poder juntar las luchas fragmentadas, no supeditar las mismas a la acción parlamentaria y definir una serie de acuerdos en base a unas propuestas que coloquen la emergencia social como punto principal.
Como a la salida de la dictadura, el eje vuelve a ser “la lucha contra la pobreza” con una acción que va hacia la construcción de un Frente Grande.
