Brasil | Tribunal Electoral inicia juicio contra Bolsonaro que podría inhabilitarlo por ocho años
Bolsonaro enfrenta un juicio que puede inhabilitarlo para las próximas elecciones
El Tribunal Superior Electoral (TSE) iniciará este jueves un juicio por supuesto abuso de poder por parte del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien puede quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por ocho años. La acusación, extensiva al general Walter Braga Netto, compañero de fórmula de Bolsonaro como candidato a vicepresidente el año pasado, sostiene que el líder de ultraderecha violó la ley electoral en varias ocasiones por los ataques proferidos contra el sistema electoral de urnas electrónicas a lo largo del proceso que llevó a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.
Abuso de poder
El proceso fue abierto por una denuncia del hoy oficialista Partido Democrático Laborista (PDT) del candidato presidencial Ciro Gomes. Está centrado en la dura campaña de descalificación que Bolsonaro mantuvo contra la justicia electoral y otras instituciones durante los dos años previos a los comicios de octubre pasado. El TSE reservó tres audiencias para este caso, por lo que la sentencia, que puede declarar «inelegible» a Bolsonaro durante ocho años si fuera declarado culpable, sería dictada la semana próxima.
Un punto central de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó en la residencia oficial de la presidencia con medio centenar de embajadores extranjeros el 18 de julio de 2022 para insistir en su campaña de descrédito contra el sistema electoral. En esa reunión, transmitida por la televisión pública por orden expresa de la presidencia, intentó convencer a los diplomáticos de los supuestos fraudes que permitirían las urnas electrónicas que se usan en las elecciones en Brasil desde 1996, pese a que nunca desde entonces se comprobó una sola irregularidad.
«Tenemos tiempo de resolver el problema, con la propia participación de las fuerzas armadas», dijo el entonces mandatario, que acompañó el discurso con una presentación de PowerPoint con supuestas irregularidades en el sistema electoral, sin el respaldo de ninguna auditoría. La reunión con los embajadores fue la punta de una campaña contra las urnas electrónicas a la que Bolsonaro imprimió más violencia aún desde marzo de 2021, cuando la Corte Suprema anuló los juicios por corrupción que llevaron a la cárcel a Lula, quien desde ese momento paso a liderar todas las encuestas electorales para 2022.
De acuerdo a la acusación, Bolsonaro incurrió en «abusos de poder político» y en «uso indebido de los medios públicos», al valerse de la residencia oficial de la presidencia para esa reunión y ordenar su transmisión por la televisión pública. Sin embargo, el PDT fue más allá y sostuvo que Bolsonaro «buscó la adhesión de países extranjeros para, en caso de promover un golpe de Estado, conseguir apoyo con la tesis de que el proceso electoral no habría sido confiable y sería el resultado de un fraude».
«No van a cambiar nuestra forma de actuar»
Bolsonaro admitió públicamente la posibilidad de un revés, aunque anticipó que buscará seguir gravitando en la política. «Nadie va a cambiar nuestra forma de actuar. Sabemos cómo es la justicia en Brasil. Pase lo que pase, nos preparamos para buscar alternativas», dijo el expresidente la semana pasada en un acto del Partido Liberal en Brasilia.
La considerada segura condena de Bolsonaro en la justicia electoral es vista por los analistas como una reducción de la tensión política, ya que la derecha y la ultraderecha tendría otras opciones para 2026, como por ejemplo los gobernadores de San Pablo, Tarcisio de Freitas, y de Minas Gerais, Romeu Zema. El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, aseguró que en caso de ser inhabilitado Bolsonaro será el «gran elector» de las municipales de 2024 trabajando las candidaturas de la fuerza que es la primera minoría en la Cámara de Diputados.
Desde Roma, donde se reunió con el papa Francisco y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Lula aseguró que espera que Bolsonaro «tenga la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y un juicio justo». En diálogo con el diario Corriere Della Sera, el presidente de Brasil aseguró: «Quien siembra vientos recoge tempestades. Mi antecesor no plantó ni el viento, plantó el odio. Habló contra la democracia, contra las instituciones».
El rol de Bolsonaro en el intento de golpe
Contra Bolsonaro, aunque no esté expreso en los cargos, juega todo lo ocurrido después de que Lula ganó las elecciones y el asalto a la sede de los tres poderes de la nación del ocho de enero, ocho días después de la investidura del actual mandatario progresista.
El líder de ultraderecha no reconoció el resultado de las urnas, alentó a sus simpatizantes a resistir y el país entró en una escalada de tensión, con miles de activistas acampados a las puertas de los cuarteles del Ejército exigiendo sin pudores un golpe militar. Todo eso en plena transición, con Bolsonaro en un completo silencio frente a los actos antidemocráticos, que rompió dos días antes de la investidura de Lula para anunciar que viajaba a Estados Unidos, donde permaneció tres meses.
Bolsonaro responde en otra decena de acciones penales y una de ellas lo tiene como sospechoso de haber incentivado el asalto a los tres poderes de enero pasado. La investigación de esos hechos incluso llevó a la policía a descubrir, en manos de algunos de sus más cercanos asesores, borradores de decretos que anularían el resultado de las urnas tras la victoria de Lula y planteaban hasta una «intervención militar» para mantener a Bolsonaro en el poder.
Ministros que vão julgar Bolsonaro pediram impeachment de ex-presidente e deram parecer pró-Dilma
Por Marcelo Godoy
Os ministros nomeados por Luiz Inácio Lula da Silva para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pediram o impeachment de Jair Bolsonaro (PL) e deram pareceres a favor de Dilma Rousseff (PT), além do próprio presidente em ação na Corte. Nesta quinta-feira, 22, sete ministros se reúnem para analisar um processo que pode culminar na inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos sob acusação de abuso de poder.
Dentre os julgadores, dois deles têm origem na advocacia, atuaram pelos petistas e foram empossados recentemente por escolha de Lula. A atuação pretérita dos novos magistrados – Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares – não foi questionada pela defesa de Bolsonaro. Pela lei, o réu tinha 15 dias para alegar a suspeição dos ministros, após o momento em que eles foram nomeados para atuar no processo, o que não ocorreu.
Em cinco oportunidades durante o governo Bolsonaro, Marques, professor da Universidade de São Paulo (USP) e um dos novos magistrados do TSE, viu crimes responsabilidade supostamente cometidos por Bolsonaro. Ele afirmou isso em entrevistas, manifestos e em dois pedidos de impeachment do então presidente encaminhados à Câmara.
Ex-diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Marques sempre fez defesa pública da necessidade de se opor às investidas do governo anterior contra o estado democrático de direito ao lado de outros integrantes do corpo docente da instituição. Foi assim que, em janeiro de 2021, ele e outros 1,5 mil ex-alunos da São Francisco assinaram uma petição encaminhada à Câmara pedindo o impeachment de Bolsonaro em razão da crise provocada pela falta de oxigênio em Manaus, durante a pandemia de covid-19.
Os signatários do pedido entregue a Rodrigo Maia, então presidente da Casa, alegavam: “Hoje, brasileiros de Manaus não conseguem respirar; amanhã poderão ser outros nacionais. Temos de cobrar responsabilidade – jurídica e política – de quem nos trouxe a esse caos pela inação criminosa, mas sobretudo pela sistemático ataque a tudo que poderia minimizar o sofrimento e a perda no grau que observamos. Essa omissão tem nome e se chama Jair Messias Bolsonaro”.
Temos de cobrar responsabilidade – jurídica e política – de quem nos trouxe a esse caos pela inação criminosa, mas sobretudo pela sistemático ataque a tudo que poderia minimizar o sofrimento e a perda no grau que observamos. Essa omissão tem nome e se chama Jair Messias Bolsonaro
Pedido de impeachment de Bolsonaro assinado por Floriano de Azevedo Marques, hoje ministro do TSE.
Em 8 de dezembro do mesmo ano, Marques voltou novamente a arguir o impeachment de Bolsonaro, desta vez, subscrevendo um novo pedido encabeçado pelo colega de faculdade, o jurista Miguel Reale Júnior. A iniciativa foi endossada ainda por José Carlos Dias, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira e pelos professores Silvia Helena de Figueiredo Steiner, Helena Regina Lobo da Costa, José Rogério Cruz e Tucci e José Eduardo Campos de Oliveira Faria.
A representação dizia que por “ação e por omissão dolosas”, Bolsonaro “deu causa à proliferação dos males que levaram milhares de brasileiros à morte” na pandemia, que “não teria tido essa grandeza não fosse a arquitetada política e o comportamento adotados pelo presidente”.
Em outras oportunidades, o atual magistrado também se pronunciou pela existência, em tese, de crime de responsabilidade na conduta do presidente, como quando Bolsonaro decidiu usar sua autoridade para atingir a imprensa ou em seus ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). Marques esteve ainda entre os juristas, como o ex-chanceler Celso Lafer, que assinaram o manifesto Estado de Direito Sempre!, reação da sociedade civil à convocação feita por Bolsonaro de manifestações para o dia 7 de setembro de 2022.
Nomeado em maio para uma das duas vagas reservadas à advocacia no TSE, Marques não quis se manifestar sobre suas manifestações na véspera do início do julgamento de Bolsonaro, na Corte.
Ex-ministro do TSE, o advogado Henrique Neves afirmou ao Estadão não crer que o fato de os atuais magistrados terem se manifestado contra ou defendido adversários políticos do ex-presidente seja fato suficiente para a defesa de Bolsonaro poder arguir a suspeição deles no julgamento. “Todos (os magistrados) que por lá passaram, em algum momento, advogaram contra ou a favor de diversos partidos políticos”, afirmou.
«Todos (os magistrados) que por lá passaram, em algum momento, advogaram contra ou a favor de diversos partidos políticos», Henrique Neves, advogado e ex-ministro do TSE.
Para o advogado Alberto Rollo, especialista em direito eleitoral, mesmo que quisesse, a defesa do ex-presidente não poderia mais argumentar a suspeição, pois a lei estipula o prazo de 15 dias – após o conhecimento do fato, ou seja, a nomeação do magistrado – para que isso seja feito. “Eu estudei o processo e não vi essa alegação até agora.”
Parecer
Além de Marques, Lula também nomeou para o TSE o advogado André Ramos Tavares, outro professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ambos são apontados como próximos de Alexandre de Moraes, que é visto por apoiadores de Bolsonaro como algoz do ex-presidente. Moraes, assim como os dois novos colegas de Corte, também dá aulas na mesma instituição.
O nome de Tavares não consta das petições pelo impeachment de Bolsonaro. A razão, talvez, esteja nos trabalhos anteriormente assinados pelo hoje magistrado: Tavares é responsável por dois pareceres importantes na história recente do petismo. Um considerava ilegal o impeachment contra Dilma, datado de 2015, e outro dizia que Lula podia concorrer à eleição de 2018, apesar de preso e condenado pela Lava Jato.
Em seu parecer de oito anos atrás, o professor afirmou que não haveria “mais democracia no Brasil pós-1988 em virtude de eventual sucesso na banalização do processo de impeachment, com sua abertura em face da presidente Dilma Rousseff”. De acordo com ele, o atendimento às maiorias conjunturais não configurava automaticamente uma vitória da democracia, pois o “impeachment não se confunde com o voto de desconfiança, típico dos regimes parlamentaristas”.
Em 2018, Tavares defendeu a derrubada da inelegibilidade de Lula pelo TSE em razão das deliberações do Comitê Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas, que divulgara posição favorável à tese do petista de que poderia concorrer naquele ano. De acordo com Tavares, a autonomia do Judiciário brasileiro para tratar do caso não estava acima dos tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil.
Lula teve sua candidatura negada pelo TSE em agosto de 2018 por seis votos a um após relatório da ONU afirmar que tinha o direito de concorrer. Na época, Tavares escreveu que não existia “hipótese válida, seja no direito interno, seja no internacional, para sustentar uma decisão doméstica de descumprimento da decisão do Comitê de Direitos Humanos e de seu special rapporteurs (relatores especiais)”. Para ele, isso significaria “assumir abertamente o desprezo com os direitos humanos e com o Estado de direito”.
Impeachment não se confunde com o voto de desconfiança, típico dos regimes parlamentaristas
André Tavares Ramos, novo ministro do TSE, em parecer pró-Dilma Rousseff
No ano passado, Tavares foi nomeado por Bolsonaro juiz-substituto do TSE – o presidente se opunha mais ainda aos dois outros nomes da lista tríplice que lhe fora encaminhada pelo STF. O Estadão procurou Tavares por meio da assessoria da Corte, mas não obteve resposta.
Provas
Embora não tenha se voltado contra a nomeação dos dois magistrados, a defesa de Bolsonaro questiona o fato de o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, ter incluído no processo provas – documentos e áudios – que não contavam da representação inicial apresentada em 2022 pelo PDT no caso da reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros em Brasília na qual o então presidente fez acusações contra as urnas eletrônicas. O partido alega que Bolsonaro abusou do poder político ao usar a estrutura do governo para promover um ato de campanha eleitoral, transmitido por mídia governamental.
De acordo com Neves, a jurisprudência da Corte afirma que nas ações de investigação de judicial eleitoral (AIJE) o relator pode incluir novas provas. “O que não pode ter é fato novo, independente, que não tenha sido trazido na inicial. Prova sobre fato anterior, que consta da inicial, suas consequências e repercussões, como forma de identificar o contexto, o TSE disse que pode”, afirmou.
O advogado Rollo concorda. E acrescentou: “Pode, sim, desde que haja oportunidade da defesa e desde que tenham relação com o fato em julgamento.”
