Perú | Boluarte declaró por las muertes en las protestas pero se negó a responder las preguntas de la defensa de las víctimas
Los silencios de la presidenta Boluarte durante la diligencia fiscal por las muertes en protestas
Por Abel Cárdenas
Horas antes de que la presidenta Dina Boluarte declare en el marco de la investigación preliminar que le sigue el Ministerio Público por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en contra de las víctimas de las protestas iniciadas en diciembre del año pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola —quién también está comprendido en las indagaciones— aseguró que la madataria no iba a utilizar el derecho a guardar silencio.
“Va a responder todas y cada una de las preguntas que se le formulen porque es interés del gobierno y, especialmente, de la presidenta Boluarte que los hechos se esclarezcan”, dijo a RPP.
Este discurso fue manifestado en reiteradas oportunidades por la misma mandataria, su abogado y representantes del Gobierno que conocían el detalle de los participantes en la diligencia. Sin embargo, esta mañana, la presidenta se negó a contestar las preguntas de los abogados de las víctimas, y las de los representantes de la Procuraduría General del Estado.
Durante el interrogatorio la presidenta solo respondió las consultas de la Fiscalía y se amparó, por recomendación de su abogado, en el derecho a guardar silencio ante los cuestionamientos que iban a realizar los representantes de las víctimas y procuradores.
Sobre las preguntas de la Fiscalía, una fuente de OjoPúblico con conocimiento de los hechos informó que la presidenta Boluarte brindó respuestas muy generales ante las consultas del fiscal Marco Huamán. Es decir, no dio detalles ni aportes sustanciales para el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, el abogado Carlos Rivera, a través de sus redes sociales, informó que Boluarte volvió a negar su responsabilidad en los delitos que se le imputan. También descartó, según precisó Rivera, haber dado disposiciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía para llevar a cabo una represión violenta, que culminó con la muerte de 49 civiles durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden.
La diligencia estaba programada para las 9 a.m. Sin embargo, esta recién empezó a las 9:30 a.m. y tuvo una duración de casi dos horas y media. Durante ese lapso, el representante de la Fiscalía realizó, aproximadamente, 25 preguntas, según pudo conocer OjoPúblico.
En la sala, además del fiscal coordinador del Área Especializada de Denuncias Constitucionales, Marco Huamán, también estuvo presente la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y una fiscal de apoyo.
La presidenta Dina Boluarte se sentó junto a su abogado, Joseph Campos. En la diligencia también participó la abogada Gloria Cano, representante de las víctimas de las protestas en Ayacucho. Y, por la Procuraduría General del Estado, se apersonó el coordinador de la Unidad Funcional para la Defensa del Estado en Casos Contra Altos Funcionarios, Omar Rojas, acompañado de la abogada de dicho despacho, Lilia del Río.
A la diligencia también estaban citados los abogados Carlos Rivera y David Velasco, representantes de otras víctimas de las protestas. Sin embargo, estos no participaron de la misma pues funcionarios de la Fiscalía le prohibieron el ingreso bajo el argumento de haber llegado “siete minutos tarde”.
“Nos [hicieron] demorar por temas de seguridad en la puerta [principal] y, luego, atribuyeron que habíamos demorado siete minutos y que ya no podíamos ingresar”, declaró el abogado David Velasco. La sesión inició media hora después de la hora pactada.
No respondió a abogados de las personas fallecidas
El 22 de febrero de este año, la Procuraduría General del Estado solicitó una tutela de derechos ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria luego de que el Ministerio Público no le notificara sobre una diligencia indagatoria contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, realizada el 16 de febrero.
El 8 de marzo, el juez Juan Carlos Checkley declaró fundada la tutela de derecho a favor de Procuraduría y autorizó su participación en las diligencias futuras en las investigaciones preliminares que comprenden a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, al ministro de Defensa Jorge Chávez, al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, y al exministro del Interior, Víctor Rojas.
A raíz de esta decisión, la Procuraduría y los abogados defensores de las víctimas y deudos de las protestas tenían autorización para participar de las diligencias fiscales y preguntar a los investigados. No obstante, el Ministerio Público apeló la resolución.
Fuentes de OjoPúblico informaron que, tras la apelación, el Poder Judicial dio a conocer al Ministerio Público que la resolución de primera instancia se dio “sin efecto suspensivo”. En otras palabras, esta debía cumplirse mientras se resuelve la apelación en segunda instancia.
Durante la diligencia de este 6 de junio, los representantes de la Procuraduría recordaron esta disposición y defendieron su derecho a interrogar a la investigada. En ese contexto, este medio pudo conocer que la Fiscalía reconoció el planteo de los procuradores y, ante ello, el abogado Joseph Campos recomendó a la presidenta que se ampare en la prerrogativa del silencio.
Luego de la diligencia, Campos señaló a diversos medios que su defendida había respondido todas las preguntas de la Fiscalía. Además, indicó que no respondieron a los demás participantes porque consideran que ellos no deberían participar en esta etapa de la investigación.
“Hemos respondido a todas las preguntas del Ministerio Público. [No hemos guardado silencio] en las preguntas de la Fiscalía, en ninguna. En esta etapa [de la investigación], participa el Ministerio Público y el investigado. En ese escenario no ha habido ninguna respuesta en silencio”, indicó en Exitosa.
Arequipa se une a la tercera ‘toma de Lima’: comerciantes del Avelino viajarán a la capital
Por Cristhian Cruz Torres
La denominada tercera ‘toma de Lima’ ya tiene fecha y será este 19 de julio. Mientras el acalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, califica las protestas como “insensatez total”, los comerciantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres se unirán a la multitudinaria manifestación en la capital.
Según Yasmani Cayo, presidente del Frente de Defensa de la plataforma, los comerciantes coordinarán los preparativos de su viaje a la capital en los próximos días.
“La plataforma siempre ha estado en pie de lucha. Para el 19 de julio, la plataforma se va acometer a la lucha. el 80% de acá somo oriundos de otras regiones. De los aymaras, los quechuas lo collaguas, por eso sentimos ese dolor de lo que ha pasado con nuestros hermanos”, declaró Yasmani Cayo a La Exitosa.
En las manifestaciones de inicios de año, el Avelino mandó un bus con 50 personas a Lima y realizaron una colecta. Este año, de acuerdo con Yasmani Cayo, no se llevará cabo la recaudación de dinero.
Alcalde José Luis Bustamante y Rivero cerrará el Avelino de Arequipa
El alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, cerrará los mercados del Avelino por no pagar los tributos que deben desde 2017, desde esta quincena de junio. Los comerciantes del centro de abastos mantienen una deuda de más de 14 millones de soles.
Según Zegarra Black, el dinero de la tributación que se le debe a la municipalidad será reinvertido en mejoras de la infraestructura para la plataforma.
Por su parte, Yasmani Cayo, presidente del Frente de Defensa de la plataforma, aseguró que se les piden pagar los arbitrios más caros del sur. Por ende, pidió al alcalde sincerarse en los cobros y 3 meses de espera para que a los mercados que sí quieren mejorar, logren pagar.
