La teoría de los dos demonios: tan falsa como inmoral – Por Miguel Aguirre Bayley
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La teoría de los dos demonios: tan falsa como inmoral
Por Miguel Aguirre Bayley*
En estos días se están cumpliendo 50 años de la consolidación del último golpe de Estado en Uruguay, convertido en el hecho más infame y doloroso del siglo pasado en nuestra nación. El presidente Juan María Bordaberry, del Partido Colorado, exsenador del Partido Nacional, fue corresponsable principalísimo del quiebre institucional que derivó en una dictadura civil y militar en un país ocupado durante 12 años por las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con documentos desclasificados de la CIA, surge con meridiana claridad que también se trató de un acto de claudicación de la soberanía nacional ante la estrategia de dominación del Plan Cóndor, diseñado y ejecutado por Estados Unidos.
Precisamente, en una de sus exposiciones sobre el tema militar, el general retirado Juan Antonio Rodríguez, uno de los oficiales presos en dictadura por su lealtad al Juramento de Fidelidad a la Constitución y las leyes, expresó que “la Defensa Nacional, tal como se ha encarado en el país, por lo menos desde mediados del siglo pasado, no ha sido nacional, ni antiimperialista, al haberse subordinado a la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. No ha sido popular, ni progresista, ni democrática, ni antioligárquica, en tanto el elemento militar de la defensa se ha empleado siempre como elemento de presión o, directamente, de represión contra las aspiraciones populares y como protección de los intereses de los sectores dominantes”.
Las llaves del Parlamento a los golpistas
En 1971 hubo elecciones nacionales y allí participó por primera vez el Frente Amplio. “¿Cómo habrían reaccionado las Fuerzas Armadas ante un eventual triunfo de la nueva coalición política?”, preguntó el periodista César di Candia en una entrevista al general Hugo Medina. “No se le entregaba el poder”, fue su respuesta. A confesión de parte, relevo de pruebas. El Ejército ya estaba preparado para dar el golpe de Estado. Y el motivo no era la guerrilla.
No debe subestimarse que los generales Mario Aguerrondo por el Partido Nacional y Juan Pedro Ribas por el Partido Colorado, candidatos a la presidencia de la República en 1971, pertenecían a la ultraderecha más reaccionaria del país. Lejos de sorprender, es comprensible que integrantes de esas corrientes ideológicas fueran, asimismo, civiles protagonistas de la dictadura. De hecho, asumieron y compartieron los cargos más relevantes, con la única excepción del Ministerio del Interior, que solamente integraron militares.
El 15 de abril de 1972, con el voto contrario del Frente Amplio, los partidos Colorado y Nacional aprobaban el Estado de Guerra Interno. El 10 de julio siguiente, nuevamente con los votos de los partidos tradicionales y la oposición del Frente Amplio, se aprobaba la Ley de Seguridad del Estado y Orden Público, que concedía al gobierno poderes muy superiores a los que otorgaban las Medidas Prontas de Seguridad. Esta ley, funcional al autoritarismo y vigente en la dictadura, redactada por el escribano Dardo Ortiz y el doctor Washington Beltrán, ambos del Partido Nacional, el doctor Eduardo Paz Aguirre, del Partido Colorado, y el coronel Néstor Bolentini, militar golpista, permitió, entre otras disposiciones, que los civiles fueran sometidos a la Justicia militar, en una medida claramente inconstitucional y sin las mínimas garantías.
Conformó la nefasta trilogía la ley “Sanguinetti” de Educación General, promulgada por el Poder Ejecutivo el 4 de enero de 1973. Por su denominación surge que, impulsada por el entonces ministro de Educación y Cultura del gobierno de Juan María Bordaberry, había sido sancionada en el Parlamento por el Partido Colorado y los “blancos baratos”, según expresión de Wilson Ferreira Aldunate. Su contenido, opuesto al legado de la reforma vareliana, dejó al descubierto el perfil autoritario y dogmático de la mencionada ley, que constituyó el marco normativo de los usurpadores del gobierno legalmente constituido.
La dictadura se propuso eliminar al Frente Amplio, pero no consiguió su objetivo a pesar de la violencia sistematizada de su terrorismo de Estado. En perseguidos, destituidos, presos, torturados, desaparecidos y exiliados, su tributo fue el más alto y se tradujo en pérdida de cuadros dirigentes y valiosos militantes. Esa realidad demuestra que el FA fue vanguardia de la resistencia popular.
No hay otra verdad que la realidad
Hay quienes sostienen que la dictadura fue militar porque se originó a raíz de la irrupción de las Fuerzas Armadas en la vida política para combatir la guerrilla tupamara. Sin embargo, en setiembre de 1972, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros ya había sido derrotado. Esta afirmación, propia de discípulos de sicofantes aplazados por su errática teoría, ha sido impulsada por los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, con la finalidad de deslindar responsabilidades propias y de sus partidos, que concedieron sensibles poderes a la corporación militar.
En los gobiernos de Sanguinetti y Lacalle Herrera, varios de sus colaboradores más cercanos que ocuparon altos cargos de confianza fueron denunciados por implicancias con la dictadura y poderosos grupos económicos afines. Es más, cuando se votó afirmativamente la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en el referéndum del 16 de abril de 1989, en una carta dirigida al general golpista Iván Paulós, el presidente Sanguinetti expresó su reconocimiento al Centro Militar por su cooperación con la ley acordada a partir del pacto de Anchorena entre dirigentes blancos, colorados y militares.
Para justificarlo, han promovido la teoría de los dos demonios. No se trata –como sostienen– de un pequeño grupo de militares soberbios y ambiciosos, ni de algunos muchachos intoxicados con la Revolución cubana lo que permite explicarnos el porqué de la dictadura. En octubre de 2009, Luis Alberto Lacalle, en uno de los almuerzos del programa de Mirtha Legrand, afirmó que “murieron más soldados y policías que integrantes de la subversión. En el Uruguay hay media docena de desaparecidos, o una docena de desaparecidos”. Tal vez no se haya enterado de la Marcha del Silencio, que año a año convoca a decenas de miles de uruguayos que reclaman por casi 200 detenidos desaparecidos. La nesciencia de sus deplorables afirmaciones no resiste el menor análisis.
El diario El País, vocero incondicional de la dictadura
El País no fue el único medio de comunicación que apoyó el golpe de Estado, es cierto. Hubo muchos otros golpistas alineados contra la democracia en la prensa, radio, televisión y cámaras empresariales, por citar algunos ejemplos de la felonía. Cuando los detenidos desaparecidos, presos políticos, exiliados y familias de los perseguidos en dictadura en Uruguay se multiplicaban por varios millares, el diario El País decía: “El concepto de seguridad y de visión de lo ocurrido entre nosotros a lo largo de muchos años es lo que justifica, jurídica e históricamente, la participación que hoy tienen las Fuerzas Armadas en la vida nacional y sus nobles y elevados objetivos” (editorial del 21 de julio de 1974).
Y también: “Han surgido las versiones de que en Uruguay soportamos una de las dictaduras más crueles y repugnantes de América Latina, burda especie a la que se procura dar patente de verdad en el exterior por medio de datos estadísticos ridículos sobre uruguayos asesinados, presos, torturados o forzados a abandonar el territorio nacional” (27 de junio de 1975).
La dictadura se propuso eliminar al Frente Amplio, pero no consiguió su objetivo a pesar de la violencia sistematizada de su terrorismo de Estado.
Los “rinocerontes” funcionales a la dictadura
Los elencos del gobierno y del régimen que detentaron el poder del Estado los integraban militares de rango y un elevadísimo número de civiles que actuaban en los máximos niveles de decisión y participaban en la redacción de los actos institucionales emergentes de los decretos dictatoriales.
Miles de civiles y militares que apoyaron el golpe de Estado y después formaron parte de sus organismos pertenecían al Partido Colorado y al Partido Nacional. La indecorosa lista se extiende por millares. Ningún frenteamplista ocupó un solo cargo de la dictadura. La mayoría de sus cuadros dirigentes, incluidos los generales Liber Seregni y Víctor Licandro, fueron encarcelados, degradados y sufrieron tortura. Otros fueron víctimas, al aplicarse en el país las prácticas del decreto Noche y Niebla de la Alemania nazi en 1941 que hizo de la tortura, la desaparición forzada de personas y otras graves violaciones de los derechos humanos una política de Estado. Cientos de miles debieron ir al exilio. En todos los casos, la responsabilidad del Estado no se extingue. El compromiso por la memoria, inexorablemente, derrotará a la traición y a la mentira.
La dictadura hizo un despliegue extraordinario para la promoción de su propaganda, con todos los medios a su alcance. Había un caudal muy importante de voces excluidas. En ese contexto, el semanario Opinar, dirigido por Enrique Tarigo, el suplemento La Semana del diario El Día, la revista La Plaza de la ciudad de Las Piedras, en Canelones, dirigida por Felisberto V Carámbula, y Diario 30 en CX 30 La Radio, conducido por José Germán Araújo, fueron chispazos convertidos en llamarada que impulsaron el voto por el No ante los poderosos medios oficialistas. La honda del pequeño David volvió a vencer al gigante Goliat.
El debate televisivo emitido el 14 de noviembre de 1980 por Canal 4, que enfrentó a dos partidarios del Sí y dos del No en el programa En profundidad, fue histórico. Allí Enrique Tarigo, director del semanario Opinar, señaló: “Esta Constitución establece preceptivamente el gobierno de los militares en el Consejo de Seguridad Nacional, y la participación poco menos que obligatoria de los militares en todos los entes autónomos y dependencias estatales”. En tanto, el doctor Eduardo Pons Etcheverry, del Partido Nacional, precisó: “El concepto de ‘seguridad nacional’, definido en su texto, abarca absolutamente todos los actos de gobierno, y en todos estos aparecen fundamentalmente las Fuerzas Armadas. Estamos en una situación de hecho; estamos ocupados […] No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. O sea, recordando la pieza de teatro de [Eugène] Ionesco, siempre hay rinocerontes. Siempre”.
Afrenta a la memoria
Una de las jornadas más luctuosas de la historia uruguaya tuvo lugar en la mañana del martes 25 de mayo de 1976, en ocasión de los sepelios de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. En el Cementerio Central, a muy temprana hora, familiares, amigos y compañeros despedían a Zelmar. Apenas iniciado el acto y con la finalidad de impedir cualquier oratoria, el jefe de la Policía, coronel Alberto Ballestrino, al grito de “se terminó, a dispersarse”, dio orden a los coraceros de arremeter con sus caballos contra quienes participaban en el acto de despedida.
En el entierro del Toba Gutiérrez Ruiz en el cementerio del Buceo, una hora después, los incidentes se registraron cuando efectivos policiales intentaron quitar la bandera uruguaya que cubría el féretro. El dictador Bordaberry felicitó formalmente a la Policía por impedir que se colocara un pabellón patrio sobre el féretro del legislador blanco expresando en una nota: “El funcionario demostró rapidez de decisión, conocimiento de las normas vigentes, pero especialmente demostró, en mi opinión, sensibilidad frente al hecho que significa el rendir honores a los restos de un ciudadano requerido por actividades contra la Patria”. Su afirmación elevó a Gutiérrez Ruiz, aún más honrado.
El mismo ADN: hablan de democracia, pero en cada acto la traicionan
Las manifestaciones públicas de Guido Manini Ríos y Gustavo Zubía, dos parlamentarios con visiones nostálgicas de la dictadura, absolutamente repudiables, dañan al Poder Legislativo. Lamentablemente, hay varios antecedentes en el Poder Ejecutivo de otras épocas. En agosto de 1961, por radio Rural, Benito Nardone afirmaba que el Consejo Nacional de Gobierno –que él integraba y que el año anterior había presidido– es “un colegiado de cocoliches” y que ya es hora de “que los militares deban hacerse cargo del gobierno”. Al año siguiente Faustino Harrison, presidente del Consejo Nacional de Gobierno, en funciones, reunía en su despacho a oficiales de alta graduación y les planteaba la necesidad de que el Ejército interviniera. Famosa fue su frase: “A la democracia hay que darle vacaciones”. Ambos pertenecían al Partido Nacional.
El dirigente de Cabildo Abierto, excomandante en jefe del Ejército destituido por el presidente Tabaré Vázquez, creció en una familia politizada que apoyó golpes de Estado y ocupó altos cargos en las dictaduras de Gabriel Terra en los años 30 y en la que se extendió desde 1973 a 1985. Formado en dictadura, cuenta con un prontuario en reiteración real que lo sitúa en las antípodas de la democracia por sus continuos desbordes institucionales, cuestionamiento a la Justicia, por la defensa de represores criminales y por la negación de las violaciones a los derechos humanos. Hoy no es más que un segundón en caída del gobierno multicolor.
Su esposa, Irene Moreira, en la titularidad del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, además de su impericia para el cargo y de sus torpes promesas, reeditó las peores prácticas de clientelismo. Su cese, previsible, era impostergable. En el mismo equipo, desde el senado, Guillermo Domenech insiste en atacar a víctimas de la dictadura para reivindicar la barbarie de los victimarios y asesinos de un pueblo desarmado e indefenso.
Zubía, hijo y sobrino de dos generales protagonistas de alta responsabilidad en la dictadura, no les va en zaga. Exfiscal, escribió: “Lo que es la casualidad… Da la casualidad y sólo la casualidad que unas horas antes del tratamiento del proyecto de ley de resarcimiento a las víctimas del terrorismo aparece un cráneo en una unidad militar”. Expresión miserable propia de una vileza sin límites.
Es gravísimo comprobar que quienes atacan a la democracia se valen de sus propias herramientas que tanto costó recuperar. Antes y ahora, así lo atestigua la historia. “En todo caso, como en el dilema entre la guerra y la paz, la democracia no tiene alternativa razonable”, concluye el académico y periodista Patricio Lóizaga en referencia al pensamiento del italiano Norberto Bobbio, prestigioso licenciado contemporáneo en Derecho y Filosofía sobre el régimen democrático.
*Periodista y escritor uruguayo. Publica en Posturas de Ladiaria.
