Gobierno boliviano calificó de «injerencia» el apoyo de senadores chilenos a la expresidenta de facto Áñez
Richter califica de “injerencia” posición de senadores chilenos sobre Áñez, “no las consideramos”
El pronunciamiento de un grupo de senadores chilenos en favor de la expresidenta de facto Jeanine Áñez representa una injerencia en asuntos internos de Bolivia y en el Gobierno “no las consideramos”, aseguró el portavoz presidencial Jorge Richter.
“Es su criterio (la posición de los legisladores chilenos), pero nosotros no le damos valor ni por supuesto mayores referencias”, respondió ante el pedido a su gobierno de 26 de 50 senadores chilenos de dar asilo a Áñez y al encarcelado gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
La solicitud, donde también exigen la libertad de ambos, fue enviada al presidente chileno Gabriel Boric.
Áñez se encuentra en la cárcel y con una sentencia en primera instancia de 10 años de cárcel por la forma cómo se hizo de la presidencia del Senado y luego del poder en noviembre de 2019, en sesiones de la Asamblea Legislativa sin quórum y vulnerando la normativa sobre la línea de sucesión, según estableció la Fiscalía.
También está incluida en la demanda por el caso Golpe de Estado I o hechos que llevaron al golpe de Estado de 2019. Camacho es uno de los principales acusados en este proceso, ya que estuvo al frente del movimiento cívico-político violento que derivó en la dimisión de Evo Morales, acorralado por la violencia, un motín policial y la “sugerencia” militar de renunciar.
Richter aseguró que al grupo de legisladores chilenos no le corresponde “inmiscuirse sobre lo que la justicia boliviana ha determinado”.
“No conocen el proceso democrático de Bolivia, las características de lo que significó noviembre de 2019, el daño que le confirió la señora Áñez a la democracia de nuestro país, lo que ocurrió en Senkata y Sacaba, lo que fue la vulneración de la institucionalidad política democrática en Bolivia”, explicó.
Durante el gobierno de Áñez se dieron las masacres de Sacaba y Senkata, donde la intervención policial-militar a protestas sociales acabó con la muerte de más de una veintena de personas por impactos de bala. Las acciones estuvieron amparadas en un decreto que eximía de responsabilidad penal a los uniformados por el resultado de sus acciones.
“Nosotros no realizamos declaraciones ni interferencias sobre lo que es la vida y el rol que vienen cumpliendo los asambleístas chilenos, pero las injerencias simplemente no las consideramos porque no les corresponde a ellos tener que opinar sobre lo que ocurre en Bolivia”, insistió.
26 senadores chilenos piden a Boric asilo para Camacho y Áñez
Por Luis Marcelo Tedesqui Vargas
Un grupo de senadores chilenos, cinco mujeres y 21 varones, envió una carta al presidente de Chile, Gabriel Boric, a quien piden que se brinde asilo político a la expresidenta Jeanine Áñez y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Asimismo, pidieron que se libere a ambos que están detenidos en Bolivia.
“26 de los 50 miembros del senado chileno enviamos un oficio pidiendo al presidente (Gabriel Boric) interceder para la liberación inmediata de los presos políticos en Bolivia la exsenadora y expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de muchos otros bolivianos. La persecución criminal contra opositores relacionados con el Gobierno de transición debe terminarse en Bolivia”, reclamó el senador José Manuel Edwards, a través de un video grabado.
El ministro de Justicia, Iván Lima, evitó referirse a este tema, porque señaló que pertenece a la Cancillería.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores no emitió conferencia ni comunicado alguno al respecto. Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguraron que este tema no procede, porque Bolivia es un país soberano y no permitirá injerencia alguna de Chile ni de ningún país.
El senador Rojo Edwards, otro de los promotores de esta iniciativa, señaló que “a partir de ese momento (la victoria de Luis Arce en las elecciones de 2020), se inicia la persecución criminal de exautoridades del gobierno de transición. El 12 de marzo de 2021, la Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra Jeanine Añez y varios de sus ministros, acusándolos de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. En los meses sucesivos, se sumaría la detención de militares, policías, líderes cívicos y ciudadanos que pertenecían a la oposición”. Especifica que se llegó “al secuestro y posterior encarcelamiento del gobernador Luis Fernando Camacho el 28 de diciembre de 2022”.
Por ello, pide al mandatario del vecino país que “denuncie el irregular proceso de encarcelamiento que sufre la expresidenta y el gobernador Camacho, considerando las circunstancias que rodean su detención y el respeto a los principios del debido proceso”.
La exmandataria está detenida desde marzo de 2021 en el penal de Miraflores de La Paz, a quien el Gobierno y las autoridades judiciales no la reconocieron como expresidenta de Bolivia. Asimismo, el gobernador de Santa Cruz está detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde diciembre de 2022.
Las autoridades de Gobierno desconocieron la calidad de ‘detenidos políticos’ de ambas personalidades y reivindican la detención por delitos comunes. La carta de los senadores chilenos hace una revisión de los datos de la crisis política que vivió el país en 2019 y luego abogan por la libertad de ambos. “Estamos solicitando la liberación inmediata de Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez por no haber tenido un debido proceso en Bolivia, creemos que su situación atenta contra el estado de derecho y podría definirse su situación como de verdaderos prisioneros políticos”, dijo en otro video el senador Luciano Cruz Coke.
La carta surge luego de que el presidente chileno, Gabriel Boric, criticara el régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una cumbre que se realizó en Brasil el 30 de mayo pasado. “Denuncie el irregular proceso de encarcelamiento que sufre la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho”, pide la carta de los parlamentarios del vecino país.
El diputado opositor Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), manifestó que lo primero que hay que destacar respecto a la expresidente y el gobernador “es que nunca debieron ser procesados ni mucho menos encarcelados. Son procesos falsos e inventados, que están fuera del marco constitucional y del marco legal del país”, manifestó.
Aseguró que “no son juicios penales, sino actos de terrorismo y de violencia de Estado, no de verdadera justicia”, aseguró. Sin embargo, remarcó que cualquier autoridad extranjera no puede tener ninguna intervención directa en asuntos jurisdiccionales bolivianos. “Obviamente eso no corresponde en relaciones internacionales. La soberanía penal dentro de cada Estado es atribución exclusiva del mismo, salvo que se trate de organismos de derechos humanos”.
Para la senadora Centa Rek “sí es factible, es un tema interesante, demuestra lo irregular de ambas detenciones, y refleja que hay países interesados en propiciar una salida a dos procesos que no son jurídicos, sino políticos. Es una propuesta, no es una exigencia”, manifestó.
