Elecciones en Guatemala: el sistema se resiste pese al ascenso del voto castigo y anti-élite – Por Carlos Malamud y Rogelio Núñez Castellano 

Tema

Guatemala celebra elecciones presidenciales el 25 de junio en medio de creciente incertidumbre y desconfianza con las instituciones electorales y judiciales, y un extendido malestar con un entramado institucional que bloqueó la participación de los candidatos que amenazaban la supervivencia del sistema.

Resumen

El voto de castigo a los oficialismos extendido por América Latina y que en 2023 llevó a la victoria a diferentes versiones de la derecha, tendrá en Guatemala un nuevo capítulo. El país vota sistemáticamente contra el gobierno desde 1985. Esta vez lo hace en unas elecciones marcadas por una creciente desconfianza con las instituciones electorales y judiciales, un extendido malestar con las élites y el sistema político y partidista. Son elecciones atípicas, que a menos de un mes de su celebración han visto como el outsider Carlos Pineda, el candidato favorito, que abanderaba el voto antipolítico y anti establishment, quedaba fuera de la campaña.

Análisis

En el actual contexto latinoamericano, marcado por el voto de castigo al oficialismo, Guatemala lo practica de forma constante desde el regreso de la democracia en 1985. La ciudadanía ha votado siempre contra el gobierno de turno. Esa perenne frustración explica una ley no escrita de la política guatemalteca: nunca un partido en el poder consiguió revalidar la confianza ni regresar al poder en la siguiente elección ni en otras posteriores (Figura 1).

Figura 1. Alternancia en el poder y voto de castigo (1985-2019)

La frustración con el gobierno desencadenó en 2015 una oleada de protestas que provocó la caída de Otto Pérez Molina, envuelto en un escándalo de corrupción. Ese año y en 2019 el voto se dirigió a outsiders sin experiencia política (Jimmy Morales) o a figuras de amplia trayectoria que ni habían gobernado ni habían pasado a la segunda vuelta (Alejandro Giammattei). Hace cuatro años, el voto de rechazo lo canalizó Thelma Cabrera, una líder indígena de izquierdas. En 2023 el voto de castigo vuelve a ser la nota dominante: el oficialista Manuel Conde (Vamos) prácticamente no tiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Las encuestas muestran, como en 2015 y sobre todo en 2019, que la fragmentación es la tónica dominante. Hace cuatro años pasaron a la segunda vuelta Sandra Torres (25,5% de los votos) y Giammattei (sólo el 13,9%), mientras que en 2015 Morales y Torres obtuvieron menos del 25% cada uno. Esta vez los sondeos muestran la persistente fragmentación del voto y el incremento del número de candidatos, pasando de 10 candidaturas en 2011, 14 en 2015, 19 en 2019 y 22 en 2023.

Figura 2. Candidaturas para las elecciones de 2023

La campaña electoral se puede dividir en tres fases diferentes. La primera (hasta marzo), marcada por un escenario estancado, que preveía una segunda vuelta inédita entre dos mujeres: Torres (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) y Zury Ríos (Partido Unionista, VALOR-PU). Poco a poco, Edmond Mulet (CABAL) y Pineda (Prosperidad Ciudadana) fueron mejorando, al atraer el voto del descontento y canalizar el respaldo de los candidatos que quedaban fuera de la carrera. El apoyo que inicialmente recibió el discurso populista y anti-élite de Roberto Arzú, excluido por hacer campaña anticipada, viró, sobre todo, a Pineda, que pasó de una intención de voto del 3% a principios de año a más del 10% en abril. Mientras Conde, el candidato oficialista, nunca mejoró su intención de voto pese al respaldo del aparato del Estado y de la red de alcaldes pro gubernamentales.

La segunda fase arrancó en abril, cuando las encuestas (de Nuestro Diario ese mes y la más fiable y de mayor prestigio de Prensa Libre en mayo) situaron en cabeza a Pineda, con un 28,3% (Nuestro Diario) y un 23,1% (Prensa Libre) y un triple empate para el segundo puesto entre Mulet (10,4%), Torres (10,3%) y Ríos (10%), aunque Prensa Libre colocaba a Torres en la segunda posición de forma destacada (19%). El rápido e inesperado crecimiento de Pineda lo convirtió en centro de los ataques de los restantes candidatos y desencadenó una maniobra política para apartarlo de los comicios. La operación fue liderada por Cambio, el partido de Manuel Baldizón, antiguo aliado y ahora enemigo político, una fuerza por la que Pineda intentó ser candidato. Cambio presentó una acción de amparo para anular la asamblea nacional ordinaria de Prosperidad Ciudadana, que proclamó a Pineda como candidato a presidente. A sólo 35 días de las elecciones, la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó el amparo provisional dejando fuera de las elecciones a Pineda.

La tercera etapa de la campaña (mayo-junio) ha estado centrada en la pugna por conquistar los votos que dejaba Pineda. Todo apunta a que esos votos irán en buena medida a la abstención, aunque hay algún candidato con opciones de hacerse con una parte. Una encuesta de Cid Gallup de finales de mayo dibujaba un nuevo panorama: si bien Torres subía tres puntos, hasta el 22%, Mulet era el que más crecía (del 14 al 21%) y Ríos apenas avanzaba hasta el 19%, desde el 16%. El voto urbano de Pineda se lo llevaban principalmente los otros dos candidatos, de mayor fuerza en las zonas urbanas (sobre todo Mulet y en menor medida Ríos), mientras Torres, más fuerte en las zonas rurales, se beneficiaba menos por esta exclusión. Pineda, por su parte, ha promovido el voto nulo para deslegitimar el proceso y obligar a repetir las elecciones si el voto nulo superara el 50%.

Volatilidad partidaria, dos macrotendencias y seis tendencias

La extrema fragmentación partidaria conducirá a la segunda vuelta, un fenómeno que ocurre desde el regreso de la democracia. Siempre ha habido balotaje para elegir presidente. Desde 1985, la historia política guatemalteca está marcada por la volatilidad de los partidos, cuya supervivencia no suele superar la década, sumada a una creciente fragmentación. Al mismo tiempo, en 2023, es posible encontrar dos mega tendencias (voto prosistema y voto antisistema), a partir de seis constantes presentes desde 1990.

En 2023, la carrera electoral que parecía un duelo entre Torres y Ríos acabó en una competición entre cuatro tradiciones políticas: riosmonttismo, sandrismo, voto antipolítico y sufragio urbano ilustrado de clase media. Con menos opciones compiten las izquierdas y los restantes partidos sistémicos, vinculados a las redes clientelares que articulan el sistema. Estas seis constantes pueden agruparse en dos mega tendencias: el voto prosistema –oficialista o no– (riosmonttismo, sandrismo y de los partidos sistémicos) y el voto antisistema (candidaturas anti políticas, sufragio urbano ilustrado de clase media y voto de izquierda).

1. Voto antisistema

1.1. El voto anti política

El voto por candidatos antisistema y anti política tiene una amplia trayectoria, siendo el caso de Morales en 2015 el más evidente. Morales venía de fuera de la política tradicional, era cómico de televisión, lo que le ayudó a presentarse como alguien que rompía con la corrupción imperante (su lema era “Ni corrupto ni ladrón”), en un contexto de fuerte crisis institucional tras la caída de Pérez Molina arrastrado por el escándalo de “La Línea”. Su mensaje antipolítico le ayudó a vencer a Torres, la encarnación de la vieja política. El voto de desafección al sistema desde la izquierda lo encarnó Cabrera en 2019, que fue la cuarta más votada.

En 2023 el papel de candidato antipolítico lo ejerció Pineda: una figura mediática, hábil con las redes sociales (conocido como el “candidato tiktokero” y “el rey del Tik Tok”), con un discurso antisistema, provocador (atacaba a la élite económico-social) y victimista (denunciando atentados en su contra). Esta fue la primera campaña en que las redes sociales han sido más importantes que los medios de comunicación tradicionales (especialmente la televisión en abierto). Llenó el espacio dejado por Arzú, el candidato “trumpista” / “bukelista” de mayores opciones (prefiere “mil veces más a Bukele que a Ortega”), hasta que se le prohibió participar. Pineda supo estar presente en los medios con una imagen de empresario exitoso, encarnación de lo no-político (“lamentablemente en Guatemala la política la hacen los políticos”) y de la anti política (“el problema de Guatemala son los políticos… fuera los políticos de la administración pública… no creo en los partidos”). Su discurso confrontativo y directo ha calado y ha dejado entrever igualmente una preocupante agresividad verbal (contra los periodistas) así como un desprecio hacia el legislativo que recuerda a Bukele: “Hay un poder más importante que el del Congreso, es el poder del pueblo y con el poder del pueblo se puede gobernar”.

Pineda, como Morales o Baldizón al comienzo de su carrera, desafiaba el sistema y el estatus, encarnado por Ríos y Torres, con sus redes clientelares, pactos caciquiles y, por décadas, activa presencia en el centro del poder.

También suponía una importante tendencia del voto presente en la coyuntura latinoamericana, no populista sino populachera (discurso agresivo, conservador, frontal, políticamente incorrecto, en ocasiones soez o maleducado). Alardea de ser como la gente común pues habla su lenguaje. Es el caso de Rodrigo Chaves (Costa Rica), Rodolfo Hernández (Colombia), Javier Milei (Argentina), Franco Parisi (Chile), Payo Cubas (Paraguay), Rafael López Aliaga (Perú) o Jair Bolsonaro (Brasil). Un Pineda empresario (como Hernández) y maneja las redes sociales (como Hernández y Bukele).

1.2. El voto urbano ilustrado

En Guatemala existe una tradición de voto urbano (especialmente capitalino), de clase media y reformista que, en su momento, encarnó Eduardo Suger (2% en 2003, 7% en 2007 y 19% en 2011) y ahora Mulet. De amplia trayectoria política (desde los años 80) y diplomática (desde los 90), Mulet representa una opción de centro reformista apoyada por la élite económica que obtuvo, según los parámetros nacionales, un buen resultado en 2019 (7%). Mulet, que intentó ofrecer una imagen más cercana, alejada de su perfil académico, se presenta como una alternativa seria y novedosa frente a Torres y Ríos, representantes de la política tradicional.

1.3. El voto de la izquierda

Las izquierdas han vuelto a mostrar dos de sus problemas históricos: la fragmentación y la dificultad de llegar a la población. La exclusión de Cabrera, líder del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) (10% y casi medio millón de votos en 2019) ha sido decisiva para disminuir las opciones de una izquierda que en 2019 obtuvo buenos resultados, aunque castigada por su división. Unidos habrían pasado a segunda vuelta, ya que la suma del MLP (Cabrera, 10%), Winap (5%) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) (2%) superaron al segundo más votado (Giammattei, 13,9%). En 2023, ningún partido de izquierda pudo captar el voto huérfano: ni las nuevas fuerzas moderadas y emergentes (Semilla o Vos), ni la izquierda tradicional (URNG).

2. Candidatos pro-sistema

2.1. La pervivencia del sandrismo

Este es el tercer intento de Torres para ser presidenta. Lo intentó en 2011, pero su candidatura fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por consanguinidad con el entonces presidente, su esposo Álvaro Colom. Su intento de divorcio para ser candidata fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad. En 2015 y 2019 (cuando fue la más votada) pasó a segunda vuelta, aunque en ambas ocasiones fue derrotada en el balotaje. Por Morales hace ocho años y Giammattei hace cuatro. Torres tiene un sólido suelo electoral y un techo que hasta ahora no ha roto. Su hándicap es el fuerte rechazo, especialmente en la capital, donde es percibida como una mujer autoritaria y vinculada al sistema. De alguna manera ha cogobernado desde 2008: esposa de Colom y luego mediante alianzas con Morales y Giammattei.

Junto al voto de rechazo, destaca su sólido piso electoral, al pertenecer a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) el único partido con estructura y cuadros nacionales y gran apoyo social (sobre todo en el interior), gracias a las políticas sociales que impulsó en el gobierno de su esposo. Predomina una propuesta de tintes clientelísticos, en línea con su gestión al frente de las políticas sociales entre 2008 y 2012. Una de sus banderas fue “Sandra cumple”, en alusión al reparto (altamente personalista y vinculado a su figura) de ayudas sociales durante el gobierno de Colom.

Al igual que Ríos, estos años ha ido limando sus aristas y convirtiéndose en una política tradicional y conservadora. Su lema en esta campaña, “orden y transformación”, resume su deriva ideológica. Al intentar llegar no sólo a su tradicional nicho de voto clientelar, sino también a uno más urbano y formado, y más conservador, lleva como compañero de fórmula al pastor evangélico Romeo Estuardo Guerra Lemus. Su apuesta por la “mano dura” supone un cambio respecto a la UNE de Colom, el abanderado de “la mano blanda”.

2.2. El riosmonttismo

El paso a la segunda vuelta o una victoria de Ríos confirmaría la presencia y permanencia del “riosmonttismo”, un fenómeno estructural en la cultura política nacional. El riosmonttismo encarna un voto conservador, de valores familiares y tradicionales –cercano a la idiosincrasia evangélica neopentecostal–, que apela a “la mano dura” para combatir la inseguridad. Posee un fuerte componente de liderazgo carismático de raíz evangélica (en torno al 40% de la población es neopentecostal). El riosmonttismo se origina en la dictadura de Ríos Montt (1982-83) y ha seguido teniendo, desde entonces, una presencia política persistente, tanto directa como indirecta. Ha evolucionado y ahora le toca a la hija del dictador. El movimiento, sin renunciar a sus orígenes, se ha modernizado y rejuvenecido, manteniendo sus bases sociales y clientelares.

En 2023 Ríos se presenta como continuadora del legado político e histórico de su padre. Ha sabido aggiornarse, moderando su mensaje y adaptándolo a los nuevos tiempos. Su programa de gobierno, el “Plan 4-40”, se centra en “la convicción de creer en Dios y la familia como la base de la sociedad” y apoya el modelo Bukele, tomando como ejemplo “las fortalezas de los hermanos salvadoreños y colombianos, que han logrado un impacto contundente en el área de seguridad”. Pese a estos esfuerzos, Ríos no ha conectado con el electorado (su intención de voto permanece congelada), lastrada por su imagen (una mujer que encarna a la élite en el vestir y el hablar) y su historia (es una Ríos Montt).

2.3. El voto por los partidos de derecha del statu quo

El oficialista Conde espera que el aparato del Estado y sus alcaldes le suministren los votos y compensen la falta de apoyo popular de Giammattei, lo que no ha ocurrido. Conde encarna el voto de la elite política, que gobierna desde los años 90, patrimonializando el aparato estatal, aceitando las redes caciquiles y clientelares y cooptando los poderes del Estado (incluyendo el judicial), vetando candidaturas alternativas o peligrosas para el statu quo. Es el “pacto de corruptos”, una alianza informal de diversos sectores sociales y empresariales, rearticulada tras el desafío de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) y los sucesos de 2015 y que, pese a sus pugnas internas, ha influido en el gobierno desde 2016.

Causas de la frustración social detrás del voto de castigo y antisistema

El continuado voto de castigo al oficialismo y el voto antisistema están impulsados por la persistente frustración social, a veces traducida en protestas (2015), que desencadenan la caída de presidentes (Pérez Molina) o estallidos de violencia (2021). ¿De dónde surge esa frustración? Es un problema multicausal con profundas raíces históricas, resultado de un fracaso del estado, de las administraciones públicas y de una elite política y económica extractivista y monopolista, de escasa capacidad para construir un proyecto nacional, centrada en su control hegemónico.

El Estado tiene fuertes limitaciones para proveer bienes públicos esenciales, como salud, seguridad pública, educación o justicia, tanto en el ámbito nacional como en el subnacional y municipal. La última encuesta de Prensa Libre (mayo de 2023) muestra que seis de cada 10 entrevistados afirman que confían en las iglesias (evangélica y católica) y en el Ejército, mientras los partidos políticos tienen el más bajo nivel de confianza de los últimos 11 años, igual que la presidencia, que en 2023 mostró su peor calificación (11,4%). Lo mismo ocurre con el Congreso, que en algún momento obtuvo un 24%, aunque este año es la institución peor valorada (8,9%).

El fracaso del Estado explica que Guatemala haya pasado del puesto 108 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 1990 al 127 (el antepenúltimo de América Latina, sólo por encima de Honduras y Nicaragua). Es un país de desarrollo humano medio, con indicadores por debajo del promedio latinoamericano, especialmente en educación y nivel de vida: el 59% de sus 18 millones de habitantes viven en la pobreza (el 50% de los niños de menos de cinco años sufre desnutrición). Es el país latinoamericano con mayor pérdida de IDH por desigualdad: estancamiento y retroceso en la calidad y cobertura del sistema educativo y deterioro en el acceso a la vivienda, empleo, servicios básicos, educación y tecnología.  Está a la cola de la inversión en capital humano (es el país latinoamericano que menos invierte en educación) y físico (el acceso a Internet es caro y no supera el 60%) lo que redunda en una economía poco competitiva y de baja productividad.

Pese a tener una administración pública ineficiente y unas élites sin un proyecto nacional, se ha logrado un crecimiento macroeconómico sólido (bajo endeudamiento, inflación controlada y crecimiento constante), aunque sin desarrollo social. El Estado está lastrado por la ineficacia, la corrupción y la falta de financiación (Guatemala tiene la presión fiscal más baja de la región), en un país que no ha reducido la informalidad (ronda el 80%) ni combate la inseguridad ciudadana.

El fracaso institucional, con sus derivadas económicas y sociales, genera medio millón de emigrantes anuales, que huyen de un país sin oportunidades. De los 270.000 jóvenes egresados cada año, apenas 23.000 acceden al mercado laboral. A esto se agrega la corrupción. Desde 2017 se conoce un descenso significativo en su combate, según el índice de Percepción de la Corrupción de 2022 de Transparencia Internacional.

El deterioro institucional alcanzó a los organismos judiciales y a los responsables del funcionamiento electoral. Las elecciones de 2023 se celebrarán con la rémora de la crisis reputacional que afecta al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte de Constitucionalidad. Las elecciones están lastradas por los nombramientos de magistrados, registro de candidatos y la anulación de candidaturas. La interpretación discrecional de la normativa es un hecho. La Misión de Observación Electoral (MOE-Gt), un consorcio de siete organizaciones de la sociedad civil, independientes y no partidarias, alertó sobre la aplicación de criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para inscribir y revocar candidaturas y la utilización de recursos judiciales para dirimir diferencias políticas, con daños irreparables a la credibilidad y legalidad electorales.

El resultado fue que, en 2019 Thelma Aldana y Ríos, las dos figuras de mayor proyección fueron excluidas por tecnicismos. En 2023 se rechazó la inscripción de las tres figuras con mayores opciones de crecimiento, a la vez muy críticas con la élite política y económica tradicional. Primero Arzú (el quinto más votado en 2019), con tecnicismos arbitrarios.  Según el TSE incurrió en propaganda ilegal antes de la convocatoria electoral. Luego, el vice presidenciable del MLP, el exprocurador de derechos humanos, Jordán Rodas, lo que provocó la renuncia de la líder maya Cabrera y, a un mes de las elecciones, cuando lideraba las encuestas, Pineda quedó fuera.

Conclusiones

Estas elecciones pondrán en evidencia que Guatemala, junto a Perú y Ecuador, es otro ejemplo regional de “vaciamiento democrático”. El concepto, acuñado por Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, alude al fenómeno que afecta a varios países latinoamericanos: la erosión o el retroceso democrático no lo produce la concentración de poder en manos de un mandatario autoritario sino “la dilución” y debilitamiento del gobierno. El país cumple las tres premisas que llevan al debilitamiento del poder, una deriva intensificada en la última década, profundizado en 2023.

Primero, la creciente fragmentación política y electoral. Giammattei pasó a la segunda vuelta en 2019 con el 14% de los votos y ganó con una abstención del 57%. El poder se fragmenta y circula intensamente. Desde 1990, los partidos gobernantes contemplaron su pérdida en la siguiente elección. Ambos fenómenos se repiten en 2023. Segundo, el creciente amateurismo político propiciado por la fuerte circulación que favorece la llegada de outsiders. Fue el caso de Morales en 2015 y que, en 2023, el empresario Pineda liderara las encuestas. Tercero, ausencia de vínculos entre la sociedad y los partidos políticos, personalistas y clientelares, que no rinden cuentas ante el electorado.

Finalmente, la debilidad de las instituciones (mal financiadas y con escasez de personal bien preparado) y el fracaso del sistema de partidos lleva a Guatemala a sumarse a la crisis generalizada de América Central y el Caribe. La región se sitúa en la periferia del desarrollo y es tensionada por la presión migratoria y la labor de los cárteles del narcotráfico, que en el último lustro han colapsados países (Haití), han golpeado a nuevas y viejas dictaduras (Cuba y Nicaragua), a caudillos con tendencias autoritarias (El Salvador), a naciones penetradas por el narcotráfico (Honduras) y a países con modelos de desarrollo en crisis (Costa Rica y Panamá).

Guatemala emite señales de un progresivo deterioro institucional. Una heterogénea y no siempre cohesionada élite política y social ha logrado desde 2015 copar al Estado y a sus instituciones, un proceso acentuado con Giammattei. Este ha controlado, mediante prácticas clientelistas, un Congreso fragmentado, manejando los nombramientos en los diferentes altos Tribunales y en el ministerio público para, desde esa posición, vetar las candidaturas peligrosas para sus intereses.

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