El Salvador | La OIT exige al Gobierno el cese de persecución hacia organizaciones laborales
La OIT exige al Gobierno el cese de persecución hacia organizaciones laborales
Maryelos Cea
De nuevo, la OIT ha ofrecido enviar una misión especial. El gobierno reclamó que la organización aún “no reconozca ningún signo de progreso” en el país.
La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno salvadoreño a cesar “todo acto de violencia, amenaza, persecución” hacia sindicatos y organizaciones de empleadores, al tiempo que le solicitó aceptar la visita de una nueva misión para que verifique el cumplimiento de convenios laborales suscritos por El Salvador.
El martes 13 de junio, y por sexto año consecutivo, el gobierno compareció ante la Comisión para responder a denuncias por violaciones al Convenio 144 de la OIT, el cual ordena a los Estados firmantes, entre ellos El Salvador, a garantizar espacios de diálogo y consulta efectivos con empleadores y trabajadores.
Grupos de ambos sectores denunciaron interferencia del Gobierno en las elecciones de sus representantes en entes públicos tripartitos y paritarios, incluyendo la negativa a derogar 23 leyes que trasladan al presidente de la República, Nayib Bukele, la potestad de elegir y destituir a los delegados de empleadores en las juntas directivas de igual número de entidades. También se le señaló por no mantener activo el Consejo Superior del Trabajo (CST), por atacar a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y por el obstáculo que representa para los sindicatos que el Código de Trabajo les exija renovar sus credenciales cada año.
Tras escuchar los alegatos de las partes involucradas, la Comisión pidió al Gobierno que cese el hostigamiento y garantice la plena participación de estos sectores en el diálogo social. “La Comisión insta al gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales: cese inmediatamente todo acto de violencia, amenaza, persecución, estigmatización, intimidación o cualquier otra forma de agresión contra personas u organizaciones en relación tanto con el ejercicio de actividades sindicales legítimas como con las actividades de las organizaciones de empleadores, y tome medidas para garantizar que dichos actos no se repitan, en particular en lo que se refiere a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y sus entidades afiliadas”, dijo el organismo, que se encarga de evaluar el cumplimiento de los convenios de la OIT.
También expresó su “profunda preocupación” por “las múltiples alegaciones de injerencia por parte de las autoridades en el nombramiento de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en los órganos públicos tripartitos y paritarios”. En ese sentido, llamó al Gobierno a garantizar los derechos y libertades de todas las organizaciones, así como su inclusión en los espacios de diálogo.
La Comisión también instó a reactivar “sin demora” al CST y otros órganos tripartitos y “poner fin a los retrasos en la expedición de credenciales de las organizaciones de empleadores y trabajadores”.
Reitera llamado a derogar decretos
La Comisión también tomó en cuenta las quejas por los 23 decretos aprobados el 3 de junio de 2021 sobre la elección de representantes de empleadores en instituciones públicas y, al igual que en 2022, pidió al gobierno modificarlos “con el objeto de garantizar que las organizaciones de empleadores puedan ejercer su derecho a elegir libremente a sus representantes sin ninguna injerencia externa”.
Tras la lectura de las conclusiones, la delegación del gobierno reclamó a la Comisión por el contenido de las mismas y lamentó “profundamente” que en ellas “no reconozca ningún signo de progreso en El Salvador”. También rechazó la solicitud de derogar los 23 decretos. Repitiendo lo planteado durante sus intervenciones del martes, el gobierno salvadoreño cuestionó la potestad de la Comisión, a la luz de lo establecido en el Convenio 144, para hacer esta recomendación.
“¿Cuál es la base legal para establecer dicha conclusión? ¿Qué artículos del Convenio número 144 establece tal potestad? ¿Cuáles son los métodos de trabajo de esta Comisión que obligan a derogar o mandatar a los países cambiar leyes incluso cuando estos no están relacionados con las normas internacionales del trabajo?”, sostuvo el representante del Gobierno, que no fue identificado en la transcripción de la reunión de ayer.
Asimismo, el Gobierno sostuvo que la Comisión “no tomó en cuenta” la “comunicación escrita y oral” que envió al Comité de Expertos, un ente conformado por juristas especializados en los convenios de la OIT que se encarga de evaluar las denuncias y recomendar también qué casos merecen escalar hasta audiencias en la Comisión. El Salvador ha estado en esa lista desde 2013 por diferentes violaciones a convenios laborales, pero los últimos seis ha sido por el 144.
“Lamentamos que nuestras opiniones y la información proporcionada se desestimen sin proporcionar un argumento. Pareciera que las conclusiones no responden a la discusión ni a la información brin dada, sino a la mera negociación de las mismas. Algo que nos parece debe ser de reflexión necesaria y urgente”, dijo el vocero del Gobierno.
Ya en la sesión del martes, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, había acusado a la Comisión de Aplicación de Normas de un “manejo político” de los casos, argumentando que en otros países ocurren “violaciones más graves” a los derechos de los trabajadores y no son llamados a dar explicaciones.
Otra de las solicitudes que volvió a aparecer este año en el informe sobre El Salvador es el ofrecimiento de una misión especial de la OIT que viaje al país para verificar de primera mano que se están siguiendo las recomendaciones emitidas por la Comisión. “La Comisión pide al gobierno que acepte una misión de contactos directos para garantizar el pleno cumplimiento del Convenio (144)”, indicó.
En mayo de 2022 estuvo una misión en el país, pero tanto empleadores como trabajadores señalaron ante la Comisión que el Gobierno siguió sin atender las recomendaciones que se le habían hecho para garantizar el cumplimiento del 144. Este año, de nueva cuenta, la Comisión también le pide al Ejecutivo una hoja de ruta y le ha dado hasta el 1 de septiembre próximo para entregar una memoria detallada “sobre la aplicación del convenio en la legislación y en la práctica”.
Exclusión de ANEP
En la sesión del martes, el Gobierno fue interpelado por no haber incluido a la ANEP en la delegación de El Salvador para asistir al cónclave anual de la OIT y en cuyo marco se desarrolló la reunión de la Comisión de Aplicación de Normas. El representante de ANEP, Waldo Jiménez, ingresó a la reunión como observador de la Organización de Empleadores para poder participar.
