Argentina | Policía de Jujuy reprimió nuevamente a manifestantes
Jujuy: Denuncian abusos policiales y peritajes irregulares contra periodistas
El laboratorio represivo montado en Jujuy por Gerardo Morales aplicó varias herramientas de dudosa legalidad, entre ellas la intromisión de la policía y los funcionarios judiciales en la intimidad de la comunicación de los detenidos del 17 de junio en el corte de ruta en Purmamarca, en la información que está en sus teléfonos celulares. Las veinte personas arrestadas esa jornada quedaron imputadas por delitos tales como «entorpercimiento de transportes y servicios», y sus teléfonos fueron secuestrados en un procedimiento irregular, a cuyos detalles accedió Página/12. En particular, dos periodistas vieron vulnerado su derecho constitucional a la reserva de las fuentes. Por esta razón, diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de prensa del país, así como Reporteros sin Fronteras, repudiaron la orden del Poder Judicial de Jujuy de detener, imputar y abrir los celulares de los periodistas Lucho Aguilar, de La Izquierda Diario, y Camilo Haro Galli, de El submarino. En sus respectivos comunicados Fopea, Sipreba y Fatpren se pronunciaron con «fuerte rechazo a la criminalización de los trabajadores de prensa y al peritaje de sus teléfonos». También el CELS denunció los abusos contra periodistas.
Aquel sábado 17 cuando el grupo de mujeres y hombres llegó al Penal de Alto Comedero –entre ellos un chico de 17 años, los periodistas y el turista cuya brutal detención se había viralizado– fue sometido a una larga requisa, por momentos sin ropa en el frío de la intemperie. Ninguno de los policías tenía identificación, algo común para esa fuerza. Les quitaron sus pertenencias, entre ellas sus celulares, que fueron a parar a bolsas transparentes. Más tarde llegaron efectivos con chalecos de Delitos Complejos, con computadoras de mano. Sacaron los celulares de las bolsas e intentaron que les detenides firmaran su consentimiento para que se llevaran los aparatos.
«Me negué, y me dijeron que no importaba porque ellos tenían a los testigos, que en realidad eran policías y miembros del Servicio Penitenciario que podían firmar sobre nuestras requisas y teléfonos», dijo a este diario una de las detenidas. Y relató que ante la imposición, arrebató el papel, firmó y puso en letras bien grandes que el celular estaba retirado sin su conformidad. Pero lo más grave aún no había sucedido. Mientras esperaban para ser alojades vieron que enchufaron sus teléfonos a las máquinas que habían llevado, y luego los guardaban en unos sobres marrones, con un precinto. En definitiva, no sólo no hubo orden de retenerlos sino que fueron manipulados sin la presencia de peritos de partes.
«En el sistema procesal penal de Jujuy la fiscalía puede secuestrar lo que quiera y luego en una audiencia interviene el juez y resuelve si está bien o mal ese secuestro, en este caso en la audiencia algunos abogados plantearon nulidades e incompetencias pero nosotros como defensa de Lucho (Aguilar) no pudimos hacerlo porque no nos notificaron», denunció el abogado Agustín Comas, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), en diálogo con Página/12. El juez de Control Rodolfo Fernández ratificó los secuestros y ordenó la extracción de la información de los dispositivos. «No nos pudimos oponer, y además es un periodista, acá lo que pretenden es identificar a más personas que participaron de la protesta, a partir de los diálogos privados que mantuvieron con él, es una persecución total a quienes protestan, quieren identificar a los opositores de Morales para criminalizarlos, es brutal», agregó el letrado.
Por su parte, la diputada y precandidata del FIT-U Myriam Bregman consideró que «es una medida totalmente arbitraria y violatoria del derecho más elemental del ejercicio del periodismo». A su criterio, «para investigar un supuesto ‘corte de ruta’, donde solo hay que saber si estabas o no estabas, nada tiene que ver lo que el periodista haya hablado o escrito en las horas previas». Por eso, Bregman concluyó que «el único sentido de esta medida, es avanzar en la persecución a las organizaciones sociales y políticas que siempre ha guiado al gobierno de Morales; y demuestra que el proceso no tiene un elemental grado de imparcialidad».
El artículo 43 de la Constitución Nacional establece claramente que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. A su vez, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fija que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) enviaron una nota al fiscal general Sergio Enrique Lello Sánchez para manifestar la «preocupación por la imputación que quieren realizarle (a Aguilar) y la orden de apertura de su celular que se trata de un claro ataque a la libertad de expresión y la protección de las fuentes periodísticas». Por su parte, FOPEA advirtió que «esto sienta un peligroso precedente para el ejercicio profesional y puede poner en riesgo la libertad de expresión». El CELS apuntó que «la apertura de los celulares de los periodistas, para revisar sus conversaciones y contenidos, se hizo en tiempo récord y sin dar aviso a sus abogados. Sin una hipótesis delictiva clara, se trata de una excusa para violar sus garantías constitucionales y criminalizarlos».
La policía de Jujuy reprimió otra vez a manifestantes en Perico
La Policía de Jujuy amedrentó otra vez a manifestantes en los cortes de ruta. Por segundo día un grupo de Infantería rodeó a campesinos, docentes, trabajadores y gauchos que permanecían en el corte de ruta nacional 66, a la altura de la Finca El Pongo, en rechazo a la reforma de la Constitución provincial.
Durante la mañana policías de calle y de Infantería y la Caballería estuvieron formando una valla humana para que las y los manifestantes no pudieran ingresar a la ruta.
A pesar de esos mensajes, cerca las 16 horas se retomó el corte de la ruta, permitiendo el paso de los vehículos cada 30 minutos, modalidad acordada con la Gendarmería Nacional. “Tenemos derecho a manifestarnos y también que la gente circule. No estamos haciendo un corte total, es un corte parcial. Vamos a definir en asamblea sobre la permanencia”, comentó Margarita, una trabajadora rural.
Según el relato de las y los manifestantes, la situación durante el día fue tensa. “Durante la mañana nos tenían rodeados apuntando con armas» y con policías a caballo «en una situación que (hacía pensar que) ya nos reprimían. Cada vez que nos levantábamos para marchar con nuestros carteles y banderas, ellos se ponían en guardia para amedrentarnos», contó un agricultor que solo se presentó con su nombre de pila, Mario. «Decidimos quedarnos, agricultores, productores, docentes, vecinos, indígenas, alumnos, niños y niñas, a modo de protesta. Decimos no a la reforma de la Constitución» porque una ley de esta naturaleza «tiene que ser para dar más derecho, no para quitar», sostuvo. En cuanto a la presencia de la Policía de la provincia, el agricultor recordó que la protesta está «en territorio federal (la ruta nacional) y la Gendarmería tiene voluntad de dialogar y acordamos los cortes. Cuando pasamos con los compañeros a la ruta lo hicimos pacíficamente y es firme el reclamo del no a la reforma que nos quita independencia”.
Que Morales no olvide
Edgardo Arrueta, gaucho y productor rural de la zona de El Pongo, expresó en una conferencia de la recién constituida Multisectorial para resistir la cuestionada reforma «inconstitucional» que impulsó el gobernador Gerardo Morales: “la reforma nos afecta un montón» porque «sacan la ley veinteañal, y ¿dónde quedamos nosotros (las personas que no tienen títulos de propiedad de las tierras en las que siempre han vivido)? Somos tercera, cuarta generación que vivimos en esa tierra. Nosotros damos trabajo, y no se olvide Morales que más de 700 familias lo votamos y nos dijo que nos iba a ayudar. Hoy por la plantación de marihuana (en Finca El Pongo) les llegan órdenes de desalojo a los compañeros. ¿A dónde vamos a ir? Por eso decimos no a la reforma. Ojalá Dios y la patria hagan justicia. Pedimos al pueblo que nos ayude, que no tengan miedo, salgan a pelear por nuestra patria”.
Por otro lado, productores rurales criollos e integrantes de la comunidad Aborigen Kolla Suyo Marka de El Pongo, en jurisdicción de Perico, dirigieron una carta abierta al presidente Alberto Fernández pidiendo la «urgente intervención federal» y que «se declare inconstitucional» la reforma de la Constitución de Jujuy, «para que cesen de oprimir, reprimir y desalojarnos de nuestras tierras donde vivimos y producimos alimentos básicos de la canasta familiar, con nuestro esfuerzo cotidiano diario y permanente, así logramos potenciar la economía popular de Jujuy y el país».
«Rechazamos y repudiamos enérgicamente en su totalidad la nueva Reforma Constitucional Parcial de Morales, sin consulta previa e informada, juramentada el 20 de junio del 2023, que viola nuestros derechos de la Constitución Nacional y los tratados Internacionales”, afirmaron en la carta, en la que advirtieron que de mantenerse esta situación, quedarán «a la deriva más de 300 familias: de agricultura familiar, indígenas, campesinos y criollos, enajenados y desamparados por el estado provincial y nacional».
Al atardecer de ayer la Policía volvió al corte y los manifestantes marcharon a la plaza central de Perico, aunque anunciaron que volverán al corte de ruta a pesar de la presión de la policía.
Ayer el Presidente recibió a una delegación de comuneros y comuneras de Jujuy, quienes le explicaron las objeciones a la reforma de la Constitución de la provincia y la represión de la que vienen siendo objeto en la provincia.
Por otra parte, en una conferencia realizada en la capital provincial, San Salvador, la recientemente Multisectorial contra la reforma expuso que están trabajando para plantear su inconstitucionalidad. El espacio está integrado por gremios estatales, organizaciones sociales, comunidades indígenas, gauchos y gauchas, y campesinos y campesinas con el propósito de realizar acciones conjuntas.
Integrantes de la escuela técnica de la localidad de Maimará, en la Quebrada jujeña, denunciaron ayer que dos policías uniformados intentaron intimidar a estudiantes y docentes que se manifestaban en rechazo a la reforma.
Las protestas se multiplican en distintos puntos del territorio provincial. En Abra Pampa estudiantes, docentes y madres y padres tomaron la escuela técnica en rechazo a la reforma que consideran una herramienta del oficialismo provincial para avanzar sobre los recursos naturales, con la afectación que eso provocaría sobre el ambiente, y el agua, un bien escaso en la Puna y la Quebrada jujeñas. En La Quiaca se hicieron crucifixiones en rechazo a la reforma.
Siguen los cortes
Además de estas expresiones, y de la marcha de las antorchas y otras movilizaciones que se realizan cada día, se mantienen activos al menos once cortes de rutas en la Quebrada y la Puna.
En la ruta nacional 9, que comunica con el Estado Plurinacional de Bolivia, se mantienen al menos siete cortes activos; a la altura de Purmamarca, Tilcara, en Uquía, en Huazadurazno (cerca del paraje San Roque); también se mantiene el corte a la altura de la Comunidad Negra Muerta en el acceso a Irtube, y en Abra Pampa y La Quiaca.
La ruta nacional 52, que conduce a Chile y es la vía por la que sale el litio, está cortada en al menos tres puntos: en su intersección con la ruta 9, en Purmamarca; más arriba en Susques, y en Cauchari.
Y en la ruta nacional 40 se mantiene el corte en Coranzulí, donde el tránsito se libera cada seis horas.
