Tribunal pide a Interpol que emita una alerta roja para localizar y detener a la exministra Duarte
Tribunal del caso Sobornos dispuso que Interpol Ecuador solicite la publicación de la notificación roja contra la exministra María de los Ángeles Duarte
Un mes después de que la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, abandonara clandestinamente la residencia de la Embajada de Argentina en Quito, el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos 2012-2016 dispuso que la Oficina Central de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) de Ecuador alerte de la búsqueda a la oficina central de la Interpol para lograr la localización y detención a nivel internacional de la exfuncionaria del correísmo.
La decisión hace parte de una providencia emitida el 12 de abril pasado por la sala presidida por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías. Este magistrado, desde el 11 de mayo pasado, está suspendido por tres meses. Con los votos a favor del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal Xavier Muñoz se decidió la suspensión temporal, ante actuaciones como juez penal de la CNJ y una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres.
El pasado lunes 13 de marzo, el canciller argentino Santiago Cafiero se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, para informar que Duarte y su hijo de nacionalidad argentina, luego de 31 meses, ya no se encontraban en su delegación diplomática. Hasta donde se conoce Duarte, exministra condenada por gestionar varias empresas relacionadas con los procesados para el pago de sobornos a través del cruce de facturas y entregas en efectivo, se encuentra en Venezuela.
El ingreso de la exministra Duarte y su hijo a la embajada de Argentina en la capital ecuatoriana se remonta al 12 de agosto de 2020, un mes antes de que se conociera que quedaba en firme la sentencia contra ella y otras 19 personas acusadas por el delito de cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos. Duarte como coautora del delito de cohecho fue condenada a ocho años de cárcel y al pago de una reparación integral al Estado de $ 778.000.
En el caso Sobornos la justicia investigó la existencia de un esquema de corrupción que se mantuvo durante los períodos presidenciales de Rafael Correa. La teoría de Fiscalía señala que se utilizaron varias instituciones del Estado como plataformas para entregar contratos y convenios con empresas nacionales y extranjeras a cambio de sobornos que tenían la imagen de “donaciones”. Entre los beneficiarios de estos actos de corrupción habrían estado la organización política Alianza País y varios de sus miembros.
Al expediente en marzo pasado ingresaron oficios del director General de Investigaciones de la Policía Nacional del Ecuador con el que se daba a conocer la “novedad” respecto a María de los Ángeles Duarte, señalando que la “Unidad Nacional de Interpol cuenta con las herramientas y servicios para la localización y búsqueda de fugitivos a nivel internacional”. Además el comandante General de la Policía Nacional, mediante oficio, hacía referencia a la orden de localización y captura de la sentenciada.
Los jueces del Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional explican en su providencia que la Oficina Central Nacional es el organismo designado por un país para desempeñar las funciones de enlace con los diferentes servicios del país, por ello a esta instancia le correspondería solicitar a la Secretaría General la publicación de las notificaciones. Se aclara que las notificaciones rojas se utilizan para la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado, están sujetas a unas condiciones específicas y para su solicitud se debe proporcionar unos datos jurídicos mínimos.
“(…) En el presente caso se cumplen las condiciones específicas que exige este tipo de notificación y a pesar de que la orden fue emitida con anterioridad, se advierte que, en la providencia de 6 de octubre de 2020, no se proporcionó los datos jurídicos que este tipo de notificación requiere. Por lo tanto, corresponde solicitar la notificación roja, consignando los datos jurídicos que determina el reglamento y que se precisan en esta providencia. Por lo manifestado, el Tribunal de Ejecución dispone que la Oficina Central de la Interpol de Ecuador solicite la publicación de la notificación roja respecto de la sentenciada María de los Ángeles Duarte Pesántes”, resalta la providencia.
Se define en la solicitud que se deberá entregar datos jurídicos de los momentos procesales relevantes del caso por cohecho pasivo agravado que tienen que ver con Duarte, es decir, documentos oficiales con la sentencia de primero y segundo nivel, el fallo de casación, la acusación con los pormenores de los hechos y actos que se imputaron a la exministra, la sentencia de cárcel y la reparación integral definidas y la confirmación de una boleta de localización y detención.
Razones humanitarias
Duarte fue acogida en la embajada argentina como “huésped por razones humanitarias”. Para llegar hasta ese lugar, la exministra de Rafael Correa dejó de cumplir la presentación periódica en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y se retiró el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete electrónico), ambas medidas ordenadas en el caso Sobornos por la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho.
Ese incumplimiento de medidas cautelares le valió a Duarte el inicio de otro proceso penal, pero ya no en la CNJ pues no tenía el fuero de ministra, sino en en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta vez la Fiscalía le acusó del delito de incumplimiento de orden de autoridad competente. Al ser este un delito que no puede ser sancionado en ausencia, la etapa de juzgamiento quedó interrumpida hasta que la exministra sea capturada o se entregue voluntariamente a la justicia.
En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Duarte agradeció a Argentina por haberle cobijado “ante la persecución” de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. “Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política”.
Otras resoluciones del Tribunal de Ejecución
1.- Rechazó el recurso de “ampliación” interpuesto por el también sentenciado como coautor del delito de cohecho Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, al reiterar la pretensión de embargo que fue negada y cuya revocatoria fue rechazada. Declaró que la conducta del abogado de Mera es temeraria y se adecúa a la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9, del Código Orgánico de la Función Judicial. Ante ello se dispuso oficiar a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha para que proceda conforme lo prevé la norma.
2.- Dispuso que la secretaría de la Sala agregue al proceso la tercería coadyuvante presentada por el Servicio de Rentas Internas, se tenga en cuenta la autorización conferida a los abogados precisados y los casilleros judiciales señalados para futuras notificaciones.
3.- Elevar los antecedentes al presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, para que dictamine si es procedente y dé inicio al proceso de extradición del sentenciado exministro de Transporte, Walter Solís, ante México. Para ello se dispuso que a través de secretaría se oficie adjuntando copias certificadas de varias piezas procesales: sentencia dictada en el proceso con la razón de ejecutoria; oficio dirigido al Comandante General de la Policía Nacional mediante el cual se ordena la inmediata localización y captura del sentenciado; orden de localización y captura contra Walter Solís, entre otros documentos oficiales.
Desde el 28 de mayo de 2021, el exministro Walter Solís mantiene la condición de refugiado en México. El estatus fue otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, luego de que el 6 de marzo de 2020 se admitió a trámite la solicitud de quien se ha mantenido en condición de prófugo de la justicia ecuatoriana. (I)
