El gobierno de Bolivia vuelve a administrar los aportes jubilatorios tras 27 años
El Gobierno de Bolivia vuelve a administrar los aportes jubilatorios tras 27 años
Entró en funcionamiento la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que administrará los aportes jubilatorios de casi tres millones de trabajadores bolivianos. El gerente de la institución, Jaime Durán, explicó a Sputnik cómo se beneficiará la población.
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo comenzó a trabajar en Bolivia el 2 de mayo. De esta manera, el Estado Plurinacional recupera la administración de los recursos jubilatorios que durante las últimas décadas fueron manejados por las privadas Aseguradoras de Fondos de Pensión (AFP).
La nacionalización de los aportes jubilatorios fue establecida en la Constitución vigente desde 2009. Hicieron falta 14 años para crear y consolidar la Gestora, que manejará los aportes y jubilaciones de millones de bolivianos.
El gerente general de la nueva entidad, Jaime Durán, contó a Sputnik sus planes para lograr que las y los trabajadores puedan retirarse con mejores ingresos. A partir del 15 de mayo, la Gestora se encargará de administrar todos los trámites de jubilación, para comenzar el pago de rentas a partir del 1 de junio.
«Desde mayo de 2023 nos hacemos cargo de la totalidad de la administración del sistema integral de pensiones. Estamos sustituyendo el trabajo de las AFP Futuro y Previsión. Esto nos traerá varios beneficios», explicó Durán.
Las AFP Futuro (Suiza) y Previsión (España) manejaban los aportes de 2,5 millones de trabajadores bolivianos, que de aquí en adelante administrará la Gestora. Lo mismo con las 209.000 jubilaciones que hasta ahora abonaban las aseguradoras.
El gerente explicó que las AFP cobraban de comisión el 1,31% a cada asegurado. Esta suma representaba anualmente 73 millones de pesos bolivianos, equivalentes a 10,5 millones de dólares.
«Ahora esa comisión se va a reducir a 0%. La Gestora es más eficiente para los jubilados», afirmó Durán.
La administración de los aportes jubilatorios por parte de empresas privadas se estableció con la Ley de Pensiones, sancionada en 1996, durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003). Desde entonces, las empresas Futuro y Previsión ganaron (por ese 1,31% de comisión) un total de 224 millones de dólares, los cuales salieron del país.
En este sentido, Durán sostuvo que las ganancias por la administración de los aportes «irán a un fondo solidario, para que las pensiones más bajas aumenten. Son elementos que benefician directamente a los asegurados y nos permiten cuestionar las privatizaciones».
¿Privado es mejor?
Las últimas semanas, conforme se avecinaba la fecha en que entraría en funciones la Gestora, sectores de oposición mostraron su disconformidad con lo establecido en la Constitución.
Organizaciones de jubilados, maestros en conflicto con el Gobierno y políticos opositores de Santa Cruz criticaron a la nueva institución, basados sobre su creencia de que el Estado no es bueno administrando recursos públicos.
«Para nosotros es difícil de entender esto, porque justamente estos sectores son los que lideraron las protestas contra los procesos de privatización de los [años] 90. Ahora, escuchar que una dirigencia de izquierda [como es el caso de los docentes urbanos] defiende a estas dos transnacionales [Futuro y Previsión] nos parece algo ilógico», sostuvo Durán.
El gerente de la Gestora comentó que, desde septiembre de 2022, «hemos tenido más de 258 eventos de socialización, donde explicamos a diferentes sectores, gremios y sindicatos que no se trata solamente de la formación de una empresa estatal, sino que su labor se enmarca en la lucha histórica de los trabajadores contra el neoliberalismo».
Y agregó: «Nos sorprende que algunos dirigentes cuestionen el papel del Estado con el mismo lenguaje utilizado en la época neoliberal, tratando de mostrar al Estado como un mal administrador».
Durán enfatizó: «Durante el poco tiempo que tenemos trabajando [desde septiembre de 2022] hemos superado la rentabilidad alcanzada por los fondos privados, situándonos en el 4,4%, frente al 3,4% de las AFP».
De esta manera, la Gestora está demostrando «que las empresas públicas pueden ser mejores que las privadas, frente a los cuestionamientos de sectores que enarbolan discursos neoliberales de derecha».
Para Durán, la nacionalización de los aportes jubilatorios «no solo tiene que ver con un tema técnico, sino que se refiere a cómo nos posicionamos frente al neoliberalismo, que tanto daño ha hecho a América Latina y el mundo».
El gerente de la Gestora respondió a los sectores que cuestionan su entrada en funcionamiento: «Quienes afirman que esta institución confiscaría los recursos o serían estatizados están equivocados. El fondo tiene un carácter de patrimonio autónomo, según lo establece la ley 065», promulgada en 2010.
Con los recursos de 2,5 millones de trabajadores bajo su tutela, la Gestora manejará 23.900 millones de dólares. «Vamos a administrar estos fondos logrando mayores rendimientos, para paulatinamente aumentar las pensiones», resaltó Durán.
El funcionamiento de la Gestora Pública será “muy transparente”, afirma la viceministra Alcón
El funcionamiento de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo será “muy trasparente” en la administración total del Sistema Integral de Pensiones (SIP) y la recaudación de los aportantes, afirmó este miércoles la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
En contacto con la prensa local, la autoridad gubernamental indicó que en el marco de la Ley 065 de Pensiones, el trabajo de la Gestora Pública fue aprobado y consensuado conjuntamente con la Central Obrera Boliviana (COB).
“En Bolivia mediante una ley tenemos aprobada y consensuada el funcionamiento de la Gestora Pública, que está en todas las condiciones de llevar adelante aquello y va a ser muy transparente”, afirmó.
Recordó que el 15 de mayo las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Futuro y Previsión, cerrarán sus puertas y la Gestora iniciará actividades de manera total en sus agencias y plataformas instaladas en todo el país.
De ese modo, el 1 de junio próximo, los jubilados cobrarán su renta por primera vez en la Gestora.
Con la Gestora Pública, más o menos 209.000 jubilados del país ya no pagarán la comisión del 1,31% sobre el total de sus pensiones que cancelaban a las privadas AFP. Desde junio, estos recursos se quedarán en los bolsillos de los jubilados.
“Entonces este ha sido un trabajo de años, consensuado en defensa de los aportes de los bolivianos que, como dice la Constitución (Política del Estado), tiene que estar en manos de los bolivianos”, sostuvo Alcón.
Enfatizó también que el Directorio de la Gestora será elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por lo que es este escenario donde se tiene que abordar este tema de manera “muy responsable”.
“Estamos trabajando y cumpliendo lo que señala la Constitución con total transparencia y con esa confianza de que, además, en junio ya van a tener esa reducción en lo que se refiere a las comisiones que se pagaban”, insistió la autoridad.
