Ecuador | El Congreso define mañana si avanza el juicio político contra Lasso por malversación de fondos
Virgilio Saquicela convoca al pleno de la Asamblea Nacional para resolver sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó para el martes 9 de mayo, a las 10:45, al pleno para resolver sobre el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, en vista de que la Comisión de Fiscalización no aprobó un informe respecto a la solicitud de interpelación.
La decisión de Saquicela, según consta en la convocatoria, se fundamenta en que, “al no haberse alcanzado los votos necesarios y carecer dicho informe borrador de valor y efectos jurídicos, de conformidad con el inciso 15 del artículo 16 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, se tiene que resolver sobre el juicio político planteado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en aplicación del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
El artículo 142 de la ley ordena que, “si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional”.
En la convocatoria dispuesta por Saquicela se señala que para definir este hecho se requerirá de la mayoría simple, según el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En la sesión de la Comisión de Fiscalización realizada el sábado 6 de mayo, los nueve integrantes de la mesa no pudieron aprobar el informe motivado que recomendaba no enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza.
Los legisladores Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova (UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (ex-Pachakutik) se pronunciaron en contra del informe propuesto y cuya lectura se hizo en la sesión.
A favor del informe se pronunciaron los legisladores Ana Belén Cordero, Pedro Velasco, Marco Troya (BAN) y Fernando Villavicencio (IND).
Ambos sectores coincidieron en que es el pleno del Parlamento el que debe definir el camino a seguir en este pedido de juicio político, que se deriva de una acusación de presunto peculado en la suscripción de un contrato de transporte de petróleo entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tankers Pool.
Según la proponente del juicio, la correísta Viviana Veloz, el pleno no puede conocer el informe motivado que presentó el legislador Villavicencio, donde no se recomienda el enjuiciamiento político, porque este no fue aprobado en la mesa.
En cambio, la asambleísta de Gobierno Ana Belén Cordero aseguró que el pleno debe conocer y pronunciarse sobre el informe motivado, porque en ninguna parte de la norma se señala que ese informe debe ser aprobado. Además, recordó que existe un pronunciamiento vinculante de la Procuraduría del Estado donde se señala que para el juicio político al presidente de la República debe haber un informe motivado. (I)
Pleno de la Asamblea Nacional definirá si llama o no a juicio político al presidente Guillermo Lasso
La Comisión de Fiscalización no pudo aprobar el informe motivado que recomendaba no enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y será el pleno de la Asamblea Nacional quien defina si llama o no a juicio al primer mandatario. Para ello, se necesita 70 votos.
Tras seis horas de sesión, los legisladores Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova (UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (ex Pachakutik), se pronunciaron en contra del informe propuesto y que se dio lectura en la sesión este sábado 6 de mayo.
A favor del informe se pronunciaron los legisladores: Ana Belén Cordero, Pedro Velasco, Marco Troya (BAN) y Fernando Villavicencio (IND).
El secretario certificó que solo se registró cuatro votos a favor y cinco en contra, por lo tanto, el informe no fue aprobado e inmediatamente el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, clausuró la sesión en medio de la protesta de los asambleístas del correísmo que reclamaban que se de paso a una moción planteada por el asambleísta Comps Córdova.
En lo único que coincidieron los correístas con los oficialistas es que el proceso de juicio político pase a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional; todo esto en medio de las negociaciones políticas para las elecciones internas del Parlamento que deberá definirse el 14 de mayo próximo.
Según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, este sábado entregará el informe motivado al presidente, Virgilio Saquicela, para que luego de la socialización respectiva entre los asambleístas, convoque al pleno para resolución.
En cambio, la legisladora Viviana Veloz (UNES), proponente del juicio político, señaló que el informe donde no se recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, no puede pasar al pleno, porque no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, no tuvo los votos de respaldo. Por lo tanto, dijo que se tiene que aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que se refiere al hecho de que cuando no se alcanza la votación requerida en el trámite de procedimientos de fiscalización, el proceso pasa a conocimiento del pleno de la Asamblea para su correspondiente resolución.
Cuestionó que el presidente de la mesa de Fiscalización haya clausurado la sesión para evitar que la moción de su coideario, Comps Córdova, sea tramitada y aprobada en la sesión, donde se recomendaba que el pleno debe conocer el juicio político y pronunciarse por la destitución y censura del primer mandatario.
Ana Belén Cordero (BAN), aclaró que el informe motivado, que no necesariamente tenía que aprobarse en la Comisión de Fiscalización, pasará al pleno y lo único que cabe es que el Presidente de la Asamblea Nacional ponga a conocimiento de los 137 asambleísta el informe que no recomienda el juicio político al primer mandatario. El pleno siempre tendrá la última decisión respecto a este juicio político, sentenció.
La oficialista advirtió que si el presidente Virgilio Saquicela comparte la visión de los correístas de que se debe aplicar el artículo 142, estaría incumpliendo la ley y tendría que enfrentarse también ante el incumplimiento de un dictamen de la Procuraduría General del Estado.
Debate
A las 15:30, concluyó la lectura del informe motivado y la legisladora, Ana Belén Cordero (BAN), presentó una moción para que se apruebe el informe motivado elaborado por el equipo asesor de la comisión que no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso.
En el documento se señala que una vez analizadas las pruebas de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, sobre la base de los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así como las pruebas documentales recibidas, concluye que el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, no ha incurrido en el presunto delito de peculado establecid o en el artículo 129.2 de la Constitución de la República del Ecuador.
El siguiente en intervenir fue el asambleísta, Pedro Velasco (BAN), para apoyar el informe con sus conclusiones y recomendaciones, y manifestó que en este proceso de enjuiciamiento debió probarse que el primer mandatario cometió peculado, algo que no sucedió durante toda la etapa que duró 30 días.
Roberto Cuero, delegado de UNES ante la mesa de Fiscalización, manifestó que los asambleístas no pueden hacer un asunto probatorio sobre peculado, porque no se trata de un juicio penal, y afirmó que no está conforme con el informe borrador y que tienen observaciones al documento y que espera que sean considerados.
Su coidearia Gabriela Molina reforzó la postura de Cuero y señaló que el juicio político no tiene relación con la responsabilidad penal con el delito de peculado, pues esa facultad de determinar delitos le corresponde a la Fiscalía, que a la Asamblea Nacional le corresponde determinar responsabilidad política del Presidente de la República, y que esa fue demostrada cuando su coidearia, Viviana Veloz, pudo comprobar que el primer mandatario conocía de la firma de este contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers, que representaba perjuicios económicos para el Estado, pero que dejó pasar y no lo detuvo.
Su coideario, Comps Córdova, intervino y presentó una moción “a fin de que se sustituyan integralmente los numerales 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 y 12 del informe borrador que ha sido puesto en conocimiento de los miembros de la comisión y en su lugar mociono se incorpore el texto adjunto”. Pero éste planteamiento no fue tomado en cuenta.
También intervino, Bruno Segovia (ex PK), el informe tiene su sesgo, pues primero en el informe dice que se cumplió las 13 recomendaciones del examen practicado en el 2020.
Que primero se señala que el primer mandatario no conocía del informe de la Contraloría sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, y luego en la página 279 del informe, se señala que sí conocía del hecho, tanto es así que “el 22 de marzo de 2022 el Presidente Lasso dirigió comunicación a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen contratos de transporte de petróleo y adjuntó centenares de documentos para que a partir de esta noticia criminis se haga una investigación.” Muchas cosas que no se recogen y el informe termina siendo sesgado, sentenció.
El delegado del PSC, ante la Comisión de Fiscalización, Pablo Muentes, no participó en el debate, guardó silencio, solo se expresó con el voto en contra del informe motivado.
El legislador Marco Troya (BAN), sostuvo que no es adecuado, razonable y sensato que se señale que en este juicio político no se tiene que probar el peculado, pues sostuvo que los asambleístas, en ese proceso, son jueces por eso se tiene que probar el presunto peculado que se invoca en este juicio. (I)
Las 10 claves del declive político del presidente Guillermo Lasso
En casi dos años de gestión, el Ejecutivo se ha alejado de la mayoría de sectores sociales y políticos. A la vez, su estructura partidista se ha debilitado, mientras las crisis se multiplican.
En medio de la pugna en la Asamblea Nacional por enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, tanto el Legislativo como el Ejecutivo dejan a la vista su debilitamiento político.
Si bien el Mandatario llegó al poder con el 52% de respaldo electoral, la carencia de una estructura partidista sólida y las decisiones gubernamentales de los dos primeros años han ido minando la popularidad del oficialismo. Apenas cuatro de cada 10 ecuatorianos esperan que termine su periodo.
Aunque, para llegar a Carondelet, Lasso prometió ajustes en su plan de gobierno y abrió los brazos a propuestas y sectores políticos y sociales alejados a su ideología, no ha logrado mantener ninguna alianza.
El paso de los meses ha demostrado que el Mandatario y su equipo de trabajo no lograron apalancar su gestión. A esto se suman las crisis arrastradas, los eventos imprevistos y los factores externos que ha tenido que enfrentar.
¿Cómo llegó el presidente Lasso a enfrentar un segundo intento de destitución antes de cumplir la mitad de su periodo? A continuación PRIMICIAS hace un recuento de las 10 principales causas que han dinamitado el capital político del Gobierno:
Las afrentas con el PSC
Incluso antes de llegar al poder, Lasso ya dio la espalda a su primer aliado: el Partido Social Cristiano (PSC). Pese a que la lista 6 lo ayudó a llegar al poder, el oficialismo no tardó en dejarlo de lado en las negociaciones legislativas.
Además, a lo largo de estos dos años, Jaime Nebot y Guillermo Lasso se han atacado constantemente con mensajes, directos e indirectos, agudizando la distancia entre ambas tiendas políticas.
En medio del proceso de juicio político, la bancada socialcristiana ha perdido tres legisladores y acusa al Gobierno de comprar sus votos.
Acusaciones al movimiento indígena
Quito 29 de junio 2022. Día 17 de protesta nacional, marcha de manifestantes pasó por calles del centro de Quito. API / Daniel Molineros
Pese a la fuerza que han tenido los dos últimos paros nacionales, encabezados por la Conaie, el presidente Lasso ha insistido en convertir en su enemigo público a Leonidas Iza, presidente de la agrupación.
Ninguna de las acusaciones contra el líder indígena han sido comprobadas, ni siquiera cuando lo detuvieron, en medio de cuestionamientos, en junio de 2022. Esto ha marcado a la vez la relación con la Feine y la Fenocin. Así como con la bancada de Pachakutik en el Legislativo.
Pese a un acuerdo inicial, que puso a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea durante un año, el Mandatario ha logrado exacerbar la relación con la lista 18 y sus organizaciones de base.
Las reacciones y acciones de Lasso han causado que la Conaie exija y amenace con justicia indígena a los legisladores de Pachakutik para que voten a favor de su censura y destitución.
Desencuentros por todas partes
El Ejecutivo no ha sido capaz de conciliar las relaciones con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.
Por ejemplo, Guillermo Lasso se ha encargado de tensar los vínculos con sus aliados naturales, como el sector empresarial y los grupos conservadores.
A esa lista se suman los roces con sectores como las centrales sindicales, los bananeros, los arroceros, el movimiento de mujeres, los estudiantes, los transportistas, los ambientalistas y los defensores de derechos humanos.
Servicios públicos ineficientes
Pacientes con enfermedades catastróficas protestan delante del Palacio de Carondelet por la falta de medicinas, en diciembre de 2022. Alianza Nacional por la Salud
Algo que ha causado malestar constante durante esta administración es la problemática emisión de documentos ciudadanos, como las cédulas, pasaportes, licencias de conducción y matrículas.
Pero, el mayor problema que enfrenta el Ejecutivo y no ha logrado solucionar del todo es la falta de especialistas de la salud, medicamentos e insumos. Las quejas de los usuarios no paran y las denuncias, especialmente en los hospitales del IESS, son una de las mayores demandas de la población en general.
Mal manejo comunicacional
Desde su llegada al poder, en mayo de 2021, el presidente Guillermo Lasso anunció un cambio en las políticas de comunicación del Ejecutivo. La intención era distanciarse del ‘estado de propaganda’ del correísmo y el abuso de la publicidad y cadenas estatales.
Sin embargo, el giro fue de 180 grados. El mismo Mandatario lo aceptó y el actual ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que ese era un problema grave por corregir, porque nada de lo positivo del Gobierno se conoce.
Sin embargo, tres funcionarios han pasado ya por la Secretaría de Comunicación, sin éxito. Los dos últimos, Leonardo Laso y Andrés Seminario, coincidieron en que el Mandatario y su equipo cercano los dejan fuera de las decisiones y no les permiten hacer su trabajo.
Inversión social imperceptible
Aunque el Ejecutivo insista en todas sus entrevistas en que sí hay inversión social y enumere listas de cifras, es lo que menos percibe la ciudadanía. Y el buen manejo de la macroeconomía no se ha reflejado en la economía familiar y popular.
La inversión en salud, educación, inclusión social, gestión de riesgos y vialidad son las demandas más latentes entre la población. Por ejemplo, del plan estrella del Gobierno, sobre la lucha contra la desnutrición crónica infantil, poco se sabe.
Por eso, el correísmo ha aprovechado esa brecha para enfocarse en esa atención desde los gobiernos locales, generar cercanía con la ciudadanía y conseguir así un fortalecimiento político y electoral.
Débil estructura partidista
Del movimiento Creo queda poco y la estructura como organización política tiene cada vez menos representación. En las últimas elecciones seccionales, apenas consiguieron seis alcaldías por sí solos y otras tres en alianzas.
Por lo tanto, no hay una base social y política que pueda sostener o apoyar al Ejecutivo en los momentos de crisis.
Además, la falta de cuadros en todo el país se refleja en la necesidad del Ejecutivo de buscar funcionarios en otras tiendas políticas o de distintas trayectorias partidistas para intentar alcanzar algún tipo de respaldo local o sectorial.
Un gabinete de retazos
De la misma falta de cuadros políticos se desprende la compleja situación del gabinete ministerial. El presidente Lasso ha tenido problemas para encontrar ministros en algunas ocasiones, por ejemplo, para Agricultura, Salud, Energía y todas las carteras de seguridad.
Además, la limitada cantera que tiene el Ejecutivo, el tanque de pensamiento Ecuador Libre, se vio afectada por los problemas de gestión y denuncias de corrupción en su círculo cercano. Por lo que sus hombres de confianza tuvieron que abandonar los cargos en Carondelet.
Espiral de violencia
Entre la crisis carcelaria y el incremento de la violencia en las calles, el presidente Guillermo Lasso ha enfrentado la mayor crisis de inseguridad del país en tiempos recientes.
La tasa de muertes violentas ha llegado a ser una de las más altas de la región, los recursos y su ejecución en seguridad han tenido problemas y los estados de excepción se han tornado insuficientes para frenar al crimen organizado.
Ahora el debate público gira en torno a la existencia del terrorismo en Ecuador, el porte y tenencia de armas y el uso de la fuerza letal por parte de los policías y militares.
Denuncias por corrupción
Pese a los innumerables problemas de gestión que ha tenido el Ejecutivo, las denuncias de supuesta corrupción en las empresas públicas y entre el círculo cercano del presidente Lasso fueron la excusa que escogieron los legisladores de oposición para intentar destituirlo, por segunda ocasión.
Las denuncias contra su cuñado, Danilo Carrera, y su representante ante el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Hernán Luque, fueron el inicio del proceso de juicio político en el Legislativo.
Sin embargo, pese a las denuncias incluso ante la Fiscalía, no ha habido pruebas suficientes para acusar al presidente Guillermo Lasso de conocer y beneficiarse de los posibles actos de corrupción señalados. Al punto en que los nombres de Carrera y Luque ya ni siquiera se mencionan.
Incluso, el informe de la Comisión de Fiscalización, sobre el juicio, recomienda que no se lleve a cabo la medida. De todas formas, los legisladores proponentes consideran que sí existen las pruebas y que se debería dar paso a la censura y destitución.
