Ecuador | Comienza el juicio político al presidente Lasso y el sábado se votaría si lo destituyen
Juicio político: Lasso tendrá tres horas para defenderse de las acusaciones
El primer juicio político contra un presidente ecuatoriano en más de 40 años se iniciará este 16 de mayo de 2023. Guillermo Lasso deberá acudir a la Asamblea para presentar sus argumentos de defensa en contra de las acusaciones de peculado, con las que la oposición busca destituirlo.
Trámite del juicio político
Será una jornada larga, que probablemente dure más de un día, pues en el debate pueden intervenir todos los asambleístas.
La sesión está convocada para las 10:00. Después del Himno Nacional, los asambleístas interpelantes, Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (PSC), tendrán dos horas para la acusación, que debe llevarse sobre la base de las pruebas solicitadas y actuadas en la Comisión de Fiscalización.
A continuación, Lasso tendrá hasta tres horas para sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional, sobre las acusaciones imputadas en su contra, igualmente sobre la base en de las pruebas solicitadas y actuadas.
Al final de esto, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Sólo hasta este punto, la sesión tendría ya unas siete horas de duración.
Finalizada la segunda intervención del Presidente, Lasso deberá retirarse del Pleno y empezará el debate en la Asamblea. Podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por un tiempo máximo de 10 minutos, sin derecho a réplica.
Cuando ya no haya más intervenciones, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, deberá cerrar el debate.
Según la ley, en el plazo de cinco días, Saquicela debe convocar a la sesión del Pleno para resolver el juicio político, ya sin debate, “con base en las pruebas de descargo”, según la Ley. Esta votación sería este sábado 20 de mayo.
Para la aprobación de la moción de censura, se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada, es decir, al menos 92 votos. La oposición confía en tenerlos, para remover a Lasso de su cargo tras este juicio político.
Las acusaciones del juicio político
Dado que el informe de la Comisión de Fiscalización fue desechado por el Pleno, la acusación en el juicio político contra el Presidente se hará con base en la resolución aprobada el pasado 9 de mayo.
En dicha resolución, hay 12 páginas de considerandos que argumentan el llamado a juicio político contra el Presidente. En ellos se basarán Veloz y Torres durante su acusación.
Los argumentos son:
- Guillermo Lasso, mediante decreto Ejecutivo, dispuso que el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) sea también el presidente de los directorios de todas las otras empresas públicas.
- Lasso nombró a Hernán Luque como presidente del directorio de EMCO. Luque estaría envuelto en casos de corrupción de acuerdo con varios audios filtrados por el medio digital La Posta.
- Entre los directorios que presidió Luque, está el de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
- Flopec tenía desde 2020 un contrato con el pool Amazonas Tanker, que resultaba nocivo para la empresa pública según un informe de la Contraloría (que revisó el período del contrato correspondiente al gobierno de Lenín Moreno).
- Luque habría presionado a uno de los gerentes de Flopec, Jhonny Estupiñán, para que no dé por terminado este contrato a pesar de sus problemas.
- Estupiñán denunció esto en una carta enviada a la Presidencia, por lo que Lasso tenía conocimiento de este tema.
- Lasso era muy cercano a Luque, que visitó varias veces el Palacio de Carondelet. Por ello, resulta “inverosímil” que el Presidente no supiera de las actuaciones de Luque en la empresa pública Flopec.
- Lasso no denunció estas irregularidades a la Fiscalía.
- Flopec firmó un último adendo del contrato con Amazonas Tanker en octubre de 2022, ya en el Gobierno de Lasso.
Según la acusación, Lasso es culpable del “desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que Flopec tenía relación contractual”, por lo tanto, de peculado. Aseguran que el Presidente “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec”.
La defensa del Presidente
El presidente Lasso no ha hablado a detalle de las acusaciones de peculado en su contra hasta ahora. Su defensa ha estado a cargo del secretario jurídico, Juan Pablo Ortiz, y su abogado, Édgar Neira.
Ortiz y Neira se han enfocado en asegurar que no hay peculado por varias razones:
- El informe de Contraloría sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker analizó un periodo que no corresponde a su gobierno, en el que sí hubo pérdidas.
- En este Gobierno, la exgerenta Pilar Ferri puso una denuncia contra el exgerente Jaime Condoy por la firma del contrato con Amazonas Tanker Pool.
- Flopec renegoció los buques contratados bajo la modalidad de time charter para este contrato.
- Flopec ha logrado que el contrato sea beneficioso, y la evidencia son los balances de la empresa pública, que aseguran en 2022 hubo ganancias por más de USD 170 millones.
- Además apuntan a la Comisión de Régimen Económico, presidida asambleísta Mireya Pazmiño (ex Pachakutik, una de las proponentes del juicio político), que aprobó un informe que duce que el contrato con Amazonas Tanker es beneficioso.
- El Presidente nunca tuvo conocimiento de la carta enviada por Estupiñán, pues no toda comunicación a su nombre entregada a la Presidencia le es entregada directamente.
- El último adendo del contrato no es vinculante y no obliga a Flopec a seguir con el contrato.
Lasso sí acudirá
El coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, aseguró que Lasso llegará a la Asamblea este martes entre las 12:30 y 13:00. El Presidente estará acompañado del vicepresidente, Alfredo Borrero, y al menos una parte de su Gabinete.
Flores contó que la sesión comenzará con la lectura de la resolución del Pleno, dado que no hay informe de la Comisión de Fiscalización. Después, se iniciaría la interpelación de Veloz y Torres.
El asambleísta hizo un llamado a Saquicela para evitar cualquier tipo de inconvenientes o agresiones en contra del Presidente en la sesión del Pleno.
¿De qué se acusa al presidente Guillermo Lasso en el juicio político que busca destituirlo?
Cuando se presentó la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, los legisladores de oposición, que impulsaron el proceso, plantearon los supuestos delitos de concusión y peculado, pero la Corte Constitucional solo dio paso al último, en su dictamen, emitido el 29 de marzo.
El delito de peculado para llevar a juicio a un mandatario está contemplado en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y la acusación contra Lasso se enmarca en el caso de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y la contratación de buques para el transporte de petróleo con la empresa Amazonas Tanker Pool Company LLC.
A las 10:00 de este martes 16 de mayo está previsto que se inicie el juicio político con miras a su censura y destitución. El mandatario acudirá al Legislativo y será interpelado por los asambleístas Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (PSC).
En tanto, en el expediente presentado por los legisladores acusadores – Veloz Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID)- se infiere que el ex gerente general de Flopec EP Johnny Estupiñán Echeverría puso en conocimiento, por dos ocasiones, al presidente de la República de irregularidades en el proceso de contratación de transporte de petróleo.
Mencionaron también que existe un informe de Contraloría General del Estado que indica que dicha contratación es perjudicial para los fondos públicos, el director de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) seguía sugiriendo a Flopec EP la contratación con dicha compañía. En julio de 2022 se efectuó un nuevo contrato
En consecuencia, los legisladores proponentes sostienen que Lasso conocía y consintió que dichos contratos eran perjudiciales para la economía del Estado, y que pese a ello debían seguir celebrándose y ejecutándose.
Además, los interpelantes sostienen que el presidente Lasso sabía que el gerente general de Flopec EP fue removido de su cargo y que esta remoción fue debido a que dicho funcionario intentó culminar unilateralmente el contrato de transporte petrolero celebrado entre el Estado ecuatoriano con Amazonas Tanker, por ser perjudicial a la economía del Estado.
“A pesar de ello, el mandatario no emitió acción alguna a fin de investigar o remediar estos hechos”, señala el expediente del juicio.
Se menciona también que, una vez reintegrado a su cargo, a Estupiñán se le obligó a contratar a Oswaldo Ramón Rosero y Óscar Panchi Zambrano como asesores especializados para Flopec EP. Dicha orden fue promovida por “el hombre de confianza del presidente de la República; es decir, Hernán Luque Lecaro, en su condición de gerente general de EMCO EP”.
La orden, según señala la acusación, persiguió distraer fondos públicos, actividad denominada “negocio” en los términos de los operadores del presidente de la República y Hernán Luque.
“La conexión entre el presidente de la República, Guillermo Lasso, Hernán Luque Lecaro y Flopec EP no solo es mediante la administración de empresas públicas, sino la de una actuación que distrajo fondos públicos en beneficio de terceros. Así pues, esta estructura no puede ser entendida sino con la existencia de un expreso conocimiento en involucramiento del presidente de la República, pues el mandatario hizo caso omiso de las denuncias y advertencias de este peculado, precisamente, por ser parte de este”, señala el expediente.
Por lo tanto, los legisladores concluyen en su solicitud que el presidente Lasso, a través de Hernán Luque, distrajo dineros públicos en favor de la compañía Amazonas Tanker Pool, actuó en ejercicio de sus funciones, conoció y consintió la celebración de contratos de transporte petrolero en perjuicio de fondos públicos en una de las empresas públicas pertenecientes a EMCO EP, entidad a la que el mandatario le dio amplias facultades.
En su dictamen, la Corte insistió que todo lo analizado respecto a los tres cargos (dos por concusión y uno por peculado) no significó ninguna clase de pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos, la valoración de la prueba, la materialidad de la infracción, ni la responsabilidad política, penal o de otro tipo. (I)
Cacería de votos para definir la suerte del presidente Guillermo Lasso en el juicio político que se instala en la Asamblea Nacional
La única prioridad de la Asamblea Nacional, en esta semana, es definir la censura y destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, y para ello cada sector político y el Gobierno empezaron a buscar los votos.
La sesión del pleno está convocada para este martes 16 de mayo a partir de las 10:00, para iniciar el juicio político contra el primer mandatario acusado de presunto peculado en el contrato de transporte de crudo entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tankers.
La inquietud a nivel del Gobierno es conocer si la misma mayoría que armó el correísmo, socialcristianos, Conaie y los disidentes de la Izquierda Democrática, para alzarse con todas las designaciones de las autoridades legislativas vuelva a operar frente a la moción de censura del primer mandatario. De ahí que analiza también la opción de disolver la Asamblea Nacional o aplicar la denominada muerte cruzada.
En Pachakutik los legisladores Ricardo Vanegas y Édgar Quezada aclaran que el juicio político al primer mandatario es distinto a la designación de autoridades y además según Quezada, no hay ningún acuerdo que ate a la censura y destitución del presidente Lasso.
Vanegas no cree que la salida sea aplicar la muerte cruzada, porque habiéndose iniciado un proceso de juzgamiento el primer mandatario no puede aplicar la disolución de la Asamblea para evitar la finalización del juicio político; por lo tanto, dijo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, debe comparecer ante la Asamblea, responder a la acusación y la Asamblea emitir su resolución.
El legislador nacional comentó que los asambleístas de la alianza correísta, socialcristianos, Izquierda Democrática de Wilma Andrade y la Conaie, tienen un objetivo marcado que es la destitución de Lasso; por lo tanto no importa los medios con tal de llegar a su fin; pero consideró que no habrá los 92 votos que necesitan.
Quezada, quien votó a favor de la designación de Virgilio Saquicela, como presidente de la Asamblea Nacional, aclaró que para votación de la moción de destitución del primer mandatario será distinta, porque para el llamado a juicio político al primer mandatario se debió tomar en cuenta el informe de la Comisión de Fiscalización, por lo tanto, se está afectando al legítimo derecho a la defensa. “Sino nos corren traslado del informe de la Comisión Fiscalización y no se toma en cuenta lo que establece la Procuraduría General del Estado, simplemente, el presidente vendrá a referirse al dictamen de la Corte Constitución”, apuntó.
Su coideario Salvador Maita, miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), advirtió que si el presidente Guillermo Lasso activa la muerte cruzada sería un problema para el Gobierno; pero resaltó que sería un alivio para los ecuatorianos que en la Asamblea Nacional se reúna los votos para su destitución y censura.
Del lado oficialista el legislador Juan Fernando Flores apuntó que este será un juicio político contra un mandatario sin un informe y lo único que se dará lectura es la resolución, y posteriormente, los dos interpelantes: Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (PSC), premiados en las designaciones de autoridades, quienes hagan uso de su tiempo para presentar las pruebas.
Flores dijo que seguramente el gabinete del presidente de la República acompañará a igual que las diferentes autoridades. En las tres horas de comparecencia del primer mandatario se dará a conocer las respuestas a las acusaciones planteadas. El asambleísta de Gobierno no cree que el Ejecutivo aplique la muerte cruzada y que esperará la votación en el juicio tomando en cuenta que nunca se demostró que haya un supuesto peculado.
Desde la bancada UNES, el legislador Lenin Lara señaló que sería una precipitación del presidente Guillermo Lasso aplicar la muerte cruzada sin responder antes al pleno, pero “todos estamos preparados y sabemos que si la salida a la crisis es que nos vayamos todos es una opción válida”.
Lara manifestó que existe una mayoría consolidada que se mostró el 14 de mayo en la designación de autoridades, pero dijo que no se puede asegurar que los 96 votos que en promedio se obtuvo en las elecciones internas de la Asamblea Nacional sean los mismos para el juicio político.
El asambleísta del correísmo consideró que el primer mandatario está “arrinconado”, no solamente por la falta de aceptación a nivel nacional y el cansancio que siente en el pueblo ecuatoriano.
Pacto
El asambleísta nacional Fernando Villavicencio (IND) cuestionó el anuncio que hizo la asambleísta Yeseña Guamaní, de que no harán caso ante una eventual disolución de la Asamblea o la aplicación de la muerte cruzada desde el Ejecutivo. “Eso significa que los correístas y aliados están proclamando un golpe de Estado parlamentario”, alertó.
Insistió que todo el pacto al que confluyeron los correístas, socialcristianos y un sector de la Izquierda Democrática y Pachakutik está orientado a destituir al presidente, y en esa medida dijo que están negociando con aquellos legisladores que no tenían decidido su voto en el juicio político al primer mandatario, a cambio entregarán presidencias y vicepresidencias de algunas comisiones de la Asamblea Nacional.
Este legislador dijo que tiene información de que el pacto incluye la designación del contralor del Estado y el reparto de algunas direcciones provinciales de la Contraloría y resolver cuestiones importantes que están pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral sobre la Izquierda Democrática y el movimiento Pachakutik, donde Leonidas Iza busca que se reconozca la elección de Rodrigo Churuchumbi.
“Es un pacto grande que incluye también el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, orientado a revisar la sentencia del caso Arroz verde que beneficiaría a Rafael Correa”, subrayó Villavicencio, quien además dijo que es una ingenuidad creer que desde la bancada de gobierno se puede revertir este pacto
El legislador nacional Ricardo Vanegas (PK) también coincidió con Villavicencio, en que tanto la Izquierda Democrática, liderada por Wilma Andrade, y la Conaie, representada en un sector de Pachakutik, votaron en esa mayoría, porque ambos tienen que resolver la situación jurídica de sus partidos o movimientos políticos ante el CNE; es decir, que el órgano electoral dé la razón a los reclamos que realiza Wilma Andrade, y además, se reconozca la designación de Churuchumbi como coordinador nacional de Pachakutik. (I)
