Chile | Soberanía energética, en el marco del TPP11 – Por Paula Giménez y Matías Caciabue

Soberanía energética, en el marco del TPP11

Por Paula Giménez y Matías Caciabue*

Sin dudas, la política exterior de Chile está profundamente ligada a la estructura económica y política del país.

El gabinete del gobierno, el proceso de reforma constitucional y las organizaciones populares muestran las tensiones y la lucha por redefinir el rumbo luego del quiebre que representó el proceso de revueltas. Comprender la lucha chilena, en el marco de una guerra multidimensional, híbrida, irrestricta, no convencional, desde la cual los grandes poderes transnacionales se disputan el reparto del globo, es fundamental.

Cómo olvidar las declaraciones de Mike Pompeo, ex secretario de Estado de EEUU, allá por el año 2018 diciendo que Chile era el estandarte neoliberal de la región; sin saber que el pueblo chileno estaba a punto de dar una lección de lucha y se disponía a desafiar al régimen.
Con la llegada de Boric al gobierno las fuerzas más progresistas del continente albergaron la esperanza de que la correlación de fuerzas en Chile virara en dirección popular.
Sin embargo, el plan de gobierno cristalizado en su gabinete y sus primeras decisiones dio algunas pistas de la dirección que iría tomando.

Un gabinete y una política exterior con historia
El gobierno de Gabriel Boric desde el inicio cargó con la dualidad de poseer una historia de izquierda y la herencia de una historia política gubernamental que canaliza las diferentes corrientes políticas en una democracia de acuerdos. Un ejemplo de ello puede ser el “Acuerdo por la Paz Social” suscripto por todos los partidos, y que dejó a la vista como no sólo desactivó la lucha popular encerrandola en un debate institucional sino que además terminó enterrando muchas de las banderas históricas y populares que se levantaron durante la revuelta.

La política exterior podría decirse que de ninguna manera queda por fuera de las tensiones mencionadas. Al iniciar el gobierno de Boric, la cancillería fue ocupada por Antonia Urrejola, una abogada que trabajó en la OEA junto a José Miguel Insulza primero y Luis Almagro después. Presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021 y pasó por diferentes relatorías. En el informe de febrero de 2020 sobre el golpe de Estado en Bolivia esa organización señaló que Evo Morales había renunciado y que la expresidenta de facto, Jeanine Añez, había asumido un “interinato”. Más aún, durante su mandato nunca se entregó el informe final sobre violaciones a los DD.HH del gobierno de Sebastián Piñera en el marco de la rebelión popular de 2019. A partir de marzo, y como resultado de los movimientos que se hicieron en el gabinete, asume la cartera Alberto Van Klaveren, quien había sido subsecretario de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2009, en el gobierno de Michelle Bachelet.

En ese sentido, pareciera que no hay una intención real de darle un viraje a la política exterior chilena, ni sacarla del marco de la “democracia de los acuerdos”.

Muchas tensiones generó y se constituyó como un punto álgido la aprobación del ingreso de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación TransPacífico (por su sigla en inglés CPTPP), el acuerdo sucesor del TPP, tras el retiro voluntario de Estados Unidos, razón por la cual también es conocido como TPP-11. Este tratado de libre comercio, es el tercero más grande del mundo, determina rebajas arancelarias para 11 países del Asia-Pacífico, incluyendo también materias laborales, de género y medioambientales. En Chile, se promovió el acuerdo prometiendo el ingreso de productos chilenos a los mercados internacionales; pero lo que no se discutió fue qué implicancia tiene para la soberanía chilena o cómo determinaría el modelo económico.

Si bien Boric había declarado que no estaba de acuerdo con la aprobación del ingreso de Chile al TPP – 11, luego de la aprobación por las dos cámaras declaró que respetaba las atribuciones del Congreso y la voluntad democrática. “Yo voté en contra de ese tratado cuando era diputado. “El resultado final que salió no es el que a mí me hubiese gustado, pero hoy día en mi rol de Presidente tengo el deber de hacer cumplir la voluntad democrática que se ha expresado en las dos cámaras”, sostuvo el Mandatario.

El 22 de diciembre se depositó el TPP-11 ante Nueva Zelanda, lo que significó la conclusión de los trámites legales internos. Finalmente el acuerdo comercial entró en vigor en febrero de 2023.

La búsqueda de “side letters”y el interés de Tesla en el oro blanco
El grupo de países que conforman el TPP – 11 representa el 14,3% de las exportaciones chilenas al mundo, y el origen del 10,9% de sus importaciones. Ambos porcentajes son menores a los que había hace 10 años, en parte debido a la creciente relevancia de China en el comercio exterior chileno. De esas economías, la mayoría rechazó la propuesta de side letters solicitada por Chile para excluir a los países del mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados, incluido en la sección B del capítulo 9 del tratado. Entre los socios que han rechazado la propuesta se concentra el 95% de la inversión extranjera directa del CPTPP en Chile.

Tal como mencionamos la aprobación fue compleja. En la Cámara de Diputados tuvo una aprobación por escaso margen, con los votos en contra de la mayoría opositora de ese momento, incluido el Frente Amplio y el entonces diputado Gabriel Boric. Durante el paso por el Senado hubo compromisos del gobierno de Sebastián Piñera para monitorear el pacto e incluso se sondeó una primera estrategia de side letters (acuerdo complementario) para convencer a los opositores. La votación en el Senado quedó en pausa en 2022 hasta que se conociera el resultado del Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre. Tras el triunfo del Rechazo, la presión del Socialismo Democrático, al que pertenece la ex canciller Antonia Urrejola hizo la diferencia. La mayoría de esa coalición votó a favor (más la derecha y parte de la DC), y todo Apruebo Dignidad, en contra. El Presidente Boric intentó dilatarlo, a partir de una nueva estrategia de side letters diseñada por el ex subsecretario Ahumada. Las negociaciones resultaron un fracaso, solo tres países aceptaron: Nueva Zelandia, Malasia y México.

Sin dudas, el triunfo del “Rechazo” condiciona aún más a los sectores más progresistas dentro de la coalición de gobierno y la inacción de Boric en la disputa constitucional tuvo sus consecuencias.
Con un tratado que representa solo ganancias comerciales “marginales” y las puertas abiertas a las grandes corporaciones, Elon Musk puso sus ojos sobre el litio chileno. En febrerouna delegación de Tesla viajó a Chile y mantuvo reuniones con autoridades de cancilleria, Corfo y Minería. En la cita en Corfo, acudieron acompañados de la productora de litio Albemarle, que es la competidora de SQM (empresa ligada a Julio Ponce, ex yerno de Pinochet y a la china Tianqi) en el Salar de Atacama. Ambas compañías son las únicas productoras en Chile de este mineral muy apetecido por la industria automotriz para sus baterías.

Estas reuniones se dieron en el preludio del anuncio del Plan Estratégico de AExplotación del Litio, que le entrega un rol mayoritario al Estado a la explotación de este mineral en Chile, país que es su segundo productor mundial. En cadena nacional, el presidente Boric confirmó la intención de que el Estado pueda participar en todo el ciclo productivo del mineral; quien se encuentra en el ojo de la oposición que no está de acuerdo con el plan ni con la intromisión estatal.

Claro está, que el ingreso al TPP11 y el rechazo al proyecto de constitución condicionan fuertemente las posibilidades de un avance popular. Es imperioso e ineludible que las organizaciones del pueblo logren avanzar con un programa que tensione la soberanía energética y que de impulso a los debates necesarios y urgentes.

*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).