Un año de régimen de excepción: se consolida un estado militar y policial – Por Gabriel Labrador y Óscar Martínez

Un año de régimen de excepción: se consolida un estado militar y policial

Por Gabriel Labrador y Óscar Martínez

Más de 65,000 personas detenidas, un centenar de muertos en las cárceles, torturas y detenciones arbitrarias, restricción de derechos constitucionales, ocultamiento de información oficial, contratos y compras públicas sin licitación y legalización de la arbitrariedad para que los cuerpos de seguridad puedan detener a cualquiera. Estos son apenas los más visibles resultados del régimen de excepción, que esta semana cumple un año de haberse decretado y que ha sido prorrogado, ininterrumpidamente, 11 veces en igual número de meses desde su entrada en vigor.

Es un entramado jurídico que incluye otros 15 decretos legislativos y que instauró cambios sensibles en el esquema de seguridad pública y de justicia del país. Cambios tan relevantes como el surgimiento de jueces sin rostro, la posibilidad de condenar a cárcel a alguien que no esté presente en el juzgado o de que niños de 12 años, en lugar de enfrentar medidas de internamiento, sean castigados con hasta diez años de cárcel.

El régimen de excepción es una herramienta extraordinaria permitida por la Constitución en el artículo 29, donde se establece la lista de derechos fundamentales que, según sea la emergencia, el Gobierno puede suspender para restablecer el orden. Tras la masacre de 87 personas en un fin de semana, Bukele ordenó a la Asamblea Legislativa que impusiera la medida a finales de marzo de 2022. Una investigación de El Faro reveló que aquellas muertes eran la respuesta de La Mara Salvatrucha-13  a capturas contra algunos de sus miembros, mientras estaba aún vigente el acuerdo entre el Gobierno de Bukele y esa pandilla.

En un inicio, el régimen se centró más en esa organización criminal, pero con el paso de los meses ya no hubo distinción, y la persecución fue también para el Barrio 18 Sureños, el Barrio 18 Revolucionarios e incluso para pandillas más pequeñas cuya principal actividad era la venta de drogas.

Las cifras oficiales, únicas disponibles ante la falta de acceso a información, dan cuenta de 65,000 salvadoreños capturados bajo esta medida. Es imposible determinar si el Gobierno cuenta a quienes, recién liberados tras cumplir una pena, vuelven a ser capturados en la puerta de un centro penal; o a quienes han sido capturados, liberados y vueltos a capturar días después durante el régimen. El Gobierno tampoco ofrece cifras desagregadas o informes oficiales sobre personas liberadas: apenas en enero de este año, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo en una entrevista televisiva que habían liberado a 3,313 personas capturadas durante el régimen. Eso es apenas el 5.4 % del total de capturados según el Gobierno. Diputados y funcionarios del oficialismo han repetido que el sistema dejará en libertad a quien es inocente, y que esos casos pueden contarse como errores normales en cualquier sistema de justicia.

La maquinaria de propaganda gubernamental ha puesto a girar por el mundo imágenes de sometimiento a supuestos criminales desde que el régimen inició: en las primeras semanas bajo esta medida, incluso la Policía difundió en redes sociales videos de tortura a personas arrestadas y sometidas en el suelo.

A finales de febrero de este año, el Gobierno volvió a echar mano de un clásico entre los recursos manoduristas de los que hace uso desde 2020: imágenes de cientos de reos con tatuajes de pandillas sentados, sometidos, semidesnudos. En este caso se trató, según dijeron oficialmente, del traslado de 2,000 pandilleros al recinto convertido en el ícono del régimen: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que han presentado como la cárcel más grande del continente, con capacidad para más de 40,000 presos. De ser verdad, esa instalación ha duplicado la capacidad carcelaria del país. Y, de ser ciertas las cifras de capturas, El Salvador es el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, según el World Prison Brief, una entidad adscrita al Instituto de Investigación de Políticas de Delincuencia y Justicia de la Universidad de Londres. Según el WPB, El Salvador tenía en marzo de 2022, antes de que empezara el régimen, a 605 personas en prisión por cada 100,000 habitantes del país. Con el régimen, esa tasa ha llegado a 1,540, alrededor del 2 % de la población salvadoreña tras las rejas.

Antes del régimen de Excepción, el sistema de prisiones tenía capacidad para 27,000 personas y el Estado registraba 37,000  reos. El hacinamiento era la norma. Si se dan por ciertas las cifras oficiales, los más de 65,000 capturados por el régimen han elevado la población carcelaria a más de 100,000. Si el CECOT agregó 40,000 plazas, eso dejaría un sistema todavía saturado, a pesar de tener espacio para casi 70,000 privados de libertad.

A pesar de la consigna oficialista de que las capturas de inocentes son la excepción, varios hechos puntuales, informes internacionales y casos particulares publicados por la prensa concluyen que las detenciones arbitrarias son sistemáticas, y algunos prisioneros liberados han atestiguado torturas y muertes dentro de las cárceles.

En mayo de 2022, apenas el segundo mes del régimen, el Movimiento de Trabajadores de la Policía aseguró haber recibido varias denuncias de agentes que se quejaban de tener «cuota diaria de capturas», sin importar si podían o no atribuir delitos a los detenidos. El MTP denunció el caso del pequeño municipio de Cinquera, en Cabañas, donde el jefe había ordenado 30 capturas diarias para satisfacer el discurso político del Gobierno. Pero en Cinquera no hay pandillas, dijeron los dirigentes del MTP. En junio de 2022, el mismo MTP denunció que el caso se repetía en varias oficinas policiales del departamento de Santa Ana y que los agentes que se negaban a hacerlo eran amenazados con ser trasladados a La Unión, en el otro extremo del país.

Este periódico pudo constatar un caso similar: el de la isla El Espíritu Santo, donde nunca ha habido presencia pandillera, como confirmaron policías de Puerto El Triunfo, el municipio de Usulután al que pertenece la isla. Sin embargo, 22 jóvenes fueron arrestados, incluyendo un exseleccionado mundialista de fútbol playa. La mayoría siguen presos.

La lista de organismos internacionales que han denunciado los atropellos del régimen es larga, e incluye denuncias de tortura de parte de Amnistía Internacional y cuestionamientos sobre desapariciones forzadas y muertes en cárceles contra el Gobierno salvadoreño de parte de seis oficinas de Naciones Unidas. Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal presentaron un informe en diciembre de 2022, en el que documentaron cientos de arrestos ilegítimos. Calificaron esta práctica como «masiva» y las violaciones a los derechos humanos de los detenidos como «generalizadas y graves». En enero de este año, la organización internacional dijo haber tenido acceso a una base de datos del Ministerio de Seguridad y Justicia y haber confirmado cientos de casos publicados en la prensa o denunciados por otras organizaciones.

En febrero de este 2023, en una investigación de este periódico que demostraba que, en medio de todos los abusos cometidos, el Gobierno había logrado desarticular a las pandillas en las calles, Zaira Navas, exinspectora general de la Policía y coordinadora de Cristosal en el análisis del régimen de excepción, planteó: ‘Las investigaciones que tenemos en curso nos hacen tener una percepción preliminar de que el porcentaje de pandilleros capturados durante el régimen no llega ni al 30 %, y que el resto, la mayoría, son civiles».

Es un hecho que varios pandilleros salvadoreños han huido del país a causa del régimen y ahora se esconden en Honduras, Guatemala, México o Estados Unidos.

En las cárceles salvadoreñas han muerto personas capturadas durante el régimen. Pero de nuevo, la versión oficial suele residir en declaraciones de funcionarios sin pruebas ni datos ni registros independientes. El 7 de noviembre de 2022, durante una entrevista televisiva, el ministro Villatoro dijo que habían muerto 90 personas capturadas bajo esta medida represiva. No profundizó en las causas y dijo que era una situación «normal», que «en todo sistema penitenciario hay muerte». Las contradicciones son evidentes dentro del oficialismo. La pasada semana, el jefe de bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara, dijo en otro programa televisivo que la mayoría de las muertes ocurridas en penales eran asesinatos, y utilizó eso para argumentar que así se demostraba que los capturados del régimen no eran «niños de kínder».

Las decenas de casos reportados por la prensa hablan de una cruel realidad. Como la muerte de Francisco Huezo López, un empresario lechero de la Reina, Chalatenango, que en junio de 2022 fue al puesto policial por petición de unos agentes, que lo arrestaron y llevaron al penal de Mariona. Dos meses después, don Paco, como era conocido en el pueblo, regresó en un ataúd a su casa y con signos de tortura en su cuerpo, como había ocurrido ya con otros 35 cuerpos que salieron de prisiones. La justificación policial para  el arresto de Don Paco es que tenía antecedentes judiciales de 2019 por colaborar con pandillas. Esos antecedentes eran simplemente un juicio en el que fue declarado inocente por un juez; absolución que, tras la apelación de la Fiscalía, fue reafirmada por una Cámara.

Un origen dudoso

El régimen de excepción ordenado por el presidente Bukele implicó la suspensión de cuatro derechos para toda la población en general: Suspendieron el derecho a tener un abogado defensor ante la detención por la Policía, el derecho a ser presentado ante un juez en un plazo de 72 horas después de la captura, y el derecho a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones y correspondencia si no existía orden judicial. El cuarto derecho suspendido fue el de asociarse con otras personas y estuvo restringido durante cinco meses, entre el 27 de marzo y el 17 de agosto de 2022. La Asamblea Legislativa lo restituyó cuando prorrogó el régimen por quinto mes consecutivo.

Además, en abril la Asamblea aprobó un decreto que libera al gobierno de la obligación de someter a concursos y licitaciones en contrataciones y compras públicas mientras esté vigente el régimen de excepción, lo cual ha permitido al Gobierno de Bukele adjudicar contratos directos y ocultar toda información sobre montos y compras, incluyendo la millonaria adjudicación para la construcción del CECOT.

Es un decreto similar al que se aprobó en 2020 para la emergencia de la pandemia. Según la Fiscalía General de la República, dos de cada tres contratos y compras gubernamentales realizadas durante aquel año registraron irregularidades.

Un decreto excepcional

El régimen de excepción se fundamentó de forma dudosa. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1997 estableció que un incremento en los índices de criminalidad no es razón suficiente para instaurar un Régimen de esas características porque en realidad no supone una grave perturbación al orden a nivel nacional y general, o al menos no una que no pueda enfrentarse con las herramientas ya a disposición.

De hecho, este mismo Gobierno ya había reaccionado de forma distinta a otras dos masacres cometidas por las pandillas mientras estaba vigente el pacto con ellas: a finales de abril de 2020, en plena pandemia, las pandillas asesinaron a 76 personas en cuatro días, y el presidente ordenó al Ejército ocupar su fuerza letal contra los criminales que se opusieran al arresto e hizo circular las primeras imágenes de pandilleros sometidos en masa, pero no aprobó ningún régimen y el incremento cesó. En noviembre de 2021, de nuevo las pandillas asesinaron a 45 salvadoreños en tres días. Gracias a una investigación periodística de este medio, que incluye audios de los criminales encerrados en máxima seguridad, sabemos que en aquella ocasión, lejos de decretar un régimen de excepción, el Gobierno utilizó a esos líderes pandilleros para detener la matanza en las calles.

La vorágine de homicidios de finales de marzo de 2022 paró tras el domingo 27 de marzo, cuando se aprobó el régimen y el país fue militarizado. Sin embargo, según lo recogido por organizaciones de la sociedad civil, las autoridades no solo utilizaron las nuevas prerrogativas aprobadas, sino que comenzaron a violar derechos que, en teoría, seguían vigentes. «El régimen es una idea que han vendido, pero es un régimen de facto, permanente, de violaciones no justificadas», dice Abraham Ábrego, jefe del área penal de Cristosal. Ábrego y su equipo han recibido 3,219 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las cuales 3,122 estaban relacionadas a detenciones arbitrarias.

Pero hubo más derechos vulnerados. Por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia. Sin ningún argumento más que mostrar nerviosismo, policías y militares han capturado a decenas de personas que luego son sometidas a procesos judiciales secretos, que operan bajo el manto de la reserva total, medida que la Fiscalía defiende argumentando que la prensa puede utilizar algunos detalles para generar «pánico en la población». Hubo casos en los que las personas fueron detenidas mientras descansaban en su casa, como ha denunciado Cristosal. El régimen, al menos en el papel, no elimina la inviolabilidad del hogar sin orden judicial. La tortura en privados de libertad tampoco está permitida y aun así hubo muchos casos en los que los detenidos narraron episodios de tortura perpetrada por soldados o policías, como ocurrió a ocho jóvenes en septiembre de 2022, en el Bajo Lempa, una región del departamento de Usulután.

Una de las claves para entender cómo el régimen ha durado un año es que Bukele ordenó a su Asamblea múltiples reformas a leyes para garantizar que, una vez en la cárcel, los procesados tuvieran pocas probabilidades de salir con medidas sustitutivas a la detención provisional. Bukele también logró golpear profundamente la independencia de los jueces a través de los decretos que ya habían aprobado en 2021 sus diputados, para jubilar a un tercio de los miembros de la judicatura y reemplazarlos por otros más afines. Cristosal reporta casos de jueces que decidieron dejar en libertad a personas procesadas bajo las reglas del régimen, y que fueron castigados por el oficialismo: enviados a juzgados lejanos o degradados a cargos de menor jerarquía.

Este 24 de marzo, el exmagistrado y exjuez Sidney Blanco denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que «la independencia judicial ha sido destruida por el presidente… lo que destruye la democracia y normaliza las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos… Los jueces y juezas de El Salvador tienen miedo».

Un sistema que se adaptó sobre la marcha

La madrugada del 27 de marzo de 2022, cuando los diputados aprobaron el régimen de excepción, la premura fue tal que la diputada oficialista Elisa Rosales no se dio cuenta de que el proyecto de decreto que leía estaba traspapelado y que no era el documento en orden. No importó. Nadie pareció percatarse y, a la hora de votar, 67 diputados exclamaron de viva voz estar a favor de la medida. «Mi primera impresión es que el régimen, aparentemente, no era planificado, sino que era más bien producto de una situación de quiebre de una negociación (entre el Gobierno y las pandillas)», dice Ábrego, de Cristosal. «Cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que produce resultados en términos de apoyo popular, y entonces lo usan para eso», agrega.

Bukele buscará su reelección en los comicios de febrero de 2024, aunque la Constitución lo prohíba en varios artículos.

El siguiente paso era garantizar que los detenidos permanecieran en prisión y que la medida no resultara un calco del Plan Mano Dura lanzado por el expresidente Francisco Flores en 2003, que apenas lograba retener por unas horas a los cientos de capturados por tener apariencia de pandillero, y que fue más una estrategia política que una política pública. Por eso era importante para el Gobierno de Bukele la eliminación del derecho constitucional de ser presentado ante un juez en un plazo máximo de 72 horas. El plazo de la detención administrativa pasó a ser de dos semanas, al cabo de las cuales el juez debe celebrar la audiencia inicial. En una audiencia de ese tipo, normalmente, un juez delibera y concluye si la persona detenida merece seguir en prisión preventiva durante los meses que dure el proceso judicial. O si, por el contrario, puede volver a casa y enfrentar el proceso en libertad.

El Gobierno se apresuró, una vez más, a pedir reformas en siete leyes: el Código Procesal Penal, la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, el Código Penal, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, la Ley de Recompensas y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo.

Contrario a las leyes que suelen aplicarse para todos por igual, esta vez quedó explicitado que cuando se trate de un pandillero se aplicará máximo rigor. Por ejemplo, se modificó el artículo 331 del Código Procesal Penal para que ningún juez pueda brindar libertad condicional (medidas sustitutivas a la detención) a pandilleros procesados, literalmente, por «cualquier delito». La reforma al artículo 8 del mismo Código, por otro lado, ordenó que, aunque se cumpliera el plazo máximo legal para una detención provisional, que es de dos años, ningún pandillero pudiera salir en libertad condicional.

Pero la saturación de los abogados defensores públicos, los fiscales e incluso los jueces ha obligado a audiencias donde hay decenas o incluso cientos de acusados en una sola sala. Nadie ahí es capaz de individualizar delitos tras solo 15 días de haber detenido a esas personas y la gran mayoría son enviadas a prisión por jueces que fácilmente ceden sin pruebas de por qué se supone que cada una de esas personas pertenece a pandillas. Por eso, miles de salvadoreños están encerrados en cárceles y en medio de procesos que les han despojado de sus derechos ciudadanos, sin siquiera haber podido hablar con un abogado. Todas esas personas pueden pasar cualquier cantidad de años en esas prisiones, sin condena, hasta que el sistema resuelva sus casos.

Otra reforma al artículo 88 estableció que un pandillero o colaborador puede ser condenado sin ser escuchado por un juez, contraviniendo plenamente la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por El Salvador en 1978. La reforma establece que, si un imputado está prófugo, el proceso que se inicie en su contra no se detendrá e incluso puede ser condenado en ausencia.

A la semana de iniciado el régimen, el Gobierno solicitó otras tres reformas. Esta vez, propuso una ambigua redacción para cambiar el artículo 345 del Código Penal y castigar con cárcel de 10 a 15 años a periodistas y ciudadanos que difundan mensajes relacionados a las pandillas y que un juez considere que causan «zozobra» en la gente. Un mes después de aprobada esta ley, este periódico publicó audios de un funcionario público del Gobierno, que demuestran que la masacre se debió a la ruptura del pacto y que incluso el Gobierno había liberado ilegalmente a un líder pandillero para calmar la ansiedad entre los criminales en las calles. Muchas de las investigaciones de pactos entre gobiernos y pandillas desde 2012, incluyendo el del Gobierno de Bukele, se han hecho gracias a audios grabados en secreto por pandilleros que participaban en esos diálogos y que, de diversa forma, han sido obtenidos por periodistas.

El Gobierno no paró: pidió cambios a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal en la que se incluyó un inciso que declara ilegal «cualquier forma de expresión visual» alusiva a pandillas. El tercer decreto aprobado ese día fue la creación de la Ley Especial para la Disposición y Utilización de los Bienes, Dineros, Valores y Activos Incautados a las Estructuras del Crimen Organizado, Terrorismo y Narcotráfico que, entre otras cosas, amplía el plazo para que un fiscal pueda pedir el decomiso de un inmueble que, según las indagaciones, pertenezca a un criminal.

Pese a los cambios, seguía habiendo una debilidad en los casos montados por la Fiscalía. El Gobierno no podía garantizar que los expedientes no fueran rechazados por los jueces al cabo de unos meses de investigación. Por ello, entre septiembre y noviembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia promovieron y lograron que la Asamblea Legislativa aprobara cuatro decretos con más cambios. Uno era para modificar la Ley de Telecomunicaciones; otro, para modificar la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones; y otro, para modificar una vez más el Código Procesal Penal.

El cuarto de ellos, que tenía que ver con la creación de nuevos juzgados, merece especial atención. Para septiembre de 2022, Casa Presidencial necesitaba garantizar que los jueces no cerraran los casos del Régimen presentados por la Fiscalía. El temor de que los cerraran era porque en ese momento, septiembre, comenzaba a vencerse el plazo de seis meses que la Fiscalía tiene para investigar y obtener pruebas contra sus procesados. Consciente de esta debilidad, Bukele ordenó al Órgano Judicial —descabezado por él un año antes, en septiembre de 2021— que creara tribunales específicos para los casos del régimen. Les llamaron Tribunales Contra el Crimen Organizado. Normalmente, al cabo de los seis meses de investigación, un juez decide si un caso amerita enviarse a juicio o no. En los casos en los que el juez dicta sobreseimiento, la persona debe salir en libertad de inmediato. Y eso es lo que el Gobierno quería evitar.

Así que el Ejecutivo propuso la creación de nuevos tribunales que, entre otras cosas, eliminan una fase del proceso ordinario al mezclar las dos últimas fases, la de instrucción y la de sentencia. En pocas palabras, se elimina un paso del proceso ordinario. «Se compromete el derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial, así como también se comprometen las garantías judiciales reguladas en la Convención Americana sobre DDHH», concluyó Cristosal, en un estudio publicado en septiembre de 2022.

La organización intentó pedir información pública sobre quiénes son los nuevos jueces de estos tribunales, pero ni el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) ni la Corte Suprema de Justicia entregaron información.