Perú | El Congreso define si admite la moción para destituir a Boluarte por las muertes en las protestas
Congreso evaluará este martes si admite a debate una moción de vacancia contra Dina Boluarte
El pleno del Congreso decidirá este martes 4 si admite a debate o no una moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes registradas durante las protestas sociales que se llevaron a cabo en diversas regiones del país contra su gobierno.
El Parlamento informó que para sustentar la moción se tendrá 10 minutos como máximo, mientras que cada grupo legislativo tendrá cinco minutos para «fijar posición». «Los no agrupados dispondrán de dos minutos, y no habrá interrupciones ni tiempo adicional», precisó en una nota de prensa.
En el documento, firmado por parlamentarios de las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático, se señala que «jamás en la historia del Perú un gobierno en tan poco tiempo ha asesinado a más de cuarenta personas en manifestaciones» y que «el uso desmedido y desproporcionado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional merece tener más de un responsable, principalmente, el presidente de la República, puesto que de acuerdo (con lo) que la Constitución Política, es el jefe supremo» de las fuerzas del orden.
«Es así que la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, actual Presidenta de nuestro país, es quien debe de asumir y responder por todas estas muertes; en un primer momento, debió renunciar al cargo, sin embargo a pesar que han transcurrido varias semanas y el último mensaje a la Nación dado por el Poder Ejecutivo la noche del día 09 de enero de los corrientes, se asume que tanto la señora Boluarte, como ninguno de los miembros de su gabinete están dispuestos a renunciar», se lee.
¿Qué opinan los congresistas?
La congresista no agrupada, Susel Paredes, señaló que votará a favor de admitir a debate la moción de vacancia presidencial.
«Votaré a favor de la vacancia, porque hay más de 60 muertes, 49 producto de armas de fuego que han salido de armas de instituciones del Estado. Yo creo que por las madres de todos esos fallecidos necesitamos que responda la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y policiales. Por esas razones, voy a votar a favor de la vacancia», declaró en el programa Todo se sabe de RPP TV.
Por su parte, Diego Bazán, de la bancada de Avanza País, refirió que su agrupación política no apoyará el recurso planteado y consideró que se trata de una «venganza» de los congresistas de izquierda.
«Hay que ser claros: insisto en que esta es una venganza política de un grupo de congresistas de la izquierda que, desde el inicio, no ve con agrado la sucesión constitucional de la presidenta Boluarte», sostuvo.
Crean equipo especial para ver muertos en protestas
Por César Romero
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, creó un equipo especial de fiscales, con sede en Lima y dirigido por una fiscal de Trujillo, para investigar los asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las protestas sociales contra el Gobierno y el Congreso.
Este es el tercer cambio de fiscalías que afecta las investigaciones sobre las 45 muertes y múltiples heridos por disparos de armas de fuego que dejaron las protestas sociales, la cuales se desarrollaron entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, especialmente en las provincias del sur.
Al producirse la mayoría de las muertes y heridas leves y graves, las primeras diligencias estuvieron a cargo de fiscales provinciales penales de casos comunes, fiscalías especializadas de crimen organizado o Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo, según la zona del país donde ocurrieron los hechos.
Luego, el 13 de enero, la fiscal de la Nación anunció la reestructuración del Subsistema de Fiscalías de DD. HH., Interculturalidad y Terrorismo para investigar, dijo, las muertes en las protestas.
Con esa meta, este subsistema altamente especializado y con años de experiencia fue dividido en dos: por un lado, DD. HH. e Interculturalidad, bajo la coordinación del fiscal superior provisional Luis Valdivia Calderón, y por otro, terrorismo.
A la vez se suprimieron despachos, se crearon otros y se rotó o dejó de lado a los fiscales más experimentados por otros elegidos directamente por la fiscal de la Nación.
Fiscales ad hoc
Pasadas seis semanas, al comenzar marzo, Patricia Benavides volvió reorganizar el Subsistema de DDHH e Interculturalidad, por lo que aprovechó para dejar de lado al experimentando Valdivia Calderón para poner en su lugar a una fiscal de Trujillo, en la región La Libertad, que hasta febrero veía casos civiles, Marena Mendoza Sánchez.
Así llegamos al día de hoy. La fiscal de la Nación vuelve a intervenir para centralizar todas las investigaciones en Lima, al crear un equipo especial de fiscales para casos de víctimas de las protestas. Los equipos especiales son hoy lo que durante la dictadura de Alberto Fujimori, de los años 90, fueron las fiscalías ad hoc.
Es decir, fiscales provisionales elegidos a dedo por la Fiscalía de la Nación para investigar a dedicación exclusiva un caso, por un plazo determinado, lo que los hace altamente dependientes de quien dirige la institución, y a través de este del poder político de turno.
Para evitar la inestabilidad en el cargo, la dependencia del poder y mantener la especialización, a partir del año 2001, el Ministerio Público creó las fiscalías especializadas por tipo de delitos: crimen organizado, corrupción, derechos humanos y terrorismo, lavado de activos, trata de personas, etc.
Sin embargo, poco a poco se está regresando al sistema de fiscales ad hoc, dejando de lado a los fiscales especializados, que son titulares, para preferir a provisionales de confianza del fiscal de la Nación, que pueden ser fácilmente removidos del cargo.
Equipo especial
El nuevo equipo especial estará dirigido por la fiscal superior Marena Mendoza, en adición a sus funciones como coordinadora de las Fiscalías de DDHH e Interculturalidad.
Luego, tendrá como fiscales provinciales a las abogadas Mirela Coronel Molero y Mary Marleny Rojas Jara, más ocho fiscales provinciales adjuntos que ocuparán plazas que le quitan al Subsistema de Derechos Humanos e Interculturalidad.
La resolución de creación establece que en los próximos cinco días se realizará a nivel nacional un inventario de los casos de violación de DDHH en el marco de las protestas. Ya con el inventario, en 48 horas, la fiscal Mendoza Sánchez requerirá a nivel nacional la remisión a Lima de todos los expedientes judiciales.
Durante este periodo, las investigaciones se paralizan. La Asociación de Pro Derechos Humanos (Aprodeh) que traslada los expedientes a Lima pone un freno a las investigaciones y “sería un gran retroceso en la búsqueda de justicia para centenares de víctimas”.
Anota que las investigaciones en Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas, Cusco o Arequipa ya tenían avances y se estaban visualizando videos.
Familiares tendrán que venir a Lima
Los familiares de los ciudadanos fallecidos en las protestas o las víctimas no mortales tendrán que desplazarse hasta Lima para hacer seguimiento de las investigaciones.
Lo mismo sucederá con los testigos de los actos de violencia, con lo cual el desplazamiento a la capital se convierte en un obstáculo para la búsqueda de la verdad. Esta misma situación se repite con los policías y soldados sospechosos de ser victimarios.
Regresan los fiscales AD hoc
Equipo especial de fiscales tendrá vigencia hasta junio del 2023. Sus despachos salen de las fiscalías de Derechos Humanos.
