Juicio político a Lasso: hoy se conocen los primeros argumentos del presidente

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Guillermo Lasso traza sus argumentos para defenderse del juicio político

El presidente Guillermo Lasso tachó de «infundado» al delito de peculado que le imputa la oposición para el juicio político en la Asamblea. El mandatario trazó los argumentos que serán remitidos a la Comisión de Fiscalización, en donde este lunes 10 de abril de 2023 se conocerán los primeros oficios recibidos dentro de la fase de pruebas.

Después de que fue notificado por la Comisión el pasado jueves 6 de abril, Lasso aseveró en una carta que la denuncia del exgerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Jhonny Estupiñán, sobre un supuesto perjuicio al Estado en un contrato con Amazonas Tanker Pool para el alquiler de buques, resulta «falsa y contradictoria».

Se trata del principal elemento de «mínima verosimilitud» que encontró la Corte Constitucional para admitir a trámite la solicitud de interpelación contra el Presidente. Es un proceso impulsado por la mayoría opositora liderada por el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).

El mandatario basa sus descargos en estos hechos:

  • La relación comercial entre Flopec y Amazonas Tanker Pool fue negociada, convenida y formalizada en el periodo de gobierno anterior.
  • Todas las recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado fueron cumplidas en su totalidad por el actual gobierno.
  • No se configura el delito de peculado que pueda imputarse a su persona.
  • La denuncia hecha por Jhonny Estupiñán fue falsa y contradictoria. Tan es así que el señor Estupiñán, con comunicación emitida tres días después, revocó la decisión de dar por terminado el contrato.
  • El gobierno del Ecuador atendió oportunamente la comunicación de Jhonny Estupiñán y remitió su contenido a la institución competente.

Recomendaciones de Contraloría

El mandatario dice que el 5 de noviembre del 2021, la Contraloría emitió un informe con 13 recomendaciones. Lo hizo luego de realizar un examen especial al contrato que data del 7 de diciembre de 2018. Es decir, tres años antes de que llegue al poder.

Apunta que entre esas recomendaciones consta «la conveniencia y pertinencia de continuar» con el contrato.

Además, la necesidad de poner en consideración del Directorio la suscripción de contratos que superen el monto autorizado de gasto. Pero que «en ningún caso, las recomendaciones expedidas a la gerencia general de Flopec contemplan la terminación unilateral del contrato», señala.

Sostiene que Estupiñán fue removido del cargo el 9 de marzo del 2022 por el directorio de Flopec «producto de reiterados incumplimientos en su gestión». Y dos semanas después remitió un escueto oficio a su despacho, «aduciendo, maliciosamente, que había sido removido de manera arbitraria del cargo por haber terminado el contrato y por haber exigido que se mejoren ciertas condiciones contractuales». Lo que respondido por las instancias correspondientes.

Lasso sostiene que el exfuncionario ocultó que el 4 de febrero del 2022 vía correo electrónico revocó la terminación unilateral que firmó tres días antes, algo que no tenía sustento técnico ni legal.

Balance de Flopec

Lasso indica que en este periodo presidencial Flopec pasó de ser una empresa pública que reportaba pérdidas de hasta USD 50 millones al año, a una que generó USD 120 millones de utilidades en 2022.

«¿Dónde está el supuesto peculado?», se preguntó el secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz. «En el gobierno del presidente Lasso, Flopec alcanzó números positivos, por consiguiente no hay perjuicio para el Estado», concluyó.

Ortiz divulgó este sábado 8 de abril los balances sobre Flopec y los oficios donde Estupiñán terminó unilateralmente el contrato y poco después revocó la medida.

Lasso, en un escrito dirigido a la Comisión de Fiscalización, designó al jurista Édgar Neira Orellana como su procurador para que a su nombre «intervenga en el trámite de este procedimiento ante la Comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias» y demás.

El cronograma

De acuerdo con el cronograma de la Comisión de Fiscalización, las pruebas de cargo y descargo serán recibidas hasta el domingo 16 de abril. La práctica de pruebas y comparecencias se prevén desde el 17 hasta el 26 de abril. Y la presentación de un informe para resolución del Pleno hasta el 6 de mayo.

El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (ind.), ofició a la Corte Constitucional para que realice un seguimiento y control al dictamen con el que fueron desechados los cargos por supuesta concusión que también le imputaban al Mandatario.

El pedido se da después de que, el 5 de abril de 2023, los asambleístas solicitantes señalaron que «tampoco existe en el procedimiento la posibilidad de que la Comisión o su presidente ‘dispongan’ restricciones o delimitaciones a la documentación de sustento del juicio político o las pruebas, sino que debe ceñirse a la disposición legal de que en la notificación se acompañará la solicitud correspondiente la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte».

La Comisión de Fiscalización fue convocada a sesión para este lunes 10 de abril, a las 16:00. En el orden del día consta conocer el escrito que Lasso envió el 6 de abril pasado, donde designó a su procurador y pidió certificar si los proponentes cumplen con el dictamen de la Corte. Además, se analizará las pruebas de oficio solicitadas por varios legisladores.

Tensiones con Nebot

El trámite de este juicio político se da en medio de tensiones entre Villavicencio y la coalición que lidera el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), que busca la destitución de Lasso.

El viernes pasado, en medio del feriado por Semana Santa, el Consejo de de Administración de la Legislatura (CAL), de mayoría opositora, exigió a Villavicencio que no dilate este juicio político por pedido de Ronny Aleaga (Unes).

En cambio, Villavicencio tuvo una airada respuesta de Jaime Nebot, líder del PSC, después de que anunciara una investigación a una empresa vinculada a la familia del político guayaquileño.

«El haberse metido con mi familia (no conmigo) me otorga absoluta libertad de proceder, en la forma que yo crea conveniente, contra los autores directos e indirectos de esta bajeza», enfatizó Nebot.

Villavicencio replicó que él cumple con su obligación de fiscalizar y que «nadie está fuera de la ley. Hace rato que les perdí el miedo». El legislador aseguró que ampliará su investigación a otras empresas para determinar a sus beneficiarios. «Nos vemos en Nueva Zelanda», tuiteó.

El Comercio


Comisión de Fiscalización entra a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso

A partir de las 16:00 de este lunes 10 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera conocer y calificar al menos un centenar de solicitudes de práctica de prueba de los asambleístas y presidente de la República, Guillermo Lasso, dentro del juicio político por supuesto peculado en los contratos petroleros entre Flopec y Amazon Tanker Pool.

Tras la notificación del inicio de sustentación de la solicitud del juicio político, realizada el pasado 6 de abril, el proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, así como de solicitudes de comparecencias de funcionarios, exfuncionarios y testigos que se usarán durante la etapa de actuación de la prueba.

Los legisladores Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (expulsada del bloque Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID), según el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, presentaron una acusación que “se centra en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, señaló que ante la casi orfandad de pruebas de los acusadores, será la mesa quien determine las pruebas de oficio que se practicarán y defina los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos que deberán comparecer a partir de la próxima semana, cuando arranque la etapa de actuación de prueba para verificar la existencia o no del delito de peculado, que es la única acusación que enfrenta el primer mandatario.

La mesa de Fiscalización y Control Político también conocerá la carta presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde exige a los proponentes del juicio que delimiten las pruebas relacionadas con el tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio.

Con ello, según señaló el primer mandatario, podrá conocer los hechos específicos y pruebas del expediente que sustentarán la acusación, antes de la presentación de sus descargos.

El presidente Guillermo Lasso, en esta etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, estará representado por Édgar Neira Orellana, quien será la persona encargada de presentar los escritos, solicitudes de práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencia y ejerza su defensa.

Pedidos de pruebas

Entre los tres delegados del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES) ante la mesa de Fiscalización: María Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova, presentaron 37 pedidos de práctica de prueba relacionados con el valor de renta de buques por parte de Flopec a través de Amazonas Tanker, de los años 2021 y 2022.

En el escrito, el legislador Cuero indica que las pruebas de oficio solicitadas son pertinentes, conducentes y útiles por cuanto se evidenciará y se demostrará que en el manejo del transporte de crudo existió perjuicio al Estado para beneficio de terceros, constituyendo con ello el tipo penal de peculado, que es la causal por la cual se sustancia este enjuiciamiento político.

También piden listado de los gerentes generales de Flopec; los destinos de los buques del Pool Amazonas Tanker durante los últimos cinco años; precios diarios del WTI desde enero de 2022; fórmulas de cálculo para la venta de petróleo para Petrochina y para aquellos que no pertenecen a esa compañía.

Del Ejecutivo solicitan el listado de los ministros de Energía, de los secretarios de Presidencia, de secretario jurídico de la Presidencia, presidentes de EMCO, especificando nombre, fechas de inicio y fin de gestión de cada uno de ellos a partir de diciembre del año 2020.

Solicitan a Flopec los informes de la gerencia general y de la gerencia comercial relacionados con la renegociación de los contratos de Amazon Tankers; porcentajes de ocupación con la fórmula de cálculo de los buques asignados a Amazon Tanker, para demostrar los perjuicios causados al Estado.

La legisladora Molina pide los nombres de los asesores de nómina y externos la gerencia general de Flopec, desde el año 2021 hasta la presente fecha; además, solicita la estrategia comercial de EP Flopec para la negociación de los contratos a tiempo y los contratos por viaje, tipo de contrato utilizado desde febrero de 2020 hasta la actualidad,

Igualmente pide información sobre las cargas aportadas por Amazonas Tanker desde el 2021; los documentos de asociación y creación de Amazonas Tanker, con las adendas que existan; los estados financieros y liquidación de gastos y utilidades generados durante el 2021 y 2022; precios cobrados por el Pool, del transporte del petróleo por viaje desde Esmeraldas a los diferentes destinos durante los años 2021 y 2022; y también requiere el informe de Flopec donde se indique si existieron directrices para la terminación unilateral de los contratos suscritos con Amazonas Tanker.

Comps Córdova pidió que se remita el Estado de Resultados de Amazonas Tanker y Estado de Resultados por buque de Amazonas Tanker de los años 2021 y 2022.

También solicitó que Flopec remita el examen especial de la Contraloría General del Estado relacionado con el acuerdo comercial Amazonas Tanker, para demostrar que de forma deliberada se permitió que se siga causando perjuicios al Estado.

El socialcristiano Pablo Muentes plantea que se pida a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea una copia certificada del documento denominado “Informe no vinculante sobre la situación actual de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana-EP Flopec”, conocido, debatido y aprobado en la sesión número 134 de la comisión del 31 de octubre de 2022.

Que se pida a la Comisión de Régimen Económico una copia certificada del acta de la sesión 103-CRETREC-2022 del jueves 11 de agosto de 2022, y copia de audios y video, debido que en esta sesión compareció el gerente general subrogante de la EP Flopec, Oswaldo Rosero Quirós.

A la Empresa Pública Flopec solicita una copia certificada de los balances auditados de los años 2020, 2021, 2022; así como una copia certificada de los informes económicos y legales que sustentaron la firma y adendas de los contratos con la modalidad asociativa Amazonas Tanker Pool Company LLC.

El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, y la vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Cordero, también formularán una serie de pedidos de práctica de pruebas y llamarán en calidad de testigos a algunos ministros y exministros de Energía respecto a las negociaciones que se hicieron sobre Flopec y Amazonas Tanker Pool, también requerirán la presencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, del contralor Carlos Riofrío, así como de asambleístas.

Cordero solicita a Flopec remitir sus resultados económicos desde el 2010 hasta el año 2022, las distribuciones realizadas por Amazonas Tanker y sus antecesoras del periodo 2014-2022; los resultados mes a mes de la asociación Amazonas Tanker y su antecesora desde 2012 hasta la fecha.

Igualmente, pide la lista de buques contratados por EP Flopec en modalidad de time charter desde 2012 hasta la fecha que operan en Amazonas Tanker y su antecesora y, sobre todo, cuál fue el resultado económico final de estos contratos; cuáles fueron las medidas correctivas para seguir las recomendaciones emitidas en el reporte de la Comisión de Fiscalización en septiembre de 2021. Los nombres de los gerentes generales de Flopec y correspondientes periodos desde 2012 hasta la fecha, y las actas de los directorios de Flopec desde 2012 hasta la presente fecha.

El Universo

 

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