Chile | El Senado aprueba ley que otorga mayor libertad de acción a la policía
Tras 10 horas de discusión, Senado despacha a tercer trámite Ley Naín-Retamal, incluida polémica legítima defensa para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública
Tras un arduo debate y búsqueda de acuerdos, la Sala del Senado despachó a tercer trámite, a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto que refuerza la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, más conocido como Ley Naín-Retamal. La discusión no ha terminado, pero hubo avances.
En la primera etapa se aprobó la idea de legislar la iniciativa por 40 votos a favor y 5 en contra. La discusión y las votaciones fueron seguidas desde las tribunas por víctimas en el marco de las manifestaciones del 18-O, familiares de detenidos desaparecidos; además, por las viudas de los carabineros Eugenio Naín y Carlos Retamal; también, por los familiares de la sargento de Carabineros, Rita Olivares, todos asesinados en el marco del cumplimiento de sus labores, así como representantes de organizaciones de apoyo a la policía uniformada.
Tras la intervención de todos los senadores durante la votación en general, la mesa de la Sala informó un receso de 20 minutos antes de la votación en particular del proyecto. El momento, que se extendió por más de 40 minutos, sirvió para iniciar las negociaciones para alcanzar un acuerdo.
En dichas conversaciones participaron los ministros del Interior, Justicia, Segpres (s), Segegob y de la Mujer por parte del Ejecutivo, y el presidente del Senado junto con senadores de la oposición.
El acuerdo se alcanzó cerca de las 23:15 horas y se distribuyó entre todos los senadores presentes. En lo esencial, el nuevo estatuto de legítima defensa de policías, gendarmes y miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen tareas de orden público y seguridad interna se incluyó en el Código Penal.
Durante la votación en particular, después de la 1 de la madrugada del miércoles, la Sala aprobó con 42 votos a favor y 3 abstenciones la nueva indicación surgida tras las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición sobre la legítima defensa. Según esta, en el artículo 8 del proyecto se establece que «el uso racional del medio empleado se entenderá si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repelen o impiden una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o la de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa».
Además, se agrega que «respecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los Tribunales, según las circunstancias y si éstas demostraran que no había necesidad racional de usar el arma de servicio o armamento menos letal en toda la extensión que aparece, deberán considerar esta circunstancia como atenuante de la responsabilidad y reducir la pena en virtud de uno, dos o tres grados, salvo que concurra dolo».
A la 1:53 horas, el Senado finalizó la discusión en particular de la ley, que pasará ahora al tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que «durante el día el Ejecutivo promovió conjuntamente con los senadores dos normas que tenían especial preocupación para el Ejecutivo en el debate de la comisión del día de ayer. La primera tenía que ver con la exención de responsabilidad del mando, y la segunda con la restricción de las hipótesis de apremios ilegítimos. Ambas han sido corregidas en la sesión de hoy, la primera rechazada y en la segunda eliminados los aspectos que limitaban esa hipótesis».
En efecto, la Sala optó por eliminar la modificación del Art. 150 D del Código Penal, vale decir que se aprobó la inadmisibilidad de modificar el delito de apremios ilegítimos, con lo cual las actuales investigaciones, por ejemplo, por los daños oculares provocados por uniformados policiales durante el estallido, no se verán afectadas y seguirán su curso en los tribunales de justicia.
Y el ministro Cordero agregó: «Por cierto, en procesos de estas características, lo relevante es haber obtenido un acuerdo en común, las posiciones ideales de cada uno de nosotros han quedado atrás, y por cierto lo más relevante era lograr un acuerdo que les diera tranquilidad a las policías, pero sobre todo también que resguardara los derechos de todas las personas en su relación cotidiana con ellas».
El titular de Justicia recalcó que el Ejecutivo no tiene dentro de sus estrategias próximas el veto. Y valoró las conversaciones con los senadores de oposición. «El Gobierno promovió un acuerdo amplio y lo promovió con distritos grupos de senadores, y yo creo que esa es la noticia relevante», cerró.
Por su parte, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), sostuvo que “en la esencia, lo más relevante, el ADN que genera esta defensa especial privilegiada, quedó de buena manera, con una amplia votación, que de alguna manera revela el compromiso para que, aquellos que nos cuidan, se sientan más cuidados, que era el compromiso central de esta ley”.
El titular del la Comisión de Seguridad Pública, Felipe Kast (Evópoli), explicó que “esta nueva redacción de la legítima defensa privilegiada plantea lo siguiente: había una preocupación del Ejecutivo de que esta legítima defensa fuese solamente utilizada cuando era atentada la integridad física o la vida de Carabineros, y no que fuese utilizada para el caso en que fuese atentado un vehículo o bienes, y nosotros no teníamos ningún problema en esa redacción”.
En tanto, el senador DC Iván Flores, también integrante de la Comisión de Seguridad Pública, manifestó que “ha habido un avance, ha habido correcciones respecto de algunas aprensiones que tenían los ciudadanos y algunas organizaciones, como especialistas penales, sobre el alcance que tenía el proyecto original, que tenía un montón de problemas y fallas. Creo que hemos podido aclarar la mayoría de ellos”, indicó.
«Esto no termina aquí, va a ir a la Cámara de Diputados, probablemente o eventualmente puede ir a una Comisión Mixta, por lo tanto, este proyecto no está resuelto ahora. Sin embargo, ha habido avances», destacó.
En lo sustantivo, la discusión sobre este punto se logró despejar luego de que el Gobierno abandonara la idea de radicar en el Código de Justicia Militar el nuevo estatuto de legítima defensa y accediera a incluir ese principio dentro del Código Penal. La oposición, en tanto, accedió a eliminar la causal de legítima defensa frente a ataques sin armas de dos o más personas.
Reserva de constitucionalidad
Comenzado el debate en particular, la ministra (s) de la Segpres, Macarena Lobos, recordó que desde el Ejecutivo se buscó que el estatuto de protección estuviera en el Código de Justicia Militar; sin embargo, “dado el acuerdo transversal, el estado de protección queda en Código Penal, incorporando nuevos párrafos (…)” y precisó que mantendrían la indicación para el artículo 1, con el fin de asegurar la proporcionalidad de la pena.
Con todo, la indicación fue rechazada y se mantuvo íntegro el artículo 1, por mayoría de votos. Luego, se solicitó votación separada para el mismo artículo, lo que tampoco prosperó, y la senadora Yasna Provoste anunció reserva de constitucionalidad. Esto, pues –a su juicio– “no protege a las policías, se termina judicializando y afecta al principio de legalidad y proporcionalidad”.
Argumentaron a favor el senador José Miguel Insulza y la senadora Claudia Pascual, y en contra, el senador Felipe Kast.
Así las cosas, sobre penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, se mantiene lo siguiente: “Tampoco procederá respecto de aquellos delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. Asimismo, tampoco procederá respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y servicios de su dependencia, en cumplimiento del deber, exclusivamente, en el marco de funciones de resguardo del orden público, tales como durante estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica, resguardo de fronteras y funciones de policía, cuando correspondan, u obrando en el marco de sus funciones fiscalizadoras.”
Para todos los artículos se solicitaron votaciones separadas; sin embargo, por mayoría de votos no alcanzaron la mayoría.
En otro orden, se intentó reponer la indicación para contar con registros a través de cámaras, pero fue declarada inadmisible; sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó que “el Ejecutivo ha tomado la idea” y pondrá como norma obligatoria el uso de las cámaras corporales, lo que será presentado en el proyecto sobre el uso de la fuerza.
Argumentos en favor y en contra
Fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Felipe Kast, quien entregó los alcances de la iniciativa y los cambios que se le hicieron en dicha instancia. En tal sentido, señaló que la idea es «entregar certezas jurídicas y garantías respecto del actuar de las FF.AA. y de seguridad».
Entre los argumentos esgrimidos a favor de la iniciativa, se mencionó que esta «otorga herramientas al Estado para asegurar el orden público» y permite que «las policías puedan cumplir sus labores de orden y seguridad con mayores certezas jurídicas». Asimismo, se busca «dar mayor protección y garantías para que las policías, Gendarmería y las Fuerzas Armadas (cuando cumplen rol de orden público), la policía marítima y la Dirección General de Aeronáutica, puedan cumplir su labor».
Agregaron que tales atribuciones, así como la figura de la legítima defensa, no implica que haya impunidad, pues el proyecto no exime «per se» la responsabilidad penal del funcionario policial, pues «para que opere esa figura tendrá que operar el Ministerio Público».
No obstante, en el sentido contrario, hubo senadores y senadoras que advirtieron que existen «inconsistencias» en la iniciativa y un tratamiento «confuso» en cuanto a las normas de legítima defensa privilegiada que podrían ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC), por lo que plantearon «resolver de mejor manera estos aspectos en una Comisión Mixta o con un veto presidencial».
Señalaron que, tal como está el proyecto, se podría considerar como una «ley gatillo fácil», que además podría derivar en una suerte de «impunidad retroactiva». Agregaron que existen «otras falencias en lo relativo a eximir de responsabilidad del mando» y otras disposiciones que no estarían bien resueltas en la iniciativa, las que irían en directo desmedro de la protección y respeto de los derechos humanos.
En la contraparte, hubo quienes argumentaron que no se trata de una norma que pueda ser tachada de «gatillo fácil», pues es una «necesidad de devolverles a las policías la legítima defensa en el cumplimiento de sus funciones». Señalaron que «esta iniciativa protegerá a los policías que hacen uso racional de la fuerza».
Por otro lado, hubo coincidencia entre las distintas bancadas en que «es fundamental enfrentar los problemas de seguridad pública y el aumento de delitos importados, para lo cual se necesitan herramientas para atacar estas nuevas prácticas».
Asimismo, los parlamentarios de manera transversal señalaron que el «dolor de las familias que perdieron un familiar no tiene color político»; mientras que otros relevaron que «la seguridad ciudadana no está en contradicción con los derechos humanos».
Más de 300 organizaciones de Derechos Humanos y activistas cuestionan Ley Nain-Retamal
Más de 300 organizaciones de Derechos Humanos y activistas, entre ellas la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Ejecutados Políticos, emitieron una declaración contra la agenda policial y el proyecto de ley Nain-Retamal, que se votó este martes en el Senado.
El documento considera la propuesta como una «agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad», la que además respalda la «vocación de impunidad de las policías e instituciones del país”.
Las organizaciones instan a las autoridades del gobierno y de oposición a «un cambio de rumbo», apelando a que «resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas».
En la declaración pública, acusan que «Carabineros ha demostrado un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal» y mencionan que la institución vive una crisis estructural originada desde su interior.
En ese contexto, manifiestan que «no corresponde que la ciudadanía asuma los costos de esa crisis y vea afectados sus derechos fundamentales».
De esta manera, el texto convoca a organizaciones y a personas defensoras de los DDHH a «tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para denunciar este grave retroceso en materia de derechos humanos».
Entre los firmantes hay organizaciones como Londres 38, la corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), Codepu, entre otras. También personalidades como el actor Daniel Muñoz, el historiador Sergio Grez, el alcalde Daniel Jadue, entre otros.
Declaración Pública de DDHH… by Camilo Espinoza
Boric comparte carta de más de 80 abogados que advierten peligros de ley Nain-Retamal
Por medio de una carta abierta, más de 80 abogados y abogadas penalistas y criminólogos advirtieron los peligros que supone aprobar la ley Nain-Retamal, asegurando que esta puede afectar “gravemente” los derechos de las personas, junto con afectar la responsabilidad y probidad en el ejercicio de la función policial.
La misiva fue recogida por el Presidente Gabriel Boric, quien la compartió en su cuenta de Twitter, instando a parlamentarios a tender el mensaje que convocó expertos en la materia de todos los sectores políticos.
“Invito a los parlamentarios a leer esta carta de penalistas y criminólogos sobre debate legislativo actual. Insisto: seguridad, justicia y derechos humanos van de la mano y se fortalecen recíprocamente”, escribió el mandatario.
Los reparos con la ley Nain-Retamal
En la misiva de las y los expertos, se plantea en primer lugar la preocupación que genera el principio de legítima defensa privilegiada, el cual, a juicio de los firmantes, afecta “radicalmente la claridad de las reglas que rigen la labor policial aumentando los niveles de confusión que actualmente afectan su función”.
“Nos preocupa especialmente la segunda hipótesis de la ‘legítima defensa privilegiada’ en donde se extiende en demasía el alcance del permiso, pues la norma presume, por ejemplo, que los empujones a un funcionario policial, de parte de dos personas que resisten una detención, configuraría una agresión legítima si a juicio del policía o militar tuvieran el potencial de lesionar o matar”, consigna la carta.
En ese sentido, se expone que este escenario promueve que funcionarios de Carabineros puedan actuar de forma subjetiva y dañar a civiles con sus armas sin que conlleve una sanción penal.
Sobre esto, se expone en la misiva que “la norma impone una confusa regulación al uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, poniendo en riesgo no solo la integridad de las personas que participan en estos actos o que simplemente circulan por el sector, sino además retrocediendo en el esfuerzo que hemos emprendido para que las policías puedan discernir la mejor manera de hacer uso de su armamento, bajo principios de necesidad y proporcionalidad”.
También se califica como “extremadamente preocupante” la alteración que se pretende hacer a los delitos de tortura y apremios ilegítimos.
“Esta indicación limita la aplicación de dicho delito de diversas maneras, por ejemplo, circunscribiéndolo a conductas cometidas exclusivamente con malicia y no con simple dolo como ocurre en la generalidad de los delitos, limitándolo a conductas en las que se infrinjan reglamentos, eliminando la agravación de penas cuando las víctimas de apremios se encuentran bajo custodia, y alterando la actual regulación y delimitación entre torturas y apremios ilegítimos”, agrega la carta.
Por otra parte, se cuestiona la indicación ingresada por Matías Walker y Ximena Rincón (Demócratas) la cual le quita responsabilidad a altos mandos respecto a delitos que no sean torturas.
“Recuperar nuestros barrios y la necesidad de respaldar la labor y dar mayores protecciones jurídicas de los miembros de las fuerzas de orden y seguridad, no son excusa para minar nuestro sistema jurídico y retroceder en la protección de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos”, sentencia la carta.
