Al menos 15 presos murieron en las cárceles en las últimas seis semanas
Al menos 15 reos murieron en las últimas seis semanas en El Salvador
Por Claudia Espinoza y Javier Urbina
De acuerdo a los datos presentados por el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), al menos 15 personas han muerto en los centros penitenciarios a nivel nacional desde marzo de 2023 a la fecha.
El MOVIR registró solo en marzo a siete personas que murieron bajo la custodia del Estado. Según su registro ya son 128 los reos muertos desde que inició el régimen de excepción.
A las siete personas que identificaron en marzo lo hicieron gracias a las denuncias de las familias que informan en redes sociales, ya que la Dirección de Centros Penales no brinda estas estadísticas.
Tres de las siete víctimas estaban recluidas en el Centro Penal de Izalco y fueron Carlos José Santos Mejía, quien falleció el 4 de marzo; Osmín Alberto Mejía, un día después; y Jonathan Alexander Cerna Campos, el 6 de marzo. Francisco Javier Aguirre estaba recluido en el penal de Mariona y falleció el 9 de marzo.
“En una sola semana han fallecido por lo menos cinco personas en centros penales. Hay muchos otros casos que la gente no los publica por miedo, sino hasta después que llegan a la oficina”. Ingrid Escobar, socorro jurídico.
Del penal de Apanteos, se reportaron a dos hombres muertos: Rodrigo Vásquez Pérez, el 12 de marzo; y Pedro Noé Guzmán Osorio, tres días después. El 22 de marzo se reportó la muerte de Josué Vides, quien estaba detenido en el Centro de Detención Menor de Zacatecoluca.
El Socorro Jurídico tiene registro de 126 muertos durante todo el régimen y reportó a 11 solo en marzo. Seis se repiten con MOVIR y los otros cinco son René Antonio Mejía Portillo, recluido en Mariona y murió el 14 de marzo; José Raúl Ramírez, quien murió ocho días después y estaba en el Centro de Registro de Ilopango.
En Mariona también estaba detenido Francisco Antonio Menéndez Mendoza, muerto el 23 de marzo en una Unidad de Salud tras salir grave del hospital. Lo mismo sucedió con Orlando Claros, que murió el 22 de marzo, en su casa, después de salir enfermo del penal de Mariona.
Otro caso que registra la organización es el de un mototaxista de Ahuachapán, que estaba recluido en Mariona y que murió el 16 de marzo.
Registro de abril
En abril el MOVIR reportó a Erick Hernández, quien murió el 9 de abril. Mientras que Socorro Jurídico también tenía registrado a Erick, pero añadió a Francisco Domingo López Cornejo, Carlos Romero Hernández López y José Candelario Navarrete.
Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico, informó que están investigando otras dos muertes que fueron reportadas en el despacho de asesoría legal, pero aún no han sido verificadas. Si se confirman la cifra llegaría a 17 en seis semanas, aunque Escobar cree que hay muchos casos sin denunciar por temor.
Alfredo Mejía, representante del MOVIR, dijo que muchos casos están «saliendo a la luz» porque en los hospitales se ven a los enfermos y la gente lo está publicando en las redes sociales». «El problema es que como se está denunciando la falta de atención médica de los reos, desde centros penales los sacan antes de morirse para los hospitales. La gente las publica para que las familias estén presionando y les den información», expuso.
Aprueban 13° prórroga al régimen de excepción en El Salvador
Por Denni Portillo
La Asamblea aprobó este miércoles con votos del oficialismo y partidos políticos afines, que los salvadoreños no tengan derecho a defensa al ser detenidos por las autoridades de seguridad, que su plazo de detención administrativa no sea de tres días sino de 15 y que su correspondencia y telecomunicaciones no sean inviolables y puedan ser intervenidas.
Esto tras la aprobación de la décimo tercera prórroga del régimen de excepción, solicitada por el gabinete de Seguridad del gobierno de GANA. La medida ha sido cuestionada por las denuncias de detenciones arbitrarias y abusos de autoridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada.
La medida, aprobada por primera vez el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana con más de 80 asesinatos, ha durado ya 13 meses y tendrá 30 días más de aplicación, pese a que el gobierno asegura desde finales de 2022 tener el control del territorio, haber recuperado zonas controladas por pandillas y a tener cerca de 300 días sin homicidios.
“El régimen no es una herramienta para combatir la delincuencia, ya que se sigue usando con fines políticos electorales”. René Portillo Cuadra, diputado de ARENA.
La Constitución de la República permite la ejecución del régimen de excepción por 30 días y una prórroga por otros 30 días más, siempre que las causas que lo originaron se mantengan vigentes.
Los cuestionamientos respecto a que la medida ya no se aplica con fines de seguridad sino de control político y electoral se mantuvieron por parte de diputados de partidos de oposición.
«No quisiéramos ni un pandillero en las calles, erradicarlo, pero el fondo no es ese: estamos viendo que con el régimen están presos líderes sociales, sindicales que los están amenazando con el régimen. No es un tema solo para criminales, y esa es la pretensión de mantenerlo porque les permite amedrentar sectores», criticó el jefe de fracción del FMLN, el diputado Jaime Guevara.
De la misma opinión fue el diputado Johnny Wright (Nuestro Tiempo), quien señaló: «A medida va avanzando el tiempo, hay más certeza y ha quedado mejor documentadas violaciones a derechos humanos, casos de personas fallecidas en custodia del Estado, personas que nunca fueron condenadas por un delito». «No me parece una estrategia de seguridad, sino una político electoral», agregó.
Ataques
Durante la presentación de la iniciativa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, repitió el discurso de las prórrogas anteriores, en el sentido de atacar a quienes han señalado los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Villatoro indicó que el «protocolo de guerra» activado con el régimen no es solo para grupos criminales, sino que incluye también a organismos internacionales.
“Cada prórroga está avalando el margen de error, y nosotros no queremos que exista ese margen que ya se reconoció”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
«Esa noche del 27 de marzo no solo estábamos activando un protocolo de guerra en contra de esos grupos terroristas, también lo hicimos en contra de esos organismos internacionales», indicó el ministro de Seguridad.
Para justificar la aprobación de la prórroga, legisladores del oficialismo hicieron referencia a resultados de encuestas en las que la población dice estar de acuerdo con la implementación del régimen; sin embargo, en estas mismas también se ha señalado el desconocimiento de la población con qué derechos se suspenden con el régimen.
Ante ello, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) también cuestionó la medida: «Qué bueno que la gente perciba seguridad (…), y estamos seguros que se puede mantener pero con justicia, teniendo a delincuentes tras las rejas, pero a los inocentes liberarlos».
Sin actualizar
A diferencia de anteriores conferencias para entregar la iniciativa de prórroga del régimen de excepción, el miércoles tampoco hubo actualización por parte del gabinete de seguridad de las cifras de decomisos de armas, vehículos y dineros realizados a las pandillas. Las últimas actualizaciones de dichas cifras se han realizado nada más en las redes sociales del GOES.
Organizaciones advierten a ONU sobre presuntas fosas clandestinas en cárceles
Por Lissette Lemus
Cinco organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron un informe sobre las muertes bajo custodia estatal en las prisiones de El Salvador, en el marco del estado de excepción, ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, MorrisTidball-Binz.
En el documento, presentado el 8 de marzo pasado, las organizaciones advierten de presuntas ejecuciones extrajudiciales de personas bajo custodia del Estado y la posible existencia de fosas clandestinas en las prisiones.
El informe se respalda en investigaciones realizadas por Cristosal y Human Rights Watch que sostienen que muchas de las personas fallecidas en centros penales fueron golpeadas por agentes estatales durante su detención o por otras personas privadas de libertad, mientras que algunas murieron por falta de acceso a medicamentos para enfermedades como diabetes, presión arterial alta, cáncer, entre otras.
Según muertes documentadas por esas dos organizaciones en algunos casos, las personas privadas de libertad fueron trasladadas a centros hospitalarios cuando presentan una crisis, pero fallecieron en el trayecto al hospital o al llegar a los centros hospitalarios sin que sean ingresadas ni atendidas. “En otros casos, aunque se reciba la atención médica, la condición de salud es tan grave que mueren a los pocos días de su ingreso”, explica el documento.
Silencio estatal
Las organizaciones también señalaron la ausencia de investigación por parte del Estado sobre dichas muertes, la falta de información clara entregada a los familiares de la víctima y la limitación al acceso de información pública.
“El Estado salvadoreño sigue sin precisar la cifra de personas detenidas durante el estado de excepción que supuestamente han fallecido bajo custodia estatal, así como las causas de esas muertes”, detalla el documento.
Las organizaciones sociales por su parte, mediante monitoreo de testimonios publicados por medios de comunicación y entrevistas a personas que han salido de las prisiones, hacen un cálculo de más de 200 personas muertas bajo custodia del Estado.
“Es urgente focalizar esfuerzos para concretar una visita in situ de mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con facultad de visitar cárceles en El Salvador y constatar directamente los hechos denunciados”. Celia Medrano, analista especializada en Derechos Humanos
“De acuerdo con información obtenida por entrevistas realizadas por Cristosal a personas que han salido de prisión con medidas sustitutivas a la detención provisional, el número de personas fallecidas bajo custodia estatal podría ser mucho mayor: calculan que sólo en el Centro Penal La Esperanza (Mariona) habrían muerto 200 personas, y que al interior de este y otros centros habrían fosas clandestinas, indica el informe.
La denuncia señala que según el testimonio de familiares y la documentación realizada por las organizaciones suscriptoras, la mayoría de los cuerpos de las personas fallecidas entregados a los familiares han presentado signos de violencia. Sin embargo, las autoridades indican que estas personas murieron durante el traslado o dentro de un centro hospitalario.
Sobre las posibles ejecuciones extrajudiciales, Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, ha realizado denuncias en varias ocasiones a través de redes sociales. Al consultarle, Escobar explicó que personas que han salido de las prisiones les han narrado los linchamientos de parte de los custodios hacia los reos cuando ingresaban a los centros penales, en los primeros meses del régimen de excepción.
“La bienvenida en Izalco (penal) era pasar por un pasillo donde los custodios los golpeaban hasta dejarlos escupiendo sangre. Algunos no sobrevivían. Una de las personas que salió del nos relató en la entrevista que vio morir en un solo día a cinco personas”, expresó.
En un informe presentado por el Socorro a finales de marzo, reveló que de 126 muertes en centros penales desde que inició el régimen de excepción, al menos 31 murieron antes de cumplir el primer mes en prisión.
Uno de los casos documentados por El Diario de Hoy es del músico y agricultor Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años, quien fue capturado el 3 de abril, pero solo 15 días después sus familiares fueron notificados de su deceso.
El joven murió en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate después de que fuera trasladado en un pick up en condiciones graves desde el penal de Izalco.
El cadáver del joven fue entregado a la familia junto a un documento en el que se especifica que la causa del fallecimiento fue “hipertensión” y “muerte súbita”.
Sin embargo, las fuertes dudas sobre la muerte de Elvin llevaron a la familia a revisar el cuerpo de su ser querido y descubrieron que el joven tenía moretones en la espalda, probablemente producto de una golpiza.
Sobre la supuestas fosas clandestinas la abogada del Socorro confirmó que en las entrevistas realizadas a personas que han salido bajo medidas sustitutivas también mencionan que escucharon a los custodios hablar entre ellos de las fosas clandestinas, para aquellos casos que tengan signos de violencia.
Falta de investigación
Las organizaciones denunciantes ante el relator de la Onu aseguran que a la fecha, el Estado no ha iniciado investigaciones sobre dichas muertes y no da información creíble a familiares de las personas fallecidas sobre la causa del deceso, salvo las constancias de “causas preliminares de la muerte” que extiende el Instituto de Medicina Legal (IML).
Celia Medrano, analista especializada en Derechos Humanos, considera que es urgente focalizar esfuerzos para concretar una visita In Situ de mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con facultad de visitar cárceles en El Salvador y constatar directamente los hechos denunciados, aunque recordó que estas instancias requieren invitación o aval desde el Estado para este tipo de visita.
“Si en realidad la comunidad internacional esta comprometida en contribuir al cese de homicidios, ejecuciones extrajudiciales y ámbitos de tortura en las cárceles salvadoreñas, los esfuerzos deben focalizarse en lograr concretar una verificación internacional desde la ONU sobre las denuncias recibidas”, expresó.
Las entidades no gubernamentales también han documentado casos de muertes por padecimientos adquiridos en cárceles, tales como: Neumonías, tuberculosis, y enfermedades de la piel. En el caso de las mujeres se ha identificado como causa de muerte la neumonía, posible infarto al corazón y carcinoma nasal.
En febrero de este año, El Diario de Hoy documentó la muerte de Noelia Elizabeth García, quien murió el 1 de febrero en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana, mientras permanecía bajo custodia del Estado, siete meses después de ser arrestada. Según consta en un documento, en poder de la familia, extendido en Medicina Legal, la muerte de la mujer de 42 años fue por un “choque séptico por una inmunosupresión causada por un carcinoma nasal (cáncer)”.
Sus familiares aseguraron que nunca fueron notificados por parte de las autoridades penitenciarias sobre su padecimiento de salud mientras permanecía recluida en el penal de Apanteos, ni les informaron oficialmente de su deceso. La familia supo que Noelia estaba enferma, cuando una persona cercana a la familia, que había ido a consulta, se percató que la tenían esposada en una silla de ruedas en el hospital, el pasado 23 de enero.
“¿Qué tipo de personas está falleciendo? Hay unos que tienen hasta cuatro morbilidades y llegan con una serie de enfermedades bien complicadas y fuera de eso no quieren realizarse las quimios”. Osiris Luna, director de Centros Penales, consultado sobre muerte en penales en octubre de 2022
El 1 de febrero, ante el rumor de la muerte de una persona bajo custodia en el hospital de Santa Ana, sus hermanas fueron a preguntar por ella, pero durante todo el día, fueron de una institución a otra, hasta que pasadas las ocho de la noche les entregaron el cadáver en Medicina Legal.
En contraste, en octubre del año pasado, Osiris Luna, director de Centros Penales aseguró en un programa televisivo de canal 21 que las personas que habían muerto en centros penales era gente que estaba enferma y que se negaba a recibir tratamientos médicos.
“¿Qué tipo de personas está falleciendo? Hay unos que tienen hasta cuatro morbilidades y llegan con una serie de enfermedades bien complicadas y fuera de eso no quieren realizarse las quimios”, expresó Luna.
Sobre las denuncias por parte de las organizaciones sociales Luna, dijo en ese momento, que estaban ventilando los casos antes las instancias correspondientes. “Hasta este momento no se ha comprobado ninguna muerte que sea por otra índole que no sea el tema de salud”, aseguró en ese momento Luna.
Falta de información pública
Las organizaciones también expresaron su preocupación por la práctica o política de las autoridades penitenciarias de negar toda información sobre el estado de las personas detenidas, tanto a sus familiares, como a la prensa y organizaciones de sociedad civil.
“Preocupa el incremento de la opacidad y la falta de rendición de cuentas de las autoridades penitenciarias. Con esta administración gubernamental, existe poca información pública relacionada con las políticas públicas, ejecución presupuestaria y condiciones relacionadas con las personas privadas de libertad”, indica el documento.
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) declaró reservada toda la información relacionada a personas privadas de libertad, tal como la cantidad de personas que albergan los centros penales, la capacidad instalada, la cantidad de personas fallecidas en centros penales, cantidad de programas de rehabilitación, entre otras.
Asimismo, la Policía Nacional Civil (PNC) ha impuesto reserva total por siete años a datos estadísticos u otra información que se encuentre relacionada con las personas que guardan detención en las bartolinas policiales.
El informe presentado ante la ONU está suscrito por Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista de la Corporación de la Pasión (SSPAS).
