Sabotaje al modelo económico en Bolivia – Por Edmundo Juan Nogales Arancibia
Sabotaje al modelo económico en Bolivia
Edmundo Juan Nogales Arancibia*
Desde que el pueblo tomó el poder el año 2006 e impulsó la refundación del Estado afectando los intereses de las élites empresariales, la respuesta de estas logias económicamente poderosas, representadas entonces por Branko Marincovic, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, fue que la aplicación del nuevo modelo económico no neoliberal y la reforma agraria solo llevarían al país al borde de una guerra civil, amenaza que cumplió el dirigente cívico en los años 2007 y 2008, en medio del proceso constituyente, procurando evitar la refundación del Estado y la redistribución de la tierra, con la intentona de una guerra separatista a través de grupos paramilitares, en un infame proyecto que fue derrotado por la unidad del pueblo trabajador.
Parte de esa afrenta fue el intento de las élites y logias empresariales cruceñas por forzar el desabastecimiento de algunos alimentos en 2007, ante lo que el Estado tuvo que crear la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), y asumió la decisión temporal de poner tasa cero a la importación de alimentos objeto de agio y especulación, junto a la prohibición de exportación de alimentos vulnerables de carestía, medidas que fueron necesarias para vencer el sabotaje económico que afectaba la canasta familiar.
Fueron los mismos sectores que promovieron el sabotaje y el separatismo aquellos años los que llevaron adelante un movimiento golpista que asaltó el Estado en 2019 y convirtió los recursos del país en fuente para las élites, transfiriendo capitales en distintas formas, como créditos o subvenciones al pago de salarios e inclusive subvenciones al combustible de aerolíneas privadas, causando la pérdida con esas y otras medidas de más de mil 500 millones de dólares de las reservas del Estado.
A fines de 2020, luego de la recuperación de la democracia en un escenario de crisis internacional, todavía en medio de la pandemia, en un contexto al que pronto se sumó la guerra entre Rusia y Ucrania, la gestión económica del Gobierno en la reconstrucción del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp) permitió que no se cargara la crisis en el pueblo con “gasolinazos” o “impuestazos”, siendo el Estado el que asumió esta sin dejar de impulsar la inversión pública, los bonos sociales y los programas de créditos con bajos intereses, como el Crédito SI Bolivia –al 0,5% de interés para importación de bienes de capital bajo la política de sustitución de importaciones–. Con ese esfuerzo fiscal se logró un ahorro que posibilitó reducir el déficit público del 12,7% en 2020 al 7,2% en 2022.
Por otro lado, una medida importante para la redistribución de la riqueza como fue el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), aprobado en diciembre de 2020, tuvo la resistencia de las élites empresariales, quienes retomaron la línea del sabotaje económico, como el que intentó generar inflación de precios de alimentos en los primeros meses del año pasado. Las mismas élites también rechazaron que el Estado priorizara el abastecimiento interno antes que las exportaciones, una medida que accedió a cuidar la estabilidad de precios y no dejar la economía de las familias librada a los avatares del mercado.
En esa línea de sabotaje, en el último tercio de 2022 intentaron forzar el desabastecimiento de alimentos, además de la parálisis de la economía popular con el paro de 36 días en Santa Cruz, frenando violentamente las actividades económicas de los sectores populares y amenazando con cortar los suministros al Occidente. El sabotaje continuó en enero de 2023, tras de la detención de Luis Fernando Camacho, con el ataque a instituciones públicas y a servidores que trabajan allí, en especial el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), pretendiendo cortar las recaudaciones tributarias, al tiempo que exigían el pago de coparticipación al Gobierno. Hoy el sabotaje continúa de distintas maneras, como con la especulación en el abastecimiento de gasolina a través de estaciones de servicio privadas y la campaña de supuesta falta de dólares en el mercado.
En esta coyuntura, lo peor para las fuerzas sociales y políticas del campo popular sería no entender el momento económico que vive Bolivia, en un escenario internacional adverso. Este es el período en que, por un lado, el Gobierno impulsa medidas que protegen las reservas del Estado mediante la Ley de Fortalecimiento de Reservas Internacionales, que facultará al país para comprar oro en moneda boliviana y con ello fortalecer el nivel de Reservas Internacionales, evitando que el oro beneficie solo a quienes lo sacan al exterior sin pagar impuestos y permitiendo al país tomar previsiones de abastecimiento de combustibles, los cuales continúan con precios elevados ante la prolongación de la guerra en el Este de Europa. Sin embargo, ese proyecto de ley está congelado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La respuesta de la ALP evidenciará si frena o no el ataque económico de la derecha, que busca afectar nuestra economía. No olvidemos que la semana pasada el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y las bancadas de derecha anunciaron que se opondrán al proyecto de ley y emprendieron ya una campaña de miedo hacia la población. Será clave que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) actúe de forma unitaria, aprobando la ley en aras de sortear los nuevos intentos de sabotaje de las élites que a toda costa tratan de perforar el Mescp.
Esta coyuntura crítica será superada por las fuerzas populares, y será un episodio más entre los muchos en que hicieron “guerra económica” los que aún detentan el poder económico y tratan de extinguir el Proceso de Cambio que surgió de la lucha contra el neoliberalismo.
*Abogado. Columnista de La Época
