Se realizaron 40 allanamientos y 20 exfuncionarios fueron detenidos por corrupción
Solicitud de medida de coerción contra los implicados en operación Calamar contiene más de tres mil páginas
Alrededor de las 10:25 de la noche de este lunes la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó ante la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra los 20 implicados en la operación Calamar
La procuradora de corte, Mirna Ortiz, encabezó el grupo de fiscales que depositaron el expediente.
A su salida del Palacio de Justicia, indicó que en esta investigación el Ministerio Público ha asumido altos estándares internacionales.
Aseguró además que la solicitud, que contienen más de tres mil páginas, posee 1,200 elementos de pruebas documentales.
Expresó que este entramado sustrajo más de 17 mil millones de pesos del Estado Dominicano.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja.
La noche del sábado, el Ministerio Público realizó al menos 40 allanamientos, en el marco de esta investigación. Por este caso están detenidos el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero; Julián Omar Fernández y Ángel Lockward.
También Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Todos están acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
El Ministerio Público establece que este entramado distrajo más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
65 funcionarios de Danilo enredados en la corrupción
Por lo menos 65 personas, entre dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), oficiales del Ministerio de Defensa y allegados a los gobiernos del expresidente Danilo Medina, han sido acusadas de corrupción por el Ministerio Público desde el 2020 hasta la fecha, impactando como nunca antes al mundo político y causando gran revuelo en el país.
La acción ha sido el resultado de cinco grandes operativos dirigidos por la Dirección General de Persecución y la Procuraqduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en los cuales han sido apresados altos dirigentes del PLD, oficiales de la Armada y allegados a las gestiones de Medina (2012-2016 y 2016-2020).
El último escándalo que despertó a los dominicanos en la madrugada del pasado domingo fue la Operación Calamar, en la que tras 40 allamientos fueron apresados y acusados de defraudar RD$19.7 mil millones, el excandiato presidencial del PLD en 2020, empresario Gonzalo Castillo, y el influyente exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, ambos miembros del Comité Político de la organización.
Además cayeron en las redes del Ministerio Público el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, miembro del Comité Central; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández. Más tarde, acudieron a la Procuraduría el abogado Ángel Lockward, exembajador dominicano en Colombia, y Miguel David Hernández, quienes también fueron arrestados y trasladados a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El PLD entrampado
El nuevo aldabonazo al partido que permaneció 20 años en el gobierno, 16 de ellos de manera consecutiva, lo sorprendió con su presidente Medina fuera del país.
La alta dirección peledeísta expresó su profunda indignación por “la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un Ministerio Público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader”.
Conjuntamente grupos enardecidos del partido opositor intentaron violentar la entrada del Palacio de Justicia donde donde están los detenidos, causando destrosos en los cristales de la puerta y varias personas resultaron heridas.
“El presidente Luis Abinader, con ese ministerio público que le pertenece, se ha propuesto destruir al PLD. Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo. Le repito, al PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo”, exclamó el secretario general, Charlie Mariotti, en una urgente rueda de prensa convocada por el Comité Político.
Estos acontecimientos adversos para el PLD se registran en un año preelectoral, donde los partidos políticos tendrán que elegir sus candidatos presidenciales, legislativos y municipales, para las elecciones del próximo año.
Los peledeístas seleccionaron en octubre pasado al alcalde de Santiago, Abel Martínez, quien ha enfretnado dificultades para conectar con las bases, mientras el expresidente Leonel Fernández, que renunció de ese partido para formar Fuerza del Púeblo, se nuntre principalmente de los militantes de su antigua organización.
Acusación sin piedad
El partido fundado en 1973 por el fenecido profesor Juan Bosch, inició su calvario meses después de ser derrotado en 2020 por Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuando el 29 de noviembre de ese año se produjo una serie de allamientos en la Operación Antipulpo, una red de corrupción en la que los fiscales acusan de encabezarla a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, en la que se habrían malversado fondos estatales por al menos RD$4,000 millones.
También fueron apresados Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana del exmandatario; el exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa; el exdirector la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y otros cinco exfuncionarios.
Luego fue arrestado en la Operación Medusa el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, y otros cinco acusados de corrupción administrativa. A esta sucedieron las operaciones Coral y Coral 5G.
En la primera fue apresado el mayor general Adán Cáceres, quien dirigió el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) durante la gestión de Medina, mientras que en la segunda se involucró al general de la Fuerza Aérea Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turistica (Cestur). En ambas acciones se apresaron 30 personas, incluyendo generales, coroneles y otros involucrados.
En el país se ha extendido la creencia de que las investigaciones y los operativos contra la corrupción en los gobiernos Medina aún no llega a su fin. Los propios dirigentes del PLD habían advertido como una premonición, cuando las confrontaciones internas se agudizaron en 2019, que si se dividían y perdían el poder “todos caerían presos”.
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— Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) March 21, 2023
Ministerio Público deposita solicitud de medida de coerción en Operación Calamar
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó la noche de este lunes, ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción en contra de los arrestados en la Operación Calamar, los cuales sin parte de una red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
Al depositar el expediente, la Coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, indicó que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
“El Ministerio Público ha depositado la solicitud de medida de coerción de este proceso. Un proceso que se ha desarrollado con una investigación que ha asumido altos estándares internacionales”, dijo Ortiz al hablar con la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde acudió a depositar la solicitud de medida de coerción junto a los fiscales Andrés Mena, Miguel Collado, Marinel Brea, Rosa Alba García, Arolin Lemos, Elvira Rodriguez y Emmanuel Ramirez.
Sobre lo solicitado, Ortiz señaló que el Ministerio Público “entiende que es la medida que este caso conlleva, de acuerdo a la gravedad de las imputaciones, a la seriedad de las mismas y al legajo probatorio que hemos depositado”.
La coordinadora de la Pepca detalló que en el expediente consta de “más de 1,200 elementos de pruebas depositados, una medida de coerción de más de tres mil páginas que involucra la sustracción de dinero del Estado por más de 17 mil millones de pesos” en expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Ortiz señaló que el Ministerio Público está listo para conocer la medida cuando el tribunal fije la audiencia.
La litigante especificó que esta investigaciones apenas comienzan y que según vaya avanzando pueden producirse otras detenciones.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Procuraduría General de la República
