Poder y narcotráfico en Argentina: ¿Qué pasa y qué hacer con Rosario? – Por Ciro Annicchiarico
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Poder y narcotráfico en Argentina: ¿Qué pasa y qué hacer con Rosario?
Ciro Annicchiarico*
La situación en la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, ha generado comprensible alarma. Existe coincidencia en que el crimen organizado que gira en torno del narcotráfico, utilizando lo que se conoce como una típica frase hecha: “se ha ido de las manos”, queriendo con ella significar que se ha descontrolado y pareciera que no se la puede neutralizar o revertir por parte de quien tiene la competencia para hacerlo. ¿Y a quién se le imputa que se le ha ido de las manos?
Evidentemente, en el caso, es al Estado. Pero antes de buscar arriesgar qué es lo que no estaría haciendo bien o qué recursos no está implementando adecuadamente el Estado, conviene una breve introducción sobre la cuestión “drogas”, el fenómeno “narcotráfico”. Si sabemos frente a qué fenómeno estamos, cuáles son sus características y origen, entonces sabremos con mayor efectividad evaluar y encontrar los medios y métodos para superarlo, si lo encontramos dañino. Si no se conoce al enemigo, difícilmente podrá vencérselo.
Cuando se habla de drogas ilegales y narcotráfico, en la generalidad de los casos se lo hace de manera superficial, sin ahondar en los distintos niveles y aspectos que implica la cuestión. Se lo percibe hoy como “un mal”, algo vinculado exclusivamente al crimen organizado, algo aciago, algo capaz de hechos atroces. En gran medida es cierto, pero si solo eso decimos, únicamente estaremos describiendo sus consecuencias hoy, arriesgando conceptos meramente lineales, superficiales, sin buscar en sus fuentes y causas. El fenómeno del tema drogas ilegales debe ser abordado, para una mejor comprensión, intentando desentrañar su esencia, su origen, bucear en todos sus ángulos, inclusive históricos, de una manera más integral. Es un fenómeno complejo.
El consumo de drogas altera el funcionamiento cerebral generando ciertos estados de placer, de exploración en distintas experiencias sensitivas. Pero también produce efectos nocivos de orden neuronal, a nivel del mecanismo fisiológico de transmisión de las señales cerebrales. El consumo de drogas no es un fenómeno actual sino que se remonta a tiempos bien lejanos en la historia de la humanidad. Su consumo era común y aceptado en la antigüedad, relacionado con rituales religiosos, con fines medicinales, con la producción de efectos sedantes frente al dolor, con la búsqueda de potenciar la inspiración en los artistas, etc. La prohibición aparece recién en el Siglo XX, motivada en distintos fundamentos legales como la afectación de la personalidad, el deterioro de la voluntad, la destrucción de la capacidad del sujeto de integrarse a la sociedad, entre otros. Patrañas. El verdadero objetivo fue, y es, generar una prohibición a sabiendas de que será violada para que funcione el aparato represivo a través del sistema penal, que, como siempre lo hace el sistema penal, en la Argentina y en todo el mundo, lo hace de manera selectiva. Eso se llama herramienta de control social.
Es cierto que el consumo de drogas, en ciertas condiciones, puede generar consecuencias indirectas negativas o efectos dañinos en la salud, como es el caso de los llamados estupefacientes o psicotrópicos, especialmente cuando al consumo se le suma el exceso y la adicción. Es exactamente lo mismo que ocurre con el consumo excesivo o adictivo de otros productos como el alcohol, el tabaco y numerosas medicinas psicoactivas cuyo expendio no están prohibido, y en el caso de estos medicamentos la exigencia de prescripción médica autorizada, en lo habitual es solo una formalidad en gran medida soslayada.
El consumo problemático de drogas, no solo las prohibidas sino otras especies farmacológicas de venta libre o relativamente libre, es básicamente un problema de salud pública. A nadie se le ocurriría abordar el problema del alcoholismo o del tabaquismo y sus consecuencias, incluyendo un artículo en el Código Penal que aplicase pena de prisión a quien consuma esos productos o se exceda en su consumo. (Bueno, por favor, no les demos la idea, de políticos y gobernantes delirantes tenemos vasta experiencia). Lo intentaron en Estados Unidos durante diez años, entre 1920 y 1931, y así les fue, tema harto conocido que me exime de explayarme al respecto. Lo que generó fue la destilación clandestina, intoxicaciones por el inadecuado procedimiento casero, tráfico clandestino, nacimiento de bandas que buscaban el control geográfico para colocar sus prohibidos productos, ya sea autóctonos o contrabandeados, enfrentamientos, asesinatos, lesiones graves, dolor… ¿Algo que ver con lo que sucede hoy con el narcotráfico? Todo.
Por eso es que el factor que desencadena los males referidos al principio, respecto de lo que se conoce como narcotráfico, es la prohibición legal y la penalización grave de la violación de esa prohibición. La adicción en sujetos que, por distintas razones, tienen una personalidad adictiva, conforman uno de los nichos que sostienen el circuito comercial. Y a ese nicho adictivo dependiente, debe sumarse la existencia de la práctica y consumo masivo y desembozado en sectores de alto nivel social y poder, capaces de eludir los controles, o que gozan de la impunidad de ser quienes tienen la función del control que, obviamente, sobre sí mismos jamás ejercerán.
Estados Unidos y los países europeos están entre los principales consumidores de cocaína y éxtasis en el mundo. Y lo muestran con total desenfado. Basta ver cualquier película o serie proveniente de esos lugares, aunque –y peor aún- no se trate el tema de la obra relacionado con el narcotráfico, siempre hay alguna escena en la que los muchachos y las muchachas aparecen fumándose unos porros, esnifándose unas líneas de cocaína, claro que de la buena, o intentando probar algunas pastillas de éxtasis mientras se contorsionan como poseídos en un boliche ensordecidos con música tecno. Pero, eso sí, nos recomiendan formalizar convenios con la DEA, porque ellos sí saben cómo controlar el narcotráfico. Y es cierto, saben perfectamente bien como controlarlo.
Ambos factores, los nichos de adicción y el consumo sin límites por parte del poder, inciden decisivamente en la generación de una suerte de “empresariado” dedicado al rubro del reparto o comercialización de las drogas ilícitas, de altísima rentabilidad, que se da por la confluencia de las tres razones mencionadas: la prohibición legal, la generación y expansión de adicción, y la gran demanda por parte de sectores que gozan de impunidad. Es decir, el narcotráfico que sufrimos a partir de la prohibición es un producto necesario del capitalismo.
Genera ingentes ganancias, más adelante daré una cifra. Al igual que las cuevas fiscales, que por algo quienes las disfrutan las llaman “paraísos”, los poderosos del mundo dueños del 99% del capital, vamos, no se van a privar de éllas. No lo afirmo porque no tengo pruebas, pero me pregunto: ¿habrá alguna relación entre algunos desmedidos movimientos bancarios, el lavado de activos y los “paraísos” fiscales?
Ese negocio, dado su carácter clandestino -clandestinidad que es el objetivo verdadero de la prohibición para que dé lugar al funcionamiento del aparato represivo y con ello al control social, una excusa más-, se expresa en una suerte de diversificación de hecho del “empresariado”, cuyos grupos o “empresas” se constituyen o instalan de hecho y mediante el control territorial de una zona o destino de distribución, afianzado por medio del ejercicio de la violencia, susceptible de ser sostenida según la medida de la fuerza que disponga.
La violencia es un ingrediente obvio dado por la ilicitud que genera la prohibición, más el mencionado carácter empresarial competitivo a que da lugar. Dos tiendas que venden el mismo tipo de ropa –aunque eventualmente pueda haber algún tipo de roce violento- compiten normalmente echando mano de armas como la calidad, la novedad, el buen armado de la vidriera, el precio, las ofertas, etc. Pero si la venta de ropa estuviese prohibida, seguramente la competencia entre esos locales comerciales echaría mano de otro tipo de armas…
Dado que todo gira en torno de una actividad formalmente prohibida y condenada por la ley penal –en vez de ser abordado por el sistema de salud, preventivo y de tratamiento- el “giro comercial competitivo” (por llamarlo de alguna manera) del negocio del tráfico de drogas prohibidas, entre las “empresas” o grupos que pretenden mantener sus territorios de comercialización, nichos de consumo o clientela para la venta, sea nacional o internacional, adopta formas violentas.
Todas las bandas buscan proteger su negocio y de ser posible hacerlo crecer. La altísima rentabilidad que todas las características antes apuntadas generan de esta actividad (como puede ser cualquier otra igualmente prohibida: venta de armamentos, tráfico de personas, secuestro de mujeres para ser sometidas a la prostitución forzada, etc.), hace que tenga la potencialidad de corromper a miembros de las instituciones públicas y privadas, como policías, militares, políticos, jueces, empresarios, etc. Lo mismo que sucedió en EEUU durante la “Ley seca”.
Este es un dato clave: el altísimo volumen económico que implica la producción, tráfico y consumo de drogas prohibidas (según el Foro Económico Mundial, el narcotráfico generaba en 2015 un movimiento económico global de 750 mil millones de dólares al año. No tengo datos de 2023), juega un rol fundamental en la enorme dificultad para su control y eventual desmantelamiento de las respectivas asociaciones criminales organizadas en torno de ese negocio.
Me animaría a decir que en razón de la adicción y del consumo masivo impune por parte de sectores con poder, especialmente en EEUU y en Europa, tiene mayor capacidad de corrupción de los funcionarios públicos supuestamente llamados a controlar la violación de esas prohibiciones que otras actividades ilícitas como el tráfico de armas o de personas.
Con lo expuesto queda explicada la pretensión del título de esta nota. ¿Qué pasa y qué hacer en Rosario? ¿Saturar la ciudad y si es posible la provincia de miles, o de decenas de miles de gendarmes en los barrios considerados claves? ¿Comprometer al Ejército en supuestas tareas de urbanización?
Lo dudo. El sistema policial santafesino ya está cooptado y neutralizado, voluntariamente o por temor, por el negocio del narcotráfico. Lo mismo ocurre con el sistema penitenciario. Participa, no puede o teme. El sistema político es obvio que también, en gran medida, por ser partícipe o por temor, forma parte del problema. El sistema judicial está en similar situación. Me bastó ver una entrevista televisiva al Fiscal que interviene en el reciente caso del niño asesinado por disparos de unos sicarios, para verle la expresión vencida y de profundo temor, que mostraba. No podía ocultarlo.
¿Y el sistema bancario? ¿Ha denunciado sospechosos movimientos de dinero no habituales? ¿O es que va también en el “negocio”? Me ha pasado de cobrar un juicio, de esos que cada tanto se resuelven, y desde ya que no por cifras muy importantes, y recibir inmediatamente comunicación de mi banco solicitando justificar “el movimiento inusual en mi cuenta”. ¿Tienen el mismo celo los bancos santafesinos ante movimientos llamativamente inusuales, y por cifras sin dudas harto superiores a la que yo percibí como ajustados honorarios que justifiqué con el recibo correspondiente?
El Gobierno santafesino, ¿investiga la repentina adquisición de bienes de fortuna, de vehículos de alta gama, la construcción de elegantes barrios cerrados o de mansiones donde antes solo había pasto y terrenos yermos? El dinero ilícito corrompe, no digo que a todos, pero sí a muchos, más cuando es manejado en cantidades inimaginables para quienes viven de un sueldo, aunque sea aceptable, hoy sometido a un desgaste permanente.
Lo más probable que suceda –la experiencia mundial así lo demuestra- es que esos muchos policías o militares que se lleven para saturar el suelo rosarino, aunque sean minoría entre la mayoría de honestos, se corromperán cuando vean caer en sus manos millones que jamás vieron en sus vidas, y no harán sino incrementar la rueda del drama, la rueda de la muerte, inclusive sumándose también ellos mismos a los inconcebibles números de las víctimas.
En lo inmediato, el qué hacer tiene que ver con el control de un terreno, es cierto, pero es el terreno de la línea del dinero ilícito que produce el tráfico de drogas prohibidas, y generar su inmovilización. También aislar a los mandos de las “empresas” o bandas, de sus líneas medias y de acción directa. Emprender, por un sistema policial y político, verdaderamente independiente, autónomo y de comprobada honestidad, ajeno a Santa Fé, de una profunda investigación de todos los actuales funcionarios responsables políticos, judiciales y de seguridad.
Esta medida no descarta una, considero yo, imprescindible intervención federal a la provincia. ¿Por qué motivo expulsaron a técnicos y especialistas de indiscutible idoneidad, como Marcelo Saín y Nadia Schujman, a quienes además insólitamente les iniciaron procesos judiciales? ¿Será que Saín y Schujman estaban dando en la tecla de la circulación y destinatarios del negocio?
Por último, dije que las anteriores son medidas necesarias en lo inmediato, como quien vacía un sifón sobre la llama que se inició en un cortinado. Es imprescindible, hay que cortar de plano el fuego y evitar que se propague. La cortina no servirá más y nos quedaremos sin el contenido de un sifón, pero era imprescindible en lo inmediato.
Pero la solución definitiva es convencerse de una vez por todas que no sirve limpiar una cortina con una candela, hay que ponerla en el lavarropas; y que lo que hay que cortar es el negocio multimillonario que se crea gracias a la prohibición del consumo de estupefacientes, que la prohibición tiene como verdadero y oculto fin el de generar condiciones para el control social, no evitar que las personas consuman, y comprender que el problema de las drogas y sus adicciones, al igual que pasa con el alcoholismo y el tabaquismo, es un problema de salud pública, hábitos, excesos y adicciones que no se curan con leyes penales ni penas de prisión.
* Abogado penalista especializado en seguridad pública para un estado democrático y derechos humanos. Difundido por Agencia Paco Urondo
