Siete ministros de Boluarte son investigados por casos de corrupción
Por Rodrigo Chillitupa
Siete ministros y exministros del gobierno de Dina Boluarte se encuentran bajo investigación del Ministerio Público por cometer presuntamente varios delitos en tres meses. En su mayoría varios están por las muertes ocurridas durante las protestas sociales que se dieron contra la presidenta de la república y el Congreso de la República en regiones del sur como Apurímac, La Libertad, Puno, Ayacucho y Arequipa.
El 10 de enero pasado, la Fiscalía informó que abría una indagación contra la presidenta Boluarte e integrantes de su gestión por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Se encuentran incluidos el premier Alberto Otárola, el ministro Jorge Chávez Cresta (Defensa), el exprimer ministro Pedro Angulo, los exministros César Cervantes (Interior) y Víctor Rojas (Interior).
Por otro lado, el ministro Vicente Romero (Interior) afronta un caso por omisión de funciones debido a la violenta intervención de la Policía Nacional en la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde terminaron por detener a casi 200 persones que iban a participar de las manifestaciones contra el Ejecutivo en Lima.
En tanto, el ministro Luis Adriánzen (Trabajo) afronta dos indagaciones. La primera es por colusión en torno a la contratación de la excuñada del premier Otárola en su cartera. La segunda tiene que ver con negociación incompatible al haber permitido que EsSalud pague 41 millones de soles a la empresa Aiona Technology Corporation S.A.C. por la adquisición de un millón de pruebas rápidas en 2020 para detectar el coronavirus.
Rechazo permanente
A pesar de que va rumbo a su cuarto mes, el Gobierno de Dina Boluarte sigue generando un amplio rechazo en buena parte del país. Una reciente encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que la imagen de la presidenta de la República sigue con una clara tendencia a la baja.
Según el estudio, publicado por el diario La República, la desaprobación de la jefa de Estado se sitúa en un 78% a nivel nacional. Esto representa un aumento de un punto a comparación del mes de febrero. Las zonas donde Boluarte Zegarra despierta mayor rechazo son el oriente y el sur con 82%.
Y los niveles socioeconómicos C y D/E desaprueban a la mandataria con 75% y 82%, respectivamente.
En cuanto a su aprobación, Boluarte tiene 15%. Se mantiene a comparación del mes pasado. En Lima Metropolitana tiene 18% de aprobación y el nivel socioeconómico A/B la respalda con un 27%.
El 7% no tiene una opinión formada sobre el actual régimen.
Por otro lado, la citada encuestadora también realiza una interrogante sobre las manifestaciones sociales que se han dado contra el gobierno de Dina Boluarte. En esa línea, el 41% de entrevistados cree que provocarán que la presidenta renuncie al cargo. El mes pasado, el 51% pensaba de esta forma.
A pesar de que los encuestados señalan que la presidenta no renunciará por las protestas, sí estiman que la calle seguirá moviéndose.
El 41% cree que van aumentar en los próximos días. Contrariamente, el 26% estima que se mantendrán igual, el 24% que disminuirá y el 9% no tiene una opinión al respecto.Por su parte, el 53 % sostiene que no tendrá ningún efecto en la estabilidad de Boluarte Zegarra al frente del Ejecutivo. En tanto, el 6% no cuenta con una opinión formada.
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Vacancia
El Pleno del Congreso de la República debatirá este jueves 30 si admite a trámite la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral. Este tema fue incluido por el Consejo Directivo en la última reunión que sostuvieron de acuerdo a las declaraciones realizadas por José Williams, titular del Parlamento.
Para que la moción sea admitida a debate se requiere del voto de por lo menos el 40% de los congresistas, es decir 52 votos a favor.
De ser admitida, la votación debe efectuarse en la siguiente sesión del Pleno, que no debe ser antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión ni después del décimo día. Para esta sesión, la presidenta Dina Boluarte tendría la posibilidad de ejercer personalmente su derecho a la defensa o ser asistida por su abogado. Para que la vacancia sea aprobada se requiere de al menos dos tercios del número legal de congresistas, es decir 87 votos a favor.
Fiscalía tomó declaración de Dina Boluarte por caso de su exasesora presidencial
Por Elizabeth Prado
Durante más de dos horas, un equipo encabezado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tomó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, en calidad de testigo, respecto al caso de la exasesora del despacho presidencial Grika Asayag, investigada por presunto delito de tráfico de influencias agravado.
En esta pesquisa, también está incluido el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén.
Al concluir la diligencia, los representantes del Ministerio Público se retiraron de Palacio de Gobierno portando una cantidad considerable de documentos. No dieron declaraciones a la prensa. Por su parte, los procuradores del Estado indicaron que no podían brindar mayores afirmaciones sobre el desarrollo del proceso porque “es de carácter reservado”.
“Solo nos corresponde decirles que, como Procuraduría General del Estado, hemos formulado las preguntas que nosotros hemos considerado pertinentes, las mismas que han sido respondidas. Es todo lo que nosotros podemos manifestarles”, señalaron.
En tanto, el abogado Guillermo Mendoza, asesor legal del titular del MTPE, Alfonso Adrianzén, consideró que las indagaciones se desarrollan “con normalidad”.
“Es una investigación que se está llevando a cabo con total normalidad. Entre las actuaciones que ha dispuesto el Ministerio Público, se ha considerado la declaración testimonial de la presidenta de la República. Es una investigación que está en etapa preliminar y corresponde, por tanto, el desarrollo de una serie de actuaciones probatorias, que son las que se vienen ejecutando”, comentó.
Hechos en cuestión
Un informe de El Comercio dio a conocer que Total Force SAC y la Asociación Educativa Florence Nightingale, constituidas por Grika Asayag, obtuvieron órdenes de servicio por S/112.100 con el MTPE y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo entre noviembre del 2021 y agosto del 2022.
Total Force SAC logró un contrato con la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control SAC (Esvicsac), adscrita a EsSalud y, por tanto, al Ministerio de Trabajo. Esto ocurrió el 19 de noviembre del 2021 por un monto de S/27.500, como “consultoría de seguridad electrónica”.
Esvicsac también contrató a Florence Nightingale con órdenes de trabajo por S/66.600, bajo el concepto de “servicio de capacitación en bioseguridad en tiempos de COVID-19 (…) para los gerentes y jefes de Esvicsac”. Se precisa que, antes de lograr este contrato, Grika Asayag estuvo en el despacho del exviceministro de Trabajo Sergio Jaime Ríos, el 20 de octubre del 2021, donde también se encontraron tres representantes de Esvicsac.
Contratos a la orden
Asimismo, se menciona que Grika Karla Burgos Asayag, la hija de Grika Asayag, consiguió vínculos contractuales con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo durante la gestión del exministro Roberto Sánchez.
La primera orden fue del 26 de abril del 2022 por S/800.000. Entonces, se anotó que era adjudicación sin proceso para realizar diagnóstico de la calidad del servicio turístico en distritos de Lima.
Luego, el 11 de agosto del 2022, Comercio Exterior y Turismo aprobó otra suma por S/10.000 para que Grika Burgos Asayag otorgue servicios de capacitación respecto a normas “para la formalización y fiscalización en el sector turismo”.
Presentó certificados falsos
El dominical ‘Cuarto poder’ reveló que Grika Asayag O’Besso accedió al puesto estatal adjuntando en su currículum certificaciones firmadas por un mismo autor, quien posteriormente afirmó desconocer dichos estudios. Se trata de tres diplomas que la acreditan como paramédica y por seguir cursos de bioseguridad en tiempos de covid. Todos llevan la supuesta rúbrica de Roberto Justo Tejada.
Alberto Otárola anuncia proceso de reforma policial por caso de ‘el Español’
Por Sebastian Meza
Respuesta. La exposición de alias ‘el Español’ provocó cambios inmediatos en la Policía Nacional del Perú (PNP). El ciudadano de España Jorge Hernández Fernández —pero de acento venezolano, según Dimitri Senmache— es el sindicado por el Ministerio Público como el agente encubierto que envió a Carlos Barba, el otro personaje de la trama, a conversar con el expresidente. El supuesto plan de Castillo Terrones habría sido obstaculizar las investigaciones en su contra, además de vigilar a sus principales opositores. El principal colaborador ante la justicia, Barba, fue indagado por la hipotética venta de información de inteligencia de la Marina a empresas privadas de seguridad, como expuso el semanario Hildebrandt en sus Trece.
Por ese motivo, el Gobierno de Dina Boluarte retiró a Raúl Alfaro. La vivienda del teniente general ascendido a comandante general fue allanada por la Fiscalía.
Según Alberto Otárola, esa medida fue promovida por la primera mandataria mediante el titular del Mininter, Vicente Romero, el mismo que negó la represión en la arremetida a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El jefe de gabinete declaró: “En efecto, se le ha encargado al señor ministro del Interior (Vicente Romero), la señora presidenta se lo ha dicho con énfasis, que inicie un proceso de reforma en el interior de la Policía Nacional y que esta reforma signifique el reclutamiento de cuadros técnicos, la promoción de aquellos que han trabajado bien en la seguridad ciudadana y, por supuesto, una lucha frontal contra la corrupción”.
Esos dichos fueron enunciados por Otárola tras la reunión entre el actual primer ministro con sus predecesores. Fueron citados los apristas Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo (ambos de la gestión de Alan García), Luis Solari (Alejandro Toledo), Walter Martos (Martín Vizcarra), Juan Jiménez Mayor (Ollanta Humala) y Pedro Cateriano (Vizcarra y Humala).
