Perú | El gobierno accede a pedido de la ONU y enviará informe sobre muertes en protestas
Gobierno señala que brindará información a la ONU sobre acciones durante protestas
El gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), anunció que brindarán la información solicitada por la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el accionar del Ejecutivo durante las protestas sociales en el país.
«El Estado Peruano tiene hasta 60 días para absolver estas consultas, las mismas que serán respondidas en el plazo establecido», se lee en el comunicado.
Asimismo, el gobierno señaló que el pedido de la ONU «no prejuzga sobre la exactitud de los hechos detallados en la mencionada comunicación conjunta».
«Es importante precisar que la comunicación suscrita por expertos independientes no refleja la opinión de Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», mencionaron.
En esa línea, argumentaron que la comunicación conjunta de la ONU «se enmarca en el mandato» de los autores que suscriben el pedido y que «no son funcionarios de Naciones Unidas».
Además, precisaron que el gobierno -antes de ser notificado con el comunicado de la ONU- extendió una invitación a relatores de ejecuciones extrajudiciales y «al derecho a la reunión pacífica a visitarnos en los próximos meses».
Por otro lado, reiteraron que el gobierno brinda facilidades al desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público y lamentaron las pérdidas de vidas humanas durante las protestas ocurridas desde el mes de diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia.
¿Qué decía el pedido?
En una carta enviada al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, Luis Juan Chuquihuara, la entidad de Naciones Unidas solicitó hacer llegar la canciller, Ana Gervasi, el documento suscrito por siete relatores de este organismo, en el que solicitan al Gobierno peruano pronunciarse sobre las siguientes denuncias.
En el documento, alegan un uso excesivo de la fuerza que ha provocado “un elevado número de muertes ilícitas”, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de los manifestantes, detenciones supuestamente arbitrarias; así como un caso de desaparición forzada, estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de los protestantes desde que iniciaron las marchas a nivel nacional.
Piden al Estado realizar investigaciones «eficaces» e «imparciales»
Luego de expresar su preocupación por la situación del país en el marco de la crisis social y política, los relatores especiales de las Naciones Unidades señalaron que las alegaciones parecen “contravenir la norma mínima establecida por la ONU con respecto al uso de la fuerza por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley”.
“El uso de la fuerza, especialmente de la fuerza armada letal, debe responder a los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, afirman.
Por eso, subrayan que el Estado tiene la obligación de “llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades policiales en la vigilancia de las protestas. “
Así, recordaron al Gobierno peruano que la autopsia de las personas presuntamente asesinadas debe realizarse en estricto cumplimiento de las normas consagradas en la versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas 2016).
Fiscalía abre investigación a ministro de Trabajo y a presidente de Essalud
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió investigación preliminar contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén Ojeda, y el presidente de Essalud, Aurelio Orellana Vicuña, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
El Ministerio Público informó que la indagación se debe al “interés indebido” en el pago de S/41 millones por parte de Essalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC, que obtuvo en el 2020 la buena pro en el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas contra el COVID-19.
🚨| La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició investigación preliminar contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén Ojeda, y el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana Vicuña, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. pic.twitter.com/ksKGHXTJWF
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 1, 2023
En el caso también fue incluida la funcionaria Grika Asayag O’Besso por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
Perú21 informó que la firma de Orellana aparece en los planillones que el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, presentó en 2011 a la ONPE para inscribirse como partido político.
Puno: Protestas continúan y bloqueos en carreteras aumentan
Los puntos con tránsito interrumpido aumentaron en la región Puno tras varias semanas de protestas. Se registraron 16 puntos bloqueados, según informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) este miércoles 1 de marzo.
[Actualización, 18:00 h.]#SutranInforma que a esta hora de la tarde, la región Puno presenta un total de 16 puntos con tránsito vehicular interrumpido.
✅ Revisa nuestro #MapaInteractivo y conoce el estado de las vías en tiempo real 👉https://t.co/aLbXiSa9EU pic.twitter.com/lLr49I6qo7
— SUTRAN PERÚ (@sutranperu) March 1, 2023
La entidad precisó que situación, provocada «por factor humano», afecta a ocho vías nacionales. Hace menos de una semana, se habían registrado más de treinta bloqueos, pero la cifra continúa cayendo.
El motivo de las protestas en dicha región es para pedir el adelanto de las elecciones generales y la disolución del Congreso de la República.
Situación en Puno
Puno se convirtió en el núcleo de las protestas que se iniciaron después del intento fallido de autogolpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
Cabe precisar que, a la demanda de nuevas elecciones generales, se le sumó una serie de inconformidades acumuladas por años en la región.
Puno también retomó las protestas este año tras la represión policial. El 9 de enero, en Juliaca, 17 personas perdieron la vida. En este grupo también fallecieron médicos y menores de edad que no participaban de las protestas, pero recibieron impactos de bala.
Manifestantes de San Román se inscribieron para la «Segunda Toma de Lima»
Los pobladores de la provincia de San Román, Puno, se inscribieron para participar de manera voluntaria en la marcha denominada ‘La Segunda Toma de Lima’, la cual busca que se concrete el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso.
Según el corresponsal de Exitosa, se instaló una lista específicamente en la Plaza de Armas de Juliaca para que se puedan inscribir libremente. Se prevé que este jueves, 2 de marzo, enrumben hacia Lima.
Medidas preventivas
Ante el anuncio de esta nueva movilización, la Policía Nacional del Perú (PNP), viene resguardando el Centro de Lima. Cuatro equipos policiales están acordonando la Plaza Dos de Mayo.
La protesta fue anunciada para este miércoles 1 de marzo y al menos cinco buses llegaron a la capital, con centenares de manifestantes.
El resguardo en las calles responde a la oficialización del Consejo Metropolitano de Lima de declarar «zona intangible» al Centro Histórico de Lima, para evitar que concentraciones y marchas se realicen.
Protestas en Perú: 80 mil camiones acatarán paro nacional del 2 al 8 de marzo
Este fin de semana se anunció una nueva protesta contra el gobierno de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Este paro anunciado por un sector de los camioneros durará del 2 al 8 de marzo.
El anunció fue dado desde Arequipa por el vocero del Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, Javier Corrales Valencia. Mediante un video difundido en sus redes sociales, indicó que la motivación del paro es para exigir estabilidad política en el país, y este lunes detalló en que consistirá esta paralización.
“NOSOTROS ESTAMOS HACIENDO UN LLAMADO A LOS TRANSPORTISTAS PARA APAGAR MOTORES Y PONER A BUEN RECAUDO SUS UNIDADES. NO VAMOS A PRESTAR EL SERVICIO DE CARGA PESADA ESTOS 7 DÍAS”. Vocero del Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, Javier Corrales Valencia.
A nivel de todo el país, son 80 mil unidades que dejarán de realizar el servicio de transporte de carga pesada. Esta es la tercera convocatoria que realiza el gremio de camioneros en los últimos dos meses, desde que inició la actual crisis política.
Pliego de reclamos ante paro en Perú
Javier Corrales explicó que este paro es para apoyar a la población en las exigencias al gobierno central. Básicamente piden que la jefa de Estado renuncie a su cargo para que se convoquen elecciones este año.
“ESTO ES TAN SIMPLE SEÑORES, LA SEÑORA DINA BOLUARTE SOLO FIRMA SU RENUNCIA Y TENGA LA SEGURIDAD QUE LE VA A DAR UNA ESTABILIDAD COMPLETA AL PAÍS, DONDE LO DEJA A MANOS DEL PODER LEGISLATIVO, PARA QUE INMEDIATAMENTE LLAME A ELECCIONES”. Vocero del Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, Javier Corrales Valencia.
Tras concluir este paro, de no concretarse las exigencias del gremio de camioneros, evaluarán tomar otras medidas de protesta.
Otro punto de su pliego de reclamos es que el Ejecutivo respete el acuerdo firmado con dirigentes de los transportistas el 29 de noviembre de 2022. Este incluía beneficios para el transporte de carga pesada a nivel nacional, como la protección de la reserva de carga regional.
