Perú | Dictan 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo por organización criminal
Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo por organización criminal
Por Carlos Villacorta
El juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por liderar una presunta organización criminal en la modalidad de colusión y tráfico de influencias en agravio al Estado por los casos de Provías Descentralizado, Ministerio de Vivienda y Petroperú. La misma medida también recae para el exministro de Transportes Juan Silva; mientras que para el exministro de Vivienda Geiner Alvarado se determinó medidas de comparecencia.
Esta nueva medida de prisión preventiva se computará en paralelo a la que se le impuso en diciembre de 2022 por los presuntos delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración, por el fallido intento de golpe de Estado.
El magistrado supremo Checkley aseguró que existen graves y fundados elementos de convicción contra el expresidente, por lo que se cumplió el primer presupuesto para dictar una orden de prisión preventiva.
Pedro Castillo: expresidente podría recibir 32 años, según fiscalía
La segunda condición es que la prognosis de la pena supere los 4 años. Por este caso, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza, representante del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estima que Castillo Terrones podría recibir una pena de 32 años.
«La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo Terrones la comisión de los delitos, tenemos que la sumatoria, conforme al artículo 50, nos permite establecer que la pena a imponerse, en el caso (de) que sea así —en un supuesto—, sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años», dijo Meza en una audiencia previa.
Congreso rechaza moción para interpelar al premier Alberto Otárola
El pleno del Congreso de la República rechazó la moción que presentó la bancada de Cambio Democrático para interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por las acciones del Gobierno durante las protestas.
Con 31 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones, la representación nacional no admitió la Moción 5683 y se mandó al archivo la iniciativa de control político que llevaba las firmas de los congresistas Ruth Luque y Roberto Sánchez; además de otros parlamentarios de izquierdacomo Guillermo Bermejo, Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino.
En la moción se indicaba que desde que Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre pasado, se han registrado manifestaciones en diversas partes del país, que fueron reprimidas violentamente por la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Además, el pliego interpelatorio contaba con 18 preguntas.
“Interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a fin de que concurra al Pleno del Congreso para que responda respecto de las acciones del gobierno que han llevado a que el Perú sea calificado como un país no democrático, conforme al pliego interpelatorio adjunto”, señalaba el documento.
Además, detallaba que hasta el pasado 1 de marzo, fecha en la que se entró esta moción de interpelación, habían fallecido 48 personas y centenas resultaron heridos durante las protestas.
El documento también sostenía que Otárola Peñaranda, en su condición de jefe del gabinete ministerial, realizó afirmaciones públicas que tenían commo objetivo estigmatizar a la población movilizada y “justificar la criminal represión militar y policial”.
