Perú | Cien días de Boluarte marcados por la represión y la restauración conservadora
Perú: la presidencia de Dina Boluarte cumple cien días
Por Carlos Noriega, desde Lima
Se han cumplido cien días del proceso de restauración conservadora y autoritaria con el gobierno de Dina Boluarte. Una restauración derechista que se sostiene en una brutal represión y la persecución judicial contra dirigentes sociales y manifestantes antigubernamentales. El trágico balance de los cien días de Boluarte es de 66 muertos, 48 de ellos por disparos de la policía y del ejército durante las protestas exigiendo la salida de la presidenta y del Congreso y el adelanto de las elecciones programadas para 2026. La gran mayoría de muertos son pobladores de las comunidades indígenas andinas. Estos crímenes están impunes. La derecha parlamentaria y la prensa hegemónica alientan la represión, y junto con el gobierno criminalizan las protestas y aplauden a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra manifestantes.
Boluarte reemplazó el 7 de diciembre a Pedro Castillo, luego que éste fuera destituido y encarcelado tras su fallido intento de cerrar el Congreso. Abogada de 60 años y exfuncionaria de nivel medio del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Boluarte era una desconocida en la política hasta que llegó a la vicepresidencia con los votos que convirtieron a Pedro Castillo en presidente. Lo primero que hizo al asumir el poder fue traicionar los principios políticos y las promesas que levantó en la campaña al aliarse con la derecha y la ultraderecha que habían complotado para derrocar al gobierno al que ella perteneció. Protestas, represión y muerte han sido el precio de esa traición.
La mutación
“Es impresionante la mutación, el cambio, que ha sufrido Boluarte”, le declaró a Página/ 12 el historiador, antropólogo y analista político Carlos Monge. “Apenas Castillo fue destituido por su absurdo golpe de Estado fracasado, Boluarte mutó, fue como un cambio genético, un cambio de especie, y pasó a establecer una sólida alianza con los mismos sectores políticos que la habían acusado de todo tipo de cosas cuando era parte del gobierno de Castillo. De aliada muy íntima de un proyecto de izquierda radical, al menos en el verbo aunque no en la acción, ha pasado a ser la cabeza de un gobierno autoritario de derecha. La razón fundamental de ese cambio es la ambición”.
Las protestas estallaron luego de la caída de Castillo en el sur andino -donde él tenía su mayor respaldo- y en las primeras dos semanas del gobierno de Boluarte la represión causó 22 muertos. Después de una breve tregua por las fiestas de fin de año, el 9 de enero 18 manifestantes fueron muertos a balazos en Juliaca, ciudad de la altiplánica región de Puno, epicentro de las mayores protestas. La represión alimentó la indignación popular. Las protestas y bloqueos de vías aumentaron, y la represión siguió sumando muertos, heridos y detenidos. Pobladores de las regiones andinas se movilizaron llevar la protesta a Lima. Por participar en las movilizaciones sociales, dirigentes y manifestantes han sido detenidos y denunciados arbitrariamente por terrorismo y organización criminal. Un policía murió quemado y seis soldados se ahogaron en un río cuando dejaban una zona de Puno tras ser expulsados por los campesinos. Once civiles han fallecido por no llegar a tiempo a un centro de salud y por accidentes que las autoridades atribuyen a los bloqueos de vías.
Repliegue temporal
Las protestas, golpeadas por la represión y con signos de agotamiento después de más de tres meses de movilizaciones, han disminuido, pero no han cedido. La sensación es la de un repliegue temporal. En Puno se mantiene una huelga indefinida. El rechazo al Gobierno y al Congreso crecen. De acuerdo a una reciente encuesta de CPI, la desaprobación a la gestión de Boluarte es de 76,1 por ciento (89,5 por ciento en el sur y centro andino) y su aprobación de 20,1 por ciento. El Congreso derechista que la respalda tiene un rechazo de 90,2 por ciento y un respaldo de apenas 6,5 por ciento. Un 80,2 por ciento está a favor del adelanto de elecciones para este año, algo que el Congreso ha bloqueado.
El Coordinador Nacional de Derechos Humanos ha calificado las acciones represivas como “crímenes de lesa humanidad”. Una misión argentina de derechos humanos que viajó a Perú se ha pronunciado en el mismo sentido. Amnistía Internacional ha señalado que las acciones de las fuerzas de seguridad implican “delitos contra el derecho internacional” y ha denunciado que la represión tiene un sesgo racista contra la población indígena andina. Ocho relatores han firmado un documento del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunciando “el uso excesivo de la fuerza” y se demandando “investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes”.
Genocidio
La Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación por genocidio contra Boluarte y algunos de sus ministros, pero hay poca confianza en la real voluntad de investigar de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cuestionada por corrupción y respaldada por la derecha. Benavides ha debilitado las fiscalías de derechos humanos y fortalecido las de terrorismo para procesar a dirigentes y manifestantes. Las investigaciones fiscales a policías y militares avanzan lentamente, sin resultados hasta ahora.
A pesar de las evidencias -autopsias, videos, testimonios- de que las fuerzas de seguridad han disparado con fusiles contra la población, el gobierno insiste que no ha ordenado el uso de armas letales. Boluarte y sus ministros respaldan a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población. La presidenta lanzó la absurda acusación de que los manifestantes se habían disparado y matado entre ellos. El gobierno ha calificado las acciones policiales durante la represión como “inmaculadas” y ha dicho que los policías acusados de excesos represivos son “héroes” y los ha premiado con un bono económico.
El sociólogo y analista político Alberto Adrianzén le señaló a este diario que el origen del gobierno de Boluarte fue legal, pero precisó que “ya no tiene legitimidad por el alto nivel de rechazo que concita. “Este es un gobierno represivo de derecha que está legalizando la toma que está haciendo la derecha de instituciones fundamentales de la democracia, como los organismos electorales o el Tribunal Constitucional (TC). Boluarte es parte de un plan de la derecha para copar las instituciones para asegurarse ganar las próximas elecciones. Ella gobierna lo que puede gobernar, pero las medidas sustantivas las está tomando el Congreso que controla la derecha”. Adrianzén propone que los legisladores de izquierda abandonen el Congreso de mayoría derechista “para no avalar, legitimar y legalizar con su presencia los atropellos que se hacen en el Congreso contra la democracia”.
Monge a su vez califica al gobierno de Boluarte como “autoritario” “ultraconservador”, “mafioso en su relación con las economías ilegales” y “racista” por sus ataques contra las poblaciones quechuas y aymaras. Señala que el gobierno se sostiene “en el aparato militar y élites políticas y empresariales minoritarias que lo único que quieren es preservar sus privilegios”. Advierte que “se está transitando de un gobierno autoritario hacia un régimen autoritario, que es algo mucho más grave”. Coincide con Adrianzén en que hay un plan en marcha de la derecha para capturar los organismos electorales y otras instituciones con un conjunto de reformas, para asegurar que alguien de izquierda, progresista, no gobierne el país. “El TC ultraconservador acaba de ungir al Congreso de poderes casi absolutos, generando un régimen de dictadura parlamentaria, y desde el Congreso van por la captura de los organismos electorales”. Dice Monge que logrado ese objetivo la derecha dejará caer a Boluarte y dará luz verde al adelanto de las elecciones. “Cuando Boluarte haya cumplido su rol a favor de la derecha, esa derecha le va a decir ´ya no me sirves´, como una familia de la élite limeña despide a un viejo mayordomo que le sirvió con lealtad y devoción. El futuro de Boluarte es la cárcel”.
Puno: Aimaras toman la frontera con Bolivia
Desde el lunes último, los pobladores aimaras de Desaguadero retomaron el bloqueo del puente peatonal y el puente de tránsito de carga pesada, que une Perú y Bolivia, y extendieron, en el medio de estos, fierros, cables retorcidos y plástico, en forma de barricada, para impedir el paso.
Sin embargo, los dirigentes de los sectores sociales han dado una tregua entre el sábado último y este lunes para que, por ambos puentes, haya tránsito de vehículos particulares y de carga pesada así como de personas. El martes se reiniciará el “paro seco” y no habrá paso.
Perú21 pudo obtener fotos del lugar tomadas, hace una semana, en el puente de tránsito de carga pesada, que confirman que el tránsito de carga pesada estuvo inaccesible.
En el caso de las personas, estas pueden transitar del sector boliviano hacia el Perú, con previa coordinación de los manifestantes de Desaguadero.
Javier Corrales, representante de los transportistas de carga de Arequipa, dijo a este medio que la población de Desaguadero, hace una semana, dio una tregua para que puedan retornar a su país los 800 camiones bolivianos varados en la frontera, desde el 4 de enero último, pero explicó que el acuerdo fue que iban a retomar sus radicales medidas.
El presidentes de los Transportistas de Carga Pesada de Bolivia, Ramiro Sullcani, señaló que tienen plazo hasta el lunes para poder pasar sus últimos camiones.
PIDEN SEGUIR CON PROTESTA
Perú21 tuvo acceso a un video en el que dirigentes barriales piden seguir con la protesta hasta que renuncie Dina Boluarte. Se puede apreciar que de forma muy sutil les obligan a continuar con la radical medida.
Gobierno remueve de sus cargos a generales PNP investigados por muerte de 28 manifestantes
Por Doris Aguirre
Ocho generales de la Policía Nacional —entre los que figuran dos altos mandos vinculados con la muerte de civiles durante las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte— fueron removidos de sus cargos por el mando policial.
Uno de ellos es el jefe de la Región Policial Puno, el general David Villanueva Yana, que ahora estará a cargo de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP. En su reemplazo, fue designado el general Enrique Felipe Monroy, quien cumplía funciones en la Dirección de Medio Ambiente.
Durante su gestión, fueron asesinados, con disparos de fusiles de AKM que porta la PNP, 21 civiles en la ciudad de Juliaca, Puno.
Por otra parte, el jefe del Frente Policial Apurímac, general Luis Flores Solís, fue reasignado a la Dirección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes y relevado por el general Nilton Santos Villalta de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.
Durante su mandato, el personal de la Policía hizo uso de sus armas reglamentarias, los fusiles de largo alcance, para reprimir las protestas contra la presidenta Boluarte y el Congreso. El saldo fue de siete fallecidos por impactos de bala.
Ambos generales son investigados por el Ministerio Público por su presunta implicación en la orden de matar a los manifestantes con disparos en la cabeza y en el cuerpo.
Mientras tanto, el jefe de la Región Policial de Madre de Dios, general Carlos Bravo Cáceres, pasó a integrar el Equipo de Asesoramiento Especial de la Comandancia General de la PNP. En su puesto, fue nombrado el general Samuel Peralta Campos, quien estaba al frente de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes.
En este caso, el general Carlos Bravo ordenó una dura represión de las protestas en la región selvática, lo que tuvo como resultado a varios heridos.
La resolución que autoriza los cambios llevan las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández.
También, se dispuso el cambio del jefe de la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRINJ), general Martín Villalón Trillo, a la Dirección de Medio Ambiente, por el general Mauricio Quiroga Camacho.
Según fuentes del Ministerio del Interior, la reasignación de los jefes de las regiones de Puno, Apurímac y Madre de Dios se debe a que población se niega a sostener un diálogo con la Policía Nacional, debido al número de manifestantes muertos y heridos durante la represión a manos de las fuerzas del orden.
