Perú | La ONU pide información al gobierno de Dina Boluarte sobre el uso excesivo de la fuerza en las protestas

ONU pide información al Gobierno peruano sobre sus acciones durante protestas: ¿cuáles son sus requerimientos?

La Oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio un plazo de 60 días para recibir información de parte del Gobierno peruano, tras anunciar que ha recibido información sobre supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y presuntas detenciones arbitrarias durante las movilizaciones.

La Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas anunció que ha recibido información sobre un “excesivo uso de la fuerza” durante las protestas que han dejado un saldo de unos 60 fallecidos desde el pasado 7 de diciembre, fecha en que iniciaron las movilizaciones en el país.

En una carta enviada al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, Luis Juan Chuquihuara, la entidad de Naciones Unidas solicitó hacer llegar la canciller, Ana Gervasi, el documento suscrito por siete relatores de este organismo, en el que solicitan al Gobierno peruano pronunciarse sobre las siguientes denuncias.

En el documento, alegan un uso excesivo de la fuerza que ha provocado “un elevado número de muertes ilícitas”, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de los manifestantes, detenciones supuestamente arbitrarias; así como un caso de desaparición forzada, estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de los protestantes desde que iniciaron las marchas a nivel nacional.

Asimismo, señalan que han recibido información sobre la existencia de un elevado número de personas indígenas y también de campesinos, quienes “parecen haber sido objeto de detenciones supuestamente arbitrarias y asesinatos, así como la falta de prestación de asistencia médica rápida en el contexto de los hechos mencionados”.

En la misiva, los relatores del organismo internacional precisan que, desde el inicio de las manifestaciones, el Estado peruano habría respondido con el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y que en ese marco se ha producido un uso desproporcionado de la fuerza en las protestas, actos de violencia, detenciones en masa, empleo de gases lacrimógenos, así como violencia contra los medios de comunicación.

“Se recibió información de que los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes y defensores de derechos humanos; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”, se lee.

También señalan que cuentan con información sobre la afectación especial a niños y adolescentes; sobre todo de adolescentes y jóvenes estudiantes, en el marco de las protestas.

“Las organizaciones de sociedad civil indican que se habría observado el uso de distintas estrategias por parte del Estado para disuadir la protesta pacífica, por ejemplo, a través del uso desmedido de gases lacrimógenos, sobrepresencia de personal policial y militar y agresiones”, reiteran.

Alto Comisionado ennumeró hechos violentas en manifestaciones

La misiva también enumera los hechos de violencia que se han registrado en el marco de las protestas: desde las muertes que se registraron en Puno hasta el allanamiento en la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Por ejemplo, los relatores recuerdan que los enfrentamientos entre policías y manifestantes que se reportaron en Apurímac, entre el 11 y 12 de diciembre, dejaron un saldo de seis civiles fallecidos, todos menores de 19 años, además de 54 heridos, entre ellos seis por «impacto de proyectiles de arma de fuego».

Otro incidente que mencionan en el documento es la situación de Ayacucho en quincenas de diciembre, cuando se registró el fallecimiento de diez personas, incluyendo un menor de edad, tras los enfrentamientos en los exteriores del aeropuerto Alfredo Mendívil.

Luego, los enfrentamientos del 9 de enero de 2023 en la ciudad de Juliaca, en Puno, donde se vivió la jornada más violenta de las manifestaciones, con al menos 19 fallecidos, entre ellos un médico que socorría a un herido, y un policía atacado por una turba. Ese día, recalca el documento, también se reportaron 112 heridos.

Sobre los hechos mencionados, recuerdan, que, el pasado 24 de enero, la presidenta Dina Boluarte instó al Ministerio Público a adelantar las investigaciones sobre las personas fallecidas y heridas durante las manifestaciones, señalando que las muertes del 9 de enero en Puno no habrían sido causadas por la Policía, sino por “personas no vinculadas a las fuerzas de seguridad”.

“Sin embargo, una investigación basada en los informes de autopsias y análisis forenses habría revelado que todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala”, precisan en el documento.

Además, mencionan la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a las delegaciones de manifestaciones de regionales, y en la que fueron detenidas aproximadamente 192 personas.

“El operativo policial se habría desarrollado sin la presencia de fiscales del Ministerio Público, quienes habrían llegado aproximadamente tres horas después. Organizaciones de derechos humanos, abogados, familiares y periodista no habrían podido acceder al campus tras la intervención de la Policía”, reclaman.

Piden al Estado realizar investigaciones «eficaces» e «imparciales» 

Luego de expresar su preocupación por la situación del país en el marco de la crisis social y política, los relatores especiales de las Naciones Unidades señalaron que las alegaciones parecen “contravenir la norma mínima establecida por la ONU con respecto al uso de la fuerza por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley”.

“El uso de la fuerza, especialmente de la fuerza armada letal, debe responder a los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, afirman.

Por eso, subrayan que el Estado tiene la obligación de “llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades policiales en la vigilancia de las protestas. “

Así, recordaron al Gobierno peruano que la autopsia de las personas presuntamente asesinadas debe realizarse en estricto cumplimiento de las normas consagradas en la versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas 2016).