Gobiernos de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú manifiestan preocupación por DDHH en Nicaragua en Consejo de la ONU
Países de la región preocupados por «sistemáticas violaciones y abusos de derechos humanos» en Nicaragua
Representantes de Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú afirmaron encontrarse preocupados por las «graves y sistemáticas violaciones y abusos de derechos humanos» detallados en el informe presentado esta mañana por el Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN).
«Estamos consternados por las graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos detalladas en el informe y por el hecho de que se podrían haber cometido y se podrán seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua», expresó durante su intervención Claudia Fuentes Julio, representante de Chile en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«El informe no deja dudas sobre la absoluta gravedad de la situación de los derechos humanos en Nicaragua a la que continúa deteriorándose. Tememos que esta tendencia pueda conducir a una crisis humanitaria aún mayor, por ello hacemos el llamado al gobierno de Nicaragua y a la comunidad internacional a actuar en consecuencia para proteger los derechos humanos de los nicaragüenses y alcanzar rendición de cuenta, justicia y reparación para las víctimas», dijo la representante de Chile.
Por su parte, el representante de Ecuador refirió que el país sudamericano «deplora las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas en Nicaragua. Preocupan los recuentos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, acosos, intimidación y privación arbitraria de la nacionalidad».
Los países también denunciaron en sus intervenciones ante el Consejo que el régimen orteguista despojó a más de 300 nicaragüenses de su nacionalidad y demandaron respete ese derecho internacional. También llamaron a Nicaragua a que colabore con las agencias de Naciones Unidas y restaure todas las libertades violentadas en los últimos cuatro años en el país.
Ante esto, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, dirigió unas palabras ante el plenario continuando con el discurso de «antiimperialismo» replicado por la pareja presidencial. «Actúan bajo las directrices de potencias imperiales cuya única finalidad es lesionar nuestra independencia y soberanía», dijo la funcionaria.
«No permitiremos que estos reportes malintencionados continúen descalificando y denigrando a nuestras autoridades, nuestras instituciones, ni nuestro ordenamiento jurídico», finalizó Morales, quien al salir de la sesión evitó dar declaraciones respecto al informe presentado por los expertos de la ONU.
Governo Lula não participa de declaração de 55 países contra Daniel Ortega
O governo Lula decidiu não assinar a declaração conjunta de 55 países, que denuncia os crimes de Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU na última sexta-feira (3/3).
De acordo com o UOL, o Itamaraty, – Ministério das Relações Exteriores – está acompanhando a situação de perto e chegou a sugerir mudanças no texto final pedindo que houvesse espaço para um diálogo. A proposta não foi aceita e por isso o Brasil optou por não aderir ao texto, que foi considerado como «inadequado».
Conforme a constatação da ONU, o regime do presidente Daniel Ortega praticou crimes contra a humanidade. «Violações generalizadas dos direitos humanos que equivalem a crimes contra a humanidade estão sendo cometidas contra civis pelo governo da Nicarágua por razões políticas».
O relatório ainda afirma que «os supostos abusos – que incluem execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, tortura, privação arbitrária da nacionalidade e do direito de permanecer no próprio país – não são um fenômeno isolado, mas o produto do desmantelamento deliberado das instituições democráticas e da destruição do espaço cívico e democrático».
Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanhã e Frnaça são alguns dos países que assinaram a declaração conjunta. Os país da América Latina, Chile, Peru, Guatemala, Paraguai e Equador também assinaram a declaração.
Nicaragua: Investigación revela persecución política como crimen internacional atroz
El Gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas, dijo el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en un nuevo informe que pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas.
Los presuntos abusos -que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país- no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático, dice el informe.
“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, dijo el experto independiente Jan Simon. “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”.
“Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, agregó Simón. “El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
El informe también señaló que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
Además, el informe encontró que el Gobierno ha utilizado la detención arbitraria como una herramienta para silenciar a los críticos. Muchos arrestos se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la violencia a manos de grupos armados progubernamentales; muchas personas fueron detenidas sin orden judicial y recluidas en régimen de incomunicación.
“Todas estas acciones son posibles porque el Estado ha sido utilizado como un arma de persecución contra la población”, dijo la experta Ángela María Buitrago.
“Para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”, dijo Buitrago. “Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país”.
Desde diciembre de 2018, al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
La situación sigue empeorando. En febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser “traidores a la patria”. El mismo mes, la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado.
El Grupo concluyó que el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo han puesto en práctica estos crímenes, y continúan haciéndolo a la fecha de este reporte.
“Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el GHREN y descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países”, señala el experto Jan Simon. “Hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con esta información para tomar acción”.
El informe instó al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.
El informe también instó a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional.
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_63_UnofficiaEnglishVersion-Spanish2.docx»]Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
