El triunfo -momentáneo- de la contrarreforma universitaria peruana – Por Joseph Dager Alva
El triunfo -momentáneo- de la contrarreforma universitaria peruana
Joseph Dager Alva
El Tribunal Constitucional declaró infundadas las demandas de amparo que pretendían defender a la ciudadanía de la intención del congreso de enterrar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta institución es una de las varias cuestiones buenas que trajo la Ley 30220, ley universitaria, pues la establecía como la entidad que supervisaría la educación universitaria, gracias a lo cual el Estado recuperaba el rol rector en la materia.
A partir de entonces, el Estado podía autorizar el licenciamiento de las universidades, supervisarlas y, eventualmente, sancionarlas. Y que se haya ejecutado durante siete años es un gran logro para quienes creemos que una educación de calidad es un derecho de los ciudadanos. Lo cual adquiere particular importancia en la educación universitaria en la que, además de profesionales, debemos formar a personas comprometidas con su entorno, y que busquen el bien común.
Pero los grandes intereses de seres pequeños empezaron a complotar contra la Ley y contra la Sunedu desde el día siguiente de su funcionamiento. Utilizaron especialmente al Congreso para ello. Pasaban los años, cambiaban los parlamentarios, otras eran las personas, pero los argumentos se repetían; los titiriteros eran, pues, los mismos. Y es que el establecimiento de las condiciones básicas de calidad (muy básicas, por cierto) hacen que el negocio de la educación universitaria no sea tan rentable como antes, porque además los recursos tenían que utilizarse, como debe ser, en fines universitarios. El Estado empezó a preocuparse por sus verdaderos mandantes, los alumnos y sus padres de familia, para que no sean estafados por universidades de fachada.
Hubo ocasión en la que la Sunedu fue investigada por una comisión del Congreso, por la Contraloría y por el Ministerio Público; los tres a la vez. Sin duda, es extraño el concierto. ¿Encontraron algo? Hasta el día de hoy, ninguna de las eficientes instituciones fiscalizadoras halló siquiera un resquicio de corrupción, ni un licenciamiento mal otorgado o una denegatoria mal hecha. Además, sólo en el Congreso ha habido cuatro o cinco comisiones investigadoras en estos siete años. ¿Y cuánto se ha gastado en estas investigaciones? El Congreso nos debe esa respuesta.
Pese a que el hallazgo es nulo, los opositores a Sunedu repiten cual máquinas que no debieron licenciarse algunas universidades, o se denegaron otras que deberían seguir funcionando. Sin embargo, no han logrado probar nada. Es puro humo, pura bulla. Pero, como se pretende crear una narrativa; de ese ruido, lamentablemente, algo queda. Y más todavía con la incomprensible decisión de la Sunedu de abandonar el debate público. En el último año y medio, se les escucha muy poco.
Lo cierto es que hay logros palpables. Hoy tenemos un mejor sistema universitario, hemos desterrado la oferta ilegal y tenemos universidades más ordenadas. Por primera vez, varias de nuestras Casas de Estudio pueden exhibir un claustro docente a tiempo completo, lo que mejora la calidad de la formación. Hoy se investiga más y se publica más.
Todavía nos falta para llegar a estándares internacionales; pero avanzamos de a pocos; y avanzaremos más, en la medida que las universidades de descarga lectiva a su cuerpo docente para que investigue de verdad, y no sólo para publicar en revistas indizadas. Por último, y no por eso menos importante, hoy, al fin, las universidades tienen claro que su labor no puede terminar en las aulas, que deben proyectarse a la sociedad, y hacer lo suyo en la inserción laboral de sus recién egresados.
Pero, la ley 31520 pone todo esto en serio riesgo. Más ahora que el ministro Becerra se ha mostrado como un férreo opositor de la Sunedu, aún más de lo que fue el ex ministro Serna. Ha denunciado lo que no puede probar, y avala la instalación del nuevo Consejo Directivo con sólo 4 miembros, siendo que son 7, y la elección del nuevo Superintendente. Lo que está sucediendo tiene ribetes de escándalo, y siento que la defensa que se ve es débil dada la magnitud de lo que pasa. Y, encima, la Sunedu callada.
Los bajos intereses que atacaron esta política pública desde el 2014 se sienten ya ganadores. Y la realidad coyuntural parece darles la razón. Pero, tengo la firme esperanza que será momentáneo. Atentar contra una educación universitaria de calidad, es un ataque directo a la sociedad en general, y no sólo contra los alumnos y padres de familia perjudicados. Cuando el Congreso y el TC recuperen la cordura, quizás por presión ciudadana, será necesario tener claro lo bueno que se hizo, lo necesario que es, y lo que se pudo hacer mejor.
En el neto, el trabajo de la Sunedu merece aplauso. Pero, como toda institución, es perfectible. Es hora de hacer un mea culpa. Es cierto que se trata de una institución técnica, pero quizás los Consejos Directivos que la lideraron, y sus funcionarios, debieron ser más conscientes que estaban llevando a cabo una política pública, por lo que resultaba imposible abstraerse de la política, me refiero a la política con mayúscula. Para servir al bien común es necesario que en la gestión se construyan alianzas duraderas, se establezcan consensos mínimos, batallar duro escogiendo las batallas y nunca abandonar la comunicación efectiva.
Hubo supervisiones ejemplares, que dieron pruebas y evidencias a sospechas generalizadas. Pero el Consejo Directivo avaló otras pocas de ejecución oceánica y lamentable. No hablo de corrupción. Si la hubiese habido, ya lo sabríamos después de tantas investigaciones. Hablo de cierta rigidez, de creer tozudamente que los lentes deben ser siempre los mismos. Es verdad que en el Estado casi que uno se obliga a usar los mismos lentes; pero casi. Se puede gestionar asumiendo que la medida de la presbicia puede cambiar. Es más difícil, significa una mayor creatividad e innovación; pero se puede, el enfoque de riesgos, por ejemplo.
El licenciamiento fue un proceso muy serio, muy bien hecho, las denegadas, bien denegadas están. Pero tal vez debió pensarse en una especie de subsidio estatal para los alumnos perjudicados, a fin de que se facilite el traslado a las universidades licenciadas. Ello, claro, excede la responsabilidad de la Sunedu; más bien son el Minedu y el MEF a quienes señalar. Pero la Sunedu terminó creyéndose el cuento de que el mercado solo iba a absorber a los alumnos. Otro tema es que el Consejo Directivo debió flexibilizar la aprobación de la nueva oferta académica solicitada por las universidades licenciadas, y así renovar el sistema. Gran iniciativa fue el Sistema de Información Universitaria, gracias a él, por fin, íbamos a acceder a información validada, mejorar notablemente la calidad de las investigaciones sobre el sistema, y tomar decisiones pertinentes. Pero, el Minedu y la Sunedu discutieron hasta casi el desgaste quien recolectaría, y entre tanto las universidades debían informar a los dos. Tal vez, finalmente, la aplicación del SIU debió ser aún más gradual, toda vez que se daba paralelamente al licenciamiento institucional y de programas.
El Registro de Grados, Títulos y firmas de Autoridades que heredó la Sunedu era un verdadero desastre. Era imperioso ordenar, y todo proceso de ordenamiento es doloroso y a veces traumático. Pero también es cierto que aquí el celo, más de una vez, fue excesivo. Un celo en exceso conduce indefectiblemente a errores, y a medidas que no siempre se perciben como justas. Es cierto que había oferta ilegal, pero también es verdad que avanzaba el licenciamiento de universidades, y que no pocas veces se puso “peros” a la inscripción de grados y títulos, de programas ya licenciados. Si había supervisiones en marcha sobre procesos electorales, se hubiese podido pensar en registros temporales de Autoridades o condicionados. Quizás el Consejo Directivo debió hacer sentir más su voz académica frente a lo parametrado del burócrata. Nuevamente no es fácil ese enfoque en el Estado, pero la falta de registro dificulta la gestión de las universidades, por lo que se debió ser más proactivo en encontrar alternativas.
Con todo, la reforma universitaria cierra este ciclo en azul. Ha sido una de esas pocas políticas públicas que se logró mantener durante años, que muestra logros indudables y medibles, donde la corrupción estuvo ausente y no es verdad que haya despilfarrado en consultorías. Creo con convicción que este periodo oscuro va a pasar, y que la sociedad civil volverá a exigir se respete su derecho a una educación universitaria de calidad. Para ese momento, tal vez resulte útil asumir que hubo equivocaciones que no debemos repetir. Y entonces, si volviese el ataque, podamos percibir que el sistema universitario, en general, pone más “punche” en su defensa.
