El Salvador: Tres masacres duró el pacto de Bukele con las pandillas
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El Salvador: Tres masacres duró el pacto de Bukele con las pandillas
El Faro
El equipo de propaganda del gobierno salvadoreño terminó justo a tiempo el video de miles de pandilleros semidesnudos sometidos e ingresados al recién estrenado megapenal y lo distribuyó a medios en todo el continente. El objetivo es hacer creer que Bukele es el hombre fuerte de El Salvador que está terminando con los criminales y no hay derechos humanos ni leyes ni constituciones que lo detengan. Son imágenes tan controversiales que cumplen su principal objetivo: desviar la atención. No es la primera vez que las vemos.
La más reciente megaproducción de pandilleros sentados en un gran patio penitenciario («La cárcel más grande del mundo») era necesaria para opacar lo que sucedía en Nueva York: la publicación del requerimiento presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra trece líderes de la Mara Salvatrucha, en el que confirma que el gobierno de Bukele negoció con las pandillas beneficios económicos, reducción de penas, rechazo a las solicitudes de extradición de Estados Unidos y cambios legislativos y judiciales; a cambio de la reducción de las tasas de homicidios y apoyo en las elecciones legislativas y municipales para el partido Nuevas Ideas. Es decir, el gobierno de Nayib Bukele hizo socios a grupos criminales, los protegió y benefició.
No han dicho una palabra el presidente, ni el director de Centros Penales ni el ministro de Seguridad, ni la canciller ni los diputados de Nuevas Ideas (presuntamente electos con ayuda de ese pacto), sobre la acusación del gobierno de Estados Unidos, que no solo confirma las publicaciones que este y otros medios hemos hecho documentando las negociaciones, sino que compromete seriamente a un presidente que las ha negado.
Bukele, un presidente que se jacta de controlar todas las decisiones de sus funcionarios, estaba al tanto desde inicios de su gobierno de las negociaciones de funcionarios con los líderes pandilleros. En ese proceso él también tenía un nombre clave: Batman. Cuando las primeras publicaciones sacaron a la luz ese pacto, Bukele tuvo la oportunidad de desligarse públicamente de los funcionarios involucrados (entre ellos Osiris Luna, director de Centros Penales; y Carlos Marroquín, director de Tejido Social). Pero no solo no lo hizo, sino que los protegió. Él es, pues, el máximo responsable del pacto. Nayib Bukele nos ha mentido.
Nos ha mentido una y otra y otra vez sobre un pacto criminal que le duró al menos tres masacres. La última, la que rompió definitivamente el acuerdo, sucedió en marzo de 2022 y se cobró la vida de 87 salvadoreños. Fue la que dio pie al régimen de excepción. Pero hubo dos anteriores.
La segunda fue en noviembre de 2021, cuando las pandillas asesinaron a 45 personas. Hoy sabemos que, para resolver la crisis, sus funcionarios se reunieron con los líderes de las pandillas y mantuvieron el pacto por varios meses más. Públicamente, el ministro de Seguridad insinuó que los responsables eran opositores políticos y «poderes fácticos», cuando él y el presidente sabían bien que los responsables eran sus socios políticos en negociaciones secretas. El pacto existía y siguió existiendo. Pero era más sencilla la mentira que explicar a los salvadoreños que había negociado y seguía negociando sobre un charco de sangre, beneficios políticos para él y su partido; y económicos y judiciales para los grupos criminales que acababan de asesinar a 45 personas.
Los pormenores de esa crisis y su resolución secreta fueron consignados por agentes policiales en reportes a sus jefes. Son, como casi todos los papeles que hemos publicado y que sustentan la existencia de estas negociaciones, documentos oficiales que confirman la complicidad de este gobierno con las pandillas.
Pero hubo otra masacre anterior a estas que sobrevivió al pacto de Bukele con los pandilleros. A finales de abril de 2020, en plena cuarentena, las maras asesinaron a 76 personas en cuatro días. El presidente ordenó al Ejército utilizar la fuerza letal contra cualquier pandillero y su equipo de propaganda montó la primera megaproducción de pandilleros presos: miles de hombres con el torso desnudo y las cabezas rapadas, tatuados, fueron colocados en el patio de una cárcel, sentados y esposados, formando cadenas humanas. Las fotos también le dieron la vuelta al mundo.
Bukele decía en público que ya tenían ubicados a los pandilleros que seguían libres y anunció que los detenidos de distintas pandillas serían mezclados en las prisiones. En aquellos días escribió en su cuenta de Twitter que la agenda de las organizaciones defensoras de los derechos humanos era en realidad defender «a los que violan, secuestran, matan y descuartizan». Era él quien negociaba con aquellos criminales.
Las fotos de esos reos tatuados fueron el primer gran despliegue propagandístico que presentaba a un presidente con la mano dura para combatir el crimen. Pero su pacto con las maras era entonces más necesario que nunca, faltando menos de un año para las elecciones legislativas. Bukele continuó mintiendo y mantuvo su sociedad política con las pandillas después de aquella masacre. Y de la siguiente. La tercera, aparentemente, marcó el rompimiento definitivo. Más de 200 muertos después.
El paso por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán entre 2012 y 2015 y luego de San Salvador, la capital del país, entre 2015 y 2018, proyectaron la imagen de Nayib Bukele como un joven cuidadosamente rebelde y transgresor, capaz de aunar la tradición de una organización con significativo peso histórico con las inquietudes y motivaciones propias de la generación millennial.
Pero las tensiones internas se volvieron insostenibles. En octubre de 2017, el FMLN resolvió la expulsión del alcalde capitalino, quien se llevaría con él una porción importante de dirigentes y de votos. Con su propia organización, Nuevas Ideas, triunfó en la contienda electoral de 2019 con una mayoría absoluta superior al 53%. Tenía, en ese momento, 37 años.
Desde un inicio existió la propuesta de convertir al político transgresor en un presidente innovador. Nayib Bukele se rodeó de jóvenes tecnócratas que, como él, proponían un gobierno efectivo, sin ataduras ideológicas, y comprometido con la gestión y los resultados concretos. Pero más allá de los discursos modernizantes, el joven mandatario ubicó a sus amigos y familiares directos (entre ellos, dos de sus hermanos) como miembros permanentes de su entorno más íntimo.
Consciente de su impacto internacional, Bukele y su círculo apostó a la construcción de una nueva impronta para los gobernantes centroamericanos. Para ello puso en marcha un conjunto de iniciativas novedosas y, algunas de ellas, totalmente controversiales, aunque efectivas a la hora de exportar su propia imagen a otras geografías.
La pandemia del covid-19 le proporcionó una primera oportunidad para hacer pesar su creciente influencia en el contexto centroamericano. Con poco más de 4 mil muertes por contagios, según datos oficiales, en mayo de 2021 el gobierno salvadoreño donó 34 mil vacunas a Honduras, y luego envió ayuda médica y alimentaria a este país y a Guatemala. Era lo que se esperaba de un gobernante sensible a la salud pública y, sobre todo, solidario con la difícil situación atravesada por naciones hermanas.
Una segunda propuesta se centró en el eje económico y privilegió a un importante grupo de “empresarios amigos”. En junio de 2021 se aprobó la llamada “Ley Bitcoin”, que permite el curso legal de esta criptomoneda, sin regulación alguna y sin impuestos sobre las ganancias de capital. Así, El Salvador se convirtió en el primer gobierno en todo el mundo en reconocer al bitcoin como una moneda legal de intercambio.
Sin embargo, la propuesta más audaz y original de Bukele se desarrolló en el terreno de la seguridad interior, al llevar adelante la guerra a las maras, las peligrosas y violentas organizaciones criminales creadas luego del conflicto civil de los años ’80 y que luego se expandirían a través de multitudinarias redes por otros países centroamericanos, así como también, en México y, sobre todo, en Estados Unidos.
El enfrentamiento contra las maras y, especialmente, contra la principal, la Mara Salvatrucha (MS-13) fue asumida y publicitada como una guerra contra el delito, el narcotráfico, la trata de personas y, en general, contra las muertes violentas. Para ello, en abril de 2022 Bukele instauró un régimen de excepción que le ha otorgado poder absoluto a soldados y policías, y que ha provocado la suspensión de libertades y todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
Al día de hoy, se cuentan más de 60 mil personas detenidas, y existen miles de denuncias por arrestos ilegales, torturas, desplazamiento forzado y asesinatos dentro de las prisiones.
Las críticas y acusaciones de organismos de derechos humanos salvadoreños e internacionales, así como también del Comité contra la Tortura de la ONU, no han amedrentado al gobierno que, por el contrario, celebra la liberación de territorios enteros que estaban controlados por las maras bajo prácticas violentas y extorsivas, y la baja notoria de distintos indicadores vinculados al crimen organizado.
Más allá de los cuestionamientos, hoy el modelo de Bukele apunta a transformarse en todo un paradigma para las estrategias de seguridad en buena parte de la región.
Así, desde mediados de 2022, el gobierno salvadoreño intenta asumir la coordinación de las políticas de seguridad interior en Centroamérica, gracias a su influencia en Guatemala y Honduras, que también han limitado la capacidad de circulación en sus fronteras. Los mismos lineamientos han comenzado a ser discutidos en naciones como México, Colombia, República Dominicana e, incluso, Haití.
La cruzada contra la violencia de las maras, difundida por todo tipo de marketing, han contribuido a otorgarle una creciente popularidad a Bukele no sólo en El Salvador, donde según la consultora mexicana Mitofsky cuenta con más del 80% de aprobación, sino también en distintos países latinoamericanos, en los que se aprecian niveles elevados de inseguridad.
Así, las visitas del mandatario salvadoreño fueron saludadas por verdaderas multitudes en Guatemala y Honduras, donde su liderazgo es reconocido incluso por la presidenta Xiomara Castro. Dirigentes de derecha, como el ministro de seguridad de Costa Rica, Jorge Torres, el ex candidato presidencial de Colombia, Rodolfo Hernández, y el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, han dado validez a la estrategia punitiva de Bukele, incluso con intentos de adaptación a los distintos contextos nacionales. En Ecuador, según la encuestadora Click Research, el mandatario salvadoreño (que nunca realizó una visita oficial a ese país) es el político con mejor imagen, por encima incluso de Rafael Correa.
Sin embargo, la suerte de Nayib Bukele podría comenzar a cambiar en las próximas semanas a partir de acusación proveniente desde Estados Unidos, cuyo gobierno siempre sospechó del carácter real y frontal de la lucha contra las maras.
En este sentido, y según una acusación presentada ante el tribunal del Estado de Nueva York el 22 de agosto de 2022, existirían amplias pruebas de que Bukele habría negociado con los líderes de las pandillas una reducción del número de homicidios para mejorar su desempeño en las elecciones de 2021. A cambio, se habrían concedido beneficios carcelarios, reducciones en las condenas y, principalmente, la garantía de no-extradición a los 13 líderes principales a Estados Unidos, requerida por la Secretaría de Estado.
En este contexto, no resulta casual que justo en estos días, Bukele haya presentado a la nueva “megacárcel”, la prisión más grande de América Latina, destinada a albergar más de 40 mil detenidos, y cuyos primeros 2 mil prisioneros, todos ellos maras, ya comenzaron a ser trasladados.
La pregunta es si desde ahora, y nuevamente desde el marketing político, Bukele podrá mantener intacta su legitimidad y su influencia más allá de los límites de El Salvador.
