El Salvador | Bukele publica video de presos destruyendo tumbas de pandilleros por orden suya
El video que muestra cómo presos en El Salvador destruyen tumbas de pandilleros por orden de Bukele
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se ve a prisioneros enviados por su gobierno destruyendo “lápidas con simbolismos pandilleros”.
“Enviamos prisioneros a destruir todas las lápidas con simbolismos pandilleros…”, publicó Bukele en Twitter acompañado de imágenes de hombres rompiendo lápidas con mazos y martillos.
En noviembre pasado, el líder salvadoreño había tomado la misma medida con un grupo de presos cuando demolieron tumbas de pandilleros para evitar que sus admiradores se reunieran alrededor de ellas.
Recientemente, las autoridades salvadoreñas trasladaron a los primeros 2.000 pandilleros a la nueva mega cárcel capaz de alojar hasta 40.000 presos.
Así lo anunció con orgullo Bukele en su cuenta de Twitter, donde escribió que “esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.
La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que ha levantado alertas entre múltiples organismos de derechos humanos, constituye el más reciente paso en la lucha contra las pandillas que El Salvador lleva encabezando desde hace meses.
Esta gigantesca prisión está ubicada en las afueras de la ciudad de Tecoluca -a 74 kilómetros al sureste de San Salvador- y destaca por sus rigurosos controles de ingreso y su alta tecnología para la vigilancia.
Todo ello quedó expuesto en un video que el mandatario compartió en sus redes sociales junto al mensaje antes mencionado, en el que mostró en detalle cómo fue el operativo de traslado realizado durante la madrugada de este viernes.
En las imágenes se puede apreciar a un grupo de pandilleros con el torso desnudo, vistiendo apenas pantaloncillos blancos y sin ningún tipo de calzado, custodiados por policías mientras se alinean en un gran patio de otra de las prisiones en el país.
Momentos más tarde, con las manos esposadas en sus espaldas, son subidos a autobuses y trasladados bajo fuertes medidas de seguridad hacia el nuevo centro penitenciario, a donde llegaron cerca del amanecer. Todo el trayecto estuvo custodiado por varios helicópteros militares que sobrevolaron los colectivos y contó con el apoyo de cientos de oficiales de la policía, agentes de seguridad de la Dirección de Centros Penales y hasta de soldados.
We sent prisoners to destroy all tombstones with gang symbolisms…pic.twitter.com/u5WXTxmsov
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 2, 2023
Why did we destroy the tombstones on the graves of gang members? pic.twitter.com/DUHUFKACK8
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 3, 2023
PDDH abrió 63 casos de vulneración de derechos a detenidos en tres meses
Por Claudia Espinoza
De acuerdo a los últimos datos publicados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de los 415 casos atendidos entre el 19 de octubre de 2022 y el 16 de enero de 2023 la institución solo abrió 63 expedientes, que ya comenzaron a ser investigados.
Estos datos son los primeros publicados desde que asumió la dirección de la institución Raquel Caballero de Guevara. Pero las cifras son generales y dejan más preguntas que respuestas, según expertos en el tema.
Rina Montti, directora de Investigaciones en Derechos Humanos de Cristosal, dijo que estos datos no dan suficiente información para identificar qué trabajo hace la PDDH. Por ejemplo, no aclara a qué se refiere con los «perfiles de vulnerabilidad», ya que hay otras categorías donde están incluyendo las enfermedades crónicas y personas adolescentes.
«Lo más interesante de estos datos sería que la PDDH informe cómo fue el proceso, desde que entró el caso por medio de una denuncia y a qué punto se han logrado resolver», cuestionó Montti.
Dijo que Cristosal ha trabajado de cerca con la Procuraduría en mayor parte por los casos de enfermedades crónicas, y que han sido varias gestiones para que los privados de libertad enfermos reciban los medicamentos por parte de las familias.
De acuerdo al registro de Cristosal, tienen un total de 240 personas que interpusieron denuncias ante la PDDH.
En los datos proporcionados por la PDDH se menciona que de octubre a noviembre realizó 1,817 acciones de protección de derechos humanos. También dice que atendieron 179 casos: 29 de adolescentes, 2 de personas con enfermedades crónicas y 13 adultos mayores. Pero no indica qué pasó con los 135 restantes.
Del 18 de noviembre al 17 de diciembre, fueron 1,125 acciones de protección de derechos humanos y 102 casos atendidos, 20 verificaciones y 1,003 gestiones institucionales . No detalla a qué tipo de público atendieron.
Otra de las organizaciones que están trabajando con familiares de privados de libertad capturados durante el régimen es el Servicio Social Pasionista (SSPAS), que ha registrado ya 181 casos hasta diciembre de 2022. Y que representan el 34.2% de todos los casos que llevan. Según su análisis, puede suceder ser que en muchos casos no se abra expediente porque son más asesorías que otro tipo de servicio.
En los datos publicados por la Procuraduría, no se hace ninguna mención sobre la muerte de reos dentro de las cárceles. Sobre ello, Verónica Reyna del SSPAS, manifestó que «solo de muertes bajo custodia del Estado hay 102 personas que debieran investigarse por Fiscalía General de la República y que se deberían monitorear por parte de la PDDH», analizó.
Por parte de las familias de detenidos, Alfredo Mejía, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), manifestó que hasta el momento desconocen cómo van los casos que presentaron en octubre del años pasado ante la Procuraduría, ya con la llegada de Raquel Caballero.
«Ellos nos dijeron que crearían mesas técnicas junto a Centros Penales, Juzgados, Procuraduría General de la República y Fiscalía para tratar las denuncias que hemos puesto», aseguró Mejía, que cinco meses después sigue sin respuesta.
LA PRENSA GRÁFICA buscó al área de comunicaciones de la PDDH para aclarar los datos presentados, pero al cierre de la nota aún no habían contestado a las interrogantes planteadas.
EE.UU. le recuerda a Bukele que hay que respetar los derechos humanos
Estados Unidos dijo este jueves que el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador tiene la «responsabilidad» de garantizar la seguridad de la población, además de respetar los derechos humanos y el debido proceso.
Así se expresó un portavoz del Departamento de Estado al ser cuestionado por EFE sobre la polémica prisión salvadoreña a la que fueron trasladados 2,000 pandilleros el pasado viernes.
Las imágenes de los presos, sin camiseta, con los tatuajes característicos de las pandillas, esposados, agachados y amontonados, han recorrido todo el mundo en los últimos días, con muchos detractores por la falta de humanidad en el trato.
«Reconocemos el desafío que enfrenta El Salvador para frenar la violencia de las pandillas», dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense.
«Garantizar la seguridad pública es responsabilidad de los Gobiernos -añadió-. También tienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso legal y de respetar los derechos humanos».
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace un año tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64,000 personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3,300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7,900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.
En momentos en que EE.UU. hace un llamado al gobierno de Bukele para que respete los derechos humanos, la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, intervino este jueves por videomensaje en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde defendió la campaña que se desarrolla contra las bandas criminales, que según ella ha convertido al país en «el más seguro de América Latina».
Esta campaña de Bukele contra las bandas criminales ha recibido críticas por considerarse que ha propiciado abusos de las autoridades.
Pese a violaciones de DD.HH., El Salvador dice ante la ONU «ser el más seguro de América Latina»
La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, intervino por videomensaje en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde defendió la campaña que se desarrolla en su país contra las bandas criminales, que según ella ha convertido al país en «el más seguro de América Latina».
«El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado, con cifras verificables, a ser el más seguro de América Latina» gracias al Plan Control Territorial, afirmó la canciller salvadoreña en el segmento de alto nivel que el Consejo celebra esta semana en Ginebra.
«Muchas voces sin conocimiento ni fundamento se han pronunciado en contra de este inmenso esfuerzo de país, pero el mejor indicador de que estamos en la vía correcta son los millones de salvadoreños que aprueban las medidas del Ejecutivo, al haber capturado y sacado de las comunidades a más de 64.000 criminales», añadió.
«Todas estas decisiones han permitido devolver a los salvadoreños honrados y de bien las condiciones de paz y seguridad que todo ciudadano aspira a tener», señaló Hill, quien destacó que la segunda fase del plan de control busca prevenir los delitos mediante medidas como la generación de oportunidades sociales para los jóvenes.
Hill aseguró que, con la llegada a la presidencia de Nayib Bukele en junio de 2019, el país «inició un proceso de transformación teniendo como estandarte el bienestar de la población y el fortalecimiento de la democracia, que durante décadas estuvo anclada por la inequidad, la exclusión y los privilegios de muy pocos».
Amplias denuncias de violaciones a derechos humanos en el régimen
Pese a que las autoridades exaltan las medidas implementadas por el gobierno en materia de seguridad, entre las que está el régimen de excepción que ha llevado a la cárcel a miles de personas, muchas de estas inocentes; diferentes sectores y organismos nacionales e internacionales han denunciado que el gobierno de El Salvador no es garante de derechos humanos.
En este sentido, organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7,900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Entre el 27 de marzo al 31 de diciembre de 2022, Cristosal registró un total de 3,086 casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Las capturas arbitrarias, dentro del régimen de excepción que ya lleva un año de vigencia, han obligado a muchos, sobre todo jóvenes, a abandonar sus familias y sus sueños en El Salvador. El miedo a ser capturados injustamente les hizo escapar sin haber cometido delito alguno, según denuncias.
José Miguel Cruz, experto en seguridad pública de la Universidad Internacional de Florida, dijo durante una entrevista radial en El Salvador, que el régimen de excepción lejos de ser una política de seguridad es una política electoral utilizada por el gobierno de Nayib Bukele para mantener su popularidad y asegurar su reelección.
El investigador, que ha estudiado por años el fenómeno de las pandillas en latinoamérica, explicó que es difícil erradicar por completo estas estructuras criminales, cuando una serie de condiciones sociales que son el origen de la mismas, no se están resolviendo con el régimen de excepción.
“Las causas siguen ahí, como la desigualdad, la pobreza, la discriminacion y un estado incapaz de poder atender las necesidades de la población en su conjunto de manera general y no está creando las condiciones para un desarrollo sostenible”, dijo.
EEUU pide a Bukele respetar los DD.HH.
Estados Unidos dijo este jueves que el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador tiene la «responsabilidad» de garantizar la seguridad de la población, además de respetar los derechos humanos y el debido proceso.
Así se expresó un portavoz del Departamento de Estado al ser cuestionado por EFE sobre la polémica prisión salvadoreña a la que fueron trasladados 2,000 supuestos pandilleros el pasado viernes.
Las imágenes de los presos, sin camiseta, con los tatuajes característicos de las pandillas, esposados, agachados y amontonados, han recorrido todo el mundo en los últimos días, con muchos detractores por la falta de humanidad en el trato.
«Reconocemos el desafío que enfrenta El Salvador para frenar la violencia de las pandillas», dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense.
«Garantizar la seguridad pública es responsabilidad de los Gobiernos -añadió-. También tienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso legal y de respetar los derechos humanos».
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace un año tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64,000 personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3,300 por falta de pruebas.
