El ‘lawfare’, tema ineludible del III Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina
Cristina Fernández: Las sentencias se escriben en los medios
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió este martes que a los gobiernos llamados «populistas» se los persigue porque «igualaron a las sociedades», dijo que todo lo que se «sufre» en Argentina tiene que ver con la economía y aseguró que no le interesa si va a ser «condenada, inhabilitada o presa», sino que se reconstruya un «Estado democrático y constitucional en el que las garantías no sean cartón pintado».
También cuestionó fuertemente a la alianza opositora Juntos por el Cambio, a la que acusó de entregar el país «hecho percha» en 2019, después de la administración de Mauricio Macri, y reprocharle que «el PBI se lo llevaron ellos con el FMI y todavía no sabemos adónde está».
Al participar del encuentro «Voluntad popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la Democracia», organizado por el Grupo de Puebla como parte del III Foro Mundial de los Derechos Humanos, la vicepresidenta remarcó que todo lo que se «sufre en la Argentina tiene que ver con lo que pasa en la economía» y planteó que el Golpe de Estado de 24 de marzo de 1976 marcó «a fuego» y destruyó «el patrón de acumulación» que se había logrado hasta ese momento.
La ex mandataria recordó que a partir de esa interrupción democrática se reafirmó «la economía bimonetaria en la Argentina».
Por eso, planteó que «el partido militar, cuando golpea al Gobierno peronista, usó la excusa de la guerrilla, que ya había sido derrotada militarmente en nuestras regiones, para lo que vino después: la oleada neoliberal».
En su exposición en el CCK, acompañada por expresidentes latinoamericanos y referentes de Derechos Humanos, Fernández de Kirchner advirtió que a los gobiernos llamados «populistas» se los «persigue» no porque sean de «izquierda, derecha, de abajo o arriba», sino porque «igualamos a las sociedades», porque impulsan la «justicia social» y porque garantizan el «derecho de los trabajadores a participar activamente en el producto bruto de lo que producen«.
Así, planteó que desde el macrismo «venían a convencer de que todo lo que se había logrado era producto de dirigentes que eran corruptos y habían robado», y añadió que el lawfare tiene como objetivo «no sólo volver a imponer un modelo económico sino disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular».
La exmandataria destacó que referentes de Cambiemos como el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el economista Eduardo Levy Yeyati destacaron que en 2015 Argentina estaba «sin deuda», con «reservas en el Banco Central» y con salarios reales que «no estaban rezagados».
Y señaló que «la nueva oleada de neoliberalismo que empieza en diciembre de 2015 en Argentina comienza a construir la teoría del ‘Se llevaron todo’ y tuvieron que contraer deuda para pagar la deuda que recibieron. En el 2015 no había deuda, ni de empresas, ni de Estado, ni familias. Tampoco estaba el FMI», insistió.
«Entonces, ¿me quieren decir qué hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en 2019?», se preguntó.
Por otro lado, advirtió que «si tenemos que luchar contra el narcotráfico, primero tenemos que luchar contra el sistema financiero que lava la guita del narco».
Por último, la vicepresidenta aseguró que «no le interesa» si la van a «condenar» por la causa Vialidad, «inhabilitar o meter presa», sino que le «importa» que se reconstruya un «Estado democrático y constitucional en el cual las garantías no sean cartón pintado».
«Me interesa volver a construir un país que alguna vez tuvimos, como hizo el peronismo el siglo pasado», cerró.
Participaron de la actividad los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia), además del jurista español Baltasar Garzón, entre otros asistentes.
Líderes progresistas y juristas de la región alertan por «persecución judicial» a Cristina Kirchner
Líderes progresistas de América latina y de Europa junto a juristas de distintos países advirtieron este martes sobre la existencia de un «partido judicial» que apela a «mecanismos legales y mediáticos» para «perseguir y destruir moral y políticamente» a los «adversarios políticos», y mencionaron como último «gran caso» en la región lo ocurrido con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
«Se elige a quien se quiere eliminar y se utilizan todos los mecanismos legales que deberían de ser usados como garantías, y sin embargo se usan como armas arrojadizas contra el oponente político», cuestionó el jurista español Baltasar Garzón durante el encuentro internacional del Grupo de Puebla que se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK).
Durante la jornada denominada «Voluntad Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia», Garzón subrayó que el último «gran caso de lawfare» en América latina es la causa Vialidad, en la que se dictó un veredicto de primera instancia que le impone a la Vicepresidenta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
«No hay ni una prueba directa en las 1600 páginas de ese engendro llamado sentencia, que me he leído», remarcó el exjuez al referirse a los fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal 2, al que calificó de «una aberración jurídica».
En el mismo sentido, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa definió al «lawfare» como la «judicialización de la política» que consiste, dijo, en el «abuso del derecho y el uso de la difamación» en nombre de una «lucha anticorrupción» con el objetivo de «destruir moral, política y económicamente a adversarios políticos«.
«El ‘lawfare’ no solo destruye vidas y personas. También nos roba la democracia y cambia, al menos temporalmente, la historia», analizó, y ejemplificó con las «persecuciones judiciales» no solo a Cristina Kirchner sino también a otros líderes políticos latinoamericanos.
«Así como el Plan Cóndor no fue casualidad, la persecución contra Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Fernando Lugo y Lula Da Silva tampoco fue casualidad», resaltó.
El panel, que tuvo entre el público a varias decenas de funcionarios del Gabinete nacional y a legisladores del Frente de Todos, fue coordinado por el chileno Marco Enríquez-Ominami.
En este marco, el expresidente boliviano Evo Morales coincidió en que en la actualidad de América latina siguen las «persecuciones políticas» porque existe un «delito» que es el de «defender a la gente humilde».
«Cuando no nos derrotan política, electoral, social o culturalmente, lo intentan judicialmente. Ahora, cuando no pueden derrotarnos como en tiempos de Plan Cóndor, son golpes judiciales contra líderes políticos que están con su pueblo», destacó.
A su turno, el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero definió al ‘lawfare’ como una «nueva categoría jurídico-política» muy extendida en la actualidad, ante la cual exhortó a recuperar «la imparcialidad» como «esencia del proceso judicial».
«Nosotros tenemos una obligación que es no judicializar la política, porque acaba partidizándose la justicia y se hace un enorme daño a la democracia», advirtió el dirigente del Partido Socialista Obrero Español (Psoe).
Y al detenerse en la historia argentina, dijo que se trata del país que «más y mejor ha luchado» por los derechos humanos en los últimos 40 años.
Sin embargo, Rodríguez Zapatero también mencionó el intento de asesinato a la Vicepresidenta del pasado 1° de septiembre y dijo que el episodio lo impactó «extraordinariamente».
En tanto, el exmandatario colombiano Ernesto Samper planteó que «las guerras jurídicas» son un «problema político» porque demuestran una «intervención descarada» para «trancar el progreso social» en los países de la región.
Y en ese sentido, ironizó: «Los progresistas somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Ya no se tiene en cuenta la presunción de la inocencia».
Además, el exmandatario hizo mención al rol que tienen los medios de comunicación para «proclamar» un «daño moral» que «no se puede recuperar en años».
«Hay una alianza terrorífica entre grupos comunicacionales y ciertos grupos económicos», apuntó.
Por su parte, la jurista hispanoecuatoriana Adoración Guzmán puntualizó en que la «persecución» contra la dos veces Presidenta de la Nación también forma parte de una «violencia política sexista».
«Pretenden menoscabar y eliminar la participación de las mujeres en los espacios públicos. Quieren expulsarlas de nuevo al ámbito privado y no lo van a conseguir», resaltó.
En esa sintonía, advirtió que el «lawfare es un dispositivo de poder» que apuntala «un proyecto económico, político e ideológico que es profundamente machista y de derecha».
Otro de los expositores fue el diputado del FdT Eduardo Valdés, quien desde un rol de moderador y al presentar a Cristina Kirchner contabilizó «654 causas» iniciadas contra la exmandataria en los últimos años.
Valdés advirtió asimismo que la Vicepresidenta es víctima de «la doctrina del derecho penal del enemigo» y mencionó al juez Julián Ercolini, responsable de la etapa de instrucción en la causa Vialidad, como el magistrado «que recibió dádivas del Grupo Clarín» al aludir al viaje VIP a Lago Escondido.
Previo al discurso que dio la Vicepresidenta como cierre de la jornada, el jurista Baltasar Garzón y la abogada brasileña del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia Gisele Ribocom presentaron el nuevo libro «Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina».
«En la sentencia del caso Vialidad, que es la que ha motivado el libro, es que no existe esa prueba. No puede ser base creíble para una sentencia como la que hemos sufrido todos aquellos que sentimos el derecho como un instrumento de paz y concordia», señaló Baltazar Garzón.
Y advirtió: «No nos callamos frente a un atropello judicial».
En esa sintonía, Ribocom denunció que en Sudamérica existe una «justicia partidizada» que, por un lado, «no investiga a los autores del atentado y por otro demuestra una verdadera saña persecutoria contra la Vicepresidenta».
Además, la abogada dijo que tuvo el «privilegio» de hacer un libro sobre el caso judicial de Lula que lo llevó a estar más de un año tras las rejas en una cárcel brasileña.
«Hoy sabemos todo lo que ha pasado. Lula volvió a ser presidente», subrayó.
Rafael Correa: «El lawfare nos roba la democracia»
«El lawfare es la judicialización de la política y nos roba la democracia», afirmó en Argentina el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
En el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos, el Grupo de Puebla organizó este martes 21 de marzo un encuentro internacional en Buenos Aires de respaldo a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, frente a la persecución político-judicial de la que ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra. «El lawfare es la judicialización de la política y nos roba la democracia», afirmaba en ese contexto el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
Durante un encuentro internacional del Grupo de Puebla en el capitalino Centro Cultural Kirchner, el exmandatario denunció la persecución contra él, su compañero Jorge Glass, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, el exjefe de Estado de Bolivia Evo Morales y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros.
Sufrimos la ingratitud de la política y acciones difamatorias, pero volveríamos una y mil veces. Cumplimos con nuestro deber y estamos tranquilos con nosotros mismos, aseveró.
III Foro Mundial de Derechos Humanos.
Buenos Aires.
Aquí estamos👍 pic.twitter.com/LVwQgtXNLi— Rafael Correa (@MashiRafael) March 22, 2023
Correa condenó el uso de los grandes medios de comunicación y de jueces corruptos para proscribir a dirigentes progresistas de Latinoamérica y aseguró que nada es casualidad.
Para el lawfare se requieren dos ejes fundamentales: el mediático y el judicial que copia lo que dicen los titulares de la prensa elitista de derecha. Es una estrategia a escala regional. Así como el Plan Cóndor, la persecución contra nosotros es impulsada por Estados Unidos, señaló.
Además, indicó que los líderes populares son procesados sin pruebas y la condena es establecida por los medios, sin importar que la persona sea inocente.
Cuando un juez corrupto como Sergio Moro metió preso a Lula no solo le robó su libertad, sino que también le quitó la democracia a Brasil, dijo.
Cuando en tiempo récord durante la pandemia de Covid-19 emitieron una sentencia definitiva horas antes de mi inscripción como candidato, atacaron mis derechos y los de Ecuador porque si hubiese podido regresar a mi país, Guillermo Lasso no sería presidente, añadió.
Baltasar Garzón: El ‘lawfare’ «es la prostitución del derecho»
Buenos Aires, 21 mar (EFE).- El jurista español Baltasar Garzón criticó este martes en Buenos Aires el ‘lawfare’ (guerra judicial) como ataque directo a la democracia en varios países de América Latina, ya que, en su opinión, «es la prostitución del derecho».
El exmagistrado de la Audiencia Nacional española participó en la primera mesa de debate de la jornada «Voluntad popular y democracia: del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia», con la que el Grupo de Puebla, foro que reúne a líderes progresistas de Latinoamérica y de España, ofreció este martes su «respaldo» a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por lo que considera una persecución judicial en su contra.
«Ese es el ‘lawfare’: la instumentalizadiocn del derecho que subvierte el propio sistema democrático, es la prostitución del derecho. Deja de ser derecho porque nos desampara», comentó.
Garzón se refirió en concreto a la causa Vialidad, por la que la exmandataria argentina (2007-2015) recibió una condena, en diciembre pasado, de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que la política aún puede apelar.
«Es una aberración jurídica esa sentencia. No hay una sola prueba en esas 1.600 páginas», explicó el jurista, quien comentó que en ese texto condenatorio «solo hay indicios» y «presunciones, opiniones y argumentos que están vacíos de contenido, pero difundidos por los grupos mediáticos parece que son contundentes».
Garzón, quien fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado el 9 de febrero de 2012 por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación en relación a la instrucción de una trama de corrupción conocida como el «caso Gürtel», no dudó en denominar a esa manera de contar en los medios «la política de los titulares, la cultura de los titulares».
El jurista cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1974-1990), que tuvo como consecuencia su detención durante casi cinco meses en el Reino Unido, aunque finalmente no fue extraditado a España.
El Grupo de Puebla convocó este encuentro internacional como «respaldo» a Cristina Fernández, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se celebra esta semana en Buenos Aires.
Este foro de discusión fue creado en 2019 en la ciudad mexicana de Puebla y engloba a líderes como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Ernesto Samper (Colombia).
Uno de sus máximos representantes, hoy ausente, es el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
En la última mesa de debate del día intervendrá la propia Fernández, que iba a recibir este homenaje en diciembre pasado, pero el Grupo de Puebla debió cancelar el evento entonces por el positivo por covid-19 de la expresidenta.
