El adoctrinamiento a los medios y periodistas argentinos – Por Felipe Celesia
El adoctrinamiento a los medios y periodistas argentinos
Por Felipe Celesia
La Junta Militar elaboró días después del 2 de abril un «Plan de Comunicación Social para la Recuperación de las Malvinas», cuyo objetivo era «neutralizar» todas información negativa que afectara los objetivos «políticos y militares» de la reconquista.
Para la Junta Militar, el control social a través de la propaganda era un imperativo porque la recuperación de las islas había estado precedida de una creciente dinámica de protestas por la situación económica que alcanzó su cenit en la marcha «Pan, Paz y Trabajo».
El 30 de marzo, la CGT conducida por Saúl Ubaldini, convocó a una concentración bajo esa consigna ecuménica que desbordó la Plaza de Mayo de trabajadores y ciudadanos hartos del gobierno militar.
La movilización terminó con represión y detenidos pero pese a ello, tres días después, una multitud celebró con el presidente de facto Leopoldo Galtieri la noticia de que las Malvinas habían sido recuperadas.
En ese contexto de efervescencia social y reclamos cada vez más audaces del sindicalismo, la Junta elaboró una estrategia de comunicación que eclipsara las protestas y elevara el apoyo a la iniciativa bélica.
«La maniobra psicológica instrumentada en base a noticias falsas o distorsionadas estaría alcanzando éxitos parciales, ya que se observa en algunos sectores una duda creciente sobre la oportunidad del operativo de recuperación argentina y sobre los daños materiales y vidas que puede causar una agresión de la Flota inglesa (sic)», señaló el plan elaborado por la Junta al que tuvo acceso Télam.
Firmado por el contraalmirante Salvio Olegario Menéndez -reclamado luego por la justicia española por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA-, el plan evaluó que «hasta el momento (8 de abril) la actitud de los medios privados del país si bien es de total apoyo a las políticas y acciones del Gobierno Nacional, preocupa por los espacios destacados que dedica a informaciones alarmistas provenientes de Europa».
Por esa «preocupación» sobre la cobertura del conflicto, la administración de facto propuso que «el Estado Mayor Conjunto (conducción de las Fuerzas Armadas), en coordinación con la Secretaría de Información Pública, centralizará, planificará y desarrollará una intensa acción de comunicación social a fin de apoyar los objetivos políticos y militares de la Junta».
Básicamente, el jerarca de la inteligencia militar y ex subdirector de la ESMA propuso «neutralizar toda información negativa que provenga del exterior a través de una armónica tarea de comunicación social».
«Todos los programas a emitir serán previamente grabados y autorizada su difusión total o parcial por los interventores de los medios oficiales»Sentenciaba el contralmirante Menéndez
La «información negativa» no era solo militar, desde principios de la década el Banco Central venía perdiendo reservas a niveles alarmantes y la conducción económica tomaba decisiones que licuaban los salarios de trabajadores y ahorristas.
Una de esas medidas antipopulares fue la circular 1050 que autorizó el ministro de Economía de entonces, José Martínez de Hoz, para que los préstamos hipotecarios se actualizaran a valores de mercado, lo que fundió a miles de ahorristas y pequeños comerciantes.
No obstante las inequidades que los argentinos experimentaban en su economía cotidiana, la Junta suponía que «el accionar psicológico sobre la opinión pública nacional puede ejecutarse en forma centralizada y dirigida, según las necesidades nacionales en el terreno armado o de la negociación».
La Junta pretendía que las transmisiones desde el frente mostraran «aspectos que destaquen la vida normal de las islas» y los «logros» de las fuerzas argentinas.
Con esa lógica de límites a la expresión, la Junta había prohibido días antes del 2 de abril las películas «El pueblo contra Alice Cooper» y «Pixote», del argentino Héctor Babenco, que trataba sobre un niño que luchaba por sobrevivir a la pobreza y la marginalidad en Brasil.
«Todos los programas a emitir serán previamente grabados y autorizada su difusión total o parcial por los interventores de los medios oficiales», sentenciaba el contralmirante Menéndez dentro de esa estrategia de censura.
Este plan de control mediático se difundió una semana después del desembarco argentino en Puerto Argentino, cuando el Reino Unido hacía sus aprestos militares, y los combates que definieron el conflicto todavía estaban lejos.
Sí estaba claro para los militares en aquel momento que no permitirían que los corresponsales extranjeros ingresaran a las islas, «especialmente agencias de noticias», que por su capacidad de difusión mundial podían complicar el apoyo social.
La Junta entendía que conducir la comunicación del conflicto era una «necesidad» para evitar «la difusión de noticias alarmistas procedentes del exterior» pero contemplaba excepciones cuando la eventual noticia fuera «aprobada por el interventor del medio y sea presentada con un comentario que la minimice o neutralice».
La recuperación de las islas tuvo como objetivo retomar, a través de un anhelo histórico, la iniciativa política perdida a manos de la «Multipartidaria», que reunía a los principales partidos políticos, y a las conducciones sindicales combativas.
Los militares detectaban que su poder venía menguando y el de la sociedad civil aumentando y sabían que esa dinámica no desembocaría en nada bueno sino recuperaban la iniciativa y la gobernabilidad; fue entonces que desempolvaron el viejo proyecto de recuperar las Malvinas por la fuerza.
El «Plan de Comunicación» de la Junta para el conflicto de Malvinas también incluía el adoctrinamiento de periodistas, editores y responsables de medios para que se sumaran a la «cohesión nacional» o se atuvieran a las consecuencias que podían ir de la amonestación a la clausura.
En el plan pergeñado por el contralmirante Salvio Olegario Menéndez -involucrado luego por la justicia en delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA-, tenía un apartado dedicado a los medios privados y varias recomendaciones para que los hombres de las fuerzas armadas hicieran cumplir.
«Toda información alarmista procedente del exterior, especialmente de Europa, apunta a fisurar la cohesión nacional, a fin de facilitar el logro de los objetivos del oponente», definía Menéndez desde su escritorio.
Ante una información «alarmista» -disponía Menéndez- el medio podía difundirla pero solo «en un contexto de información propia que le quite consistencia o la neutralice».
«Todos los mecanismos de seguridad del país se hallan en funcionamiento y es necesario por lo tanto que los medios de comunicación social privados ejerzan una responsabilidad informativa que tiene carácter de patriótica, por cuanto apunta a la tranquilidad pública», prescribían los militares.
En el punto «D» del inciso 4.1.4, titulado «Información sobre el conflicto en radios, diarios y TV privada», la directiva era «evitar comentarios negativos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en el conflicto».
«Si bien se emiten directivas que perjudican o desagradan a algunos sectores como el periodismo, las mismas se asumen en función del bien común», razonaba Menéndez siguiendo la falsa lógica de la Junta de que gestionaban una representación política que ninguna mayoría democrática les había concedido.
También pedía la Junta al conglomerado de medios privados «remarcar que el adversario no es el pueblo inglés o de Gran Bretaña, sino la actitud colonialista y de imperialismo trasnochado y obsolescente de su Gobierno».
En el apartado siguiente la Secretaría de Información Pública, a cargo del contralmirante Menéndez, propuso que toda información sobre «operaciones militares en el Archipiélago de Malvina, Georgias y Sandwich del Sur, serán dadas a la opinión pública a través de comunicados de la Junta Militar».
El primer comunicado fue difundido por cadena nacional el 2 de abril y en apenas dos minutos informaba que la Junta Militar, como «órgano supremo del Estado», había «recuperado» las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur «para el patrimonio nacional».
Como ocurrió con casi todos los comunicados de la Junta, el primero sobre Malvinas contenía una falsedad y una verdad a medias: las Georgias no se habían recuperado todavía –se lograría recién el 3 con altísimo costo en vidas para la Armada- y en las Sandwich del Sur la presencia argentina era solo científica y se remontaba a 1977.
El último punto del plan cambiaba el eje y pasaba de la censura a la contrainformación proponiendo que los medios públicos difundieran «programas» con contenidos sobre las Malvinas, en especial esta agencia.
La idea de Menéndez era que la Secretaría de Información Pública desarrollara estos programas, con «personalidades de la vida nacional con autoridad reconocida» en la materia, y que se difundieran estos contenidos por los medios públicos, y en especial Télam, por la «amplia repercusión» de su servicio informativo en todo el país.
