Ecuador | Comisión legislativa debate pedido de juicio político a Lasso por corrupción y traición a la patria
Comisión propone que haya juicio político contra Guillermo Lasso
La comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro tiene listo su borrador de informe. Los legisladores están convocados para este miércoles 1 de marzo a las 08:00, para discutirlo y aprobarlo.
El borrador de informe, que aún puede ser modificado, recomienda que haya un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, algo que ya se venía discutiendo en la Asamblea por varias semanas. Según la comisión, el Mandatario habría incurrido en “delitos contra la seguridad del Estado“.
“Existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria“, asegura la segunda recomendación del documento.
El informe, de 221 páginas, argumenta que esta decisión se basa en las facultades de control político que tiene la Asamblea. El documento dice que el juicio político es “una vía democrática y constitucional” que sirve como “mecanismo de protección de los ciudadanos ante la arbitrariedad del poder y sus gobernantes“.
El análisis de la comisión del caso Encuentro además augura que la petición, cuando siga el trámite legal, recibirá un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
El informe concluye que:
Se evidencia el presunto cometimiento de presuntos delitos contra la administración pública y contra la estructura del Estado, con base en el informe del exsecretario Anticorrupción Luis Verdesoto.
El Presidente “interfirió” en el proceso investigativo que llevaba adelante la Fiscalía General del Estado, alrededor de Rubén Cherres.
Guillermo Lasso permitió “el cometimiento de delitos execrables que pusieron en gravísimo riesgo la seguridad pública del Estado”.
El Presidente de la República, omitió su deber de denunciar (el caso de las supuestas relaciones de Chérrez con empresarios albanses), “lo cual constituye un delito”.
Existió un contubernio para ocultar la verdad de los acontecimientos, bloquear la investigación parlamentaria y garantizar la impunidad de los posibles responsables.
Guillermo Lasso enfrenta a la Asamblea: todo lo que debe saber del posible juicio político
La Asamblea Nacional va por el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Esa es la recomendación que consta en el borrador del informe de la comisión ocasional multipartidista, integrada para investigar el Caso Encuentro.
La aprobación de ese documento se define este 1 de marzo en la sesión de la mesa legislativa, programada para las 08:00.
Sin embargo, con eso el camino para la destitución de Lasso, anhelado por algunas bancadas del Legislativo, a penas empieza y está blindado por la Corte Constitucional.
¿Por qué quieren destituir a Guillermo Lasso?
La Carta Magna establece tres causales para que una persona sea destituida y según la comisión, Lasso cumple con dos de ellas:
- Delitos contra la seguridad del Estado.
- Delitos por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
Sobre la primera causal, se lee en el informe que «existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria».
Ese delito consta en el Código Orgánico Integral Penal y la causal a la que hacen referencia indica: «Por no informar la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil».
En cuanto a la segunda causal, la comisión dice que se adecúa al cometimiento de delitos contra la administración pública.
¿Qué contiene el informe por el Caso Encuentro?
Son 221 páginas con al menos seis capítulos que tienen el condumio de la información.
Las recomendaciones se perciben desde la portada, en la que aparece Guillermo Lasso y su cuñado Danilo Carrera en blanco y negro.
Se habla sobre un supuesto esquema de corrupción en empresas públicas, bautizado por la Fiscalía como Caso Encuentro y que ya se investiga a nivel penal.
También hay un capítulo dedicado al Informe León de Troya, un documento reservado de la Policía que se filtró y que da cuenta de los nexos de la mafia albanesa con el Gobierno.
Según el informe, Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, era operador de la presunta organización delictiva; y Carrera, como cuñado del Presidente, habrían influido en la «colocación de funcionarios en instituciones del Estado».
Entre las conclusiones, está también una supuestas interferencia del Primer Mandatario en «el proceso investigativo» de la Fiscalía, por la intención de retirar policías que trabajaban al servicio del Ministerio Público.
A pesar de que el Gobierno defendió la medida indicando que era un proceso administrativo común.
Por otro lado, la comisión cree que la disolución el equipo a cargo de investigar el caso, fue «de manera arbitraria e ilegal».
El Gobierno, en contraparte, argumenta que la Fiscalía y un juez desestimó la investigación.
Reacciones en la Asamblea
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dijo que espera conocer el contenido del informe para tomar una postura sobre el juicio político contra Lasso.
El correísmo plantearía la discusión del juicio político en el Pleno, eso dijo la vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín.
Ricardo Vanegas, de Pachakutik, dijo que no encontró elementos de convicción ni pruebas que no estén ya en conocimiento de la Fiscalía.
Aunque el ala más radical de esa bancada estaría a favor. La legisladora Mireya Pazmiño integró la comisión y sería una de las autoras.
La bancada oficialista considera que el documento solo contiene ‘fábulas’ y que no se analizaron casos que salpicaban a parlamentarios, por ejemplo Ronny Aleaga, que también apareció en el proceso de la investigación.
Los pasos que deben cumplirse para el juicio político contra el Presidente
Para iniciar un juicio político se necesita un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.
Si se logra, se decidiría en el Pleno, luego de contar con las pruebas de descargo del Presidente. Necesitan dos terceras partes, es decir 92 votos. Estarían seguros los 37 de UNES, aproximadamente unos siete del ala radical de Pachakutik.
En el Partido Social Cristiano todavía no define un criterio, ni en la Izquierda Democrática.
«Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente», indica la Constitución.
