Ecuador | La Comisión legislativa aprobó el informe que recomienda el juicio político contra Lasso
Guillermo Lasso debe ir a juicio político, recomienda Comisión, pero ya no por traición a la patria
Guillermo Lasso debe ir a juicio político, según la comisión multipartidista, integrada de manera ocasional, para investigar supuesta corrupción en el Gobierno. Los asambleístas aprobaron el informe con esa recomendación este 1 de marzo de 2023.
Tras una sesión que duró alrededor de nueve horas, los asambleístas Diego Esparza (PSE), Rodrigo Fajardo (ID), Augusto Guamán (independiente), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (PK) y Viviana Veloz (Unes) votaron a favor del informe.
Sin embargo, antes, el legislador Zapata pidió que se retire la frase ‘por traición a la patria’, que constaba en la segunda recomendación del documento.
Algo que fue duramente cuestionado por analistas y constitucionalistas, quienes consideraban que no había las condiciones para esa acusación de tipo penal.
Mireya Pazmiño también pidió que se incluya en las conclusiones una información que circuló en las ultimas horas relacionada a un supuesto financiamiento de Leonardo Cortazar a la campaña del binomio Lasso-Borrero en las elecciones de 2021.
Pidió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente detalles de gastos de la campaña y aportantes.
Una sesión con enfrentamientos en la comisión de la Asamblea
Durante la sesión hubo ovaciones, gritos, enfrentamientos y equivocaciones.
Durante la sesión, el único legislador afín al oficialismo se equivocó al momento de consignar su voto por la aprobación del informe y dijo: ‘a favor’, inmediatamente el jefe de la bancada se acercó a cuestionar su intervención.
Al darse cuenta pidió la rectificación y así quedó consignado como el único voto en contra.
¿PSC apoyará un eventual juicio político contra Lasso?
El representante de esa bancada que integró la comisión, Pedro Zapata, dijo que su bancada no encuentra causales suficientes para el enjuiciamiento político.
A pesar de ese antecedente, votó a favor aclarando que el documento no abre un camino directo al enjuiciamiento.
Sin embargo, el asambleísta Esteban Torres puntualizó que sí ven delitos contra la administración pública
‘Jamás les importó la lucha contra la corrupción’, criticó el Gobierno ante la aprobación del informe que recomienda el juicio político
“Dentro de la Comisión Ocasional de la Asamblea creada para indagar supuestos actos de corrupción hemos presenciado un atentado a la razón y al sentido común”.
Así empieza un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno en rechazo al informe aprobado el miércoles con los votos positivos de seis legisladores y uno negativo, que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
La Cartera de Estado señala que la comisión ocasional, en lugar de cumplir con su rol de control político de manera seria y responsable, “confundió de manera deliberada su obligación de investigación”, puesto que tomó un papel de acusación que no le compete.
“Jamás les importó realmente la lucha contra la corrupción”, sino que la pretensión ha sido configurar causales para el enjuiciamiento político del primer mandatario, asevera el Ministerio.
Al filtrarse el informe borrador, un día antes de la votación, quedaron en evidencia las “maliciosas intenciones” de los comisionados al querer basar el juicio político en una supuesta traición a la patria por parte del presidente. Pero ante el rechazo de la opinión pública “se vieron en la penosa obligación de votar y retirar la causal”, reprochó la institución en el comunicado.
Esto se refiere al repentino cambio que tuvo el informe durante la sesión del miércoles cuando tras un receso, y con los votos de cinco legisladores, se suprimió dicha causal y se mantuvo la del delito contra la seguridad del Estado.
“Se ha aprobado un informe que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo, es un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también, a su antojo y conveniencia han dejado afuera a personales que debían ser investigados”, dice el comunicado oficial.
No existe evidencia alguna que vincule al presidente Guillermo Lasso con lo que se pretende imputar. No hay mérito alguno para un juicio de este tipo, concluye el texto del Ministerio de Gobierno.
🔴 Comunicado | Frente a la aprobación del informe emitido por la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, el Gobierno Nacional precisa: pic.twitter.com/6BXkvsrmca
— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) March 2, 2023
La comisión ocasional demoró alrededor de diez horas en el análisis, debate y votación del informe del denominado caso Gran Padrino, que tiene que ver con el caso Encuentro, donde se atribuyen responsabilidades al jefe de Estado por supuestos actos de corrupción en las empresas públicas, así como por el archivo de un informe policial que investigaba presuntos nexos de Rubén Cherres y Danilo Carrera con el narcotráfico.
A favor del informe votaron: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada del bloque PK), Diego Esparza (PSE), Rodrigo Fajardo (ID) y Augusto Guamán (antes BAN). Mientras que el oficialista Gruber Zambrano (BAN) tuvo que rectificar su voto porque inicialmente, debido a una confusión, votó a favor.
La mesa legislativa ya notificó al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, con el informe aprobado. Es así que el titular del Parlamento convocó a sesión del pleno para el sábado 4 de marzo, a las 08:00m para conocer, analizar y resolver el documento que recomienda el juicio político contra el presidente de la República. (I)
Jueces de la Corte Constitucional tienen la última palabra para admitir o no el juicio político a Guillermo Lasso. Se necesitan seis votos
Por Lizeth Escobar
El pedido de juicio político de la Asamblea Nacional para el presidente Guillermo Lasso requiere obligatoriamente, luego de aprobarse en lo interno, conseguir el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional (CC), órgano autónomo e independiente de administración de justicia que está compuesto por nueve jueces, quienes son considerados por expertos como magistrados que han mostrado cierta apatía por los asuntos políticos, aunque no descartan que en este tema puedan emitir un dictamen sorpresivo.
Alí Lozada Prado, presidente; Carmen Corral Ponce, vicepresidenta; Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Enrique Herrería Bonnet, Teresa Nuques Martínez, Ricardo Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín conforman la CC y deberán emitir su dictamen en un plazo de seis días, contados desde que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) remita la solicitud de enjuiciamiento, según la Ley de Garantías Constitucionales.
Dicho pedido, según ha adelantado el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, no estaría atado necesariamente al informe que está debatiendo la comisión ocasional que investiga el caso El Gran Padrino, en el que se sugeriría enjuiciar políticamente al presidente Lasso por haber adecuado su conducta al artículo 129 numeral 1 de la Constitución, que prevé como causal de censura y destitución del cargo público el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado.
Solo se requieren 46 firmas de legisladores sustentadas en las causales que consideren pertinentes, apegadas a la Constitución.
Juicio contra Lasso requiere de mínimo 6 votos
El constitucionalista Ismael Quintana dice que el tomar esta decisión requerirá de seis votos y pese a cualquier otro fallo anterior de los jueces, sí tiene connotación política. Y aunque los magistrados no han mostrado como tal un apoyo directo a un partido político, como ocurría antes cuando existía el Tribunal Constitucional, se puede hacer un análisis de que la actual Corte “ha mostrado cierta apatía por los asuntos políticos”.
“La CC ha tomado decisiones que han supuesto duros golpes a los planes de gobierno del presidente Lasso, pero también ha declarado muchas inconstitucionalidades en leyes producidas en la Asamblea, su independencia ha llegado al punto de la apatía política”, dice, pero aclara que esto no es que no tengan como tal una tendencia política que asegure que el tema de Lasso no se resuelva con cálculos políticos.
Quintana reitera que los profesionales que integran la CC han demostrado ser decentes y tendrán que analizar más allá de lo jurídico que, si abre la puerta a un juicio político, de esto dependen hasta sus propios cargos.
“La Corte es una caja de sorpresas, pero si elucubramos, con una línea anticorreísta está el juez Herrería, pero eso no garantiza que esté a favor de inadmitir el juicio. Los tres nuevos miembros: Ortiz, Escudero y Cárdenas, son jueces que ingresaron por la gestión de la exministra Alexandra Vela, esto podría abrir la idea de si serán leales al Gobierno o solo a la señora Vela. Otra jueza que podría no respaldar el juicio es posiblemente Corral, su esposo fue de CREO y candidato a vicepresidente, y también está la jueza Nuques, que se la ha vinculado fuertemente con el socialcristianismo”, comenta y dice que en el caso de Lozada, Andrade y Salazar no se puede identificar cómo serían los votos.
El abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz coincide con Quintana en que la Corte “se ha alejado bastante de criterios políticos y ha fallado siempre en consideraciones jurídicas y apegadas a la Constitución”, a diferencia de lo que sucedía con cortes anteriores y también en que ha emitido dictámenes que no siempre han favorecido al Ejecutivo o al Legislativo.
“En esta Corte no tenemos esto de que los jueces respondan a los partidos, no sucede, y considero que son jueces que han demostrado que son independientes, que provienen de la academia, ejercicio profesional, pero se puede dar fe de su calidad jurídica y honestidad, aunque no nos puedan gustar del todo sus fallos”, dice.
Juristas ven difícil admisibilidad del juicio en la Corte
Quintana explica que la Constitución del 2008 otorgó estas facultades a la CC que van a tener se quiera o no incidencia en la discusión política y considera que en la Asamblea lo que se ha hecho respecto al informe de la comisión ocasional multipartidista de la verdad, justicia y lucha anticorrupción, sobre la investigación del caso denominado El Gran Padrino, son interpretaciones políticas del texto constitucional.
“La Corte tendrá que hacer una interpretación de carácter jurídico de esa aspiración política”, apunta y explica que lo que debe hacer es “verificar los hechos que se le pudiesen imputar al presidente en una eventual acusación constitucional” y subraya que no requiere ningún enjuiciamiento penal previo para proceder.
El jurista reitera que se debe entender que con el informe no arranca como tal el juicio ya que se debe cumplir con otras etapas, como la presentación formal de la acusación en la Secretaría General de la Asamblea, luego al CAL y luego a la CC.
“La CC no puede pronunciarse respecto de si están o no probadas las infracciones o de si el presidente es o no responsable de la infracción penal, la Corte no va a condenar al mandatario, su papel es una revisión de los hechos a la norma y si encuentra esta adecuación, está obligada a dar un dictamen de admisibilidad”, refiere.
No obstante, considera que el argumento de la Asamblea de que Lasso puede ser acusado penalmente de traición a la patria, delito estipulado en el artículo 353.7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es difícil que pase el filtro de admisión en la CC, debido a que se está “estirando un delito tipificado para contextos de guerra, conflictos armados, agresiones internacionales, pretendiendo usarlo para decir que el narcotráfico es el nuevo enemigo del Estado y que Lasso consintió su penetración”.
Por su parte, Muñoz dice que desde su punto de vista, y de muchos otros abogados de la rama constitucional, los argumentos de la Asamblea en su informe con lo del delito de traición a la patria son algo totalmente descabellado.
“Vamos a ver cómo se pronuncia sobre todo en la parte del artículo 148, numeral 2, de la Constitución, que exige su análisis sobre que la tipificidad de la conducta se adecúe a la causal”, refiere.
Mientras, desde el régimen el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, calificó este miércoles, 1 de marzo, de ‘mamotreto’ el documento de la Asamblea, pues, a su criterio, no tiene “ni pies ni cabeza” y recordó que la responsabilidad penal es personal e indelegable y que se tiene que tener cuidado con el uso de términos como la omisión.
Sobre el presunto delito de traición a la patria, manifestó que la comisión ocasional “ha jugado a la ruleta” y que “todo esto es una burla, un juicio político o un impeachment”.
“Está de por medio la institucionalidad democrática del país, están tratando es jugar a cuál acomoda más a protervos intereses”, apuntó y agregó que se ha dado un “manoseo de subjetividades” para tratar de adecuar escenarios que justifiquen un llamamiento a juicio político que no se puede aceptar; pero que en el caso de que fuere aprobado, merecerá una declaración oficial. (I)
