Desarrollo y ambiente: problemas y debates desde la periferia
Prólogo de Rafael Domínguez Martín*
Desde que estalló la crisis ambiental en la década de 1970, la dialéctica entre desarrollo económico y medio ambiente ha ido ocupando centralidad en la agenda internacional según una lógica de aceleración del tiempo histórico. Al punto que hoy se pueden resumir las condiciones de posibilidad de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 por lo que en otra parte he llamado “la gran contradicción”: la que se da entre el objetivo de reducción de emisiones de la agenda climática (el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13) y el objetivo de reducción de las desigualdades entre países y dentro de los países (el ODS 10). Dicho de otra manera, las enormes dificultades para lograr la compatibilidad entre la disminución de las desigualdades intergeneracionales y el estrechamiento de las desigualdades intrageneracionales: el aquí y ahora del cambio estructural y distributivo (la utopía movilizadora del desarrollo económico genuino) que todavía sigue inédito para una gran parte de los países de la periferia.Tras las secuelas de la crisis financiera del Atlántico Norte (2008) en los países centrales (Gran Recesión y Estancamiento Secular) y su transmisión a los países en desarrollo (fin de la bonanza de los precios de las materias primas y nuevo ciclo de endeudamiento), esa dialéctica entre desarrollo económico y medio ambiente se ha convertido en el centro de los debates teóricos y de política pública en medio de lo que Samir Amin denomina en 2013, una crisis en L (no en U) del sistema capitalista. El COVID-19 no ha hecho más que intensificar dicho debate y su reconducción política y diplomáticamente correcta. Así, la discusión sobre la recuperación o salida verde de la pandemia ha sido el tema central de la última Conferencia de Partes sobre Cambio Climático, mientras que el conflicto de Ucrania amenaza con una reedición de la crisis de la energía de hace cincuenta años, ahora centrada en la Unión Europea, cuya credibilidad se ha vuelto a poner a prueba al incluir como energías verdes a la nuclear y al gas.En este contexto, términos como decrecimiento sostenible, extractivismo, Antropoceno, ecodesarrollo, deuda ecológica y Capitaloceno han copado rápidamente los programas de investigación en ciencias sociales, con hibridaciones que van del institucionalismo postkeynesiano reformista de Robert Pollin a favor del Green New Deal, al ecosocialismo transmedioambiental y anticapitalista de Nancy Fraser. En América Latina, a partir de la reivindicación del acervo de pensamiento ambiental propio, la CEPAL ha propuesto un neoestructuralismo ecológico que entienda el desarrollo económico pendiente de la región como un cambio estructural progresivo, es decir, sostenible en términos ambientales, aunando eficiencias productivas (schumpeterianas), distributivas (keynesianas) y ecológicas, a fin de globalizar el Green New Deal mediante cooperación internacional (y el eventual reconocimiento de los costes ambientales asociados al intercambio ecológicamente desigual) en la línea de un big push ambiental.Pero el diálogo entre los planteos de los académicos (que por definición tendemos al maximalismo) y las restricciones a las que se ven sometidos los decisores de política pública (por presiones internas interseccionales y territoriales y por las restricciones que imponen los regímenes internacionales monetario, comercial, de inversión, financiación del desarrollo y transferencia tecnológica) no resulta nada fácil. En Latinoamérica esto se ha comprobado con meridiana claridad en las últimas dos décadas a propósito de las críticas feroces al neoextractivismo de los gobiernos progresistas por parte de la izquierda académica idealista, que tanto recuerda a los jóvenes hegelianos a los que Marx tachó en su momento como “el partido político teórico”, aludiendo a que su crítica no solo estaba desencaminada, sino que carecía de aterrizaje y anclajes prácticos.El libro Desarrollo y ambiente: problemas y debates desde la periferia, coordinado por Martín Burgos e Ignacio Sabbatella, intenta trascender esas limitaciones con una apuesta explícita que busca ligar el análisis académico riguroso con reformas institucionales y de política pública para un caso extremo, se podría decir casi un tipo ideal weberiano: Argentina en su último ciclo de endeudamiento nuevamente inducido ahora por la clase capitalista transnacional. Osvaldo Sunkel, uno de los creadores de la teoría estructuralista de la dependencia e impulsor luego de la reflexión original sobre los estilos de desarrollo, señaló en su momento que los países de América Latina se encontraban en la tesitura de “exportar o morir”. Pareciera que Argentina se halla nuevamente en esa situación, pero el mensaje que nuestra obra traslada es más bien “cómo exportar y no morir en el intento”. Ello requiere considerar simultáneamente las inconsistencias temporales (las urgencias del corto plazo frente a las aspiraciones del largo plazo) y los dilemas espaciales entre lo nacional y lo local, todo lo cual no suelen tener en cuenta los teóricos de escritorio asociados a la industria académica de la cooperación internacional del entorno de la OCDE. También supone repensar las dos concepciones de la sostenibilidad que no tienen por qué ser mutuamente excluyentes: la sostenibilidad débil, que pasa por la gestión integral de los residuos sólidos o la intensificación sostenible de la producción de cereales y oleaginosas; y la sostenibilidad fuerte, que recomienda mantener intangible el capital natural crítico de los bosques nativos o la apuesta por la agricultura orgánica y la producción circular. Y por último, aunque no en último lugar, implica tener presentes las encrucijadas agrícola y minera en que se encuentra Argentina: intensificar la producción agrícola basada en el modelo concentrador/desruralizador del agronegocio o promover la agricultura ecológica; facilitar el extractivismo minero derivado de las demandas de la transición hacia las energías sostenibles y la electromovilidad o apostar por la necesaria agregación de valor y generación de enlaces a partir de esos recursos naturales estratégicos para la diversificación de la matriz productiva y exportadora.Frente a la “izquierda purista” (Rafael Correa dixit) que ignora las cuestiones de política pública y solo mide la coherencia de la misma por el alineamiento con los esquemas teóricos posdesarrollistas fabricados en los cómodos escritorios de la academia, los autores de los capítulos siguientes tienen en cuenta ese pequeño detalle que ignora el idealismo de la izquierda posmoderna: la realidad que está ahí afuera esperándonos. Se trata de una ontología de restricciones físicas y sociales (responsables de las desigualdades y los conflictos económicos y ambientales) e institucionales (incluidas no solo las reglas, sino las organizaciones de disciplinamiento nacional e internacional que las hacen cumplir y las perpetúan) que bloquean el proyecto genuino de desarrollo humano y nacional. No se trata de ninguna fantasía o creencia occidental: es la aspiración a tener una vida digna y saludable de personas que integran países (las tres armonías del desarrollo humano, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, que teorizó Manfred Max-Neef en 1986, mucho antes de que se pusiera de moda el Buen Vivir) y que precisa la presencia habilitadora del Estado, porque no es lo mismo el derecho a (la libertad de) elegir que el derecho a tener todas las opciones para elegir (el poder de elegir).En un contexto internacional dominado por el neoproteccionismo ambiental, la creación de bloques regionales y la nueva carrera geopolítica por los recursos naturales, el libro analiza las transiciones energética (desde las energías fósiles a las renovables) y agroecológica (desde los cultivos despilfarradores de energía y productores de residuos a los cultivos de ciclo cerrado) a nivel mundial y aborda las dificultades que plantean dichas transiciones, pero también las oportunidades que se abren para un país como Argentina, rico en recursos naturales y sujeto a fuertes restricciones financieras derivadas de su último episodio de endeudamiento inducido con el FMI. Pero el qué hacer de un gobierno progresista en el mientras tanto no puede ser la salida fácil y que llevaría a repetir los errores del pasado. John K. Galbraith, cuyo enfoque sobre la relación entre academia y política está más vigente que nunca, describió el fundamento de dichos errores cuando mencionó –y sabía muy bien de qué hablaba– cómo los políticos de izquierda “suspiran por demostrar que no se les caen los anillos por hacer concesiones pragmáticas” (por cierto, a diferencia de los políticos de derecha, que “son mucho más firmes en su fe” y que “incluso aceptarían la inmolación política por no apartarse de sus convicciones”).A estas alturas de la historia, si por algo se puede definir el progresismo en cuanto a estrategias de desarrollo es por su intento de reconstruir el Estado desarrollista frente a las soluciones tecnocráticas que todo lo fían a la supuesta eficiencia del mercado. En un mundo geopolítico muy diferente del que produjo el milagro de los países del Asia del Este (sin la amenaza comunista que obligó a hacer reformas agrarias liquidadoras de la oligarquía terrateniente y sin el espacio de políticas derivado de la inexistencia de las disciplinas de la Organización Mundial de Comercio, incluidas las nuevas disciplinas ambientales), lo que ahora se necesita no es más de lo mismo (megaextractivismo cortoplacista), sino reformas institucionales en la línea del nacionalismo de los recursos y liberar las energías creativas de un Estado emprendedor (Mariana Mazzucato) adaptado al nuevo paradigma tecnológico (Carlota Pérez) para una relación simbiótica con, no parasitaria del, sector privado.En este punto, Argentina tiene muchas fortalezas, que se identifican de modo preciso en los capítulos de esta obra. No solo una red de organismos y empresas públicas a partir de la cual se podrían construir grandes islas de eficiencia para pasar de la imitación a la innovación (IMPSA, NRG Patagonia, EPSE, CAREM, el recientemente constituido Consorcio del Litio y el que está en marcha para la Economía del Hidrógeno bajo la denominación H2ar); sino también, las posibilidades que abren las reformas institucionales habilitadoras del desarrollo. Entre ellas, cabe destacar la que supondría la ingeniería constitucional para la consideración del litio como recurso estratégico (al igual que se ha hecho en Chile, Bolivia y está a punto de llevarse a cabo en México), la creación del Consejo Nacional del Litio y de una empresa pública de minería metalífera o, y estos son palabras mayores, la revisión de esos residuos del neoliberalismo constitucional que llevaron a la provincialización de los recursos naturales, o la Ley de Inversión Extranjera a fin de acabar con la liberalización de la cuenta de capitales, que hasta el órgano de opinión del FMI (Financiación & Desarrollo) consideró en 2016 que tenía efectos perturbadores para el desarrollo, al generar un círculo vicioso de desigualdad-insostenibilidad del crecimiento-desigualdad.Pero siendo el Estado emprendedor condición necesaria para el desarrollo, no será suficiente para lograr la cuadratura del círculo de cómo resolver las necesidades de las grandes mayorías urbanas sin desatar nuevos conflictos socio ambientales en los territorios rurales durante el tránsito ecodesarrollista entre las exigencias del corto plazo (que seguirán demando la exportación de bienes intensivos en recursos naturales) y las aspiraciones de largo plazo (lograr una sociedad más próspera, menos desigual y con mejor calidad ambiental).En tal sentido, y como recomienda la tradición estructuralista y marxista de la teoría de la dependencia (y la teoría latinoamericana de la autonomía exterior), el frente internacional no debe pasarse por alto. Argentina, ahora que detenta la presidencia pro tempore de la CELAC y es un activo miembro del Grupo de Puebla, debe retomar la agenda de la integración regional autónoma. El contexto regional vuelve a resultar favorable ante el nuevo ciclo progresista que inició en México y, tras la victoria de Alberto Fernández en Argentina, ha seguido con Bolivia y Perú, y podría repetirse, a tenor de las perspectivas demoscópicas, en Colombia y Brasil. El fin del auge de las materias primas y del ciclo progresista (la restauración conservadora), que se vendieron en América Latina como subproductos averiados de la teoría obsoleta del fin de la historia, han ido a parar al basurero de la historia. Si la pandemia puso de nuevo en evidencia que el Estado es el dique contra la desintegración social a la que conduce la utopía destructiva del mercado autorregulado, la crisis de Ucrania también ha revelado, como señalaba recientemente Ann Pettifor (una de las economistas que propuso el Green New Deal en 2008), que el control internacional del flujo de capitales es una cuestión de voluntad política.Con este telón de fondo del conflicto entre la OTAN y el eje Rusia-China (y sus socios de la Organización de Cooperación de Shanghái), que vuelve a disparar los precios de los productos primarios, el nuevo ciclo progresista puede tomar fuerzas renovadas si se produce la conjunción estelar entre el ABC (Argentina, Brasil y Chile) y México, que deben presionar por ese nuevo Nuevo Orden Económico Internacional del que habló Ha-Joon Chang en la XVI Cátedra Raúl Prebisch de la CEPAL en 2019. Ese sería el punto de partida para adoptar muchas de las recomendaciones de la propia CEPAL sobre el relacionamiento de la región con China (incluido el proyecto del Banco del Sur y la arquitectura financiera regional), que es obviamente una ventana de oportunidad para la financiación y la transferencia tecnológica, y un socio clave en la defensa del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en las negociaciones internacionales. América Latina, y dentro de ella Argentina, no se puede dar el lujo de desaprovechar este momento de interregno en la transición hegemónica para caminar con paso firme, desde la afirmación de su autonomía y no alineamiento en el conflicto estratégico entre EEUU y China por el liderazgo tecnológico, hacia la transformación productiva con inclusión social y sostenibilidad ambiental.*Cátedra COIBA, Departamento de Economía (Universidad de Cantabria)
